El Tribunal Supremo ha dictado hoy una providencia tras el escrito presentado por IUSTITIA EUROPA sobre la incidencia de las medidas cautelares en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala da traslado a la Junta Electoral Central y a la Abogacía del Estado para que, en un plazo improrrogable de 48 horas, formulen alegaciones, plazo que en todo caso finalizará antes de las 15:00 horas del jueves 8 de octubre.
Además, el Supremo considera necesario oír también a las personas que obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional 8.ª de la Ley de Memoria Democrática y que todavía no hayan sido inscritas —o ya hayan sido inscritas— en el CERA, antes de resolver las cuestiones planteadas. IUSTITIA EUROPA vuelve a situar ante el Supremo la ejecución efectiva de las cautelares sobre el censo que se utilizará el 29-N.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado solicitar al PSOE la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política en cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 a 2025, y ha citado para declarar como investigado al exviceministro venezolano Nervís Villalobos.
En un auto, el magistrado acuerda estas y otras diligencias, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, en una providencia dictada en el marco de la causa en la que investiga una presunta organización que buscaba desestabilizar las causas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.
En su resolución el juez ordena, después de la declaración como investigada de la gerente del PSOE Ana María Fuente, recabar del servicio jurídico del PSOE determinada información, “en cuanto no perjudique el derecho al secreto profesional en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y, en todo caso, con el derecho a no aportar información que entienda que le pueda incriminar”.
En concreto, solicita la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos – centrales o territoriales-, entre 2021 a 2025, así como copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación y la aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados.
En otra de las diligencias, el instructor cita a declarar como investigado al exviceministro de Venezuela Nervis Villalobos para el 28 de octubre y le requiere para que aporte en ese momento la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de las Ley de Memoria Histórica (certificado de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española).
Además, acuerda tomar declaración como testigos el mismo día 28 de octubre a Jose Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia desde marzo de 2025 y a Maria del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia hasta marzo de 2025.
En otra providencia, Pedraz pide informe al Ministerio Fiscal sobre el escrito de la acusación popular unificada en el que solicita la citación del PSOE en calidad de investigado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita en la sentencia C-798/24 la publicidad de los datos personales de los accionistas. La resolución, dictada el 3 de septiembre de 2026, condiciona el acceso a la acreditación de un interés legítimo y se apoya en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? El TJUE declara que el Derecho de la Unión no obliga a publicar los datos de todos los accionistas por el mero hecho de serlo, incluidos los minoritarios.
¿Qué base jurídica aplica? Los artículos 7, 8 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre vida privada, protección de datos y límites a las restricciones de derechos.
¿Qué impacto tiene? El acceso queda condicionado a un interés legítimo y se abre el examen del Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
El origen del litigio: el modelo registral letón
La sentencia trae causa del modelo de publicidad de información societaria vigente en Letonia. Ese sistema permitía que cualquier persona accediera por Internet a datos personales de los accionistas de sociedades anónimas, incluidos los minoritarios, sin filtro alguno. Entre la información accesible figuraban el nombre y apellidos, el número de identificación personal y, en determinados casos, la fecha de nacimiento, los datos del documento de identidad, la dirección de contacto e incluso el correo electrónico. La información podía consultarse en línea y descargarse de manera masiva.
El análisis del Tribunal europeo se desarrolla desde la perspectiva de los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales. El fallo concluye que el Derecho de la Unión no exige publicar información sobre todos los accionistas por el simple hecho de serlo. Además, se opone a que sus datos queden a disposición de cualquier persona sin requisitos como la acreditación de un interés legítimo. Catedráticos, abogados y notarios han trasladado esa doctrina al ordenamiento español en una reunión de trabajo celebrada en la sede del despacho Pérez-Llorca.
El fallo y sus efectos sobre el ordenamiento español
La aplicación de la doctrina al Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública centra el debate. El proyecto prevé convertir en constitutiva la inscripción en el Registro Mercantil de las transmisiones de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada. Esas operaciones podrían formalizarse mediante documento privado electrónico, documento judicial o administrativo, o mediante escritura pública, frente al sistema actual basado en la escritura pública y en el control previo de legalidad que realizan los notarios.
El catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats ha advertido de que, si el proyecto se aprobara en los términos actualmente planteados, podría incurrir en el mismo defecto que la normativa letona analizada por el TJUE. El catedrático de Derecho Administrativo y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos José Luis Piñar ha incidido en la necesidad de distinguir transparencia y publicidad, y ha recordado que el artículo 52 de la Carta exige que toda limitación de derechos fundamentales esté prevista legalmente, respete su contenido esencial y resulte proporcionada.
La publicidad registral de los datos de los accionistas exige acreditar un interés legítimo y superar el juicio de proporcionalidad del artículo 52 de la Carta.
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha planteado el debate desde la seguridad de los ciudadanos ante una publicidad excesiva de sus datos patrimoniales. Ha señalado que hay personas que no inscriben en el Registro de la Propiedad para evitar que cualquiera pueda conocer que son propietarios de una vivienda de elevado valor. La socia de Pérez-Llorca Josefina García Pedroviejo ha destacado que los clientes del ámbito mercantil no están cómodos con la situación.
La Doctrina del Tribunal
Esta doctrina fija un límite que opera en dos planos. En el primero, el Tribunal niega que el Derecho de la Unión imponga la publicación de los datos de todos los accionistas, incluidos los minoritarios, y subordina el acceso a la acreditación de un interés legítimo. En el segundo, impone el juicio de proporcionalidad del artículo 52 de la Carta a cualquier restricción de los derechos. El método interpretativo es teleológico y sistemático, anclado en el Derecho primario de la Unión y no en la tradición registral de los Estados miembros.
El impacto sobre la práctica mercantil es directo. El catedrático de Derecho Mercantil Pedro Portellano ha advertido de que, si el interés legítimo se vincula genéricamente con la transparencia, se amplía el número de personas legitimadas para acceder a los datos y resulta difícil controlar la finalidad real de cada solicitud. El notario Juan Álvarez-Sala ha sintetizado el criterio: no tiene por qué ser publicable todo lo inscribible. El socio de Pérez-Llorca Raúl Rubio ha subrayado la responsabilidad del notario como garante de la protección de datos de sus clientes.
En cuanto a la proyección procesal, el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública se encuentra en tramitación. Si se aprobara en los términos actualmente planteados, su régimen de publicidad registral quedaría expuesto a un conflicto con el Derecho de la Unión, susceptible de reenvío prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. La reunión celebrada en la sede de Pérez-Llorca anticipa la posición de notarios, registradores y abogados, que exigen separar lo inscribible de lo publicable.
FICHA DEL CASO
El caso: Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-798/24 sobre el alcance de la publicidad de los datos personales de los accionistas y su incidencia en el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Datos importantes: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículos 7, 8 y 52; sentencia C-798/24; resolución de interpretación del Derecho de la Unión, sin fallo condenatorio.
Fecha de los juicios: Sentencia de 3 de septiembre de 2026; reunión de trabajo de catedráticos, abogados y notarios celebrada en octubre de 2026.
Personas acusadas y por qué: N/A. No se trata de un proceso penal ni existe imputación contra persona alguna.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la condena de ocho años de prisión impuesta a un hombre por un delito de lesiones con la agravante de actuar por motivos referentes a la orientación sexual de la víctima, prevista en el artículo 22.4 del Código Penal.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia desestima íntegramente el recurso y confirma los ocho años de prisión por un delito de lesiones con la agravante del artículo 22.4 CP.
¿Qué base jurídica aplica? El artículo 22.4 del Código Penal y los artículos 14 y 15 de la Constitución, sobre igualdad y protección de la integridad física.
¿Qué impacto tiene? Consolida la exigencia de acreditar por indicios el móvil de odio y precisa el estándar de valoración probatoria para casos análogos.
Los hechos y la condena de la Audiencia Provincial
Los hechos se produjeron en junio de 2020 en el interior de un bar. El acusado dirigió a la víctima insultos relativos a su homosexualidad y, a continuación, le propinó un puñetazo en el ojo y varias patadas. La agresión derivó en lesiones que exigieron tratamiento médico y asistencia sanitaria.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia celebró el juicio oral, valoró la prueba testifical y pericial y dictó sentencia condenatoria por un delito de lesiones con la agravante de discriminación por orientación sexual. La resolución impuso ocho años de prisión y fijó la responsabilidad civil derivada del delito, según la nota difundida por el CGPJ.
