Los Mossos d’Esquadra han detenido a 50 personas por su presunta pertenencia a una red de contratación fraudulenta de migrantes en Barcelona. Entre los arrestados hay 48 hombres y dos mujeres; el operativo se desplegó el 26 y el 27 de octubre y la instrucción corresponde a la plaza 27 del Tribunal de Instancia de Barcelona (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos), según la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos.
Una estructura activa desde 2019 con ramificaciones en Pakistán
La investigación arrancó del análisis de la documentación hallada en los registros practicados a finales de febrero de 2024 en una causa anterior por tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral. Una de las entradas se hizo en una gestoría de Barcelona donde el principal investigado de aquel procedimiento había tramitado contratos falsos.
El análisis forense de los equipos permitió detectar una organización distinta, con integrantes en el área de Barcelona y colaboradores en Pakistán.
Según la DIC, la estructura actuaba como intermediaria entre ciudadanos paquistaníes que querían obtener una autorización de residencia y trabajo y empresarios que, presuntamente, cedían sus sociedades y documentación a cambio de dinero. La red captaba a personas en origen y también a quienes ya estaban en España en situación irregular, y confeccionaba registros civiles y otros documentos exigidos en los trámites administrativos.
Cuánto pagaban: hasta 30.000 euros por el visado
Quienes se encontraban en Pakistán abonaban cantidades que podían llegar a los 30.000 euros por el visado, la documentación administrativa, el empadronamiento y el contrato de trabajo necesario para entrar en España. Los que ya estaban aquí en situación irregular pagaban hasta 8.000 euros por un contrato simulado que les abriera un proceso de regularización. Los empresarios participantes también percibían contraprestaciones económicas.
La organización asumía todas las fases del proceso, desde la captación en Pakistán hasta la formalización de los contratos en España, según los Mossos.
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización tramitó 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron resolución favorable. Solo por esos 108, los investigadores calculan que la red pudo ingresar más de 3,2 millones de euros, una cifra que no incluye los expedientes denegados ni las tramitaciones de personas que ya residían en España.
El dispositivo: 81 efectivos y detenciones en diez municipios
El operativo se organizó en dos fases, el 26 y el 27 de octubre, con 81 efectivos de la DIC, en su mayoría de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos (UCTEH) y del Área Central de Crimen Organizado (ACCOR). La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, y también en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.
El despliegue duró dos días.
Del total de arrestados, siete son presuntos miembros de la organización criminal y tres de ellos han ingresado en prisión. Los otros 43 detenidos son empresarios que, según los investigadores, prestaron sus sociedades para las tramitaciones. La investigación ha identificado además a 12 presuntos integrantes del entramado y hasta 62 empresarios de sectores como la alimentación, la restauración, las reformas o los talleres mecánicos.
Ninguno ha sido juzgado.
Qué delitos se les atribuyen y en qué fase está la causa
A los presuntos miembros de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental. A los empresarios detenidos se les imputan presuntamente los dos últimos. La causa está en fase de instrucción y todos mantienen la presunción de inocencia.
Los investigadores han constatado que en algunos casos las personas contratadas acabaron desempeñando trabajos en condiciones precarias, o cercanas a la explotación laboral, y que en otros la relación era ficticia y terminaba poco después de obtener las autorizaciones. La causa la dirige la plaza 27 del Tribunal de Instancia de Barcelona junto a la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería.
Los Mossos no descartan nuevas detenciones.
