El pacto de PP y Vox para el Senado busca los tres quintos de la Cámara Alta capaces de reescribir la mayoría del Tribunal Constitucional. La alianza, sellada en nueve provincias para que ambos partidos dejen de hacerse la competencia, persigue una mayoría reforzada que la Constitución reserva a las decisiones de mayor calado institucional. Con ella, el bloque conservador no necesitaría negociar con nadie para colocar a los cuatro magistrados pendientes y dar la vuelta a la corte de garantías.
Por qué un pacto provincial apunta directamente al Constitucional
La mecánica importa. El Tribunal Constitucional se renueva por terceras partes cada tres años: cuatro magistrados los designan el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, y los ocho restantes salen del Congreso y del Senado con una mayoría de tres quintos, el mismo umbral que el artículo 159 de la Constitución exige para las citas de mayor relieve. El cupo de la Cámara Alta venció en diciembre de 2025, con el fin de mandato de Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.
Ahí sigue, bloqueado en un Senado que controla el PP.
Hoy la corte funciona con una mayoría progresista de siete frente a cinco desde 2023. Cuatro nombramientos bastan para invertirla. Ese es el cálculo que el bloque conservador ha hecho antes del 29 de noviembre y que detalla la información publicada por infoLibre: si el nuevo reparto de fuerzas les permite alcanzar los tres quintos, no hará falta pactar nada con la izquierda, bastará con poner nombre y apellidos a los cuatro sillones vacantes.
No es un órgano decorativo. En el último lustro han entrado en la corte 96 recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales. El PP y Vox han impugnado la Lomloe, la Ley de Eutanasia, la Ley de Memoria Democrática, la ley trans, la Ley de Amnistía y la reforma penal que suprimió el delito de sedición. Cualquier reforma de calado que Feijóo quiera plantear si llega a La Moncloa —el aborto y la eutanasia figuran en su programa— terminaría con total seguridad ante los mismos magistrados que él habría contribuido a designar.
Memoria democrática, amparos y el fiscal general: lo que espera en la mesa
El asunto de la memoria es el primero de la lista. El Gobierno ha recurrido las leyes de concordia con las que el PP, con Vox o sin él, ha sustituido las normas memorialistas en los territorios que controla. El artículo 161 de la Constitución suspende de forma automática las disposiciones recurridas, pero el tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo: sobre si esas leyes caben o no en la Ley Fundamental, según la doctrina que fije el propio tribunal. La respuesta que dé el próximo Constitucional no será la misma que la del actual.
La mayoría de tres quintos no existe para que una mayoría imponga magistrados, sino para impedir que los imponga una sola.
A eso se suma el amparo del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, inhabilitado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una sentencia de alto voltaje político, y el que prepara el exministro José Luis Ábalos tras su condena a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Sobre la mesa hay más. La corte tiene pendiente fijar los límites entre libertad de expresión y ofensa religiosa desde el recurso de Elisa Mandillo, condenada por su participación en la ‘procesión del chumino rebelde’ en Málaga. Tampoco se descarta que regresen a la sede de Domenico Scarlatti la ley de nietos o los asuntos que afectan a David Sánchez y Begoña Gómez.
El Eje del Poder Socialista
La posición de Ferraz es nítida y no ha variado desde que el bloqueo empezó: la mayoría reforzada está pensada para obligar al acuerdo entre los dos grandes partidos, no para permitir que uno solo decida quién interpreta la Constitución. Ese consenso se respetó incluso cuando el tribunal falló contra los intereses del PSOE, como ocurrió con la sentencia del Estatut en 2010, que recortó un texto refrendado en Cataluña y reordenó el debate territorial durante una década. Feijóo, en cambio, ha decidido sustituir esa regla no escrita por aritmética electoral.
El aterrizaje territorial es inmediato. Los presidentes autonómicos socialistas —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra y Salvador Illa en Cataluña— gobiernan con sus leyes memorialistas intactas y con recursos cruzados contra las normas de concordia aprobadas en comunidades vecinas. La Memoria Democrática ha dejado de ser un debate de historiadores: cada ley autonómica recurrida es una pieza que el próximo Constitucional puede tumbar o blindar.
En el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista afronta el tramo final de la legislatura con un grupo más pequeño y con el veto del PP en la Mesa de la Cámara Alta. En el Congreso, el umbral de tres quintos obliga al PSOE a entenderse con Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG para cualquier nombramiento. El riesgo no es que el Constitucional cambie de mayoría: es que se acostumbre a cambiar con cada Gobierno.
Quedan tres semanas para el 29-N y un calendario institucional que no admite atajos. La renovación del cupo del Senado volverá a la Mesa de la Cámara Alta en cuanto se constituyan las nuevas Cortes, y entonces se sabrá si los tres quintos sirven para pactar o para imponer.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: la renovación del Constitucional se negocia, no se impone: los tres quintos son garantía de consenso, no un atajo para colocar magistrados afines.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: elecciones generales del 29 de noviembre y constitución de las nuevas Cortes; el cupo de cuatro magistrados del Senado seguirá bloqueado hasta entonces.
