La Xunta de Galicia entrega 24 pisos de alquiler social en Santiago, la primera vivienda protegida en la ciudad en 19 años.
24 llaves, una tarima y 4,6 millones: el primer reparto en 19 años
El acto fue un despliegue. Dos docenas de personas sonreían a la cámara desde una tarima con las llaves en la mano, mientras un altavoz leía su nombre, el número y el portal de su nueva casa. Había jóvenes, mayores, y personas racializadas; la mayoría mujeres, algunas con velo, una con un bebé en brazos y otra en silla de ruedas.
Las llaves las entregaban Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela), y la conselleira de Vivenda —el cargo autonómico equivalente a ministra—, María Martínez Allegue.
El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el gobierno autonómico con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) fue la única administración presente, lo que provocó la indignación de la Delegación del Gobierno, que cofinancia tres de las promociones con fondos Next Generation. En Santiago no se entregaba vivienda protegida desde 2007, cuando lo hizo el delegado de Vivenda del bipartito de PSOE y BNG, Xoán Bascuas.
La remesa costó 4,6 millones de euros, de los que 600.000 llegaron de Europa a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno central decidió dedicarlos a esta promoción dentro del Programa 6 del Plan de Recuperación, que contempla 20.000 viviendas sociales en toda España y 1.169 en la comunidad gallega; 2,3 millones se reparten entre tres promociones de Santiago que sumarán 60 pisos. La cifra es modesta; el gesto es lo que se discute.
Entregar una vivienda pública no es conceder un favor: es cumplir un derecho que en Santiago llevaba 19 años sin ejecutarse.
Derechos, no favores: la crítica de las entidades sociales y del BNG
Los adjudicatarios salieron del registro oficial de demandantes de vivienda pública, donde siguen inscritas más de 30.000 personas, unas 2.000 con Santiago como prioridad. Nueve de los nuevos inquilinos tienen menos de 36 años, colectivo al que se reservó el 40% de las plazas. Todos llevaban años esperando.
Las entidades sociales no discuten las llaves; discuten la escenografía. «Hay una elevada sobrecomunicación«, resume Carla Leiras, portavoz de As Ninguéns, el foro socioeducativo vigués contra la pobreza y la exclusión. «Aunque la asistencia no sea jurídicamente obligatoria, existe una evidente asimetría entre la Administración que adjudica la vivienda y la persona que acaba de recibirla», añade.
Rueda defendió el modelo con un discurso que él mismo se encargó de matizar. «Vivienda pública no es vivienda de mala calidad, es vivienda digna porque es para personas que son dignas», dijo, antes de asegurar que prefiere «hacer menos viviendas, si es necesario, que no va a ser, vamos a cumplir lo que dijimos, y que sean viviendas que desde el primer día hagan honor a las personas que vais a vivir allí». Su receta es ladrillo, y a ritmo lento.
El director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, advierte de que estas ceremonias «pueden fomentar discursos aporofóbicos» al exponer a quienes llevan años esperando, y recuerda que lo concedido es «un derecho que debería haberse cumplido hace quince años». También detecta una desaceleración: la Xunta prometió duplicar el parque público hasta 2028, de 4.000 a 8.000 viviendas, pero anunció solo 2.000 más hasta 2030.
El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) enmarcó el acto en una deriva más amplia y calificó de franquista la fiesta de aniversario de Rueda: «Gente agradeciendo como favores lo que son derechos. El Sindicato da Vivenda de Compostela, que ha convocado acampadas en la estación intermodal, habla de «irrespeto» por usar «como un escaparate político un momento que debería ser privado». A eso se suma que al llamado segundo pacto pola vivenda no se invitó a ninguna entidad del tercer sector.
El Laboratorio Gallego
Galicia es el único territorio donde el PPdeG encadena mayorías absolutas desde 2009, y también donde el BNG se ha consolidado como primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados). La vivienda se ha convertido en el eje sobre el que el PPdeG, el BNG y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) miden fuerzas cada semana. El PSdeG reivindica, de hecho, el legado del bipartito que entregó las últimas viviendas en Santiago.
La lectura nacional está sobre la mesa. Los 600.000 euros europeos conectan el acto compostelano con el pulso entre el Gobierno central y las comunidades por el reparto del Plan de Recuperación, un programa que fija 20.000 viviendas sociales en todo el Estado y 1.169 en Galicia. Rueda eligió el marco del «poco a poco» justo cuando el debate estatal exige cifras y no escenografías. Si el PP nacional presenta Galicia como modelo de gestión, la vivienda será uno de los terrenos donde esa vitola se someta a examen: más de 30.000 demandantes siguen en lista.
La incógnita es el ritmo. Las otras dos promociones previstas en Santiago, hasta 60 pisos, servirán para comprobar si la entrega de esta semana era un hito o un anuncio. Mientras, las acampadas del Sindicato da Vivenda seguirán presionando en la estación intermodal, y las elecciones autonómicas de 2028 medirán el coste político de cada llave entregada.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta entrega en Santiago 24 pisos de alquiler social, los primeros de vivienda protegida en la ciudad en 19 años, con tarima, cámaras y entrega de llaves en mano.
- Datos importantes: 4,6 millones de euros de coste y 600.000 de fondos Next Generation; más de 30.000 demandantes inscritos, 2.000 con Santiago como prioridad; compromiso de pasar de 4.000 a 8.000 viviendas públicas en 2028 y 2.000 más hasta 2030.
- Resumen: Las entidades sociales y el BNG censuran el uso publicitario de los adjudicatarios, mientras la Xunta defiende su modelo de construcción progresiva.
