Los ataques de Moncloa al Poder Judicial han marcado la XV Legislatura de principio a fin. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha vuelto a corregir al ministro de Justicia, Félix Bolaños, con un dato que el Ejecutivo no discute: España sigue con once jueces por cada cien mil habitantes frente a los 17 de media en la Unión Europea.
Casi 800 días después de que Perelló tomara posesión —en junio de 2024, tras un pacto entre el PP y el PSOE que desbloqueó un Consejo con cinco años de funciones prorrogadas— la legislatura se cierra con una hemeroteca de descalificaciones del Gobierno a los jueces y con la carrera en pie de guerra por la falta de medios.
Once jueces por cada cien mil habitantes: la brecha que el Gobierno no cierra
El déficit es estructural. El CGPJ y Eurostat sitúan a España entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras la media del Consejo de Europa y de la Unión Europea oscila entre los 17 y los 21. Las cifras no admiten discusión. En los juzgados de lo Social, de lo Mercantil y de Primera Instancia las vistas se acumulan con retrasos de años, y eso compromete el derecho a una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.
El Ministerio reaccionó en febrero de este año con una macroconvocatoria de 500 plazas de jueces y magistrados: 375 por oposición y 125 por el cuarto turno, la vía reservada a juristas de reconocido prestigio. Había entonces alrededor de 260 vacantes en el organigrama. Perelló ya lo había reclamado ante el Rey y ante el propio Bolaños: ‘la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes’.
Los ataques no han sido solo presupuestarios. En septiembre de 2025, Pedro Sánchez aseguró en la televisión pública que ‘en España hay jueces haciendo política’ al ser preguntado por las investigaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez. Llegó a instar al Consejo a estudiar si esas causas reunían ‘los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia’, una función que el CGPJ no tiene entre sus atribuciones.
El déficit de jueces no se corrige con globos sonda sobre indultos: se corrige con plazas, con medios y con un Consejo que responda ante los jueces y no ante los partidos.
Hubo más. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó al juez Juan Carlos Peinado de ‘perseguir’ a Gómez y calificó la instrucción de ‘burda’ y ‘miserable’. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, trasladó los ‘ataques injustificados’ del Ejecutivo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos confidenciales de Alberto González Amador mientras el Gobierno defendía su inocencia.
La reforma que la carrera judicial lee como un cambio de reglas
A eso se suma el frente que más incomoda en la judicatura: la conocida como reforma Bolaños, un nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia. Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales —las progresistas no se sumaron— avisaron de que el refuerzo del cuarto turno, y la regularización de los sustitutos abre ‘un acceso arbitrario a la judicatura’ que ‘pone en riesgo la independencia judicial’. El Ministerio niega que privilegie a unos sobre otros.
Perelló lo dijo compartiendo escenario con el ministro: las medidas para paliar la urgencia ‘no resuelven el problema’. La presidenta del Consejo recordó que el Poder Judicial ‘carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces’. Ahí está el nudo. El órgano de gobierno de los jueces diagnostica, pero no puede operar.
Sobre ese terreno ha fijado posición el Partido Popular. Su propuesta pasa por devolver a los jueces la elección directa de los vocales de procedencia judicial, la interpretación que el PP y las instituciones europeas hacen de el artículo 122 de la Constitución; por un pacto de Estado que blinde la independencia frente a las críticas políticas; y por un plan plurianual de convocatorias que acerque el ratio a la media continental. Son tres medidas que caben en una legislatura. Bastan dos para cambiar el sistema.
El Eje del Poder Popular
En Génova la lectura es que la independencia judicial ha dejado de ser un asunto corporativo para convertirse en un eje de confrontación política de primer orden. El Consejo General del Poder Judicial arrastra un déficit de legitimidad que solo se cierra por la vía del mérito y de la elección por los propios jueces. El PP gobierna once comunidades autónomas, varias con competencias sobre los medios materiales de la Justicia —Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón—, y ese es el aterrizaje real del debate: plantillas, sedes y sistemas se deciden en los territorios.
El precedente más útil es junio de 2024. El pacto que renovó el Consejo llegó tras un lustro de bloqueo y de advertencias desde Bruselas, no por convicción del Gobierno. Lo que observamos es un patrón: Moncloa solo cede en materia institucional cuando el coste reputacional supera el beneficio de mantener el órgano prorrogado. El punto débil del Ejecutivo es que su norma estrella para la Justicia nació con el rechazo de las asociaciones mayoritarias de ambas carreras. El riesgo para el PP es otro y conviene nombrarlo: que el debate se diluya en la refriega partidista y pierda el marco constitucional que le da fuerza. El próximo hito no es retórico: la convocatoria efectiva de esas 500 plazas y la pelea por el modelo de elección de vocales cuando arranque la próxima legislatura, con las generales del 29 de noviembre en el horizonte.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La independencia judicial como bandera constitucionalista frente al intervencionismo del Gobierno.
- Protagonista: Isabel Perelló (presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo), cuyo diagnóstico ha hecho suyo el PP.
- Próximo hito: Convocatoria efectiva de las 500 plazas anunciadas por Justicia, con seguimiento del GPP en el Congreso.
