El lunes 9 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional vota la Ley Antimafias de Ecuador. El texto eleva hasta 60 años la acumulación de penas, crea delitos nuevos y toca de lleno el negocio del petróleo. Y ahí, en ese detalle, España tiene algo que decir.
La Comisión de Seguridad Integral aprobó el viernes 6 de noviembre el informe para segundo debate con siete votos a favor. Dos asambleistas de Revolución Ciudadana se abstuvieron y Mariana Yumbay, de Pachakutik, votó en contra. El nudo del desacuerdo fue la pertenencia funcional, la figura que castiga a quien hace tareas operativas para una banda, y Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional (ADN), lo puso encima de la mesa.
El proyecto endurece el Código Orgánico Integral Penal en varios frentes. Para los integrantes de una organización cuyo fin sea cometer delitos de especial gravedad prevé entre 26 y 30 años de cárcel; para quienes la dirijan o la financien de forma permanente o reiterada, entre 30 y 34 años.
Las cifras nuevas son las que más ruido están haciendo. Dar alertas, vigilar accesos o transportar material para una banda pasa a castigarse con de 13 a 16 años, y hasta 22-26 en los supuestos más graves. Aportar dinero, documentos o asesoría desde fuera se sanciona con 10 a 13 años, ampliables a 19-22. El desplazamiento interno forzado se castiga con 7 a 10 años; el confinamiento forzado, con 5 a 7.
Y luego está el techo. La reforma permite elevar de 40 a 60 años el límite de acumulación de penas, es decir, la suma de condenas que una misma persona puede llegar a cumplir: se aplicará si hay tres o más delitos dolosos independientes y la suma supera los 40 años, con un tope del doble de la pena más grave. Para el resto de casos, el límite sigue en 40.
Vigilar una calle, dar una alerta o mover dinero para una banda pasa a ser delito autónomo castigado con hasta 26 años de cárcel.
En el capítulo patrimonial hay otro cambio que afecta a quien opera en el país. La reforma permite vender bienes incautados antes de que acabe el juicio si corren riesgo de deteriorarse o generan costes de conservación desproporcionados, con el dinero en depósito hasta que resuelva el juez. Y en los delitos de hidrocarburos introduce el comiso penal obligatorio de vehículos, tanqueros y equipos usados para la infracción, con respeto a los terceros de buena fe.
Qué se juega España con la ley que se vota el lunes
Ecuador es una economía dolarizada, sin moneda propia que amortigüe los golpes, y con una presencia empresarial española que va del petróleo a la ingeniería. Repsol lleva décadas en hidrocarburos; Acciona construyó el metro de Quito; alrededor se mueven consultoras, suministradores y firmas de servicios que trabajan con financiación pública española.
El comiso obligatorio de tanqueros y equipos no es un detalle técnico para una petrolera: afecta a la logística, al alquiler de medios y a toda la cadena de proveedores. Traducido: cambian las reglas del negocio donde más dinero español hay en el país.
Y aquí está la otra cara. La colaboración externa puede alcanzar a quien presta servicios profesionales a una estructura que resulta ser criminal. El proyecto aclara que el ejercicio legítimo de la defensa o la prestación lícita de servicios no basta por sí sola para configurar el delito, pero la frontera entre asesorar y colaborar la terminará fijando el criterio del fiscal. Para una ingeniería o una auditora española, esa línea vale contratos.
Conviene recordar el contexto. Ecuador declaró en enero de 2024 un conflicto armado interno contra una veintena de bandas, entre ellas Los Lobos y Los Choneros, y cerró 2023 con la tasa de homicidios más alta de su historia, por encima de 40 por cada 100.000 habitantes según los registros oficiales. Las cárceles son el epicentro del problema y también el principal riesgo de la nueva ley.
Las cámaras empresariales llevan años metiendo en sus cuentas el coste de la extorsión —las llamadas vacunas— y de la seguridad privada. Un marco más duro puede aliviar ese sobrecoste; un marco aplicado con estándares probatorios flojos puede añadir otro: que un empleado acabe imputado por pertenencia funcional sin haber hecho otra cosa que su trabajo.
De Italia a El Salvador: lo que enseña la experiencia comparada
No es la primera vez que un país intenta atajar a las mafias con tipos penales autónomos. Italia lo hizo en 1982 con la ley Rognoni-La Torre, que creó el delito de asociación de tipo mafioso y necesitó después tres décadas de instrumentos patrimoniales y una fiscalía especializada para que sirviera de algo. El Salvador tomó el camino opuesto: régimen de excepción desde 2022 y más del 2% de su población adulta entre rejas, con un coste enorme en garantías. España tiene su propia caja de herramientas: el artículo 570 bis del Código Penal castiga la organización criminal, el 570 ter los grupos criminales, y la Audiencia Nacional lleva años coordinando con Latinoamérica investigaciones sobre patrimonio ilícito.
La lección comparada es incómoda para el relato fácil. Endurecer penas sin reforzar jueces, fiscales y capacidad penitenciaria suele mejorar la estadística y empeorar el problema: en Ecuador, las masacres carcelarias de los últimos años se explican tanto por el hacinamiento como por el control que las bandas ejercen dentro. Una ley que mete más gente y más años en el mismo sistema corre el riesgo de fabricar relevos.
Si el Pleno aprueba el texto el lunes, pasará al Ejecutivo, que puede sancionarlo u objetarlo parcialmente. Lo que conviene seguir no es la puesta en escena de la votación, sino el reglamento de aplicación: cuántos fiscales, cuántos jueces y qué capacidad real de perseguir el patrimonio de las bandas. Ahí se decide si la norma protege la inversión o solo llena las cárceles.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para segundo debate de la Ley Antimafias, que el Pleno votará el lunes 9 de noviembre.
- Datos importantes: Siete votos a favor, dos abstenciones de Revolución Ciudadana y un voto en contra. Las penas por dirección de una banda llegan a 34 años y la acumulación sube de 40 a 60.
- Resumen: El endurecimiento penal define la seguridad jurídica de un país donde la empresa española tiene intereses en petróleo, ingeniería e infraestructuras.