El fallo del TSJ: desestimación íntegra del recurso
El acusado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia lo desestima en su integridad y confirma tanto la calificación jurídica como la extensión de la pena. El fallo confirma los ocho años de prisión y mantiene la agravante apreciada por el tribunal de instancia.
En el plano civil, la sentencia ratifica la indemnización de 60.707,95 euros a favor de la víctima por las lesiones y secuelas, así como el reintegro de 7.106,38 euros al Servicio Murciano de Salud por los gastos sanitarios ocasionados.
La confirmación de la agravante del artículo 22.4 del Código Penal consolida la tutela penal reforzada frente a las agresiones motivadas por la orientación sexual de la víctima.
El recurso del condenado cuestionó la valoración probatoria y la concurrencia del elemento subjetivo de la agravante. La Sala recuerda que el motivo de odio no exige ser el único móvil del autor, sino que basta con que haya operado como factor determinante o coadyuvante relevante en la ejecución del hecho.
La prueba testifical y el contexto verbal de la agresión —los insultos previos vinculados a la orientación sexual— sostienen la acreditación de la agravante. El tribunal subraya que la motivación discriminatoria se infiere de la totalidad del comportamiento del acusado y no de una declaración aislada de la víctima.
La Doctrina del Tribunal
El fallo consolida la interpretación según la cual la agravante del artículo 22.4 del Código Penal no precisa que el ánimo discriminatorio sea el móvil exclusivo del autor. Basta su concurrencia, acreditada por indicios, para elevar la respuesta penal. Esta línea doctrinal exige una motivación reforzada en la sentencia: el tribunal debe explicar por qué los hechos revelan el móvil de odio y no una mera desavenencia personal.
La base jurídica se articula en torno a los artículos 14 y 15 de la Constitución, que proyectan sobre el tipo penal los mandatos de igualdad y de protección de la integridad física. El método interpretativo es teleológico: el Código Penal busca una tutela diferenciada de colectivos históricamente vulnerables. La carga de acreditar la agravante recae sobre la acusación, que debe sustentarla en prueba directa o indiciaria sólida.
El impacto jurisprudencial alcanza a los procedimientos por delitos de odio que tramitan los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales. La confirmación por el TSJ de Murcia refuerza un criterio homogéneo con el que sostiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La valoración conjunta de los insultos previos y de la agresión física se convierte en el estándar aplicable a litigios análogos.
En cuanto a la proyección procesal, contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El asunto queda abierto a una eventual revisión en sede casacional, sin que la nota oficial precise si el recurso ha sido anunciado.
FICHA DEL CASO
El caso: Recurso de apelación frente a una condena por delito de lesiones con agravante de discriminación por orientación sexual, resuelto por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia.
Datos importantes: Pena de ocho años de prisión; agravante del artículo 22.4 del Código Penal; indemnización de 60.707,95 euros a la víctima y 7.106,38 euros al Servicio Murciano de Salud; fallo desestimatorio íntegro del recurso.
Fecha de los juicios: Los hechos ocurrieron en junio de 2020. La sentencia de instancia corresponde a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. La fecha exacta de la resolución del TSJ no consta en la nota oficial.
Personas acusadas y por qué: Un varón, condenado como autor de un delito de lesiones con la agravante de actuar por motivos referentes a la orientación sexual de la víctima.
El Frente Amplio rechaza las primarias exprés de Podemos y emplaza a los morados a negociar en la mesa del espacio confluente.
La respuesta la dio Ernest Urtasun, ministro y portavoz de las cuatro formaciones que integran la nueva alianza —Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar—, que evitó pronunciarse sobre la oferta de celebrar unas primarias los días 14 y 15 de octubre para elegir al candidato de una eventual lista unitaria.
«Si alguien quiere hacer alguna propuesta, hay una silla disponible junto a las demás organizaciones para venir a presentarla, pero no queremos hacer un debate a través de los medios», planteó.
