La Memoria 2026 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid dibuja un panorama preocupante para la Justicia madrileña. El documento, que analiza el ejercicio 2025, concluye que el aumento de la criminalidad especializada y la entrada en vigor del nuevo modelo de tribunales han incrementado la carga de trabajo mucho más rápido que los recursos humanos disponibles.
Lejos de ser una memoria meramente estadística, el informe pone el foco en una idea repetida por las distintas jefaturas fiscales: la plantilla actual resulta insuficiente para garantizar un servicio eficaz, especializado y de calidad. Aunque durante 2025 se incorporaron nuevas plazas, la Fiscalía sostiene que el crecimiento de procedimientos y órganos judiciales ha sido muy superior al de los efectivos disponibles.
Una Justicia sometida al mayor cambio organizativo en décadas
El principal acontecimiento del año fue la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, que sustituyó los tradicionales juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia. La reforma pretendía mejorar la eficiencia mediante órganos colegiados y oficinas judiciales comunes, pero su implantación provocó importantes dificultades durante los primeros meses.
La propia Fiscalía reconoce que la reubicación acelerada de funcionarios, la adaptación informática y la reorganización de las sedes ocasionaron retrasos en la tramitación de procedimientos. Por ese motivo, advierte de que los datos estadísticos de 2025 deben interpretarse teniendo en cuenta este contexto excepcional.
Además, la reforma incorporó nuevas secciones especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y amplió las competencias de las secciones de Violencia sobre la Mujer para asumir determinados delitos sexuales cuando la víctima es una mujer.

La plantilla aumenta, pero sigue siendo insuficiente
Uno de los mensajes más contundentes de la memoria afecta directamente a los recursos humanos. El Real Decreto 422/2025 creó nuevas plazas de fiscales en Madrid y Alcalá de Henares, elevando la plantilla orgánica hasta 341 puestos. Sin embargo, al cierre del ejercicio trabajaban realmente 384 fiscales gracias a refuerzos, sustituciones y adscripciones temporales.
Pese a ese incremento, las fiscalías territoriales coinciden en que el crecimiento de la plantilla no guarda proporción con el volumen de asuntos. El documento subraya que la falta de efectivos dificulta la especialización, retrasa la cobertura de bajas y obliga a los fiscales titulares a asumir una sobrecarga cada vez mayor.
La situación también afecta al personal de la Oficina Fiscal. La memoria recuerda que desde 2022 los estudios internos estiman necesarios 38 funcionarios adicionales para garantizar un funcionamiento adecuado, una ampliación que todavía no se ha materializado.
Madrid concentra una enorme presión judicial
Las cifras reflejan la dimensión del sistema judicial madrileño. Solo la Fiscalía Provincial de Madrid atiende una población superior a 3,47 millones de habitantes, con 357 órganos judiciales y una ratio de aproximadamente un fiscal por cada 17.301 habitantes.
Si se suman las fiscalías de área y las secciones territoriales, la Comunidad de Madrid alcanza 334 fiscales, 550 órganos judiciales y una población superior a 7,1 millones de personas, lo que sitúa la ratio media en un fiscal por cada 21.299 habitantes.
La memoria explica que esta elevada litigiosidad obliga además a mantener numerosos órganos reforzados durante todo el año, especialmente en Madrid capital, donde la carga de trabajo supera ampliamente la prevista por la plantilla orgánica.
Delitos complejos y cooperación internacional, las áreas que más crecen
Aunque algunos procedimientos tradicionales experimentan descensos derivados de la reorganización judicial, la Fiscalía destaca el crecimiento de las investigaciones más especializadas.
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Fiscalía recibió un 25,3 % más de requerimientos durante 2025 y las reuniones operativas aumentaron un 28 %, consolidando un modelo de investigación más coordinado de cara a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También aumentó un 25,2 % la cooperación jurídica internacional, con 383 expedientes tramitados entre comisiones rogatorias, órdenes europeas de investigación y auxilios fiscales. Según la memoria, este crecimiento responde a la mayor complejidad de las investigaciones transnacionales y al incremento de los procedimientos con elementos internacionales.
La Fiscalía resalta igualmente el fortalecimiento de áreas como criminalidad organizada, delitos económicos, trata de personas y ciberdelincuencia, consideradas estratégicas dentro del nuevo modelo de especialización implantado en Madrid.

Retrasos, sedes dispersas y una reivindicación histórica
Más allá de la criminalidad, la memoria dedica numerosas páginas a denunciar problemas estructurales. La dispersión de nueve sedes diferentes continúa dificultando la movilidad de fiscales y funcionarios, obliga a trasladar procedimientos entre edificios y reduce la capacidad de respuesta del Ministerio Fiscal.
En municipios como Majadahonda, el documento llega a señalar que los fiscales deben trabajar en ocasiones en los pasillos por falta de espacio, mientras que en Alcobendas se reclama desde hace años la ampliación de las instalaciones para evitar el desmantelamiento de despachos.
La conclusión de la Fiscal Superior, Almudena Lastra, es clara: la modernización organizativa solo será efectiva si viene acompañada de una inversión sostenida en personal, tecnología e infraestructuras. De lo contrario, advierte implícitamente la memoria, el crecimiento de la delincuencia compleja y de las nuevas competencias continuará tensionando un sistema que ya trabaja al límite de su capacidad.
