La Fiscalía Europea ha requerido los informes internos y la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de las pulseras antimaltrato de Irene Montero. La auditoría ya ha sido requisada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según la información publicada este 14 de noviembre.
Los contratos bajo análisis son los de los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género, adjudicados durante la etapa de Montero en el Ministerio de Igualdad. La Fiscalía Europea —el órgano del Ministerio Público de la Unión que investiga los delitos contra los intereses financieros de la UE— ha pedido los informes sobre incidencias y deficiencias administrativas de esos concursos, según la misma información.
La UCO, la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos económicos y criminalidad organizada, ha incorporado a su documentación una auditoría del Tribunal de Cuentas (el órgano fiscalizador externo de las cuentas públicas en España). Ese informe está entre los papeles señalados por el requerimiento comunitario.
Qué papeles han entrado en el expediente y qué analizan
El requerimiento se centra en la documentación que describe cómo se gestionaron los concursos. Los papeles se agrupan en tres bloques, según la información publicada:
- Los informes que analizan las incidencias registradas en los concursos públicos de estos dispositivos.
- El análisis de las deficiencias administrativas detectadas en las distintas adjudicaciones.
- La auditoría del Tribunal de Cuentas, ya requisada por la UCO.
Hasta el momento no ha trascendido ninguna imputación formal contra la exministra ni contra otros responsables del departamento. La investigación la dirige la Fiscalía Europea, con la UCO en la recopilación de documentación, en una fase de análisis de expedientes que no tiene calendario público.
El servicio no es un contrato menor. Los dispositivos se activan cuando un juez impone una medida de alejamiento a un agresor y el sistema funciona sin interrupciones en España desde 2009, según la información publicada. El núcleo del cuestionamiento no está en el servicio, sino en la contratación: el uso reiterado de la tramitación de urgencia en cada adjudicación.
El servicio funciona sin interrupciones desde 2009. La Fiscalía Europea examina por qué cada adjudicación se tramitó por la vía de urgencia.
La tramitación de urgencia, el eje del expediente
La tramitación de urgencia es el procedimiento que permite adjudicar un contrato en plazos reducidos cuando concurre una necesidad imprevista. El cuestionamiento, según la información publicada, se apoya en esa contradicción: un servicio previsto y continuado desde 2009 difícilmente responde a una necesidad sobrevenida en cada nueva adjudicación.
El volumen económico global de los contratos no ha trascendido y el contenido íntegro de la auditoría tampoco se ha hecho público. La investigación se centra, por ahora, en la documentación administrativa: expedientes de contratación, informes de incidencias y fiscalización contable.
Estos dispositivos forman parte de las medidas de protección de las víctimas de violencia de género y su contratación correspondió al Ministerio de Igualdad. Las incidencias administrativas en ese contrato afectan a un servicio que se activa por resolución judicial.
Qué pasa ahora y qué puede ocurrir con el expediente
El siguiente paso es el análisis de los informes requeridos. La información publicada no detalla el fundamento competencial concreto que ha llevado el asunto a la Fiscalía Europea ni el importe de los contratos afectados, y tampoco consta ninguna diligencia más allá del requerimiento documental.
La causa sigue abierta y sin calendario público, según los datos disponibles. La Fiscalía Europea ejerce la acción penal ante los tribunales nacionales cuando aprecia indicios de delito contra los intereses financieros de la Unión, conforme al reparto de competencias que figura en su web oficial.
El requerimiento amplía el escrutinio sobre la contratación de estos dispositivos, un asunto que ya había pasado por la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial / Fuerza de seguridad: Fiscalía Europea, con la UCO de la Guardia Civil en la recopilación documental. En el plano contable, Tribunal de Cuentas.
- Fase procesal / Estado de la operación: Análisis de documentación requerida. Sin diligencias conocidas más allá del requerimiento.
- Implicados: Contratos adjudicados durante la etapa de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Sin condición procesal formal conocida.
- Cargo(s) imputados / Delitos investigados: Pendiente de confirmación oficial. El objeto son las deficiencias administrativas y el uso reiterado de la tramitación de urgencia.
- Próximos pasos: Estudio de los informes y de la auditoría requisada. No consta calendario público.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Fiscalía Europea ha requerido informes y la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de las pulseras antimaltrato.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Igualdad en la etapa de Irene Montero y la UCO, que recaba la documentación. Sin imputaciones conocidas.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Fiscalía Europea analiza los papeles requisados y no consta calendario de diligencias.
