La investigación del caso Koldo ha abierto una nueva vía para seguir el rastro del dinero que habría llegado al entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta vez, el recorrido conduce hasta Portugal, donde una sociedad denominada Esperança Colossal aparece en el centro de una operación financiera que permitió a Andrea de la Torre, pareja del exdirigente socialista, disponer de 65.000 euros para afrontar la compra de dos inmuebles en Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que detrás de esta mercantil, formalmente administrada por un tercero, se encontraba el empresario cordobés Cristian Corvillo, detenido en la última operación vinculada a la trama.
La transferencia, realizada bajo el concepto de «préstamo», constituye uno de los elementos que los investigadores consideran relevantes para reconstruir la posible canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos. La operación se produjo en un momento especialmente significativo: el exministro había manifestado problemas de liquidez y buscaba financiación para que su pareja pudiera adquirir una propiedad. Dos meses después de la transferencia, la compraventa quedó formalizada ante notario por un importe de 125.000 euros.
El interés de los investigadores no se limita a la procedencia inmediata de los fondos. La UCO trata de determinar quién ejercía realmente el control sobre Esperança Colossal, qué relación mantenía con otras sociedades vinculadas a los investigados y si el dinero que llegó a Andrea de la Torre formaba parte de un circuito de presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con adjudicaciones de obra pública.
Una transferencia de Portugal para financiar la compra en Madrid
El movimiento que ha situado a Esperança Colossal en el foco de la investigación se produjo el 12 de febrero de 2024. Ese día, Andrea de la Torre recibió una transferencia de 65.000 euros desde una cuenta portuguesa titularidad de esta sociedad. El concepto utilizado fue «préstamo», una fórmula que ahora examinan los investigadores para establecer si existía una verdadera relación crediticia o si, por el contrario, servía para justificar la llegada de dinero cuyo origen estaría relacionado con otras actividades.
La operación encaja temporalmente con las necesidades económicas que habría trasladado Ábalos. Según la reconstrucción recogida en las diligencias, el exministro había buscado financiación para facilitar la adquisición de un inmueble por parte de su pareja y había encontrado dificultades para conseguir una hipoteca. La UCO considera especialmente significativa la proximidad entre esa búsqueda de dinero y la transferencia procedente de Portugal.
El 19 de abril de 2024, Andrea de la Torre formalizó ante notario la adquisición de dos bienes inmuebles por 125.000 euros. Se trataba de un local de uso industrial situado en la calle Cerro del Murmullo, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, y una plaza de aparcamiento en el mismo edificio. La operación se realizó sin constituir una hipoteca en la escritura, y la práctica totalidad del importe quedó cubierta mediante dos cheques bancarios y una transferencia.
Para los investigadores, los 65.000 euros enviados por Esperança Colossal habrían servido para cubrir una parte sustancial de la operación. La UCO destaca la coincidencia entre la cantidad que Ábalos necesitaba conseguir y el precio de adquisición de los inmuebles, así como la proximidad temporal entre las gestiones para obtener financiación y la llegada del dinero a la cuenta de su pareja.
Cristian Corvillo, el hombre que estaría detrás de la sociedad portuguesa
La principal incógnita de esta ruta financiera es quién manejaba realmente Esperança Colossal. Sobre el papel, la sociedad aparece administrada por Jorge Pérez Marqués, quien también figura vinculado a la mercantil española Deplan-Works SL. Sin embargo, la hipótesis de la Guardia Civil apunta a que el control efectivo de ambas empresas podría encontrarse en manos de Cristian Corvillo, empresario cordobés y militante socialista investigado en esta pieza separada del caso Koldo.
La UCO llega a esta conclusión a partir de diferentes elementos, entre ellos el análisis de las comunicaciones entre Corvillo y el comisionista Víctor de Aldama, así como los movimientos de facturación entre sociedades relacionadas con los protagonistas de la investigación. Los agentes consideran que el administrador formal no necesariamente era quien tomaba las decisiones sobre los fondos y la actividad de las mercantiles.
La relevancia de Corvillo reside también en su posición dentro de las relaciones entre Ábalos, Koldo García y Aldama. Según la investigación, habría actuado como intermediario cuando la relación entre el exministro y el empresario que presuntamente se beneficiaba de sus contactos políticos comenzó a deteriorarse. Su papel habría consistido en mantener una vía de comunicación entre ambos ámbitos y facilitar determinadas operaciones económicas.
