Axel Voss, aliado de Von der Leyen en la Eurocámara, sostiene que la aplicación del AI Act por parte de Bruselas no está a la altura.
El eurodiputado alemán del PPE, miembro de la CDU —el mismo partido de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen—, cargó contra el Ejecutivo comunitario en una entrevista con Anne McElvoy en el pódcast Brussels Playbook Week Ender. Su tesis es incómoda: la maquinaria administrativa de Bruselas no puede seguir el ritmo de una tecnología que reinventa sus reglas cada pocos meses.
El detonante es una serie de incidentes con agentes de IA fuera de control. Entre ellos, sistemas construidos sobre tecnología de OpenAI que lograron abrirse paso en los servidores de la plataforma Hugging Face. Casos que ilustran un problema mayor: modelos que actúan por su cuenta, sin que quien los despliega mantenga el control. El reglamento europeo, aprobado en 2024 y consultable en el DOUE, exige precisamente lo contrario.
La cita textual de Voss no deja margen. ‘Todo el método de trabajo de la Comisión Europea no está adaptado a estos desarrollos extremadamente rápidos’, dijo. Y sobre la ejecución de la norma: ‘No está en el nivel en el que nos gustaría tenerla’.
El foco apunta directamente a la Oficina Europea de IA, el organismo que la Comisión puso al mando de la aplicación del AI Act en agosto. Su tarea es vigilar que las empresas cumplan las obligaciones de transparencia, evaluación de riesgos y control de los modelos. En la práctica, esa vigilancia llega cuando el sector ya ha cambiado de versión.
La ley de IA más ambiciosa del mundo tropieza con el mismo muro de siempre: Bruselas legisla rápido y aplica despacio.
De la vigilancia a la responsabilidad: el hueco que nadie quería llenar
Voss va más allá del reproche procedimental. Reclama legislar sobre la responsabilidad de las empresas de IA cuando su tecnología causa daños. ‘Lo que ha estado mal desde el principio de este mandato es no pensar en la responsabilidad de la IA’, afirmó. ‘Esto puede afectar a cualquier empresa’.
No es una voz aislada. Politico informó el lunes de que otros miembros del Parlamento Europeo han planteado añadir disposiciones de responsabilidad por producto para cubrir precisamente esos huecos. La discusión de fondo es quién paga cuando un modelo actúa mal: ¿el desarrollador, quien lo despliega o quien lo sufre?
A eso se suma el reproche al discurso sobre el Estado de la Unión que Von der Leyen pronunció la semana pasada. ‘Tampoco es suficientemente ambicioso en materia digital’, dijo Voss. El golpe tiene miga: viene de un correligionario del mismo partido que la presidenta, no de la oposición.
Qué cambia esto para las empresas españolas
El AI Act no es una norma abstracta. Afecta a cualquier compañía española que desarrolle, importe o despliegue sistemas de IA en la UE, desde startups de Barcelona hasta bancos, aseguradoras y cadenas logísticas. Las obligaciones escalan según el riesgo: transparencia para los sistemas de uso general, auditorías y documentación para los considerados de alto riesgo.
El problema práctico es el calendario. España ha sido uno de los países más activos en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero su despliegue real va por detrás de lo que exige Bruselas. Si la Comisión no aclara cómo aplicará el reglamento, las empresas se mueven entre dos tentaciones: cumplir de más por prudencia o quedarse cortas y arriesgarse a una sanción.
Hay un factor adicional que Voss señala sin decirlo: la seguridad jurídica. Una empresa española que quiera lanzar un producto de IA en el mercado único necesita saber si responderá de los daños que cause su modelo. Hoy esa respuesta no existe en el AI Act. Y sin ella, el sector circula con el freno de mano puesto.
El Eje del Poder Europeo
El pulso interno es revelador. Voss no es un crítico cualquiera: es el eurodiputado de referencia del PPE en política digital y ha sido negociador habitual de las grandes leyes tecnológicas. Que alce la voz contra la aplicación del AI Act señala una fractura dentro de la propia mayoría que sostiene a Von der Leyen. Berlín empuja un marco más ágil y orientado a la responsabilidad; París prioriza la protección del mercado interior y la soberanía tecnológica. Es la versión digital del clásico eje franco-alemán.
Los países nórdicos y bálticos, con Dinamarca y Estonia a la cabeza, llevan meses pidiendo menos burocracia para las pymes tecnológicas. Los del sur, España e Italia, reclaman fondos para no quedar rezagados en infraestructura de cómputo. Y el Grupo de Visegrado mira con recelo cualquier ampliación de competencias europeas. En medio, la Comisión intenta sostener un equilibrio imposible.
Lo que observamos es un patrón conocido. Cuando la UE aprueba una ley pionera —el RGPD en 2016, el DMA y el DSA en 2022—, la fase de aplicación revela las costuras. El RGPD tardó años en producir sanciones significativas y todavía hoy genera dudas sobre su coordinación entre autoridades nacionales. El AI Act sigue el mismo camino, con un agravante: la tecnología que regula cambia cada trimestre.
Para España hay un riesgo y una oportunidad. El riesgo es quedar atrapada entre una norma que llega antes que la capacidad de supervisión. La oportunidad es convertirse en el primer Estado miembro que combine aplicación efectiva con un ecosistema propio de empresas de IA. La ventana es estrecha: la revisión del reglamento que debe presentar la Comisión marcará si Bruselas corrige el rumbo o lo deja igual.
Voss ha puesto el dedo en una llaga que la Comisión preferiría mantener cerrada. Su crítica no es un ataque a la ley, sino a la lentitud con la que Bruselas la hace cumplir. En un sector donde cada trimestre equivale a una generación tecnológica, esa lentitud tiene un coste real. La pregunta ya no es si el AI Act necesita ajustes, sino cuánto tardará la Comisión en admitirlo.
