Salvador Illa mueve ficha en educación en pleno ecuador de mandato. Anuncia hasta 2.500 millones de euros para climatizar 2.530 escuelas públicas de Catalunya antes de 2031.
El anuncio llega tras un verano de olas de calor. Según El Periódico, en algunos colegios se han llegado a alcanzar 39 grados en las aulas. Una cuarta parte de los centros se construyeron antes de 1960 y no están preparados para el cambio climático.
Por qué Illa lanza este plan ahora
El president ha convertido la educación en uno de los ejes de su discurso de mitad de mandato. No es un movimiento aislado: busca recuperar la iniciativa ante el malestar docente y la presión de las familias. La conferencia de este lunes sirve de pistoletazo de salida para un plan que mezcla inversión directa y colaboración con los ayuntamientos.
Según El Periódico y El Nacional, el Consell Executiu aprobará este próximo martes, 15 de septiembre de 2026, los planes de climatización de escuelas y residencias. La Generalitat prioriza 100 centros con una inversión directa de 100 millones desde Infraestructures.cat (INFRACAT). El objetivo es que estén climatizados en septiembre de 2028.
Los criterios de selección combinan condiciones climáticas extremas, equilibrio territorial y vulnerabilidad. Además, el Govern ya ejecuta 20 millones durante el curso 2026-2027 para instalar ventiladores en 392 centros como solución provisional. Es una mejora inmediata de confort mientras llegan las obras definitivas.
Para las otras 2.430 escuelas, el plan apuesta por la colaboración público-privada. Se abre un plazo de dos meses para que los ayuntamientos soliciten gestionar las obras. Podrán adelantar recursos propios, con un coste estimado de un millón por centro, o acogerse a a una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF). La Generalitat se compromete a reembolsar en diez años.
El éxito del plan no depende solo del Govern, sino de la capacidad financiera y administrativa de los ayuntamientos catalanes.
La vía municipal y el reto del calendario
La Govern creará una oficina técnica para coordinarse con los consistorios. La lectura política es doble: descarga parte de la ejecución en los ayuntamientos, pero asume que el calendario hasta 2031 dependerá de cuántos se sumen. En el caso de los institutos, la mayoría de titularidad pública, el Govern admite que hará falta una ‘operación más grande’ con colaboración público-privada.
La apuesta tecnológica prioriza la aerotermia con placas fotovoltaicas como ‘motor de cambio. En algunos edificios se instalarán sistemas de ventilación mecánica, para garantizar la renovación del aire. En otros habrá que mejorar primero el aislamiento de puertas y ventanas antes de climatizarlos.
Además de las escuelas, Illa ha ampliado el foco a las residencias de mayores y personas con discapacidad. En 51 centros de titularidad pública se invertirán 58 millones antes de 2031. Para las plazas concertadas se abrirá una línea del ICF para unos 45 equipamientos.
El pacto educativo y el horizonte del 6% del PIB
Illa no esconde la intención de fondo: convertir la climatización en la punta de lanza del pacto educativo catalán. El president ha pedido a los partidos un acuerdo que eleve el gasto educativo hasta el 6% del PIB. Esa cifra, hoy lejana, condiciona la ambición y la sostenibilidad del plan.
El precedente es incómodo para el Govern. La financiación singular pactada con ERC sigue sin despejar qué margen fiscal tendrá Catalunya para sostener inversiones estructurales. Sin un acuerdo presupuestario con Moncloa, la vía público-privada se convierte en el colchón para no comprometer gasto corriente.
Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com apuntan que ERC y Comuns comparten el diagnóstico climático de las aulas, pero exigen concreción presupuestaria. Junts, por su parte, ve en la vía municipal una oportunidad para reforzar el papel de los ayuntamientos. El pacto educativo, si llega, tendrá que conciliar posiciones muy distintas.
La comparación con otras comunidades es inevitable: ninguna ha desplegado un plan de climatización escolar de esta escala con una colaboración municipal tan protagonista. La apuesta de Illa puede redefinir la relación Generalitat-ayuntamientos, pero también le regala a la oposición un flanco. Si en 2028 no están listas las primeras 100 escuelas, el pacto educativo quedará tocado.
El Govern espera concretar el perímetro económico exacto una vez conozca la respuesta municipal. La horquilla de 2.500 millones es, por tanto, un techo de movilización y no una cifra cerrada. De la adhesión de los consistorios dependerá que el plan llegue a 2031 sin desviaciones.
El anuncio también interpela a Moncloa. Illa necesita que el Gobierno central dé señales sobre la financiación autonómica si quiere blindar el 6% del PIB. De lo contrario, el pacto educativo catalán nacerá con la misma debilidad estructural que otros acuerdos de legislatura.
El próximo Consell Executiu dará el pistoletazo de salida. La atención se centrará en cuántos ayuntamientos se suman antes de que finalice el plazo de dos meses. Y en si Moncloa mueve ficha en el frente presupuestario.
