El decreto Urda incluye una excepción para retrasar las indemnizaciones de Adamuz y Gélida

La disposición final primera del RDL 32/2026 suspende el cómputo del plazo de resolución si el juzgado no contesta en un mes. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de noviembre, llega nueve meses después del siniestro de Adamuz.

El decreto de ayudas al accidente de Urda incluye una excepción que permite retrasar las indemnizaciones de Adamuz y Gélida. La modificación viaja en la disposición final primera del Real Decreto-ley 32/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 4 de noviembre.

Qué cambia el decreto y por qué Vox lo lee como un abuso de la vía urgente

La norma que debía atender a los damnificados del siniestro de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, aprovecha la tramitación urgente para retocar el régimen de ayudas que el Ejecutivo fijó en enero para las víctimas de accidentes ferroviarios. El cambio no toca las ayudas directas a fondo perdido, reguladas en el artículo 3 y expresamente excluidas, sino los anticipos de indemnización por responsabilidad civil.

El mecanismo es preciso. La Administración podrá pedir información a los juzgados para determinar la concesión de los anticipos. Si transcurre un mes sin respuesta judicial, o los datos llegan incompletos, el plazo máximo para resolver queda suspendido hasta que se aporte la documentación requerida. El texto no fija límite a esa suspensión: durará lo que tarde el juzgado.

Publicidad

La disposición transitoria primera acota el alcance a los expedientes de Adamuz y Gélida que seguían sin resolver el 4 de noviembre. Las ayudas ya concedidas quedan fuera. Tampoco hay paralización general: la norma separa el pago urgente a la víctima del anticipo de una indemnización futura, y solo el segundo entra en el nuevo supuesto.

El calendario anterior daba seis meses para notificar las resoluciones desde el cierre del plazo de solicitudes. Nueve meses después del accidente de Adamuz, el presidente de su asociación de víctimas, Mario Samper, advertía esta semana de que algunas familias aún no habían cobrado íntegramente lo comprometido y de que hay damnificados con dificultades económicas graves.

El Gobierno vendió las ayudas de enero como respuesta inmediata; nueve meses después, la nueva excepción convierte ese plazo en un tiempo elástico que depende de un juzgado.

En paralelo, Adif aprobó su plan de incentivos para la cúpula con horizonte 2030 apenas unas horas antes de que el nuevo ministro cesara a la directiva de la entidad, según la información conocida este sábado. Dos decisiones sobre dinero público y responsabilidad, tomadas con el acelerador puesto.

Cuánto puede alargarse el pago y qué margen tiene el Congreso

El texto contempla que los juzgados no faciliten actuaciones declaradas secretas o reservadas. Con investigaciones penales abiertas, ese supuesto puede estirar la suspensión sin fecha de caducidad. Para el afectado, la consecuencia es concreta: el anticipo deja de tener un día cierto de cobro.

El RDL 32/2026 debe pasar por el Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación en el plazo de un mes desde su publicación. Ahí se abre la vía para que el GPVOX exija explicaciones y anuncie una proposición de ley para derogar el precepto. La posición del PP no consta por ahora.

La lectura estratégica: el coste de legislar por decreto con las víctimas dentro

La tesis que Vox defiende en cada convalidación es que el decreto-ley debe ceñirse a lo estrictamente urgente y que todo añadido exige debate parlamentario. No es una objeción de forma. Con 33 diputados y tercera posición en la Cámara, la formación de Santiago Abascal tiene en ese trámite su principal palanca de control sobre el Ejecutivo.

Publicidad

El precedente inmediato es el propio régimen de enero. El Gobierno lo presentó como una fórmula para pagar sin esperar a las investigaciones judiciales. La excepción aprobada ahora invierte esa lógica: el expediente que se quería desligar del juzgado queda suspendido mientras el juzgado no conteste. La contradicción afecta a víctimas con nombre y apellidos.

Queda por ver si esa contradicción se sostiene en el debate de convalidación, previsto para las próximas semanas, y hasta dónde llega la suspensión en Adamuz y Gélida. Vox tiene ahí una oportunidad de fijar posición ante las víctimas y de forzar al PP a retratarse sobre un texto cuya disposición final primera nadie ha reivindicado en público.

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' });
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbnails-a', container: 'taboola-organic-below-article-thumbnails', placement: 'Organic Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' });