El acoso escolar denunciado en Galicia se triplicó en un año: 242 casos en 2025 frente a los 75 de 2024.
De 75 a 242 casos: el salto que la Fiscalía cifra en un 222%
La cifra, un 222% más que el ejercicio anterior, se puso sobre la mesa el pasado jueves en la Cidade da Cultura, durante un acto sobre la red contra el acoso escolar que la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) impulsa con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Quien la puso fue la fiscala superior, Carmen Eiró.
El dato sale de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, el documento con el que el ministerio público autonómico rinde cuentas cada ejercicio y que después se integra en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Eiró no se quedó en la cifra. Puso el foco en el medio rural, donde los recursos ‘non son os mesmos’ que en el urbano y existe una mayor ‘dificultade’ para pedir ayuda en un entorno en el que ‘todo o mundo se coñece’.
La lectura sanitaria la aportó la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey: las consultas por acoso han crecido un 30% en tres años. Rey enumeró los síntomas que deben activar las alarmas. Dolores abdominales y de cabeza continuados, cansancio, alteraciones del sueño y cambios de conducta. También la negativa a salir de casa o el rechazo a ir al colegio. ‘Cando iso está a converterse en algo habitual, temos que pensar que hai algo de base’, advirtió.
De la alarma sanitaria a una red que llega a 163 ayuntamientos
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, puso el contrapunto institucional. Avanzó que 163 ayuntamientos gallegos forman ya parte de la red, de los 313 que hay en la comunidad, y defendió que, en términos generales, Galicia mantiene una ‘convivencia escolar positiva’. Eso sí, avisó de que no se puede ‘baixar a garda’ ni normalizar ninguna situación de acoso o ciberacoso: ‘Detrás de cada situación hai un mozo que necesita protección, axuda e unha resposta eficaz’.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cerró el acto con el tono más político. Habló de un ‘enorme problema’ que ‘esnaquiza familias’ y reclamó una ‘tarefa colectiva’ que no recaiga solo en los centros educativos. ‘En Galicia non caben os abusóns’, dijo, antes de fijar el objetivo de que la red alcance los 313 concellos y de exigir ‘tolerancia 0’ ante cualquier falta de respeto a un compañero o a un profesor. Los casos se han triplicado mientras la Xunta subraya la buena convivencia en las aulas.
Galicia ha pasado de 75 casos denunciados a 242 en un solo curso, y la respuesta institucional llega con 163 de sus 313 ayuntamientos dentro de la red.
La prevención, insistieron los ponentes, no cabe solo en el horario lectivo. La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, defendió que muchos alumnos no son capaces de contar lo que ocurre en el centro y que hacen falta personas de confianza fuera del aula, como los monitores de ocio. El vicepresidente primero de la Fegamp y alcalde de Poio, Ángel Moldes, subrayó que la red sirve para fijar protocolos claros de detección y actuación. Y el cabo primero de la Guardia Civil y formador del plan director, Sergio García, resumió la evolución reciente en cuatro palabras: ‘É como un tsunami’.
El mapa es desigual. El rural concentra las mayores dificultades, según la fiscala superior, y el ciberacoso añade una capa que no entiende de distancias: como subrayó el conselleiro, las relaciones no terminan cuando suena el timbre, sino que siguen en los espacios de ocio, y en los entornos digitales. La red se apoya en los concellos, de modo que los grupos de la oposición concurren a ella por vía municipal, no como firmantes del convenio. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y la convivencia escolar lleva años formando parte de su relato de legislatura.
El Laboratorio Gallego
Galicia funciona como observatorio por una razón sencilla: tiene competencias plenas en educación, 313 municipios y un mapa demográfico extremo, con un rural disperso donde la Fiscalía sitúa precisamente la mayor dificultad. El PPdeG encadena mayorías absolutas desde 2009 —primero con Alberto Núñez Feijóo y desde 2022 con Alfonso Rueda—, el BNG es la primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 deputados) y el PSdeG es la tercera fuerza de la cámara. La red se articula entre la Xunta y los ayuntamientos a través de la Fegamp, así que la disputa política llega por la vía municipal más que por la firma del convenio.
La dimensión nacional entra por dos puertas. La primera es estadística: las memorias de las fiscalías superiores se consolidan en el informe anual de la Fiscalía General del Estado, de modo que los 242 casos gallegos pesarán en la comparación entre comunidades y en el debate sobre ciberacoso que se libra en Madrid. La segunda es competencial: al ser la educación una competencia transferida, cada comunidad diseña sus propios protocolos, y el modelo gallego —red institucional con los ayuntamientos— se mira desde fuera como un ensayo de bajo coste. Queda la incógnita. Si la extensión a los 313 concellos no llega antes de que se publique la próxima memoria, previsiblemente en el otoño de 2027, el número volverá a correr más rápido que la respuesta.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía Superior de Galicia elevó de 75 a 242 los casos de acoso escolar denunciados en un año, un 222% más, en un acto de la Xunta sobre la red contra el acoso junto a la Fegamp.
- Datos importantes: 242 casos en 2025 y 75 en 2024; consultas sanitarias un 30% más en tres años; 163 ayuntamientos adheridos de los 313 de Galicia; objetivo declarado de alcanzar el total.
- Resumen: La brecha entre el aumento de denuncias y el despliegue de la red sitúa la responsabilidad en la Xunta, con mayoría absoluta del PPdeG, mientras el dato se integrará en la memoria de la Fiscalía General del Estado y servirá para comparar comunidades.
