El concejal de Vox Juanma Badenas declarará como investigado el 14 de enero por allanar la sede del Sindicat d’Estudiants.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha citado a declarar como investigado al concejal de Vox Juanma Badenas y a dos de sus asesores el próximo 14 de enero.
- ¿Quién está detrás? La querella la presentaron el Sindicat d’Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià; Compromís y PSPV reclaman el cese del edil.
- ¿Qué impacto tiene? La causa tensiona el pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia y obliga a la alcaldesa, María José Catalá, a pronunciarse sobre su socio de gobierno.
La querella la presentaron el Sindicat d’Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià, que atribuyen al concejal y a a dos de sus asesores los presuntos delitos de allanamiento —la entrada ilegal en un inmueble ajeno— y de descubrimiento de secretos. Los querellantes consideran que la conducta incluyó la grabación de vídeos y la revisión de documentación del local.
Una llave partida y cuatro cámaras: el origen de la causa
Los hechos se remontan al pasado mes de julio. El día 3, uno de los colaboradores del Sindicat d’Estudiants acudió por la tarde a su sede y se encontró la cerradura dañada, con una llave partida en su interior. El local es propiedad del Ayuntamiento de Valencia, que lleva años cediéndolo a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Al revisar las cámaras de seguridad, el sindicato comprobó que había cuatro secuencias grabadas del día anterior. En ellas se aprecia a un hombre con un micrófono en el pecho, acompañado de una mujer que graba las estancias con el teléfono móvil, mientras inspeccionan los documentos de la sala principal. A ellos se suma una tercera persona, otro varón. Los tres fueron identificados como Juanma Badenas, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, y dos asesores de de su grupo municipal de Vox.
El «sentido común» de Badenas y el pulso de la oposición
Tras conocerse los hechos, el edil calificó de «sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal» y justificó su entrada con un informe de la Policía Local que advertía de que el local llevaba días cerrado. Quería comprobar, dijo, que se hiciera un uso adecuado del inmueble.
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. Compromís y PSPV han reclamado a la alcaldesa que cese al concejal, mientras el PP defiende la presunción de inocencia y sostiene que debe ser la justicia la que se pronuncie antes que la política.
Antes de que el juez decida, el caso ya ha colocado a la alcaldesa de Valencia ante una pregunta incómoda: qué hace con su socio de gobierno.
No es el único frente judicial abierto del concejal. En julio de 2024, tras un asesinato ocurrido en el puente de las Moreras, atribuyó falsamente la autoría a los inmigrantes cuando se comprobó que el detenido era un ciudadano español. La Fiscalía llegó a estudiar un presunto delito de odio, pero el juzgado archivó la causa, entre otros motivos, porque ningún perjudicado presentó denuncia. Badenas mantiene, eso sí, otra investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por su gestión al frente de la fundación municipal València Activa.
El Escenario Valenciano
El caso llega en un momento delicado para el pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia. La ciudad funciona desde hace años como el laboratorio donde los dos socios miden sus fuerzas, y cada causa judicial que salpica a un cargo del partido de Santiago Abascal reabre la pregunta sobre la solidez de la coalición. Catalá gobierna con el respaldo de Vox, de modo que cualquier paso en falso en la relación interna tiene eco inmediato en la política autonómica y estatal.
La lectura no se agota en Valencia. El PP y Vox comparten gobierno en el Ayuntamiento y sostienen el Consell de la Generalitat, y cada imputación de un cargo del partido tensa la coalición en el conjunto de España. El caso Badenas funcionará como termómetro de cuánta incomodidad está dispuesta a tolerar la dirección popular, obligada a equilibrar su defensa de la presunción de inocencia con el desgaste que toda causa judicial prolongada acaba dejando en un socio de gobierno.
El calendario inmediato pasa por la declaración del próximo 14 de enero ante el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia. A partir de ahí, la instrucción marcará los tiempos. Si la causa avanza, el PP tendrá que decidir si mantiene su defensa cerrada de la presunción de inocencia o si, como reclaman Compromís y PSPV, fuerza al concejal a dejar el acta. En paralelo, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre València Activa añade un frente abierto que presiona al Ayuntamiento mucho más allá de este caso.
Ficha del Caso
- El caso: El concejal de Vox Juanma Badenas y dos asesores de su grupo entraron sin permiso en la sede del Sindicat d’Estudiants de València en julio y grabaron un vídeo en su interior.
- Datos importantes: El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia los ha citado como investigados el próximo 14 de enero por presuntos delitos de allanamiento y descubrimiento de secretos. Compromís y PSPV piden el cese del edil; el PP invoca la presunción de inocencia.
- Resumen: La causa tensiona el pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia y coloca a la alcaldesa Catalá ante la disyuntiva de mantener o cesar a su concejal de Patrimonio.
