La relación entre Illa y Foment del Treball se ha roto. La patronal que preside Josep Sánchez Llibre esperaba del presidente de la Generalitat el desbloqueo de tres proyectos de infraestructuras —la ampliación del aeropuerto de El Prat, el Quart Cinturó y el complejo Hard Rock— y lo que ha encontrado en el Palau es una batería de decisiones fiscales, de financiación y de vivienda que la cúpula empresarial interpreta como un cambio de bando. Los intentos de reconciliación, según las fuentes conocedoras de la relación citadas por Ara, han fracasado.
De la luna de miel al desencuentro
No siempre fue así. Cuando Illa estaba en la oposición, la sintonía con la patronal era abiertamente buena. Sánchez Llibre veía en el líder del PSC al dirigente capaz de devolver la centralidad a la política catalana y de aparcar la confrontación identitaria en beneficio de la gestión. Ese capital aguantó los primeros compases de la legislatura, con interlocución directa y un discurso económico compartido.
Lo que Foment esperaba era un plan: pasar página del Procés, estabilidad institucional y luz verde a las grandes infraestructuras que la patronal reclama desde hace años. Lo que ha llegado es otra cosa. El Govern ha apretado en fiscalidad, ha desplegado el acuerdo de financiación singular con ERC y ha cargado las tintas en vivienda, con la regulación del alquiler de temporada y el despliegue de las zonas de mercado residencial tensionado. Tres frentes que la dirección de la patronal ha criticado en público y, con más dureza, en privado.
El Prat, el Quart Cinturó y el Hard Rock: tres promesas sin calendario
Los tres proyectos comparten un mismo problema. Dependen de decisiones políticas que el Govern no controla del todo y que sus socios rechazan de plano. La ampliación del aeropuerto de El Prat, la joya de la corona y el primer aeropuerto de España por volumen de pasajeros, naufragó en 2021, cuando el entendimiento entre Aena y la Generalitat saltó por los aires ante el rechazo de ERC y los Comuns al impacto ambiental. Desde entonces nadie ha vuelto a poner una fecha encima de la mesa.
El Quart Cinturó arrastra décadas de bloqueo y su tramo pendiente, el que debe cerrar la conexión entre Terrassa y Sabadell, sigue atrapado entre informes y voluntades políticas. El Hard Rock, el complejo de juego y ocio proyectado en el CRT de Vila-seca i Salou, acumula recursos judiciales y una oposición que ERC y los Comuns han convertido en bandera. Foment los agrupa a los tres bajo una misma etiqueta: competitividad.
La patronal no discute la ideología del Govern, le discute el calendario. Y en infraestructuras, un calendario que se aparca dos legislaturas ya no vuelve.
Tres cambios de agenda en dos semanas
En las dos últimas semanas se han producido tres cambios de agenda que afectan a actos convocados por Foment: los del propio Illa y los de los consellers Òscar Ordeig y Ramon Espadaler. Desde el Palau de la Generalitat niegan que exista un patrón y aseguran que no hay ninguna instrucción a los miembros del ejecutivo para desairar a la patronal.
La versión oficial es la coincidencia de calendario. La lectura empresarial es distinta. En esta redacción entendemos que la frialdad no nace de un desaire protocolario ni de una cuestión de formas: nace de un cálculo. Cada aparición de Illa junto a Sánchez Llibre obliga al president a explicar por qué sigue sin mover tres proyectos que prometió y que sus socios tumban.
El precio de gobernar con 42 escaños
La aritmética del Parlament explica casi todo. El PSC tiene 42 diputados de 135. Con ERC y los Comuns la mayoría se queda en 68 escaños, el mínimo exacto para gobernar. No hay margen para un gesto que enfade a ninguna de las dos formaciones, y menos en vivienda, el terreno donde los Comuns se juegan su perfil propio.
El precedente más nítido es el del aeropuerto. En 2021 la operación parecía cerrada: inversión millonaria, ampliación de la tercera pista, y un relato de modernización para toda una década. Duró lo que tardó ERC en medir el coste político. Aquel fracaso dejó una lección que la patronal conoce de memoria: en Catalunya las infraestructuras no se deciden en los despachos económicos, sino en la correlación parlamentaria.
La comparación con otras comunidades tampoco favorece al Govern. En Madrid, la patronal y el ejecutivo autonómico comparten agenda sin pudor; en el País Vasco, Confebask negocia con el Gobierno vasco de igual a igual. Aquí, la principal organización empresarial catalana no tiene ni una fecha. Ese vacío lo ocupan otros: Junts coquetea con el electorado moderado y el PP catalán ha hecho de la crítica a los bloqueos su bandera económica.
Hay además una contradicción que el Palau no ha resuelto. Foment reclama el Prat, el Quart Cinturó y el Hard Rock; ERC y los Comuns los combaten. Illa no puede satisfacer a los unos sin romper con los otros. La patronal tampoco es un bloque monolítico y parte de sus asociados ya asumen que el desbloqueo no llegará en esta legislatura.
Lo que observamos es un presidente que ha elegido la estabilidad parlamentaria por encima de la complicidad empresarial, y una patronal que ha dejado de creer en las promesas sin calendario. Nadie lo firma por escrito.
Queda el detalle de las formas. Un desaire se corrige con una llamada; una ruptura, no. Y esto último se mide en los actos a los que ya no se invita a nadie y en las notas que se cruzan sin nombre. El próximo Consell Executiu dirá si el Govern mueve ficha en el Quart Cinturó; los Presupuestos, si necesita a la patronal más de lo que quiere admitir.
