EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Juan Jesús Vivas ha cifrado en 15.000 los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y ha exigido al Gobierno devoluciones por resolución administrativa.
- ¿Quién está detrás? El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la manifestación convocada en Madrid por el movimiento Mujeres Caballas.
- ¿Qué impacto tiene? Coloca la política migratoria del Ejecutivo en el centro del debate territorial y refuerza el eje de fronteras y seguridad con el que el PP articula su ofensiva parlamentaria.
Vivas cifra en 15.000 los migrantes que siguen en Ceuta y exige al Gobierno que active las expulsiones. Lo ha hecho este domingo en Madrid, en la manifestación convocada por el movimiento Mujeres Caballas, con una acusación directa al presidente del Ejecutivo: sumisión a Marruecos.
La ciudad arrastra desde los días 30 y 31 de julio una emergencia que no se cierra. En aquellas dos jornadas casi 80.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos, y tres meses después las calles siguen siendo el único recurso para miles de ellas. ‘No hemos recuperado la normalidad’, ha resumido el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
De la noche del 30 de julio a la plaza de las Cortes
Vivas compareció ante los medios antes de sumarse a una marcha que consideró ‘más que justificada’. Su argumento es de vida cotidiana: los ceutíes han tenido que cambiar ‘sus hábitos de vida’ y han perdido ‘seguridad, tranquilidad y libertad’ desde finales de julio. La movilización arrancó en el paseo del Prado, siguió por la plaza de Cánovas del Castillo y la Carrera de San Jerónimo, y concluyó frente al Congreso de los Diputados, en la plaza de las Cortes, con lectura de un manifiesto.
El dato que Vivas puso encima de la mesa es jurídico y político a la vez. Tres meses después no se ha producido ninguna devolución por resolución administrativa; solo ha habido retornos voluntarios o vinculados a la comisión de delitos. ‘Necesitamos volver a la normalidad y necesitamos que no se vuelva a repetir otra invasión’, ha reclamado, antes de pedir ‘las medidas adecuadas’ para que no ocurra de nuevo.
El grueso del reproche fue para Pedro Sánchez. Vivas recordó que el presidente del Gobierno reconoció que la integridad territorial había sido vulnerada y, aun así, se marchó de vacaciones: ‘Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos’. La frase condensa el marco de toda la jornada: no se discute solo un campamento o unas calles saturadas, se discute la política exterior que sitúa a Rabat como interlocutor privilegiado.
Tres meses sin una sola devolución administrativa convierten la queja de Vivas en un examen directo a la política marroquí del Gobierno.
Del 60% más de delincuencia al 400% de urgencias
Los números que acompañan la denuncia son los de una ciudad al límite. El presidente ceutí sitúa en un 60% el aumento de la delincuencia y en un 400% el crecimiento de las urgencias sanitarias, con un sistema público de salud tensionado, por la sobrepoblación. A eso se suma una caída de cinco puntos en el PIB de la economía local. ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’, ha zanjado.
Del otro lado, el Ejecutivo sostiene que cualquier expulsión exige un expediente que respete las garantías procesales y los acuerdos con el país vecino, y remite a los retornos voluntarios ya producidos. El PP rechaza ese marco como coartada: considera que existían instrumentos suficientes para actuar en agosto y que la demora ha consolidado la presencia de miles de personas en la ciudad. La discusión, por tanto, no es solo de cifras, sino de voluntad política.
El Eje del Poder Popular
Vivas es el barón territorial con más recorrido del PP: gobierna Ceuta desde 2001 y ha ganado todas las elecciones locales desde entonces. Su palabra pesa en Génova por trayectoria y por conocimiento de causa, y su discurso encaja en el eje que la dirección nacional ha convertido en prioridad: fronteras, seguridad y control migratorio como condición de convivencia.
En el Grupo Parlamentario Popular el asunto ya está en el circuito de preguntas al Gobierno; en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, el instrumento permite además forzar comparecencias y dictámenes. La dificultad es que esa presión no resuelve por sí sola la emergencia: Ceuta sigue atendiendo urgencias, seguridad y servicios con recursos propios mientras espera una decisión de Madrid.
El aterrizaje territorial es inmediato. Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de España con África y ambas están gobernadas por el PP; cualquier decisión del Ejecutivo se mide allí en metros de calle y en camas hospitalarias. Cabe recordar el precedente de mayo de 2021, cuando la entrada de miles de personas tras la crisis diplomática con Rabat por el caso Ghali llevó al PP a convertir el Senado en la caja de resonancia del asunto. Entonces, como ahora, el argumento popular fue el mismo: la integridad territorial no se negocia con gestos.
El riesgo inmediato es de calendario. Si el Ministerio del Interior no articula devoluciones con expediente antes de que acabe el año, la presión volverá a la calle y el PP tendrá que decidir si la canaliza por vía parlamentaria o la deja crecer en los territorios. Lo que observamos es un patrón conocido: cada vez que el Gobierno aparca un asunto en el limbo administrativo, el partido encuentra en la Cámara alta la palanca para mantenerlo vivo. La próxima ventana crítica es la sesión de control en el Senado y el siguiente Pleno del Congreso, donde el GPP volverá a interpelar al Ejecutivo por las devoluciones pendientes.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La frontera sur como prueba de la debilidad del Gobierno y de la solvencia del PP en seguridad y control migratorio.
- Protagonista: Juan Jesús Vivas (presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta).
- Próximo hito: La sesión de control en el Senado y el siguiente Pleno del Congreso, con nuevas interpelaciones del GPP sobre las devoluciones.
