La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que se persona en la causa judicial abierta tras la detención en Irún (Guipúzcoa) de dos personas investigadas por un presunto delito de terrorismo que portaban documentación con datos de guardias civiles en activo y de acuartelamientos del instituto armado. La organización considera que el hallazgo supone una señal de alarma para la seguridad de los agentes y reclama una respuesta inmediata del Ministerio del Interior.
Los detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española. Según la nota de prensa difundida por la asociación el 19 de octubre, la documentación intervenida contiene información que el propio Gobierno vasco ha calificado de «información muy sensible». Por el momento, el Departamento de Seguridad del Ejecutivo autonómico no ha precisado cuántos agentes ni cuántas instalaciones aparecen en los documentos, ni tampoco el formato en el que estaban recogidos esos datos.
La AUGC sostiene que la falta de información sobre el alcance del material intervenido no reduce la gravedad del episodio. A su juicio, conocer la identidad de los efectivos y la localización de instalaciones policiales puede comprometer la protección de quienes prestan servicio al Estado, además de generar riesgos para sus familias.
La asociación subraya que la aparición de estos datos en una investigación por presunto terrorismo obliga a extremar las precauciones. No obstante, los dos detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
El caso ha llevado a la organización profesional a reclamar que se esclarezca el contenido de la documentación y se evalúe cuanto antes si los agentes identificados o los acuartelamientos mencionados necesitan medidas de protección adicionales. Para la AUGC, la prioridad debe ser evitar que una eventual exposición de información sensible se traduzca en una amenaza concreta contra los miembros de la Guardia Civil.
La AUGC reprocha a la Ertzaintza que no haya compartido la información
Uno de los principales motivos de preocupación de la asociación es la gestión de los datos intervenidos tras las detenciones. La AUGC denuncia que la Ertzaintza no ha trasladado esta información a la Guardia Civil, pese a que la documentación afecta directamente a la seguridad de sus agentes y de sus instalaciones.
La organización considera inadmisible que los datos no hayan llegado al cuerpo policial al que pertenecen los efectivos potencialmente afectados. Por ello, reclama al Ministerio del Interior que intervenga para garantizar que la Dirección General de la Guardia Civil reciba de inmediato toda la documentación necesaria para evaluar los riesgos.
La denuncia plantea una cuestión especialmente delicada en la coordinación de la lucha antiterrorista: la circulación de información entre los distintos cuerpos policiales. Cuando una investigación revela datos que podrían comprometer la seguridad de otros agentes, el conocimiento de su alcance resulta esencial para determinar si es necesario modificar protocolos, reforzar dispositivos o adoptar medidas de protección específicas.
La AUGC advierte de que la cooperación policial no puede quedar condicionada por compartimentos estancos ni por disputas competenciales. En su opinión, cualquier demora en la comunicación de información relevante puede dificultar la prevención y dejar a los profesionales afectados sin capacidad para anticiparse a posibles amenazas.
La asociación insiste en que la Guardia Civil tiene derecho a conocer el alcance real del material intervenido para identificar a los agentes que pudieran estar expuestos y valorar la seguridad de los acuartelamientos mencionados. Sin esa información, sostiene, resulta más difícil establecer medidas proporcionadas al riesgo.
La organización no ha aportado cifras sobre el número de guardias civiles afectados ni sobre las instalaciones que figurarían en la documentación. Tampoco ha detallado la naturaleza exacta de los datos. Estas incógnitas hacen que el traslado íntegro de los documentos y su evaluación por los responsables de seguridad sean dos de las prioridades que plantea la asociación.
El recuerdo de ETA y la exigencia de reforzar la protección
La preocupación de la AUGC tiene también una dimensión histórica. La organización recuerda que durante décadas la Guardia Civil fue uno de los principales objetivos de la banda terrorista ETA y que la identificación de agentes, sus domicilios y los acuartelamientos formó parte del contexto de aquella violencia.
Por ese motivo, la asociación rechaza que el hallazgo de documentación de esta naturaleza pueda tratarse como un detalle secundario dentro de una investigación policial. En su comunicado, sostiene que la aparición de información sensible sobre guardias civiles en una causa por presunto terrorismo exige una respuesta inmediata y una evaluación rigurosa de las posibles consecuencias.
La AUGC reclama el refuerzo de la vigilancia en los acuartelamientos y sus entornos, especialmente en aquellos que pudieran aparecer en los documentos intervenidos. También exige que se proporcionen los medios humanos y materiales necesarios para proteger a los agentes señalados, una petición que vincula directamente con la necesidad de conocer el alcance de la información.
La asociación pretende que la respuesta no se limite a las actuaciones derivadas de las detenciones en Irún. Su advertencia es que la amenaza contra los miembros de la Guardia Civil puede adoptar formas distintas a las conocidas durante los años de actividad de ETA, sin que eso signifique que deba rebajarse la atención sobre los riesgos relacionados con el terrorismo.
En este contexto, la organización pide a Interior que garantice tanto la coordinación entre cuerpos policiales como la protección efectiva de los profesionales que pudieran verse afectados. La prioridad, insiste, debe ser actuar antes de que una eventual exposición de datos se convierta en un problema de seguridad.
El caso deja abiertas cuestiones esenciales sobre el contenido de la documentación, el número de efectivos identificados y las instalaciones potencialmente afectadas. La AUGC exige que esas incógnitas se despejen sin demora y que se adopten las medidas necesarias en función de los resultados.
Su mensaje final es una advertencia sobre la necesidad de mantener la vigilancia: el riesgo terrorista contra la Guardia Civil no debe darse por desaparecido. La asociación considera que minimizar hallazgos como el de Irún o retrasar las medidas preventivas sería un error, y reclama que la protección de los agentes y el intercambio de información se sitúen en el centro de la respuesta institucional.