El Frente Amplio pone la silla, pero no las primarias
El gesto tiene una lectura inmediata: el Frente Amplio no se sienta a negociar en los términos de Podemos. Los morados exigen primarias abiertas para diseñar las listas y han propuesto que su número dos, Irene Montero, sea la candidata del espacio. El Frente Amplio, en cambio, quiere que Podemos se incorpore a su alianza junto al resto de partidos que la conforman, sin condiciones previas.
No es solo Podemos quien rehúye ese formato. Organizaciones como Compromís llevan meses defendiendo que solo quieren un pacto electoral con el Frente Amplio, sin profundizar sus lazos a nivel orgánico. La alianza, por tanto, no habla con una sola voz sobre cuánto de coalición y cuánto de simple suma de siglas debe tener el proyecto.
El calendario aprieta. La ley electoral fija el registro de coaliciones, como muy tarde, para el viernes 16 de octubre a las 23.59 horas, lo que deja apenas diez días para que Podemos y el Frente Amplio se entiendan o, en caso contrario, se preparen para competir por separado.
El Frente Amplio no rechaza a Podemos: rechaza el método con el que Podemos pretende decidir quién encabeza la lista.
Mónica García, Montero y la batalla por el liderazgo
Mientras se consume el plazo, el nombre que más suena para encabezar la candidatura es el de Mónica García. La líder de Más Madrid, preguntada por esa posibilidad, evitó el lunes confirmarla o desmentirla, pero dejó la puerta abierta: «No vamos a dejar los brazos caídos ni vamos a rehuir la responsabilidad histórica que tenemos con nuestro país», afirmó, y añadió que estará «donde el espacio quiera».
Fuentes de una de las organizaciones del Frente Amplio no descartan que la alianza dé a conocer a su candidato esta misma semana, dado lo apretado del calendario tras el anuncio de la convocatoria electoral. El gran acto de presentación de la candidatura y la marca se mantiene, eso sí, para el 17 de octubre.
Al menos una parte de los partidos, liderada por Más Madrid, rechaza de plano tanto la candidatura de Montero como que las listas se elijan por primarias. Es el nudo real de la negociación: no se discute solo un nombre, sino el reparto de poder interno de la futura coalición.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno del Frente Amplio es frágil por construcción. La alianza reúne a Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, con pesos y prioridades distintas, y negocia la incorporación de Podemos desde fuera. Cada organización llega a la mesa con su propio cálculo electoral, y ninguna quiere ceder más de lo imprescindible en el reparto de listas.
La posición de Compromís anticipa el obstáculo de fondo. Hay un sector del espacio que quiere una alianza estrictamente electoral, sin órganos comunes ni reparto de cuotas más allá de lo imprescindible, y otro que aspira a una construcción más profunda que la simple suma de siglas. Podemos juega en un terreno distinto: pide primarias abiertas, es decir, decidir quién manda antes de decidir cómo se organiza el espacio.
La dimensión de coalición pesa cada vez más. Con la izquierda alternativa dividida, cada partido pelea por el mismo votante situado a la izquierda del PSOE, y esa fragmentación se traduce en menos escaños para el conjunto del espacio. Para el PSOE, el efecto es doble: pierde el relato de la unidad progresista, pero gana aire como única referencia cohesionada de ese electorado.
La proyección es clara y el reloj corre. Si no hay acuerdo antes del viernes 16 de octubre, Podemos y el Frente Amplio competirán por separado el 29 de noviembre. La presentación del 17 de octubre servirá, en ese caso, para exhibir una candidatura sin los morados, con Mónica García como principal baza y con la incógnita de cómo se reparten las listas entre las organizaciones que sí se sienten en la mesa.
Ficha del Caso
El caso: El Frente Amplio —Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar— rechaza las primarias exprés de Podemos y le emplaza a negociar en su mesa.
Datos importantes: Podemos propone primarias los días 14 y 15 de octubre y a Irene Montero como candidata; el registro de coaliciones vence el viernes 16 de octubre a las 23.59 horas; el acto de presentación se mantiene el 17 de octubre; las elecciones generales son el 29 de noviembre.
Resumen: Sin acuerdo en diez días, la izquierda alternativa competirá dividida por el votante a la izquierda del PSOE, lo que condiciona el liderazgo del espacio y el reparto de escaños.
