Feijóo convierte los tres quintos del Senado en objetivo de campaña. Ya no le basta con la mayoría absoluta que el PP ostenta en la Cámara Alta: quiere la mayoría reforzada, esa que nunca se ha alcanzado y que permite nombrar sin pedir permiso a nadie.
El reconocimiento es suyo, y lo hizo esta semana en una entrevista. ‘Tenemos el compromiso de optar no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos’, dijo Alberto Núñez Feijóo. La frase tiene miga. La Cámara Alta dejó de ser un cementerio de elefantes hace tiempo y estas elecciones la han convertido en pieza de caza mayor.
Qué compra exactamente una mayoría de tres quintos en el Senado
Los 161 asientos de la Cámara Alta no son un trofeo simbólico. Con ellos, PP y Vox podrían imponer de inmediato a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación en el Senado, lo que invertiría el juego de mayorías en la corte de garantías: de la actual composición progresista a una conservadora. Ese es el plazo corto. El largo es mucho más ambicioso.
El Consejo General del Poder Judicial se compone de un presidente y veinte vocales. Diez los designa el Senado y diez el Congreso, en ambos casos por mayoría de tres quintos. Con esa mayoría reforzada, la derecha elegiría directamente su decena de la Cámara Alta sin negociar con nadie. Ahí entra en juego el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un precepto incorporado en una de las reformas impulsadas por el primer Gobierno de Mariano Rajoy: si una Cámara no ha designado a sus vocales cuando se celebra la sesión constitutiva, el órgano echa a andar con los diez de la otra Cámara y con los vocales salientes que hubiera nombrado la Cámara incumplidora.
Traducido: quince vocales conservadores sin necesidad de pactar el reparto del Congreso. Diez nuevos del Senado y cinco que se conservarían del mandato anterior. Casi la misma mayoría cualificada que se obtendría pactando. Y con trece vocales basta para impulsar los nombramientos de presidentes de Sala y magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional y, de los Tribunales Superiores de Justicia, todos ellos designados también por tres quintos.
El artículo 570 no lo escribió la derecha para la derecha, pero está redactado como si alguien hubiera previsto que un día le serviría.
Treinta y cuatro jubilaciones en el Supremo y una Sala de lo Penal sin mayoría progresista en dos décadas
El último Escalafón de la Carrera Judicial pone cifras a lo que está en juego. Al menos 34 magistrados del Supremo cumplirán los 72 años, edad máxima legal, entre junio de 2029 y junio de 2034. Es casi la mitad de la plantilla del Alto Tribunal y coincide con el mandato del CGPJ que debería transcurrir entre esas mismas fechas. Media docena de esas salidas se concentran en la Sala de lo Penal, la que instruye y enjuicia las causas que afectan a aforados de primer nivel: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo y Carmen Lamela. Esa Sala lleva más de dos décadas sin mayoría progresista.
Otros 21 magistrados que se jubilarán en ese lustro pertenecen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, casi la mitad de sus 32 miembros más el presidente. Es la Sala que revisa los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y la que ha saltado a la actualidad en las últimas semanas por haber suspendido el derecho al voto de decenas de miles de españoles que accedieron a la nacionalidad por ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil y del Franquismo, en aplicación de la llamada ley de nietos.
La capacidad de imponer una mayoría aplastante no depende solo de la aritmética del Senado. Depende también de que se mantenga la fórmula de elección vigente, y ahí aparece la contradicción más llamativa del caso. Hace solo un año, el PP exigía que una docena de vocales del CGPJ fueran elegidos por jueces y magistrados y solo ocho por Congreso y Senado. Una propuesta que conviene recordar cuando Feijóo reclame los tres quintos para designar él mismo a la decena de la Cámara Alta.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la lectura es otra y conviene precisarla. Lo que observamos no es solo un pulso por el CGPJ: es la disputa por el marco en el que se van a resolver los asuntos que afectan al Gobierno durante los próximos cinco años. La Sala de lo Contencioso que suspendió el voto de los descendientes de exiliados, la Sala de lo Penal que juzga a aforados, los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Catalunya: todo se nombra con el mismo mecanismo. El aterrizaje territorial de la mayoría de tres quintos no es abstracto. Toca a las comunidades que gobierna el PSOE y a un colectivo, el de los españoles en el exterior, con peso político propio.
Sobre el flanco interno, la dirección federal afronta el reto de sostener la movilización de su electorado con un argumento institucional en plena campaña, cuando el debate tiende a desplazarse hacia el desgaste. No es terreno cómodo. El GPS del Senado necesita retener escaños provinciales clave para que la mayoría reforzada sea imposible, y eso exige activar a los votantes de izquierda en circunscripciones donde cada acta cuenta. En paralelo, la coalición con Sumar y el encaje con ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria condicionan cualquier respuesta legislativa: si la vía fuera reformar el artículo 570 antes de la constitución de las Cámaras, el Congreso volvería a ser el punto de fricción de siempre.
Los barones lo entienden. La reforma del Poder Judicial ha sido para los presidentes autonómicos socialistas una cuestión de gestión cotidiana, no de consigna: de la designación de los tribunales superiores depende el ritmo de la justicia en sus territorios. Emiliano García-Page, Adrián Barbón, María Chivite, Salvador Illa y Jaume Collboni manejan gobiernos y ayuntamientos donde la lentitud judicial tiene un coste social medible. El precedente histórico también resulta útil: el bloqueo del CGPJ durante más de un lustro por parte del PP retrasó nombramientos y dejó tribunales con vacantes durante años. La diferencia ahora es que el bloqueo podría no hacer falta. Bastaría con una mayoría reforzada en la Cámara Alta y un Congreso atascado.
El riesgo inmediato es de calendario. La noche del 29-N no se decide solo un Gobierno: se decide qué Senado se sienta en la sesión constitutiva y si puede o no designar por su cuenta a la mitad del órgano de gobierno de los jueces. La derecha llega con una consigna clara. La izquierda, con una pregunta. Lo que venga después dependerá de cuántos escaños provinciales aguanten.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La independencia judicial no se negocia con mayorías reforzadas; el PSOE se presenta como dique frente a la captura partidista de los tribunales.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), junto a la dirección federal en Ferraz y el GPS del Senado.
- Próximo hito: Las elecciones del 29-N y la sesión constitutiva de la Cámara Alta, donde se medirá la aritmética real de los tres quintos.
