A dos días de la huelga del 11-N, el movimiento por la vivienda entrega en la Conselleria un manifiesto contra los desahucios.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical, CGT, CNT, el Sindicat de Llogateres y la PAH de València han entregado un manifiesto conjunto en la sede de la Conselleria de Vivienda.
- ¿Quién está detrás? Las entidades y sindicatos que secundan la huelga general del 11-N, con José Luis González, de la PAH, como portavoz.
- ¿Qué impacto tiene? La entrega llega a dos días de la huelga y a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 29-N.
El manifiesto que ya está sobre la mesa de la Conselleria
Los secretarios generales de CCOO-PV, Ana García, y de UGT-PV, Tino Calero, junto a representantes de Intersindical, CGT, CNT, el Sindicat de Llogateres y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València, han subido este lunes hasta la sede de la Conselleria de Vivienda —el departamento autonómico que gestiona el parque público y las ayudas al alquiler— con un documento común bajo el brazo.
La escena tuvo su trámite previo. Las mismas entidades probaron antes en la sede de la CEV, la patronal valenciana, y no las recibieron. De ahí el cambio de destino y el gesto simbólico: dejar el texto en la puerta de quien tiene la competencia. El derecho a la vivienda no admite portavocías intermedias.
El portavoz de la PAH de València, José Luis González, resumió la posición común con una frase que el resto de organizaciones repitió después: «Gobierne quien gobierne, exigiremos el derecho a la vivienda». Ese derecho, añadió, corresponde a todas las personas con independencia de su voto. La vivienda, dijo, no puede ser un arma electoral sino una política de derechos humanos.
De la puerta de la CEV a la sede de Vivienda: el recorrido de una exigencia
Dentro del documento registrado en la Conselleria están las reivindicaciones que estas organizaciones vienen repitiendo desde hace meses: frenar los desahucios sin alternativa habitacional, exigir el cumplimiento de la normativa vigente y sacar la vivienda del ruido partidista. No hay cifras en el texto, hay personas. Y un recordatorio: la huelga del miércoles no es el final de nada.
En la calle la lectura es otra. Quien ha pasado por un procedimiento de desahucio sabe que los plazos judiciales no esperan a los calendarios políticos, y que una campaña electoral dura quince días mientras una ejecución hipotecaria puede tardar años en resolverse. Las cifras no cierran cuando se comparan las viviendas vacías con la lista de espera del alquiler público.
Hoy la vivienda no es un eslogan de campaña: es la puerta que la Conselleria tiene que abrir antes de que llegue el 11-N.
Lo que sí hubo fue silencio institucional inmediato. Tras la entrega del manifiesto, la Conselleria de de Vivienda no anunció ninguna medida nueva ni fijó reunión con las entidades. Esa ausencia de respuesta es, para los convocantes, la prueba de que la política autonómica de vivienda va por otro carril.
El contexto no ayuda a separar agua y aceite. El Consell de Pérez Llorca, sostenido por el PP y Vox, ha colocado la colaboración público-privada y la seguridad jurídica de los propietarios en el centro de su discurso sobre vivienda. Y no consta que haya declarado ningún municipio como zona de mercado residencial tensionado, la herramienta que la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda —publicada en el BOE— pone en manos de las comunidades autónomas para topar los alquileres.
El Escenario Valenciano
Aterriza el manifiesto en el ecuador de un mandato autonómico que ha convertido la vivienda en uno de sus frentes más incómodos. En las Corts Valencianes —el parlamento autonómico, con 99 escaños—, el PSPV y Compromís han instalado en el pleno la falta de parque público y la ausencia de declaraciones de zonas tensionadas. La respuesta del Consell pasa por movilizar suelo y abrir la puerta a la colaboración privada. El pacto aguanta, por ahora.
Hay una dimensión nacional que no se puede esquivar. La vivienda ha escalado hasta el centro del debate en el Congreso de los Diputados y será uno de los ejes de la campaña de las generales del 29-N, que arranca la medianoche del jueves. El precedente comparable está a la vista: la oleada de desahucios que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 empujó a la PAH a la calle y forzó cambios legales con años de retraso. Ahora el pulso se libra en las sedes autonómicas. La Generalitat tiene la competencia; el Gobierno central, la ley marco y los fondos. El miércoles 11-N medirá la fuerza real de la convocatoria, y el Consell tendrá que decidir si responde al manifiesto o lo deja dormir en el registro.
Ficha del Caso
- El caso: Sindicatos y entidades por el derecho a la vivienda entregan un manifiesto en la Conselleria de Vivienda para exigir el fin de los desahucios sin alternativa habitacional.
- Datos importantes: Huelga general el miércoles 11-N; campaña de las elecciones generales del 29-N desde la medianoche del jueves; la Ley 12/2023 permite declarar zonas de mercado residencial tensionado.
- Resumen: El movimiento por la vivienda traslada la presión de la calle a la puerta de la Conselleria y sitúa el derecho a la vivienda en el centro del debate autonómico y estatal.