La izquierda regional que encarna Pedro Sánchez se juega su futuro entre Brasil y España en menos de dos meses. Un editorial del diario colombiano La República sitúa al presidente del Gobierno, a Lula da Silva y a Claudia Sheinbaum como los tres últimos referentes de esa familia política en Iberoamérica y avisa de que, si caen en las urnas, solo quedaría México en pie.
Vamos por partes, porque el calendario explica casi todo. Los brasileños votarán de nuevo el 25 de octubre en una segunda vuelta que decidirá si Lula continúa en el poder. Nueve días después, el 3 de noviembre, Estados Unidos celebra sus elecciones de mitad de período, las que fijan la composición del Congreso para los dos últimos años del segundo mandato de Donald Trump.
El 29 de noviembre acuden a las urnas los españoles, con elecciones generales anticipadas para elegir el Congreso de los Diputados y el Senado. La convocatoria llegó tras la disolución de las Cortes, y el editorial subraya un matiz institucional que conviene tener claro: si los partidos que sostienen al Gobierno pierden la mayoría, el presidente permanece en funciones hasta que se nombre a un sucesor o sea reelegido.
El texto no se limita a ordenar fechas. Sostiene que en esos dos meses Iberoamérica se juega ‘la línea política que determinará la historia inmediata’ y describe un efecto dominó —el avance encadenado de un mismo giro político por varios países— de las ideas conservadoras y libertarias alineadas con la Casa Blanca.
Tres citas electorales encadenadas en cinco semanas
En Brasil, la segunda vuelta del 25 de octubre mide algo más que un mandato. El editorial apunta a Flavio Bolsonaro como la alternativa capaz de desactivar la guerra arancelaria con la que Washington presiona a las economías emergentes, y recuerda que Lula da Silva, ya octogenario, sigue llevando las riendas del país más grande de la región.
Estados Unidos vota el 3 de noviembre con el Congreso en juego. Según ese mismo análisis, lo que salga de esas urnas marcará la presión comercial sobre Brasil y sobre Europa, y también el margen de la Casa Blanca en América Latina. En juego está, además, el tono de una guerra arancelaria con la que Washington ha medido a sus competidores en materias primas.
El 25 de octubre, el 3 de noviembre y el 29 de noviembre: tres urnas que reordenan el tablero iberoamericano con Washington como telón de fondo.
Por qué el 29-N se sigue con lupa fuera de España
En España, el resultado no cambia solo un Gobierno: cambia el lugar donde se sienta el país en las mesas donde se reparten aranceles e inversiones. El editorial recuerda que Trump ha llegado a describir a España como ‘causa perdida’ y ‘país arruinado’, y que ha pedido un corte en las relaciones comerciales.
Con ese telón de fondo, el diario colombiano plantea dos escenarios. Si el signo político se mantiene, el pulso con Washington seguiría; si cambia, España ‘descansaría del asedio estadounidense’. Es una hipótesis del editorial, no un hecho comprobado.
Aquí conviene separar el interés del país de la suerte de unas siglas. Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos —energía, telecomunicaciones, infraestructuras, alimentación— no ganan ni pierden con un escaño, pero sí con el tono de una relación comercial que se ha vuelto imprevisible. Y en el otro extremo del mapa, la relación con Brasil importa a los exportadores españoles por la vía del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
El peso de España en Iberoamérica no es solo político. Es inversión, cultura, lengua y una red empresarial que lleva décadas operando en México, Brasil y el Cono Sur. Por eso lo que salga de esas urnas no se lee en Madrid como un asunto ajeno, sino como el tablero donde el país se juega parte de su futuro comercial.
El precedente que España ya pagó en aranceles
No hace tanto que España fue objetivo directo de esa herramienta. En 2018, una denuncia de los productores californianos abrió la puerta a aranceles sobre la aceituna negra española; un año después, la disputa por las ayudas a Airbus se tradujo en gravámenes al vino, al aceite y al queso. Una factura que pagaron agricultores y bodegas, no ministerios.
Lo que viene es fácil de seguir y difícil de predecir. El 25 de octubre se sabrá si Lula aguanta; el 3 de noviembre, con qué Congreso gobernará Trump sus dos últimos años; y el 29 de noviembre, qué peso tendrá España en Bruselas, en Washington y en las cumbres iberoamericanas. Entre medias, la campaña y la formación de Gobierno dirán más sobre la posición internacional del país que cualquier encuesta.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: Un editorial del diario colombiano La República sitúa a Pedro Sánchez, Lula y Sheinbaum como los últimos referentes de la izquierda iberoamericana de la región.
