Jordi Turull responde a Irene Montero por el traspaso de inmigración a Catalunya con la frontera de Melilla como arma arrojadiza. El secretario general de Junts ha salido al paso de la acusación de racismo que la líder de Podemos dirigió este viernes contra su partido.
Montero afirmó en una entrevista en Catalunya Ràdio que ‘aumentar la plantilla de los mossos para gestionar la inmigración es racista’. La eurodiputada situó el problema en el relato de fondo: a su juicio, la proposición de ley que impulsan Junts y el PSOE parte de una ‘visión securitista y, por lo tanto, racista de la inmigración’.
La réplica de Turull no discutió el articulado. Discutió la biografía ajena. El dirigente de Junts rescató la actuación de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla cuando Montero era ministra de Igualdad: ‘Le debe hacer sufrir que los Mossos no actúen como la Guardia Civil’, escribió, y añadió que ella miraba ‘hacia otro lado y sin dimitir de aquel gobierno.
En el mismo mensaje contrapuso los dos modelos que, según él, se dirimen en el Congreso: ‘Si disparas a matar no hacen falta tantos efectivos, claro… Pero aquí lo queremos hacer muy diferente. Muy diferente, tanto para regular flujos, como para integrar, como para cohesionar’. Ahí está la tesis de Junts: menos mano dura y más capacidad operativa en manos de la policía autonómica.
Montero, mientras, ya ha puesto precio a su voto. Podemos no respaldará el texto mientras Junts ‘continúe manteniendo el articulado como estaba hasta ahora’. Las condiciones son tres: retirar el incremento de plantilla de los Mossos d’Esquadra, abrir el debate sobre el cierre de los CIE y terminar con las redadas por perfil racial.
El traspaso se juega estos días menos en el articulado que en el relato que cada parte elige contar sobre la frontera.
La cronología ayuda a entender el enredo. El pasado 26 de agosto, Junts volvió a registrar la proposición de ley en en el Congreso después de que la versión anterior decayera hace un año con el voto en contra de Podemos, que ya entonces atribuía motivos racistas al texto. Los de Puigdemont movieron piezas para esquivar el veto: eliminaron del preámbulo las expresiones más criticadas por la formación morada y también los pasajes que hablaban de ‘evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social’. El maquillaje, a la vista de la respuesta de este viernes, no ha bastado.
Melilla entra en el debate del traspaso
La elección del argumento cumple una función política concreta. Si el debate se instala en el terreno de la sospecha, Junts acaba defendiendo su propuesta con el marco de su adversario. De ahí el salto a Melilla: Turull devuelve la acusación a un terreno donde su electorado la reconoce sin necesidad de explicaciones.
Hay un detalle que conviene no perder de vista. Montero es eurodiputada y su voto no está en el Congreso, pero su partido sí. La posición que ella fija condiciona la de un grupo que, en una Cámara sin mayorías estables, pesa más de lo que su tamaño sugiere.
La condición que puede descarrilar la votación
Las tres exigencias de Podemos no son menores. Quitar el refuerzo de efectivos supone desmontar el eje sobre el que Junts ha construido la parte operativa del traspaso; hablar del cierre de los CIE, o Centros de Internamiento de Extranjeros, y de las redadas por perfil racial traslada la negociación del terreno de la seguridad al de los derechos.
Y ahí aparece el problema de fondo: la proposición de ley se vota en el Congreso, no en el Parlament. Junts necesita una mayoría que no controla, y el PSOE tiene pendiente cuadrar apoyos para sus propias cuentas. Un texto que se cae dos veces por el mismo flanco deja de ser una negociación y pasa a ser un problema de calendario.
Por qué este pulso se repite cada legislatura
El traspaso de competencias en materia de inmigración figura en el acuerdo de investidura que Junts firmó con el PSOE en noviembre de 2023. Su vehículo es una ley orgánica de transferencia, una figura que exige mayoría absoluta y que, por tanto, no depende solo de los dos firmantes. La tramitación en el Congreso es el único camino posible, y ahí es donde el texto ha encallado ya una vez.
Ya hay un precedente inmediato: la tramitación anterior, la que decayó con el voto en contra de Podemos. Junts ha retocado el texto dos veces sin mover el punto que considera irrenunciable, el refuerzo de la plantilla. Es una posición coherente con el discurso que el Departament d’Interior sostiene desde hace años, cuando reclama más efectivos para asumir funciones que hoy prestan otros cuerpos.
El riesgo para los de Puigdemont es doble. Si cede en la plantilla, pierde el núcleo de su propuesta y tendrá que explicar por qué el traspaso llega vacío de contenido operativo. Si no cede, el texto vuelve a morir en el Congreso y el compromiso de investidura se queda en papel, con el desgaste que eso supone ante un electorado que ya ha visto demasiadas promesas aparcadas.
A eso se suma una incomodidad para el bloque de la investidura: cada vez que el debate del traspaso se reabre, vuelve a mezclarse con el de la seguridad en el espacio público. Nadie quiere que esta votación se convierta en un plebiscito sobre el discurso migratorio. Y va camino de serlo.
La pelota está en el Congreso. La votación de la proposición de ley marcará si el traspaso avanza en esta legislatura o se convierte en otro expediente congelado. Lo que observamos es que ni Junts ni Podemos tienen incentivos para moverse primero.
