Los delitos contra el patrimonio en Granada se esclarecen en uno de cada cinco casos, entre las tasas más bajas de Andalucía: 35 resueltos de 185 denuncias en 17 años.
Detrás de esa cifra hay tres agentes. La Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía de Granada funciona desde 2009 como experiencia pionera en España: un equipo que custodia el patrimonio histórico, persigue las pintadas en bienes protegidos y ha fijado protocolos compartidos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En estos 17 años se han registrado 185 denuncias por daños al patrimonio y solo se han esclarecido 35. El mayor obstáculo no es la falta de indicios, sino identificar al autor material: muchas veces las imágenes de las cámaras no tienen definición suficiente y hay que buscar otros medios para demostrar la autoría. El 19% de los expedientes ha acabado con un presunto responsable señalado.
Una base de datos de 3.000 fotos contra el vandalismo patrimonial
El trabajo de la Policía Local de Granada se suma al de la unidad judicial. Sus agentes acumulan más de 8.000 imágenes de actos vandálicos en elementos sin catalogación y establecen relaciones caligráficas entre firmas distintas para cercar a los autores. La comparación de trazos resulta clave cuando la cámara no llega.
Entre los bienes más castigados en estos 17 años están el conjunto Monumental de la Alhambra, las murallas del Albaicín, la muralla Zirí, la iglesia de la Magdalena, la plaza de los Aljibes, el monasterio de San Jerónimo, la catedral, la Capilla Real, los baños árabes Hernando de Zafra, la parroquia de San Isidro, el Cuarto Real de Santo Domingo y el Hospital Real.
El inspector jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a Fiscalía, Manu López Botas, aprecia un cambio de fondo. «. Los vecinos llaman y avisan de las pintadas que detectan, y eso ha reducido los daños en los grandes monumentos.
En Granada se acumulan 185 denuncias por daños al patrimonio en 17 años y solo 35 han terminado con un autor identificado ante el juez.
La Policía actúa a petición de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de las denuncias interpuestas en comisaría, o de oficio cuando los agentes detectan los ataques. En ese momento se solicita a Cultura la certificación del BIC —el Bien de Interés Cultural, la figura que protege el patrimonio histórico— para cuantificar el daño y la posterior restauración, mientras arranca la investigación para localizar a los autores. La valoración del daño condiciona la vía penal.
No hay un perfil único. En épocas de agitación social, si las pintadas incluyen insignias ideológicas, se cercan determinados perfiles; si coinciden con un encuentro deportivo, se indagan firmas vinculadas a peñas futbolísticas. En el último lustro ha proliferado, además, una tipología nueva: las declaraciones de amor masivas en el Albaicín, antes esporádicas. El especialista lamenta el efecto amplificador de las redes sociales, «que multiplican la llamada», y recuerda que muchos autores y turistas no son conscientes del daño. Todo el mundo quiere dejar su firma.
Murallas, Alhambra y Albaicín: los puntos críticos
El punto crítico sigue siendo la muralla. «Sufren un deterioro enorme. Es una pena porque hacemos el reportaje fotográfico, volvemos y encontramos grafitis nuevos», relata López Botas. La investigación sobre capas superpuestas obliga a descartar las pintadas previas y a demostrar la autoría sobre la última, una tarea pericial que consume tiempo y medios. La responsabilidad alcanza también a quien sujeta el rotulador y a quien vigila los alrededores: la cooperación también se persigue penalmente.
Las penas por estos daños van de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a 24 meses, según el Código Penal. Si afectan a bienes de valor histórico relevante, el juez puede imponer la pena superior en grado, hasta cuatro años y medio. A eso se suma la reparación, con costes elevados: devolver la piedra a su estado original exige medios técnicos específicos y maquinaria especializada. El inspector lo enmarca en el artículo 46 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a velar por el patrimonio. Una pintada no se borra con agua.
En el último año se han tramitado 16 denuncias y siete se han resuelto con la identificación y puesta a disposición judicial de los presuntos responsables; el resto sigue bajo investigación, algunas atribuidas a visitantes extranjeros de paso por la ciudad. La videovigilancia ha marcado un antes y un después y la coordinación con la Policía Local de Granada permite actuaciones casi inmediatas: en un caso reciente en un aljibe, un joven escribía el nombre de su pareja con rotulador y la patrulla llegó en 30 segundos. Siete de 16, casi la mitad.
La Lectura Andaluza
Andalucía tiene en el patrimonio histórico una de sus mayores fortalezas económicas, y Granada es su escaparate: la Alhambra es el monumento más visitado de España y el Albaicín comparte con ella la declaración de Patrimonio Mundial desde 1984. Esa condición convierte cada pintada en algo más que una anécdota estética: encarece el mantenimiento de bienes que se pagan con dinero público y deteriora la imagen que sostiene miles de empleos en el turismo y en el sector cultural de la provincia. La unidad adscrita a la Fiscalía fue pionera en España en 2009 y ha servido de modelo para otros territorios, una prueba de que la coordinación entre administraciones funciona cuando se sostiene en el tiempo. Cuidar el patrimonio es también política económica.
Para quien vive en el Albaicín o pasea con su familia por la Carrera del Darro, el problema tiene una traducción muy concreta: muros desconchados, pintadas sobre piedra centenaria y una factura de restauración que se paga entre todos. En una ciudad que vive del visitante, cada acto de vandalismo en un elemento protegido es un argumento menos para recomendar la visita. Los datos invitan a un optimismo moderado: frente al 19% histórico de casos esclarecidos, el último ejercicio se cerró con siete resoluciones sobre 16 denuncias, casi la mitad, gracias a las cámaras y a la colaboración ciudadana. La prevención funciona mejor que la sanción.
El reto para los próximos meses está en los elementos menores del viario histórico, los más vulnerables, y en sostener el ritmo de esclarecimiento cuando la mayoría de los expedientes siguen abiertos. La Fiscalía mantiene sus informes periódicos sobre los bienes protegidos y la Consejería de Cultura conserva la potestad de certificar el daño que abre la vía penal; de esa coordinación depende que el 19% no vuelva a ser la cifra de referencia. Lo que se vigila se conserva; lo que se descuida acaba en la factura de todos.