Datos importantes: Brasil vota en segunda vuelta el 25 de octubre; Estados Unidos, el 3 de noviembre; y España celebra elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre de 2026.
Resumen: La cita española se sigue fuera de sus fronteras por su efecto sobre la relación comercial con Washington y sobre la posición de España en Iberoamérica.
¿Qué ha pasado?Carbon Storage Caspe SL solicita un permiso de investigación para un almacén subterráneo de CO2 de 18.000 hectáreas en el Bajo Aragón-Caspe, anunciado el 1 de octubre en el Boletín Oficial de Aragón.
¿Quién está detrás? La empresa promotora, el Gobierno de Aragón como administración que tramita el expediente y el PSOE, que pide explicaciones en el parlamento autonómico.
¿Qué impacto tiene? Cuatro municipios afectados (Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe) y unas 18.000 hectáreas de terreno agrícola bajo las que se inyectaría CO2 a entre 800 y 1.000 metros.
Una empresa quiere enterrar CO2 bajo 18.000 hectáreas del Bajo Aragón-Caspe, y los ayuntamientos lo supieron por el boletín oficial.
Un permiso de investigación que abarca cuatro municipios sin avisar a sus alcaldes
El Boletín Oficial de Aragón dio publicidad el pasado 1 de octubre al permiso de investigación solicitado por Carbon Storage Caspe SL para el proyecto bautizado como ‘Caspe Mayals’. La petición abarca unas 18.000 hectáreas en la comarca del Bajo Aragón-Caspe y toca a cuatro términos municipales: Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe. Nadie les llamó antes.
La tecnología que hay detrás se conoce como almacenamiento geológico de carbono: capturar las emisiones de CO2 que salen de una industria o de una central energética, comprimirlas e inyectarlas a entre 800 y 1.000 metros bajo tierra para que no alcancen la atmósfera. **Por ahora el permiso solo autoriza investigar el subsuelo, no inyectar CO2.**
El PSOE lleva el caso a las Cortes y pide explicaciones
Las reacciones no tardaron. El PSOE de Caspe denuncia que nadie se dirigió a los ayuntamientos afectados antes de que el anuncio se publicara en en el boletín oficial. Aquí no avisó nadie. El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha elevado una consulta al Ejecutivo autonómico para exigir «máxima claridad» sobre la tramitación administrativa, los plazos previstos, los protocolos de seguridad y las garantías medioambientales.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Abraham Martínez, sostiene que este tipo de instalaciones «genera serios interrogantes técnicos y sociales que no pueden ignorarse». «Nuestra comarca no puede ser tratada con un modelo de ocultismo ni hipotecar su desarrollo a nuestras espaldas», añade.
Cuatro ayuntamientos afectados y ni una llamada previa: el permiso avanza sobre 18.000 hectáreas que nadie explicó a sus vecinos.
Entre los riesgos que la iniciativa parlamentaria pone encima de la mesa están la sismicidad inducida —los movimientos de tierra que puede provocar la inyección de fluidos a presión— y la protección de los acuíferos subterráneos. Martínez pide saber «con absoluta precisión» qué amenazas existen para el medio ambiente, para el agua y para la seguridad de la población.
El Pulso Territorial
El permiso lo tramita el Gobierno de Aragón, un Ejecutivo que preside Jorge Azcón con el PP y Vox sosteniéndolo desde 2023. Este expediente no pasa por votación parlamentaria: avanza por vía administrativa mientras la oposición intenta convertirlo en un asunto político de primer orden. La comarca afectada es agrícola, de secano, olivar y viñedo, y allí el agua y la tierra son algo más que un debate técnico.
Hay un precedente dentro de la propia comunidad. El proyecto que se proyectó en el Maestrazgo, en Teruel, para guardar CO2 en el subsuelo ocupaba una superficie menor que la que ahora se solicita en el Bajo Aragón-Caspe. En el conjunto del país, el único ensayo de almacenamiento geológico de CO2 a escala piloto se hizo en Hontomín, en la provincia de Burgos, y quedó más cerca de la investigación que del almacenamiento industrial. Aragón vuelve así al centro de un debate energético que rara vez se cuenta desde aquí.
