Vox denuncia que los expedientes de expulsión de inmigrantes irregulares tardan hasta nueve meses en resolverse, según los plazos administrativos.
La formación reclama deportaciones ágiles frente a una tramitación que considera incompatible con la presión migratoria sobre Ceuta. Este viernes, Libertad Digital ha publicado que la primera resolución de un expediente de devolución correspondiente a la avalancha de finales de julio todavía no ha sido notificada.
El cálculo que maneja el partido parte de dos fases. La apertura de cada procedimiento puede demorarse al menos seis meses; la resolución posterior puede sumar hasta tres meses más, de acuerdo con la normativa europea. En total, Vox sitúa el horizonte en nueve meses.
La magnitud del retraso tiene una causa concreta. Más de 80.000 inmigrantes entraron en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Las organizaciones policiales calculan que entre 5.000 y 10.000 permanecen en la ciudad autónoma. Extranjería tramita en torno a 30 expedientes al día; en el mejor de los casos, unos 200 por semana.
Ese ritmo obliga a medio año solo para abrir todos los procedimientos, incluso aceptando la cifra más baja de permanencia que ofrece el Gobierno. A la demora se suma el triaje, un control obligatorio que incluye reconocimiento sanitario, identificación y apertura de un procedimiento de protección cuando procede. Sin medios suficientes, el cuello de botella se agrava.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, constató en su visita a Ceuta que los expedientes de devolución se empezaron a tramitar hace solo unos días. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que a fecha 8 de septiembre solo se habían completado los triajes de 1.120 personas.
La sentencia del Tribunal Supremo obliga a abrir expedientes individualizados a cada persona interceptada en el mar, y eso convierte la deportación en un procedimiento de meses.
La sentencia del Supremo y la reacción del Gobierno
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio impide aplicar el rechazo en frontera a quienes llegaron a nado y no rebasaron una barrera física. Eso obliga a tramitar un expediente individualizado, con plazos administrativos y posibilidad de recurso. El partido considera que esa garantía procesal se está utilizando para dilatar las devoluciones.
El Gobierno ha aprobado la instalación de nuevos campamentos para acoger a otros 6.000 inmigrantes. Para Vox, la respuesta oficial no ataca el origen del problema: la falta de medios para tramitar las devoluciones con rapidez. La formación denuncia que solo había un puñado de ordenadores para las filiaciones, según sindicatos policiales.
Además, Extranjería tuvo que atender primero los expedientes de quienes entraron en los días previos al gran salto. Solo en la semana inmediatamente anterior hubo alrededor de 1.000 llegadas. Eso desplazó el inicio de la tramitación principal.
Qué busca Vox con esta denuncia
La denuncia no es solo una crítica administrativa. Vox sitúa la remigración como prioridad y utiliza los plazos para sostener que la política migratoria del Gobierno fracasa por diseño. La falta de medios, el triaje y la demora en abrir expedientes refuerzan su mensaje de que la irregularidad de facto se impone a las devoluciones.
El partido reclama procedimientos de expulsión ágiles y vinculará la cuestión a la actividad parlamentaria. La presión apunta también al PP: si el principal partido de la oposición no asume las mismas exigencias, Vox se presentará como el único actor que plantea un calendario de devoluciones real. La próxima sesión de control será el escenario natural para trasladar la exigencia al Gobierno.
La clave sigue en Ceuta. La ciudad autónoma concentra el debate y los números: miles de expedientes, un ritmo de tramitación de decenas al día y un horizonte de nueve meses para las resoluciones. La estrategia de Vox consiste en convertir ese dato en una prueba de que la inmigración irregular se gestiona sin deportación efectiva.
