Dos años después de la DANA, la reconstrucción en Picanya sigue sin ascensor: los vecinos suben a pie.
El ascensor fue lo primero que se llevó el agua en buena parte de estos edificios y, también, lo último que va a volver. En tres comunidades de vecinos de este municipio de l’Horta Sud —una de las comarcas más castigadas por la riada del 29 de octubre de 2024— se firmó un presupuesto de reposición a principios de julio de 2025 con la empresa Aitana. Dos meses más tarde, en septiembre, la compañía pasó a manos de Pertor. Ahí se acabó el asunto, cuentan las afectadas.
Vanesa Defez, una de las vecinas, lo cuenta sin adornos: «No sabemos si nos mantienen el presupuesto, no han venido a tomar medidas. Todo es colgarnos el teléfono. Nos van diciendo que tienen mucho trabajo… Ya, pero necesitamos algo. ¡Es desesperante!». Más de un año después de la paga y señal, varias comunidades siguen exactamente igual que el primer día.
El ascensor que no llega y una empresa que no contesta
La empresa no ha respondido, de momento, a las preguntas de À Punt Notícies sobre esta situación. Las comunidades han pasado de la queja a la organización y estudian emprender acciones legales por un contrato que consideran incumplido. «Ellos dicen que no están de acuerdo con el compromiso que adquirieron y con el contrato que hicieron, y nos han dejado desprotegidas», resume Núria Carmona.
Hay una pregunta que sobrevuela el asunto y que nadie ha respondido todavía por escrito: si la venta de Aitana a Pertor arrastra o no los compromisos firmados meses antes con tres comunidades de propietarios. La transmisión de una empresa no borra por sí sola las obligaciones en curso, pero tampoco las garantiza. Ahí es donde estas vecinas se han quedado sin red: la paga y señal está entregada y la obra, sin empezar.
Y en medio de todo eso, la vida. Núria Carmona tiene asma, igual que su hijo de seis años. «Son cuatro pisos, con lo que implica para una persona con problemas respiratorios, y a mi marido, por un problema de rodilla, le tienen que operar en enero», relata. Las escaleras no negocian con los plazos judiciales. Tampoco con los presupuestos.
La reconstrucción no se mide en millones anunciados sino en si una vecina de Picanya puede subir a su casa sin quedarse sin aire.
La factura invisible: salud, maletas y coches en la acera
Sonia Muñoz habla de las maletas. «Cuando me voy de viaje, me toca subirlas y bajarlas a pulmón, y tenemos que subir el coche a la acera», explica. Un edificio sin ascensor se puede seguir habitando, claro. Otra cosa es que se pueda vivir en él.
La reconstrucción valenciana se cuenta casi siempre en cifras grandes: millones del Plan RERD (el Plan de Recuperació, Reconstrucció i Resiliència davant l’Emergència DANA, el instrumento con el que la Generalitat canaliza los fondos de reconstrucción), indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros —el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega— y líneas de ayuda del Gobierno central. En el detalle, sin embargo, lo que decide si una familia recupera su rutina es un contrato privado entre una empresa y una comunidad de propietarios. Las administraciones pagan; la ejecución material queda en manos ajenas. Cuando ese contrato falla, la ayuda pública ya no protege a nadie.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, la reconstrucción es hoy el termómetro político. El Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico de PP y Vox, con Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat desde diciembre de 2025— defiende el ritmo de ejecución del Plan RERD y sostiene que las ayudas ya están llegando a los municipios. En las Corts Valencianes (el parlamento autonómico valenciano, 99 escaños), PSPV y Compromís han convertido cada sesión en una auditoría de esa promesa: reclaman un calendario cerrado y verificable de reconstrucción, con plazos por municipio y por obra. En el trasfondo sigue Carlos Mazón, expresident desde su dimisión del 3 de noviembre de 2025, hoy diputado en las Corts y figura central del proceso judicial abierto por la gestión de la emergencia.
La dimensión nacional no es un adorno. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que las transferencias a la Generalitat para la reconstrucción se han ido completando y reclama celeridad en la ejecución; el Consell responde que los fondos llegan con retraso, y con exigencias contables difíciles de cumplir para municipios pequeños. En el Congreso de los Diputados, la DANA se ha convertido en un debate recurrente sobre el sistema nacional de protección civil: quién avisa, quién coordina y quién responde cuando la alerta llega tarde. España ya ha recorrido este camino otras veces. La riada de Biescas de 1996 tardó años en cerrar la reconstrucción de viviendas e infraestructuras; la de Murcia de 2012 dejó sobre la mesa la misma pregunta que hoy se hace Picanya: cuánto tarda una casa en volver a ser una casa.
El calendario inmediato pasa por las Corts, por el juzgado y por las mesas de las comunidades de propietarios. La próxima sesión parlamentaria volverá a poner sobre la mesa la ejecución del Plan RERD; el proceso judicial de la DANA seguirá citando comparecientes; y las ayudas pendientes de justificación seguirán marcando el ritmo de las obras en l’Horta Sud. Mientras todo eso avanza, en Picanya hay tres comunidades que siguen esperando un ascensor. Y una vecina con asma que cuenta los rellanos.
Ficha del Caso
- El caso: Tres comunidades de vecinos de Picanya (l’Horta Sud) siguen sin ascensor dos años después de la DANA y estudian demandar a la empresa que firmó la reposición en julio de 2025.
- Datos importantes: el presupuesto se firmó a principios de julio de 2025 con Aitana; en septiembre la firma pasó a Pertor. Más de un año después de la paga y señal no hay obras ni mediciones.
- Resumen: el caso expone el punto ciego de la reconstrucción: la ayuda pública cubre daños, pero la ejecución material depende de contratos privados sin garantías para los afectados.