Lo que viene ahora es un procedimiento administrativo largo. La resolución del permiso de investigación depende del Ejecutivo autonómico y de los informes ambientales preceptivos, y nadie ha publicado todavía un calendario de plazos. La consulta del PSOE obliga al Gobierno de Aragón a responder por escrito. Después llegarían, si acaso, la declaración de impacto ambiental y el proyecto de almacenamiento propiamente dicho, con información pública y alegaciones de por medio. Las Cortes de Aragón no se renuevan hasta 2027, así que este expediente puede convertirse en munición electoral mucho antes de que se mueva un solo metro de subsuelo.
Ficha Autonómica
El caso: La sociedad Carbon Storage Caspe SL solicita un permiso de investigación para un almacén subterráneo de CO2 bajo 18.000 hectáreas del Bajo Aragón-Caspe, en el proyecto ‘Caspe Mayals’.
Datos importantes: 18.000 hectáreas repartidas entre Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe; inyección prevista a entre 800 y 1.000 metros de profundidad; anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 1 de octubre de 2026.
Resumen: La tramitación avanza por vía administrativa sin que los ayuntamientos recibieran información previa. El PSOE pregunta al Gobierno de Aragón por los plazos, los protocolos de seguridad y las garantías para los acuíferos.
¿Qué ha pasado? El Senado entrega este martes su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Juan José Imbroda.
¿Quién está detrás? La Mesa de la Cámara Alta aprobó la concesión por mayoría el 29 de septiembre; el acto lo preside Pedro Rollán y asiste Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué impacto tiene? Es el mayor reconocimiento del Senado y la primera vez que recae de forma individual en un presidente autonómico, en plena emergencia migratoria en la ciudad.
El Senado entrega este martes la Medalla de Oro de Ceuta y Melilla a Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.
Una distinción que el Senado nunca había dado a un solo presidente autonómico
La ceremonia se celebra en la sede de la Cámara Alta con el presidente del Senado, Pedro Rollán, como anfitrión. Acompañarán a los galardonados el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García. Es un respaldo de la cúpula nacional a las dos ciudades autónomas.
En una de sus caras lucen el emblema y la leyenda del Senado; en la otra, el escudo nacional. La pieza reproduce una moneda de ocho reales y es el mayor reconocimiento que otorga la institución, reservado a figuras relevantes del derecho, la política o la sociedad. Intervendrá el letrado de las Cortes Generales Benigno Pendás, que preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
La Mesa del Senado aprobó la concesión por mayoría el 29 de septiembre, semanas después de la visita de Rollán a Ceuta, donde se reunió con Vivas tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Dos meses más tarde, según el relato de la Cámara, la ciudad todavía no había salido de la situación de emergencia.
Ceuta, la emergencia migratoria y una comisión de investigación
Imbroda ha recibido la noticia con «emoción», «gratitud infinita» y «humildad infinita». El presidente melillense sostiene que la medalla «no es a mi persona», sino que pertenece a «toda Melilla, a todos los melillenses», y la presenta como «un gran apoyo a la españolidad de Ceuta y Melilla». Para él el acto tiene un componente personal: estuvo 23 años en el Senado, entre 2000 y 2023, y presidió allí la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Ningún presidente autonómico había recibido esta medalla en solitario. Ceuta y Melilla estrenan ese reconocimiento en plena emergencia migratoria.
El homenaje llega mientras el PP impulsa en el Senado una comisión de de investigación sobre lo ocurrido en Ceuta. La Cámara Alta se ha convertido en el escenario donde los populares reclaman explicaciones al Gobierno central por la gestión migratoria. La onda se ha extendido a otros territorios: en Zaragoza, PP y Vox sacaron adelante sus mociones de apoyo a Ceuta con el PSOE y ZeC en contra.
El Pulso Territorial
Ceuta y Melilla son las dos únicas ciudades autónomas del país y mantienen una relación singular con el Estado que condiciona su financiación, su seguridad, y su peso político. Vivas ocupa la presidencia ceutí desde hace más de dos décadas, un registro que muy pocos dirigentes autonómicos igualan. Imbroda, con una larga trayectoria al frente de Melilla y 23 años en el Senado, es hoy una voz reconocible en la Cámara Alta.
