Vox afronta la investidura del PP con una prioridad que no figura en los programas: el control de las instituciones.
El próximo 29 de noviembre, si PP y Vox suman mayoría absoluta, habrá cambio de Gobierno. La letra pequeña es otro asunto. Durante toda la legislatura no ha existido interlocución entre los dos grandes partidos, y Feijóo desconoce los compromisos que Sánchez ha suscrito en materia de defensa, Ceuta, Marruecos, el Sáhara, Ucrania, Irán o Gaza, según la información publicada por Libertad Digital. Ese vacío de información es el primer obstáculo de cualquier negociación.
Qué exige Vox para negociar la investidura del PP
El argumentario que la dirección de Vox sostiene desde la oposición parte de una premisa: un apoyo parlamentario no es un cheque en blanco. Con 33 diputados, tercera fuerza del Congreso de los Diputados, el GPVOX no necesita firmar una coalición para influir. Le basta con fijar por escrito las condiciones y dejar que la aritmética haga el resto.
En esa lista figuran la regeneración de los organismos de control, el control de fronteras y la seguridad, la rebaja fiscal, la defensa de la unidad de España y la derogación de las leyes ideológicas aprobadas en los últimos años. El partido no ha detallado esta semana el contenido exacto de un documento de condiciones; fuentes parlamentarias consultadas por este diario, sin confirmación oficial, sitúan el núcleo del debate en la regeneración institucional.
La lógica tiene precedente. La tradición dictaba que el Ejecutivo designaba al presidente de cada organismo y los segundos escalafones se pactaban con la oposición, una fórmula que garantizaba cierta neutralidad. Sánchez rompió esa práctica, hasta el punto de tomar RTVE en pleno recuento de los muertos por la dana. Para Vox, pactar ahora un reparto de sillones equivaldría a blanquear esa captura.
De ahí que la formación condicione cualquier acuerdo a que el próximo Gobierno asuma la independencia judicial como prioridad y no como moneda de cambio. Los entes afectados rondan el medio centenar: Fiscalía, Tribunal Constitucional, Adif, Renfe, la CNMV, la CNMC, RTVE, el Tribunal de Cuentas, el CIS, la SEPI o la AIReF, entre otros.
Ningún acuerdo de investidura se sostiene si el Ejecutivo entrante no controla antes los organismos que después van a juzgarle.
Las minas de Sánchez: del Tribunal Constitucional a Adif
El caso más delicado es el del Tribunal Constitucional. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, tiene el mandato caducado desde hace un año, junto al de otros tres magistrados. Corresponde a el Senado proponer a los cuatro candidatos, y para ello hace falta una mayoría de tres quintos que exige acuerdo entre los dos grandes partidos.
La aritmética tampoco ayuda: el acuerdo del PSOE con la izquierda para concurrir en una única candidatura ha forzado a PP y Vox a entenderse si quieren retener la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Alcanzar los tres quintos es una hazaña muy difícil. Si no se logra, Pumpido seguiría dictando sentencias que tumben las del Tribunal Supremo, como la amnistía o la de los ERE.
Hay más. Instituciones como la Fiscalía o el CIS pueden renovarse con rapidez; otras, como el Banco de España o la CNMC, tienen plazos fijados que se extenderán buena parte de la legislatura. Y la renovación por terceras partes abre la puerta a que la mayoría de izquierdas actual cambie a mitad de mandato a través de el Congreso de los Diputados.
En paralelo, Adif y Aena arrastran una filosofía de trabajo instalada durante la última decada. Según empleados de las compañías, harán falta años para reconducirlas. Los accidentes de Urda y Adamuz dejaron al descubierto el coste de esa politización, después de tres ejercicios sin Presupuestos Generales del Estado.
La lectura estratégica: por qué Vox quiere el foco en las instituciones
Al tablero institucional se le suma la calle. La huelga general convocada para el 11 de noviembre llega después de una acampada de 38 días en la Puerta del Sol el pasado septiembre y de varias semanas de paros educativos y sanitarios. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la calificó de ‘algarada sindical’ de carácter político dirigida a influir en el resultado electoral. No es un detalle menor: el próximo Gobierno heredará un conflicto social abierto.
Vox ya conoce el coste de compartir Ejecutivo con el PP. En julio de 2024 rompió los gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas después de que Feijóo aceptara el reparto de menores migrantes planteado por el Gobierno y Canarias. La ruptura dejó una lección que la dirección repite: sin competencias y sin palabra cumplida, la coalición desgasta más de lo que renta.
El cálculo de la dirección es que la investidura se decidirá con dos monedas: escaños y control institucional. Tras el 29 de noviembre, la constitución de las Cortes y la ronda de consultas marcarán el ritmo. Vox llega sin haber movido ficha pública esta semana y con una ventaja táctica: quien pone las condiciones no tiene prisa por cerrarlas.
