Míriam Nogueras ha convertido la recaudación íntegra de los impuestos catalanes en la condición indispensable de Junts para negociar cualquier investidura después del 29-N. La candidata al Congreso por Barcelona lo dejó claro este sábado en Sant Cugat del Vallès, sin margen para la interpretación: primero la caja, después el pacto.
El concierto vasco como espejo y como arma electoral
El modelo al que apunta Junts es el concierto económico que rige en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa: las diputaciones forales recaudan todos los tributos y después transfieren al Estado un cupo por las competencias que no ejercen. Trasladado a Catalunya, eso significa que la Generalitat gestionaría el cien por cien de la recaudación y decidiría el destino del dinero. Ninguna comunidad autónoma opera hoy con ese régimen; solo Navarra y el País Vasco lo tienen, y ambos por razones históricas reconocidas en la disposición adicional primera de la Constitución.
La distancia con el sistema vigente no es un matiz contable. Hoy los tributos se gestionan a través de la Agencia Tributaria estatal y la Generalitat recibe lo que fija el modelo de financiación autonómica, con el IRPF, el IVA y los impuestos especiales como principales fuentes. Junts sostiene que ese circuito penaliza a Catalunya; el Ministerio de Hacienda defiende que el reparto compensa la menor renta relativa de otras comunidades. La Generalitat publica periódicamente su balanza fiscal, un documento que los de Carles Puigdemont citan con frecuencia y que Hacienda discute por la metodología utilizada.
Del mitin de Sant Cugat al pulso por la hegemonía independentista
El escenario elegido tampoco es casual. Sant Cugat del Vallès, en el Vallès Occidental, es territorio de renta alta, antiguo granero convergente y hoy disputado palmo a palmo con ERC y el PSC. Allí se presentaron los candidatos de la provincia de Barcelona, con el alcalde, Josep Maria Vallès, y el cabeza de lista al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d’Abadal, en primera fila.
La pregunta con la que Nogueras cargó contra Moncloa fue esta: ‘¿Cómo puede ser que el Gobierno español esté invirtiendo tres veces más por madrileño que por catalán?. El dato no se desglosó durante el acto. Junts lo utiliza como argumento de cierre, sin entrar en la metodología que hay detrás de la comparación.
El marco político lo puso después: ‘En Madrid no tienen que poder decidir nada sobre Catalunya sin los catalanes’. De ahí su acusación a ERC y al PSC de sentirse cómodos en un escenario en el que, a su juicio, son otros quienes deciden por ellos. Y de ahí también el diagnóstico de que esta es ‘la campaña más españolizada’ que recuerda.
El tono viró hacia el bolsillo y hacia el agravio cotidiano. ‘Estamos hartos de personas como Colau o como el señor Sánchez, que señalan a todos aquellos que se están deslomando para tirar nuestro país adelante cada día’, afirmó. Puso tres ejemplos: que un agricultor sea tratado como terrorista ambiental, que un autónomo sea tratado como explotador, que un propietario con un piso en alquiler sea tratado como especulador. Es la parte del discurso diseñada para el votante que no milita: menos arquitectura institucional y más factura a fin de mes.
Junts no reclama más financiación, sino la llave de la caja. Y esa llave no se entrega con un decreto ni con un acuerdo de investidura.
Lo que esta línea roja le cuesta a Moncloa, y a Junts
La formación reivindica sus siete diputados y cuatro senadores como el único grupo catalán que ha vuelto a casa con el trabajo hecho tras tres años de legislatura. El argumento tiene recorrido en campaña y una consecuencia práctica: si esos escaños vuelven a ser necesarios para investir a un presidente del Gobierno, el precio se anuncia por adelantado. Es la lógica que practica cualquier grupo con capacidad de bloqueo; la novedad está en el importe.
El problema es de encaje jurídico. Un concierto catalán exigiría modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, con toda probabilidad, el propio marco constitucional. La financiación singular que el PSC y ERC pactaron en 2024, con consorcio tributario, y gestión compartida, ya se topó con esas costuras antes de aterrizar en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ahora pide Nogueras va un paso más allá: no compartir la agencia, sino sustituirla. Ningún gobierno central ha abierto esa puerta y el actual necesitaría votos que no tiene para hacerlo.
Hay un segundo coste, este interno al independentismo. ERC hizo de la financiación singular su bandera en la pasada legislatura; Junts la recibió con desconfianza y ha ido elevando la exigencia hasta el concierto. En la práctica, la candidata le dice al votante republicano que su partido se conformó con menos y que el suyo no piensa hacerlo.
El riesgo de Junts es de credibilidad, no de relato. Una condición que ningún gobierno puede cumplir sirve para marcar perfil durante la campaña y se convierte en problema el día después de las elecciones, cuando toca elegir entre el acuerdo imperfecto y la repetición electoral. Ese es el punto exacto en el que la política catalana se ha quedado atascada más de una vez en la última década.
La noche del 29-N dirá cuánto pesa cada palabra pronunciada en Sant Cugat. A partir del 30, el calendario manda: constitución de las nuevas Cortes, ronda de consultas, negociación de investidura y, de fondo, el estado de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que sigue sin cerrar el modelo de financiación que Catalunya reclama desde hace años.
