EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Europea investiga el uso de fondos de la UE en contratos de Adif en la línea Madrid-Sevilla, con cifras que oscilan entre 86 y 261 millones.
- ¿Quién está detrás? El organismo penal de la UE, la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal de Cuentas, en un expediente sin confirmación oficial.
- ¿Qué impacto tiene? España es el mayor receptor del MRR y Adif, el principal beneficiario; cualquier fraude confirmado tensionaría los desembolsos y la posición de Moncloa en Bruselas.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha puesto bajo la lupa el rastro de entre 86 y 261 millones de euros de fondos de la UE en contratos de Adif para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La investigación, adelantada por El Confidencial, El Mundo y ABC, no cuenta aún con confirmación oficial del organismo con sede en Luxemburgo.
La horquilla no es un detalle menor. Una estimación del Tribunal de Cuentas sitúa en 261,6 millones los fondos Next Generation asignados a Adif para renovar la vía Madrid-Sevilla, lo que convierte al gestor ferroviario en el principal receptor de estos fondos en España. Otras fuentes manejan una cifra inferior, próxima a los 86 millones. Esa diferencia obliga a leer el caso con cautela: lo sólido es que hay contratos bajo examen, no que exista un fraude probado.
Qué investiga exactamente la Fiscalía Europea y por qué las cifras no cuadran
El foco principal son los contratos vinculados a la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea. La EPPO quiere saber si esos fondos se adjudicaron y ejecutaron conforme a la normativa europea y si su retraso o su mantenimiento encajan con lo certificado ante Bruselas. Los dos accidentes mortales de Adamuz y Urda sobrevuelan el expediente porque los sistemas que se investigan son, precisamente, los que debían mejorar la seguridad de la circulación.
El contrato más sensible es el de 94 millones de euros adjudicado en octubre de 2021 a Thales, hoy Hitachi Rail, para sustituir el viejo sistema LZB por el ERTMS, el modelo que Bruselas recomienda para el ferrocarril europeo. Iba a financiarse con el tradicional Feder, pero terminó cargado a Next Generation con la promesa de estar terminado en febrero de 2026. Ese plazo ya ha vencido y el propio ministerio ha reconocido un retraso de doce meses.
El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha urgido a los Estados miembros a adoptar el ERTMS tras los dos accidentes en España. El exministro de Transportes Óscar Puente, antes de dimitir, sostuvo que el LZB era tan seguro como el nuevo sistema, pese a las más de 170 caídas registradas. La discrepancia entre la recomendación comunitaria y la versión española está en el centro del expediente.
La investigación no cuestiona solo un contrato: pone bajo lupa el relato con el que España certificó ante Bruselas la modernización de una línea trágica.
La adjudicación a Thales también arrastra otro flanco. La compañía presentó una rebaja del 28% frente a sus competidores y fue cuestionada por una posible baja temeraria, aunque logró justificar el precio y se quedó con el pedido. La EPPO examinará si hubo fraude tanto en la adjudicación como en la ejecución y en el mantenimiento durante la migración de un sistema a otro.
A eso se suma el expediente del Tribunal de Cuentas. Agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron en la institución, que ya había detectado irregularidades en adjudicaciones de Adif financiadas con el Plan de Recuperación, aunque no centradas en la línea Madrid-Sevilla. La Fiscalía revisará además los contratos de telecomunicaciones GSM-R, el sistema de radiotelefonía ferroviaria que Adif presenta como estándar en Europa.
Del contrato de Thales al GSM-R: los papeles que examina la UCO
La ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró en TVE que el Gobierno espera que la investigación no conduzca a nada. Su argumento es que todas las inversiones se certificaron y que esos certificados dieron lugar a los desembolsos europeos. La respuesta de Moncloa es comprensible en clave política, pero no cierra la pregunta técnica: una certificación administrativa no equivale a una declaración de legalidad penal.
El caso afecta a la línea más simbólica del AVE español, inaugurada en 1992 y financiada en parte con fondos comunitarios. También toca el corazón del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa con el que la UE financió la salida de la pandemia. Si la EPPO aprecia fraude, la Comisión podría revisar pagos o exigir reintegros, y Adif quedaría expuesto a un escrutinio que hasta ahora había sorteado.
El Eje del Poder Europeo
En Bruselas, el expediente se lee como un test de credibilidad para España. El eje franco-alemán empuja desde hace años un control más estricto de los fondos Next Generation, mientras los países frugales del norte reclaman auditorías independientes y los del sur temen que cualquier irregularidad se convierta en excusa para recortar transferencias. La Comisión Europea necesita demostrar que el dinero del MRR no se pierde, pero también que no criminaliza a los principales beneficiarios.
Para España el cálculo es delicado. Adif es el mayor receptor de fondos del MRR y la línea Madrid-Sevilla es una vitrina. Moncloa defiende que todo está certificado; la oposición tiene ahora un nuevo flanco para exigir responsabilidades por los accidentes y por la gestión de los contratos. La investigación también llega en un momento en que España negocia con Bruselas la recta final del MRR y la posible extensión de plazos, lo que eleva el coste político de cualquier sombra.
No es la primera vez que la auditoría se convierte en palanca política en la UE. El mecanismo de condicionalidad contra Hungría y Polonia demostró que los fondos son también un instrumento de presión. Aquí el origen es penal y no político, pero el efecto es similar: la confianza en la capacidad española de certificar gasto europeo queda en entredicho hasta que la EPPO cierre el caso. El precedente de la crisis del euro, cuando la revisión de las estadísticas griegas precipitó una vigilancia más dura, sirve para recordar que Bruselas nunca trata estas cosas como un asunto menor.
Lo que observamos es un riesgo de calendario. La próxima revisión del MRR, los informes del Tribunal de Cuentas y la eventual apertura de diligencias formales marcarán los tiempos. Si la Fiscalía Europea confirma fraude, el impacto no será solo judicial: afectará a los desembolsos, a la reputación de Adif y a la posición negociadora de Moncloa en el próximo Consejo Europeo.
