DoorDash pagará 131,5 millones de dólares por los salarios mal calculados de sus repartidores en Nueva York. El acuerdo con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) cierra el mayor expediente de repago salarial abierto en Estados Unidos contra una plataforma de reparto y convierte un fallo de cálculo en una factura de balance.
Claves de la operación
- 131,5 millones de dólares de desembolso total. Más de 115 millones llegan directamente a los repartidores afectados; el resto cubre sanciones civiles y el coste del expediente municipal.
- Más de 260.000 repartidores con derecho a cobro. La ciudad calcula la compensación al 200% de lo impagado, es decir, el doble de la cantidad que se les debía.
- Tres años de auditoría mensual sobre la aplicación. DoorDash compartirá datos con el DCWP y deberá modificar su aplicación para no ofrecer pedidos sin compensar el tiempo de espera.
Nueva York pone precio al tiempo muerto entre pedidos
El expediente parte de las denuncias de los propios repartidores por pagos tardíos o inexistentes. La investigación del DCWP concluyó que DoorDash incumplió la tarifa mínima por hora que la ciudad aprobó en 2023 para el reparto a través de plataformas, la primera norma de este tipo en Estados Unidos. La compañía atribuye los fallos a errores técnicos: entregas que cruzaban los límites entre municipios, pedidos con varias recogidas, o servicios cancelados a medias.
Buena parte de la discrepancia no está en los pedidos entregados, sino en el tiempo que el repartidor permanece conectado sin recibir ninguno. La legislación neoyorquina obliga a pagar ese tramo de espera; DoorDash sostenía que su método de cálculo era justo, práctico y legal, y aun así ha preferido acatar el criterio municipal antes de sentarse en un juzgado. Más de 83 millones se destinan solo a esa discrepancia, casi dos tercios del total acordado.
La ciudad no ha detallado todavía el calendario de abonos, aunque ha confirmado que cada pago se calculará de forma individual sobre el histórico del repartidor. DoorDash tampoco ha precisado cómo repartirá el golpe contable entre provisión extraordinaria y gasto operativo. El programa de vigilancia se extiende hasta 2029, con envío mensual de datos al DCWP y controles internos obligatorios para evitar que se repita.
Lo que la factura de Nueva York cambia para todo el sector
La norma neoyorquina no distingue entre plataformas. Uber Eats, Grubhub y el resto de operadores con licencia en la ciudad están sujetos a la misma tarifa mínima por hora y al mismo criterio sobre el tiempo de espera, lo que convierte el acuerdo con DoorDash en un precedente incómodo para todos ellos. Ningún competidor ha reconocido una exposición equivalente, y esa ausencia empieza a ser difícil de sostener ante los reguladores locales.
El negocio del reparto a domicilio, corazón de la gig economy, se construyó sobre una premisa sencilla: el repartidor solo cuesta dinero cuando hay pedido. Pagar la espera rompe esa ecuación y encarece cada entrega, justo cuando el sector pelea por defender márgenes. La discusión ya no es técnica, es de modelo de negocio: cada minuto conectado sin pedido tiene precio en Nueva York desde 2023, y las plataformas que no lo repercutan en sus tarifas acabarán pagándolo en sanciones.
Cuando el algoritmo decide quién cobra y quién no, la auditoría deja de ser un coste de cumplimiento y pasa a ser el precio de operar.
DoorDash no ha cuantificado el impacto del acuerdo en los documentos que remite a sus inversores, y llega a este punto en plena expansión hacia comestibles y gran consumo, terrenos donde el margen por pedido es más estrecho. En paralelo, el Workers’ Algorithm Observatory y el Workers’ Justice Project desarrollarán herramientas para que los repartidores descarguen y conserven los datos de sus entregas y sus pagos: las herramientas de transparencia reducen la asimetría informativa que hasta ahora jugaba a favor de la plataforma.
Glovo, la Ley Rider y el mismo pleito en versión española
España llegó antes a este debate con la Ley Rider, en vigor desde agosto de 2021, que obligó a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores como asalariados. Cinco años después, el conflicto sigue abierto: Glovo, el mayor operador del mercado español, mantiene un contencioso con la Inspección de Trabajo por el estatus de sus repartidores, y los tribunales han ido confirmando la naturaleza laboral de la relación en distintas sentencias. La diferencia con Nueva York está en la vía, no en el fondo: aquí se ha ido por la inspección y el juzgado, allí por un acuerdo con cifra y calendario.
El calendario regulatorio añade presión al otro lado del Atlántico. La directiva europea de trabajo en plataformas, aprobada en 2024, debe estar trasladada a las legislaciones nacionales antes de que acabe el año. El texto introduce una presunción de laboralidad, de modo que la plataforma deberá probar que el repartidor no es asalariado, y suma deberes de transparencia sobre los sistemas automatizados de asignación de pedidos.
Para DoorDash, la factura neoyorquina es asumible: 131,5 millones no comprometen su solvencia. El problema es lo que consolida. Un criterio de cálculo homologado, una auditoría de tres años y un paquete de datos mensuales que cualquier otro regulador local puede reclamar por la vía de la copia. La próxima cita para medir el daño llega a comienzos de noviembre, con la presentación de resultados del tercer trimestre, y ahí se verá si la compañía provisiona más de lo desembolsado o si confía en cerrar el asunto con esta cifra.
