El Ayuntamiento de Barcelona quiere elevar hasta el 150% el IBI de los pisos turísticos de la ciudad. La subida se activaría al amparo de los decretos de vivienda que el Gobierno vuelve a llevar al Consejo de Ministros tras el varapalo sufrido en el Congreso.
Una subida fiscal que necesita el escudo de Madrid
El consistorio que preside Jaume Collboni lleva meses tanteando la fórmula para gravar el uso turístico de la vivienda, y los dos reales decretos-ley que Moncloa intenta reactivar le entregan la cobertura jurídica que le faltaba. Con ese paraguas, el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre los pisos de uso turístico podría escalar hasta el 150%, el techo que la normativa reserva para penalizar los inmuebles que no cumplen una función residencial estable.
La lógica municipal es directa: castigar fiscalmente la vivienda turística para devolverla al mercado residencial. Cada piso que sale de plataformas como Airbnb es una unidad más en una ciudad con los alquileres disparados y una oferta asfixiada. Eso sí, la medida llega en el peor momento posible para la seguridad jurídica del inversor: nadie sabe todavía qué texto saldrá aprobado ni con qué letra pequeña.
No es la primera vez que Barcelona intenta apretar el cerco a la vivienda de uso turístico. El Ayuntamiento lleva años tratando de contenerla con licencias y moratorias en los barrios más tensionados, pero sigue siendo uno de los activos más rentables de la ciudad. El recargo del 150% sería el golpe fiscal más duro hasta la fecha, y llega, además, con el aval de una norma estatal.
El ladrillo catalán, en el dique seco
‘Estamos perdidos’. La frase es de Guifré Homedes, director general de Amat Immobiliaris y vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). Su diagnóstico resume el ánimo de un sector que el viernes pasado tuvo motivos para descorchar cava —los decretos decaían— y que ahora ha vuelto a la casilla de salida.
La patronal catalana lleva semanas frenando operaciones. Promotores con proyectos de built-to-rent en marcha, los están trasladando al mercado de compraventa, según advirtió la Asociación de Promotores Constructores de España. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ya calificó las medidas de Moncloa como ‘una socialización encubierta de la propiedad privada’.
El ladrillo catalán no teme una subida fiscal concreta: teme no saber qué norma estará vigente cuando firme el próximo contrato.
Extraoficialmente, las fuentes del sector repiten el mismo lamento: ‘así no se puede trabajar’. Los proyectos están paralizados a la espera de que se conforme un nuevo Gobierno que, quién sabe, revoque las leyes. La parálisis, calculan, se prolongará al menos dos meses y espantará a los inversores.
‘El segundo decreto era una aberración generalizada’, explica Homedes. Del primero, el de los desahucios y las prórrogas hasta 2028, apenas se queja: le preocupa todo lo que toca precios. ‘Aquí el mercado ya está regulado, y ahora habría que añadir una segunda regulación’.
Lo que más inquieta no es el texto, sino su efecto retroactivo. ‘Cuando tú conoces las normas, las tienes en cuenta y planificas en consecuencia. Pero nos cambian las reglas del juego constantemente’, resume. Y sentencia: ‘Es difícil entender que una cosa tan estructural, que necesita tanto consenso, acabe reducida a este teatro’, el mismo día en que las calles de Barcelona se llenan de manifestantes convocados por el Sindicat de Llogateres.
La llave está en un solo voto del PNV
La segunda intentona del Ejecutivo no se decidirá en el hemiciclo, sino en la Diputación Permanente, el órgano de 69 diputados que vela por el Congreso entre legislaturas. PP (27), Vox (6) y Junts (1) suman 34 votos en contra; PSOE (25), Sumar (6), ERC, Bildu y Podemos —uno cada uno— suman otros 34. El empate lo rompe el PNV.
Los nacionalistas vascos han dicho que analizarán los decretos ‘en profundidad’ antes de decidir. Es la misma llave que en su día dio a Cataluña un trato singular en financiación y que ahora decide si los pisos turísticos de Barcelona suben hasta el 150%. La ministra Isabel Rodríguez llegó a plantear en el Congreso una cláusula para que las medidas no afectaran a Cataluña; el sector inmobiliario catalán no tiene claro que semejante excepción sea viable.
Lo que observamos es un patrón conocido. Cuando la vivienda entra en el tablero de Madrid, Cataluña acaba siendo moneda de cambio. El decreto que el Congreso tumbó el viernes no fue una excepción: Junts votó en contra junto a PP y Vox, y el texto quedó a merced de un solo grupo parlamentario. La paradoja es que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por los socialistas, aprovecha ahora el envés de esa misma norma para gravar el turismo.
El calendario aprieta. El Gobierno busca el aval de la Diputación Permanente en los próximos días y, si lo consigue, el recargo del 150% de Collboni dejará de ser un anuncio para convertirse en ordenanza municipal. Si no, el ladrillo catalán seguirá en el limbo y la vivienda, otra vez, en el aire.
