Un juzgado admite a trámite la querella contra el concejal de Vox en Santa Coloma de Gramenet por presunto delito de odio. El edil, Aitor Navarro, deberá comparecer el 17 de noviembre para dar explicaciones sobre sus intervenciones en torno a la inmigración, según ha adelantado La Vanguardia.
La posición de Vox: presunción de inocencia y libertad de expresión
La admisión a trámite no equivale a una condena. Esa es la primera idea que subraya el partido cuando un juez abre una investigación sobre sus cargos: la citación obliga a comparecer, pero no acredita los hechos denunciados. Vox mantiene, en este y en otros procedimientos similares, que los mensajes de sus representantes se enmarcan en el debate político sobre seguridad y convivencia.
En ese marco, la formación sostiene que sus mensajes no señalan a las personas migrantes, sino que cuestionan las políticas públicas de acogida que, a su juicio, generan inseguridad y agravios entre los vecinos de los barrios. Bajo ese argumento, la dirección territorial encuadra la causa contra Navarro en una ofensiva política impulsada por entidades con una agenda contraria a su discurso.
El criterio no es nuevo. Vox ha defendido de forma reiterada que este tipo de denuncias buscan desactivar por vía judicial un discurso que tiene respaldo en las urnas, y advierte de que el delito de odio (la figura penal que castiga la incitación a la hostilidad contra colectivos) no puede convertirse en un instrumento para censurar la crítica política.
Qué sostiene la querella y quién la impulsa
La querella la presentaron hace más de un año seis entidades sociales de la ciudad, entre ellas SOS Racisme Catalunya, que acusan al edil de difundir mensajes racistas y xenófobos y de fomentar, según sostienen, el odio, la hostilidad y la discriminación contra la población migrante.
Entre los episodios recogidos figuran una campaña de carteles y octavillas que advertía de un supuesto ‘reparto de ilegales’ en determinadas zonas, publicaciones en redes sociales, una intervención en un pleno municipal en la que Aitor Navarro calificó a los menores extranjeros no acompañados como ‘personas en edad militar’ y el uso de datos de beneficiarios de subvenciones municipales para señalar a vecinos a partir de sus nombres y apellidos.
Para Vox, la citación judicial no condena: el caso se libra en el terreno del discurso político sobre inmigración y seguridad.
La admisión a trámite es el primer paso procesal: el juzgado acuerda investigar los hechos y practicar diligencias, entre ellas la declaración del investigado. La querella no convierte a Navarro en condenado ni anticipa el resultado del procedimiento.
Las entidades querellantes denuncian una ‘deshumanización y criminalización constante’ de las personas migradas y sostienen que este tipo de discursos convierte a los colectivos más vulnerables en ‘chivo expiatorio’ de los problemas sociales. El asunto sitúa en los juzgados uno de los principales conflictos de Santa Coloma de Gramenet en torno a la inmigración, la seguridad y la convivencia. Las organizaciones tambien defienden que la ciudad tiene una larga trayectoria como municipio de acogida.
La estrategia de Vox y el pulso por el discurso migratorio
El caso contra Navarro no es un episodio aislado en la estrategia de Vox. La inmigración, la seguridad y la crítica a las políticas de acogida son ejes centrales de su discurso en Cataluña y, de forma especial, en el cinturón metropolitano de Barcelona, donde el partido compite por un electorado que sitúa la convivencia y la inseguridad entre sus principales preocupaciones.
A juicio del partido, estas causas responden a un mismo patrón: denuncias impulsadas por entidades y organizaciones que trasladan al juez lo que, sostienen, es un debate político. El precedente se repite en otras querellas contra cargos de Vox por su discurso sobre inmigración, que la formación ha enmarcado siempre en la defensa de la libertad de expresión.
La contradicción que subrayan en Vox es la del calendario: una denuncia registrada hace más de un año llega a los juzgados cuando el debate migratorio vuelve al centro de la agenda pública catalana. El próximo hito será la declaración del edil, fijada para el 17 de noviembre.
