2De pagar la mitad a pagar todo: las aerolíneas dejan de recibir derechos de emisión gratuitos de CO₂
El 1 de enero de 2026 la aviación europea dejó de recibir un solo derecho de emisión gratuito. La directiva (UE) 2023/958 fijó el calendario: un 25% menos de asignación gratuita en 2024, la mitad en 2025 y cero desde este año. Hasta 2025 las aerolíneas cubrían gratis alrededor de la mitad del CO₂ que emiten en los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (más las salidas a Reino Unido y Suiza); ahora compran el 100% en subasta. La modelización de la EASA sitúa las emisiones cubiertas por el régimen aeronáutico en unos 59,5 millones de toneladas de CO₂ en 2026, con los derechos adquiridos subiendo de 30,2 millones de toneladas en 2024 a 34,5 millones este ejercicio. El resultado es la misma ruta con una factura de carbono que se multiplica en apenas tres años: las aerolíneas calcularon 2.300 millones de euros pagados por este sistema en 2024, y un análisis de Bernstein estimó que el cambio recorta un 77% el beneficio operativo de las seis grandes compañías de bajo coste del continente.
España es uno de los mercados donde el golpe se nota más, porque su tráfico es mayoritariamente de corto y medio radio, el segmento que queda dentro del sistema. Según datos de IBA, entre el 78% y el 89% de las emisiones de Vueling, Ryanair, easyJet Europe y Transavia ya están sujetas al RCDE, frente a una exposición mucho menor de las redes de largo radio. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa el 85% del tráfico español, presentó el 26 de octubre una temporada de invierno con 145,6 millones de plazas programadas, un 5,5% más, mientras su presidente, Javier Gándara, avisaba de que los costes regulatorios y del queroseno se comerán margen o se trasladarán a las tarifas. Quince consejeros delegados, entre ellos los de IAG, Ryanair y Volotea, ya escribieron a Bruselas el 8 de junio en ese sentido, y las estimaciones que se manejan en la Comisión sitúan el sobrecoste por billete entre 2 y 30 euros según la ruta. Los únicos derechos gratuitos que quedan están ligados al combustible sostenible: 110 millones, que la patronal española quiere elevar a 500.
