El TSJCV da la razón al PSPV y obliga a la Conselleria de Sanidad a detallar los pagos a los centros privados.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sección Cuarta del TSJCV estima la demanda de la diputada del PSPV y anula la respuesta de Sanidad que no separaba los pagos a la privada de 2024 y 2025.
- ¿Quién está detrás? La diputada Yaissel Sánchez y el conseller Marciano Gómez, en el Consell de Juanfran Pérez Llorca con el apoyo de Vox.
- ¿Qué impacto tiene? La Conselleria dispone de un mes para detallar los 331 millones derivados a centros privados en dos ejercicios.
Qué dice la sentencia y qué niega la Conselleria
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó la diputada socialista Yaissel Sánchez contra la respuesta del conseller Marciano Gómez (el titular de una Conselleria, el equivalente autonómico de un ministerio). El fallo anula la resolución impugnada «en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada separando los ejercicios de 2024 y 2025» y declara vulnerado el derecho que ampara el artículo 23.2 de la Constitución Española. Reconoce además a la parlamentaria el derecho a recibir esos datos en un plazo máximo de un mes.
El origen está en febrero de este año. Sánchez registró varias solicitudes, por la vía del artículo 12 del Reglamento de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), para saber cuánto había abonado la Generalitat a cada centro sanitario privado por derivar intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, y las lecturas e informes asociados a esas pruebas. Dos ejercicios: 2024 y 2025. A principios de abril, el conseller contestó que era «complejo» y se limitó a entregar un listado de empresas a las que había derivado radiologías y operaciones del Plan de Choque. Ni una sola cifra sobre lo pagado.
Días más tarde, la Conselleria remitió una ampliación con datos, eso sí, agrupados por bienios. Ahí apareció la cifra que hoy centra la disputa: 331 millones de euros abonados a centros, clínicas y hospitales privados entre 2024 y 2025 por operaciones del Plan de Choque y actividad no concertada. El PSPV sostiene que esos números se «cocinaron» y que el departamento los filtró a un medio antes de remitirlos al parlamento.
La Conselleria niega la condena. Fuentes del departamento aseguran que «es falso que el conseller haya sido condenado por vulneración de derechos fundamentales por ese tema» y subrayan que la sentencia «todavía no es firme»: el tribunal estima la demanda, aprecia que la respuesta no tenía el detalle requerido e insta a darlo. No hay condena en costas, remarcan, y contrastan esa factura con los cerca de 70.000 euros que la Generalitat pagó por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023, cuando gobernaba el Botànic.
La disputa no es solo por 331 millones: es por quién decide cuándo un dato público deja de ser opaco.
Para Yaissel Sánchez, portavoz de Sanidad del grupo socialista, la lectura es la contraria. A su juicio, la resolución «sentencia las marrullerías» del conseller y deja al descubierto una falta de transparencia evidente. Habla de «excusas grotescas» y de una «tomadura de pelo» a la inteligencia de los valencianos. Y remata con una idea que resume su tesis: no puede haber «un solo euro» de dinero público que el Consell de Juanfran Pérez Llorca no explique en qué bolsillo privado acabó.
Los 331 millones, los bienios y una filtración que el PSPV denuncia
El episodio de la filtración es el más incómodo para el departamento. Según la versión socialista, la Conselleria envió a un medio los datos de 2024-2025 y también los de 2022-2023 —un tramo que, hasta junio de 2023, corresponde al anterior Consell del Botànic— antes de que la respuesta llegara al parlamento. Desde Sanidad se limitan a señalar que la información se dio y que ahora se ampliará lo que el tribunal pida.
Hay un segundo frente abierto. La diputada recuerda que en 2025 Marciano Gómez avaló una treintena de liquidaciones anuales a favor de las concesiones privadas de las áreas sanitarias, que se ahorraron decenas de millones antes de que el Consell Jurídic dictaminara, según la denuncia de la Sindicatura de Comptes que cita el PSPV. El dictamen fue contrario al criterio aplicado entonces por el Consell que presidía Carlos Mazón, hoy expresident de la Generalitat y diputado en las Corts desde su dimisión el 3 de noviembre de 2025.
El calendario, mientras, aprieta poco. El plazo de un mes fija la entrega de la documentación a finales de noviembre de 2026. Hasta entonces, la Conselleria puede cumplir con un envío separado ejercicio a ejercicio o repetir la fórmula que el tribunal ya ha considerado insuficiente.
El Escenario Valenciano
En el Consell de Pérez Llorca, la sanidad es la cartera de mayor peso presupuestario y también la de mayor desgaste político. El pacto con Vox no se ha roto por este asunto, pero cada resolución judicial adversa suma material a la oposición. El PSPV y Compromís tienen en el control del gasto sanitario uno de sus principales ejes de crítica, aunque sin mayoría suficiente en las Corts para imponer cambios por la vía parlamentaria.
Hay una dimensión que trasciende Valencia. El artículo 23.2 de la Constitución ampara el acceso de los diputados a la información como condición del control político, y la jurisprudencia ha ido fijando un estándar exigente: la Administración puede tardar, puede pedir aclaraciones, pero no puede escudarse en la complejidad para no dar cifras. La propia Conselleria pone encima de la mesa un precedente que le perjudica y le beneficia a la vez: los 70.000 euros en costas del periodo 2020-2023 por 97 solicitudes sin respuesta, cuando el Consell lo ocupaba el Botànic.
La pelota está ahora en el departamento de Marciano Gómez. Tiene un mes, hasta finales de noviembre, para separar 2024 de 2025 y detallar centro por centro lo que el PSPV reclama desde febrero. Si el envío llega incompleto, la diputada puede volver al TSJCV para pedir la ejecución del fallo. Y si llega completo, el debate se desplazará del papel al hemiciclo: 331 millones de euros en derivaciones a la privada en dos ejercicios piden explicación, con o sin sentencia.
Ficha del Caso
- El caso: Una diputada del PSPV pidió los pagos a la sanidad privada de 2024 y 2025; Sanidad los negó primero y luego los dio por bienios; el TSJCV estima la demanda y le da un mes.
- Datos importantes: 331 millones de euros en derivaciones a centros privados entre 2024 y 2025; plazo de un mes desde la notificación; artículo 23.2 de la Constitución; sin condena en costas; 70.000 euros en costas por 97 solicitudes sin respuesta entre 2020 y 2023.
- Resumen: La sentencia no es firme y la Conselleria asegura que ampliará la información; el PSPV convierte el fallo en un argumento de transparencia contra el Consell de Pérez Llorca.
