La Fiscalía Anticorrupción pide procesar a trece personas por el caso Koldo de las mascarillas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el procesamiento de trece personas por los contratos de mascarillas de la pandemia.
- ¿Quién está detrás? Koldo García, Víctor de Aldama, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el entorno de José Luis Ábalos. La causa la instruye Ismael Moreno.
- ¿Qué impacto tiene? Abre la puerta al juicio oral de la parte del caso que el Supremo no juzgó y devuelve el foco a València, donde esta semana ha habido seis detenidos.
Qué pide Anticorrupción y por qué esta parte del caso quedó fuera del Supremo
El Ministerio Público quiere sentar en el banquillo a Koldo García, exasesor de Ábalos, y al comisionista Víctor de Aldama. Con ellos figuran la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, la expareja del exministro Jéssica Rodríguez, la exdona y el hermano de Koldo, los tres socios de Aldama conocidos en la causa como los mosqueteros, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y los empresarios Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, al que los investigadores sitúan como el verdadero dueño de la mercantil.
Los delitos que atribuye el Ministerio Público van del tráfico de influencias al blanqueo, pasando por el cohecho y la malversación. Para Koldo García, tráfico de influencias y blanqueo; para Aldama, cohecho y delito contra la Hacienda Pública; para Isabel Pardo de Vera, tráfico de influencias; y para Jéssica Rodríguez, malversación. La Fiscalía pide además investigar como persona jurídica a Soluciones de Gestión, la empresa que se quedó con los contratos irregulares de las mascarillas.
La causa que ahora aterriza en la Audiencia Nacional no es nueva. Es la parte que el Tribunal Supremo no juzgó porque no estaba ligada de forma exclusiva a Ábalos, exministro de Transportes, aforado —es decir, que solo podía ser juzgado por el Supremo— cuando se abrió la investigación. El Supremo ya cerró su pieza con condenas; ahora toca lo que quedó fuera. El Juzgado Central de Instrucción número 2, que dirige Ismael Moreno, se ocupa de las ramificaciones y de los delitos conexos que entonces no se pudieron juzgar.
El impulso lo dio el propio instructor, que preguntó a las partes qué futuro veían a la causa y a los sospechosos. La respuesta de Anticorrupción no es uniforme. Frente a los trece procesamientos, el Ministerio Público pide archivar la investigación sobre el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez, el exdirector de Gestión de Personas de ADIF Michaux Miranda y el empresario Israel Pilar, entre otros.
La causa de las mascarillas no se cierra: se ramifica, y cada rama vuelve a poner el foco en los mismos contratos de emergencia.
De València a la Audiencia Nacional: registros, seis detenidos y una pieza abierta
La conexión valenciana de esta causa no es retórica. Esta semana, la Guardia Civil ha vuelto a registrar una vivienda de Ábalos en València dentro de una pieza separada, un operativo que se ha saldado con seis detenidos, según la información publicada por À Punt. La investigación no se agota en las mascarillas: los investigadores siguen una presunta trama que habría defraudado 182 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos.
La Abogacía del Estado, que representa a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, también ha movido ficha: pide juicio por malversación, y tráfico de influencias para Pardo de Vera, Jéssica Rodríguez, Zaldívar y Joseba García por la contratación a dedo de la expareja de Ábalos en esas sociedades, donde según el Supremo cobró sin ejercer ningún trabajo. Dos empresas públicas, una contratación a dedo y cuatro nombres en el banquillo.
El Escenario Valenciano
La política valenciana mira esta causa de reojo, y no solo por el registro en València. El caso Koldo pertenece al PSOE y al Ministerio de Transportes, no al Consell de Juanfran Pérez Llorca, pero su onda expansiva alcanza al PSPV. Cada comparecencia judicial del entorno de Ábalos reabre una pregunta incómoda para los socialistas valencianos: qué sabía el partido y cuándo lo supo.
El pacto PP-Vox no libra aquí su batalla principal. El Consell tiene sus propios frentes: la reconstrucción tras la DANA, la ejecución de los fondos del Plan RERD y la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, que sostiene buena parte de las transferencias. La corrupción de los contratos de emergencia de 2020 interesa en las Corts sobre todo como argumento de desgaste. La oposición, PSPV y Compromís, tiene ahí un filón fiscalizador, aunque el debate valenciano lleva meses instalado en la reconstrucción. Al PP no le hace falta gestionar el caso; le basta con que siga vivo.
La dimensión nacional manda. La causa ha recorrido el Congreso de los Diputados en forma de comisiones de investigación sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, y el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en varias ocasiones esos expedientes. El debate de fondo sigue abierto: cómo se controlan los contratos sin publicidad cuando hay una crisis. La contratación de urgencia de 2020 se hizo con un marco excepcional que permitía adjudicar sin concurso, y su revisión sigue pendiente en sede parlamentaria.
La pelota está ahora en el juzgado. El auto de procesamiento debe concretar qué delitos sostiene el instructor para cada uno de los trece investigados y qué pasa con los que la Fiscalía quiere archivar; a partir de ahí arranca la cuenta atrás hacia el juicio oral. En las Corts Valencianes, la pregunta será otra: si el PSPV exige explicaciones o si el PP vuelve a usar el caso como ariete. La causa no se cierra, se ramifica.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía Anticorrupción pide procesar a trece personas por los contratos de mascarillas de la pandemia, en la parte de la causa que el Supremo no juzgó por el aforamiento de Ábalos.
- Datos importantes: 13 procesamientos; delitos de tráfico de influencias, blanqueo, cohecho, malversación y delito contra la Hacienda Pública; 182 millones presuntamente defraudados con el IVA de los hidrocarburos; seis detenidos en el registro de una vivienda de Ábalos en València.
- Resumen: La causa se bifurca entre Madrid y València y reabre el debate sobre el control de la contratación de emergencia, con impacto en el relato del PSPV y en la fiscalización de las Corts.
