La regulación de la geoingeniería oceánica acaba de dar su primer paso. Un paquete de directrices internacionales someterá a escrutinio científico los sumideros de CO2 en el mar, y España tiene dos cosas en juego: su flota y sus créditos de carbono azul.
Qué cambia con las primeras directrices para la captura de CO2 marino
El punto de partida tiene acento canadiense. En el puerto de Halifax, en Nueva Escocia, el océano se está manipulando para extraer carbono de la atmósfera, según el reportaje que The Guardian publicó el pasado 12 de noviembre. Frente al agua, las chimeneas de rayas rojas y blancas de Tufts Cove sirven de postal a una industria que quiere convertir el mar en un sumidero a escala.
La técnica se llama alcalinización oceánica: añadir minerales alcalinos al agua para que absorba y retenga más CO2 del que absorbería por sí sola. Greg Rau, cofundador y científico sénior de Planetary Technologies, lo resume con una idea sencilla. Es lo que la naturaleza ha hecho ‘durante unos cuantos miles de millones de años’ para reequilibrar la química del océano y de la atmósfera. Traducido: la industria copia un proceso natural y lo acelera.
Los defensores sostienen que la extracción de carbono marino es necesaria para contrarrestar los efectos de la crisis climática. Del otro lado, los críticos piden más investigación antes de escalar y advierten de que un océano modificado no se revierte con un botón. Ese pulso es el que ha empujado las primeras directrices.
Conviene recordar por qué el océano importa tanto. Absorbe alrededor de una cuarta parte del CO2 que emite la humanidad, según las estimaciones que maneja la comunidad científica, y ese servicio gratuito tiene un límite: acidificación, cambios en el plancton, menos oxígeno. El mar no es un depósito infinito.
Regular la geoingeniería oceánica no es frenar la ciencia: es decidir quién responde si el plancton del Atlántico cambia de sitio.
Y el Atlántico Norte no es un laboratorio abstracto. Es la despensa.
Por qué el Atlántico Norte que faena España es el banco de pruebas
Los buques españoles faenan cada año en aguas del Atlántico Noroeste reguladas por la NAFO y en caladeros del Atlántico Nordeste cubiertos por el convenio OSPAR, del que España es parte. Si la alcalinidad del agua cambia en una zona de cría, el efecto se traslada a las cuotas y a las lonjas mucho antes de que llegue a un informe académico.
El segundo frente es económico y mucho menos visible. La captura de CO2 marino empieza a venderse en el mercado voluntario como crédito de carbono azul, y ahí la falta de estándares es una invitación al greenwashing. Un crédito de carbono azul equivale, en teoría, a una tonelada de CO2 retirada del aire y guardada en el mar. En la práctica, hasta ahora nadie auditaba ese método con la misma vara que un bosque o un parque eólico.
España no es un actor menor en este tablero. Tiene flota en el Atlántico Norte, intereses en el mercado de créditos y ciencia oceánica de primer nivel: el IEO-CSIC lleva décadas midiendo el Cantábrico y el litoral atlántico. Lo que no tiene, de momento, es una posición propia. En Bruselas tampoco hay una norma específica sobre geoingeniería oceánica: todo cae en la Directiva Marco de Estrategia Marina, la norma que exige buen estado ambiental a las aguas comunitarias pero no regula un vertido experimental.
De LOHAFEX a Haida Gwaii: el precedente que explica el recelo
No es la primera vez que alguien juega a ser el océano. En 2009, el experimento LOHAFEX vertió hierro en el Atlántico Sur para provocar una floración de plancton y medir cuánto CO2 se hundía con ella. En 2012, un empresario estadounidense, Russ George, esparció cerca de cien toneladas de sulfato de hierro frente a las islas Haida Gwaii, en la costa oeste de Canadá, al margen de la moratoria internacional.
Aquello terminó en escándalo y en un consenso incómodo: sin medición independiente no hay manera de distinguir la ciencia del experimento salvaje. Ese es el listón que ahora se intenta elevar. Y explica por qué el sector pesquero mira con desconfianza cualquier promesa de captura de CO2 marino que no venga con datos verificables.
El Protocolo de Londres de la OMI es hoy el único paraguas global que regula el vertido de materia en el mar, y en 2013 se le añadió una enmienda para controlar la geoingeniería marina que aún no tiene aplicación plena. El marco existe, pero cojea. Qué conviene seguir: la próxima ronda de directrices, la posición que fije la Unión Europea con España sentada en el Consejo de ministros de Pesca, y si los créditos azules entran en el mercado con auditoría o sin ella. Ahí se decide si el mar sigue siendo una despensa o pasa a ser un balance contable.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Las primeras directrices internacionales sobre geoingeniería oceánica buscan poner orden científico a proyectos que modifican el mar para capturar CO2. El caso de Halifax es su escaparate más visible.
- Datos importantes: El océano absorbe cerca de una cuarta parte del CO2 humano. El Protocolo de Londres regula los vertidos marinos desde 1972 y su enmienda de 2013 sigue sin aplicación plena.
- Resumen: España se juega el futuro de sus caladeros atlánticos y la credibilidad del mercado de créditos azules. Sin auditoría independiente, el interés pesquero queda a merced de promesas verdes.
