El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras. La Sala de lo Contencioso-Administrativo revisará las sentencias del TSJ de Madrid que declararon la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora del servicio de gestión de residuos de competencia municipal. La decisión figura en la nota oficial difundida por el propio Tribunal Supremo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación del Ayuntamiento de Madrid contra las sentencias del TSJ de Madrid de marzo de 2026 que anularon la Ordenanza Fiscal 8/2024 de la tasa de basuras.
- ¿Qué base jurídica aplica? El interés casacional objetivo se centra en si la ausencia de estudios técnicos en la elaboración de la ordenanza determina su nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- ¿Qué impacto tiene? La doctrina que fije el Supremo afectará a las ordenanzas de la tasa de residuos aprobadas por los ayuntamientos tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, con eventuales efectos sobre la recaudación y las liquidaciones giradas.
La ordenanza fue aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 23 de diciembre de 2024, en cumplimiento del mandato de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, que obligó a los municipios a dotarse de una tasa específica, no deficitaria y diferenciada para el servicio de residuos. La norma local fijó la cuota de la tasa de basuras sobre el coste real del servicio.
El TSJ de Madrid dictó en marzo de 2026 varias sentencias que declararon la nulidad de pleno derecho de la ordenanza, al estimar los recursos interpuestos por organizaciones, fundaciones y entidades, entre ellas el Grupo Municipal de Mas Madrid. La controversia se reconduce a un defecto procedimental: la falta de los estudios técnicos que deben sustentar una ordenanza fiscal.
De la anulación en instancia al recurso de casación
Frente a esos fallos, el Ayuntamiento de Madrid interpuso recurso de casación contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El órgano ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, presupuesto de admisibilidad exigido por el artículo 88 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La admisión a trámite no anticipa el sentido del fallo. Implica que el Tribunal Supremo considera que la cuestión trasciende el caso concreto y afecta a un número relevante de situaciones, lo que justifica un pronunciamiento que unifique la doctrina de los tribunales superiores de justicia y de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
El eje del recurso es determinar si el defecto de estudios técnicos en la tramitacion de la Ordenanza Fiscal 8/2024 constituye un vicio de nulidad de pleno derecho o una mera irregularidad no invalidante. La respuesta condicionará la validez de las ordenanzas de la tasa de residuos aprobadas por los ayuntamientos tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022.
La admisión a trámite obliga al Tribunal Supremo a fijar si la falta de estudios técnicos determina por sí sola la nulidad de una ordenanza fiscal.
La cuestión de interés casacional objetivo
La Sala Tercera delimitará el alcance del deber de motivación económica de las ordenanzas. El artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, ordena que los acuerdos tributarios vayan acompañados de los estudios técnicos y de la memoria precisa; el artículo 20 sujeta la cuantía de la tasa al coste real o previsible del servicio.
En paralelo, el Tribunal Supremo abordará la relación entre ese requisito documental y el principio de eficacia de la actuación administrativa. La jurisprudencia contencioso-administrativa admite que los defectos formales solo invalidan el acto cuando suponen la ausencia de un requisito esencial o generan indefensión material al interesado.
La Doctrina del Tribunal
El pronunciamiento se enmarca en la línea que ha revisado la validez de las ordenanzas de la tasa de basuras tras la Ley 7/2022. La doctrina de contraste parte del deber de sustentar la imposición en un estudio de costes y de garantizar la cobertura íntegra del servicio, en la dirección que ya mantiene el propio Tribunal en materia de haciendas locales.
Doctrinalmente, la resolución permitirá separar los requisitos sustantivos de los meramente procedimentales. Si el Tribunal Supremo apreciara que la ausencia de estudios técnicos es un vicio invalidante, el efecto alcanzaría a las liquidaciones giradas al amparo de la ordenanza anulada. Si la calificara como irregularidad no invalidante, se reforzaría la posición de los ayuntamientos.
El fallo definitivo aún no tiene fecha. Admitidos los recursos, procede el trámite de oposición de las partes y, en su caso, la deliberación; la sentencia que ponga fin a la casación fijará una doctrina con vocación de vincular a los juzgados de lo contencioso-administrativo y a los tribunales superiores de justicia.
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso de casación contencioso-administrativo contra las sentencias del TSJ de Madrid de marzo de 2026 que anularon la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa por gestión de residuos de competencia municipal.
- Datos importantes: Ordenanza aprobada el 23 de diciembre de 2024; nulidad de pleno derecho declarada por el TSJ de Madrid; cuestión centrada en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; admisión a trámite por interés casacional objetivo.
- Fecha de los juicios: Aprobación de la ordenanza el 23 de diciembre de 2024; sentencias del TSJ de Madrid en marzo de 2026; auto de admisión a trámite notificado en septiembre de 2026. Sin fecha señalada para la sentencia del Supremo.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No hay acusados ni proceso penal; se trata de un litigio contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento de Madrid y las entidades recurrentes.
