Quién habla por Europa ha dejado de ser una pregunta retórica. Estonia ha exigido este jueves que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante, Kaja Kallas, sean los interlocutores de los Veintisiete ante el Kremlin, y ha cerrado la puerta a cualquier enviado improvisado que se negocie antes entre capitales.
El Tratado ya designa portavoz; el problema es que nadie lo ejerce
El razonamiento del primer ministro estonio, Kristen Michal, tiene una lógica administrativa impecable: ‘Europa ya ha elegido a sus representantes’, declaró a Politico Europe. El mandato de Costa y Kallas ‘viene directamente del Consejo’, sostiene, por lo que ‘no hace falta un plan ad hoc que los Estados miembros tengan que pactar primero’.
El Derecho primario le da la razón en lo esencial. El artículo 15 del Tratado de la Unión Europea atribuye al presidente del Consejo Europeo la representación exterior de la Unión en la política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones de la Alta Representante que desarrolla el artículo 18. Traducido a lenguaje de calle: la UE ya tiene carné diplomático. Lo que no tiene es un teléfono al que Moscú, Washington o Kiev contesten con la misma urgencia con la que contestan al de un jefe de Estado nacional.
La cita es este viernes en Dublín, en una cumbre informal del Consejo Europeo convocada a petición de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En su carta a Costa, Meloni advirtió de que el enfoque europeo ha estado ‘deslavazado’ y de que esa dispersión ‘podría alargar la guerra’. Costa aceptó incluir el asunto como tema prioritario. No habrá decisión formal: según un alto funcionario comunitario, los líderes buscarán un ‘entendimiento’ sobre quién transmite la posición europea, y el nombre concreto quedará para más adelante.
La urgencia no viene de Bruselas, viene del calendario. Las conversaciones a tres bandas celebradas esta semana en Abu Dabi reunieron a Rusia, Estados Unidos y Ucrania; la Unión estuvo representada por altos funcionarios en una reunión paralela y más amplia. Es decir: fuera de la sala donde se decide, dentro del edificio.
El patrón se repite desde hace meses. Los líderes de Finlandia y Noruega mantuvieron el mes pasado una conversación telefónica de 90 minutos con Vladímir Putin, un contacto infrecuente entre Europa y el Kremlin que varias capitales leyeron como una grieta en la posición común. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se mostró ‘escéptica’ con la iniciativa: ‘Creo que debemos mantener a Europa unida en lugar de ir por libre’, dijo.
El problema no es que Europa carezca de portavoz: es que tiene dos con carné y veintisiete con teléfono propio.
Meloni mueve ficha y el eje báltico responde
La maniobra italiana merece lectura propia. Meloni no pide un enviado cualquiera: pide que alguien negocie en nombre de los Veintisiete, y al hacerlo presiona la estructura institucional desde dentro. Jared Kushner, uno de los principales negociadores estadounidenses con Rusia y Ucrania, lo formuló esta semana con sorna: si Europa lograra identificar a una sola persona que hablara en su nombre, sería ‘un logro mayor’ que conseguir que los rusos la admitieran en la mesa. La frase se repite en Bruselas con una mezcla de sonrojo y resignación.
La respuesta del eje báltico llega con acento jurídico, no emocional. Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia y Suecia comparten una lectura: cualquier formato que se salte a las instituciones comunitarias abre la puerta a que Moscú elija a su interlocutor favorito. De ahí el cierre de Michal: ‘No hace falta nombrar a nadie nuevo. Si a los rusos no les gusta, peor para ellos. Debemos estar representados por quienes confiamos y rinden cuentas ante la UE, no por quienes le gustan a Putin’.
El frente contrario no es homogéneo ni exclusivamente eurófobo. Marine Le Pen, favorita en los sondeos para las próximas presidenciales francesas, quiere recortar drásticamente el papel diplomático de Bruselas, y el eurodiputado de su partido Fabrice Leggeri lo dice sin anestesia: ‘No existe competencia diplomática para la Unión Europea… Me cuesta imaginar que esperemos que la UE, que Costa o Kallas, hablen en nombre de Francia’. Es la doctrina clásica de la Europa de las naciones aplicada a la mesa de negociación: cada capital, su silla.
A eso se suma una tercera posición, la de la propia Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha reivindicado su presencia en el proceso, consciente de que el colegio de comisarios gestiona las palancas que más pesan a medio plazo: sanciones, reconstrucción, energía y el paraguas del G7. Tres instituciones, tres títulos jurídicos y un solo asiento. Ahí está el nudo.
El Eje del Poder Europeo
Lo que se dirime en Dublín no es protocolo, es el reparto de poder interno de la próxima década. El eje franco-alemán llega dividido por su propia lógica: París ha defendido tradicionalmente una política exterior de capitales a capitales, con el Elíseo en el centro, mientras que Berlín —huérfano de doctrina clara desde el giro de Zeitenwende en 2022— se ha refugiado en la fórmula institucional porque le garantiza previsibilidad y le evita elegir entre Varsovia y Budapest. Los frugales del norte y el arco báltico juegan otra partida: quieren portavoz único, sí, pero que sea duro con Moscú.
Kallas encarna esa línea y, a la vez, es el principal argumento de quienes dudan. Sus críticos sostienen desde hace años que la ex primera ministra estonia es demasiado halcona con Rusia para negociar de buena fe. El este europeo responde que la neutralidad no es una virtud cuando el interlocutor es Putin. Polonia, Chequia y las repúblicas bálticas comparten esa incomodidad con cualquier enviado que suene blando.
Para España el cálculo es distinto y conviene decirlo sin adornos. Un formato institucional —Costa en el Consejo, Kallas en la diplomacia— beneficia estructuralmente a un país mediano que no tiene mesa bilateral con el Kremlin ni capacidad de sentarse solo con Washington. Un formato de capitales fuertes, en cambio, deja a Madrid en la segunda fila, esperando el resumen. Hasta donde alcanza el registro público, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha fijado posición formal sobre el formato de la negociación, pero su sintonía política con la línea de Costa resulta difícil de discutir.
Hay además un coste material. España es uno de los países que más ha empujado para que la reconstrucción ucraniana se canalice vía fondos europeos y no mediante acuerdos bilaterales de las grandes potencias; también uno de los más expuestos a las consecuencias energéticas y agrícolas de la reapertura del grano del mar Negro. Cada vez que la UE negocia sin voz propia, esas dos carpetas quedan en manos ajenas.
La lectura a cinco años es incómoda. Si la guerra termina con un acuerdo cocinado entre Washington y Moscú, la Unión habrá pagado la factura —ayuda macrofinanciera, munición, y acogida de refugiados— sin haber firmado el papel. Ese escenario ya se ensayó en 2015 con Minsk: Europa avaló unos acuerdos que no negoció y después sostuvo el coste político del incumplimiento. Pocos precedentes explican mejor lo que cuesta no estar en la mesa.
Dublín no va a resolverlo este viernes. Ni siquiera va a intentarlo. La cumbre informal producirá, como mucho, una foto de unidad y una fórmula verbal que se interpretará de manera distinta en Tallin, Roma y París. La próxima reunión formal de líderes, antes de que termine el año, será la ocasión de comprobar si el ‘entendimiento’ se convierte en mandato o se queda en brindis. En esta redacción seguimos de cerca una pregunta que el Tratado responde sobre el papel y que la política lleva dos años sin contestar en la práctica: quién habla por Europa cuando hay que sentarse frente a Putin.