La Fiscalía Anticorrupción considera que Corvillo habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos mediante una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona. No se trata, por tanto, únicamente de identificar quién ordenó una transferencia, sino de esclarecer quién estaba detrás de la estructura empresarial que permitió realizarla y cuál era la procedencia última del dinero.
Deplan-Works y las conexiones con las empresas de Aldama
La sociedad portuguesa tampoco aparece aislada. La investigación ha puesto el foco en su relación con Deplan-Works, la mercantil española administrada por el mismo tercero que figura al frente de Esperança Colossal. Esta conexión resulta importante porque permite a los investigadores seguir el rastro de las relaciones económicas entre el administrador formal, Corvillo y el empresario Víctor de Aldama.
En el material analizado por la Guardia Civil aparecen, además, facturas emitidas por otra sociedad portuguesa relacionada con Aldama, Proezencontrada, dirigidas a Deplan-Works. Según la información publicada sobre las diligencias, los documentos localizados suman 205.000 euros y describen servicios de «asesoría» y «consultoría comercial».
Los agentes tratan de determinar si estos movimientos respondían a servicios empresariales reales o si podían formar parte de un mecanismo para canalizar fondos entre distintas sociedades. La coincidencia de los protagonistas y la proximidad de algunas operaciones con la búsqueda de financiación para Andrea de la Torre han convertido estas relaciones mercantiles en una línea relevante de investigación.
El objetivo es reconstruir el circuito completo: desde las sociedades que generaban o recibían los fondos hasta las cuentas desde las que se ordenaban los pagos y las personas que finalmente se beneficiaban de ellos. En ese recorrido, Portugal aparece como una pieza intermedia que habría permitido alejar formalmente el dinero de quienes, según las sospechas policiales, ejercían su control efectivo.
Los 65.000 euros y el cheque de 67.298: las piezas de una misma operación
Otro de los elementos que los investigadores examinan es la existencia de un cheque bancario emitido por Esperança Colossal por 67.298 euros, dos días antes de la compra de los inmuebles. La proximidad entre este movimiento y la operación inmobiliaria refuerza el interés policial por conocer cómo se organizó la financiación y qué relación guardaba con los 65.000 euros transferidos previamente a Andrea de la Torre.
La diferencia entre ambas cantidades y la utilización de distintos instrumentos de pago forman parte de una reconstrucción que todavía debe completarse. Los investigadores buscan establecer si los movimientos respondían a una misma operación económica, quién ordenó cada disposición y qué papel desempeñaron los intermediarios.
La compra de abril de 2024 se produjo, además, después de que estallara la Operación Delorme, en febrero de ese año, con la detención de Koldo García. La investigación trata de aclarar si, pese a la exposición pública de la trama, continuaron produciéndose movimientos de dinero hacia el entorno del exministro y qué mecanismos se utilizaron para hacerlos posibles.
La conexión con las presuntas comisiones de obra pública
La ruta portuguesa adquiere una dimensión mayor al situarse dentro de la investigación sobre las presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con contratos públicos. La UCO atribuye a Corvillo un papel de intermediación entre Aldama y el entorno de Ábalos en un contexto en el que se investigan adjudicaciones de organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Los agentes examinan, entre otros asuntos, contratos vinculados a empresas constructoras y posibles gestiones realizadas para favorecer sus intereses. La hipótesis de la Fiscalía es que determinados pagos y movimientos económicos podrían guardar relación con las adjudicaciones investigadas, aunque esa conexión debe acreditarse judicialmente y no puede darse por probada por la mera existencia de transferencias o facturas.
En este escenario, Esperança Colossal representa una de las vías que permitirían explicar cómo parte de los fondos habría terminado en manos de personas del entorno del exministro. La sociedad portuguesa, su administrador formal, la conexión con Deplan-Works y la presunta influencia de Corvillo dibujan una estructura que los investigadores intentan desentrañar.
La clave está ahora en determinar de dónde procedían realmente los 65.000 euros, quién controlaba Esperança Colossal y si el supuesto préstamo encubría una entrega de dinero vinculada a las presuntas comisiones de la trama. La respuesta puede resultar determinante para esclarecer la financiación de la operación inmobiliaria de Andrea de la Torre y el alcance de la red de intermediarios que, según la UCO, habría conectado los negocios investigados con el entorno de José Luis Ábalos.