La comparación con el resto de comunidades es inevitable: ninguna había recibido este galardón a título individual. La entrega conjunta de 2003 es el único precedente, cuando la Cámara premió a 67 presidentes y expresidentes con motivo del 25 aniversario de la Constitución. Quedan por delante dos citas: la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, ya confirmada, y el pulso parlamentario sobre la comisión de investigación.
Está por ver si el gesto institucional amortigua la tensión política o la reaviva. Con el próximo ciclo electoral autonómico en el horizonte, ambas ciudades se juegan algo más que una medalla.
Ficha Autonómica
El caso: El Senado entrega su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla, la primera vez que concede esta distinción a un presidente autonómico de forma individual.
Datos importantes: La Mesa aprobó la concesión por mayoría el 29 de septiembre. La medalla reproduce una moneda de ocho reales. El único precedente es la entrega conjunta a 67 presidentes en 2003.
Resumen: El acto se celebra este martes con Pedro Rollán y Alberto Núñez Feijóo entre los asistentes. Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, mientras el PP mantiene su comisión de investigación sobre la crisis migratoria.
El Departamento de Estado ha pedido a Moscú información verificable sobre la muerte de una empleada del Instituto Antiplaga de Irkutsk. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la fallecida siguen bajo observación en Siberia y dos hospitales de la región permanecen en cuarentena.
‘Estamos vigilando y siguiéndolo de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención y de tenerlo bajo control, y eso es lo que hacemos’, ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio. El lunes, su departamento añadió que ‘muchos detalles no han sido confirmados’ y animó a Rusia a compartir información ‘precisa, rápida y abierta’.
En Moscú, Rospotrebnadzor —el servicio federal de bienestar del consumidor, del que depende el instituto— confirmó el domingo que se ha activado ‘un conjunto especial de medidas’. La autoridad sanitaria rusa sostiene que no se detectaron microorganismos vinculados a la actividad profesional de la fallecida y que no hay contagios nuevos en diez días. La Organización Mundial de la Salud asegura que la causa de la muerte no está confirmada oficialmente y que el riesgo para la población general parece bajo.
La víctima era una mujer de 28 años, identificada por la prensa local como Daria Shipilova, que ingresó en en un hospital de distrito de Shelekhov, cerca de Irkutsk, el 29 de septiembre con síntomas de neumonía grave. Murió el viernes. Después se pusieron en cuarentena dos hospitales y una clínica infantil, se cancelaron los actos públicos en la ciudad y varios testigos dijeron haber visto a personas con trajes de protección en las calles. Otros reportes apuntan a que agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) escoltaban a los contactos hasta los test.
Las versiones sobre el origen del contagio se contradicen. Unos medios rusos hablan de un viaje reciente a la frontera con Mongolia; otros, de Tailandia. Una tercera versión, la más delicada, asegura que dejó caer un tubo de ensayo con bacterias de la peste y que enfermó después. Ninguna de las tres cuenta con confirmación oficial.
Lo que Moscú confirma y lo que nadie puede verificar
EuroNews ha señalado la inconsistencia central: si las pruebas dieron negativo, no se explica por qué se aisló a decenas de trabajadores y se impusieron restricciones en varios centros al mismo tiempo. La peste neumónica —la variante que puede pasar de persona a persona por gotas respiratorias— es la hipótesis que inquieta a los especialistas, aunque también la más fácil de cortar con aislamiento. El Kremlin, por boca de su portavoz, Dmitri Peskov, pide fiarse solo de las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor y no de ‘rumores y especulaciones’.
El caso de Irkutsk no se mide por el número de contagios, sino por la credibilidad de quien informa sobre ellos.
El Instituto Antiplaga de Irkutsk se fundó en 1934 y trabaja bajo supervisión estatal en el estudio de enfermedades infecciosas peligrosas. Ese perfil ha reabierto la pregunta incómoda: si en sus instalaciones se investigaba con patógenos modificados. ‘Si hubiera programas de armas biológicas en esos laboratorios, eso me preocuparía mucho más. Necesitamos saberlo ahora’, ha dicho Ashish Jha, excoordinador de la respuesta contra la covid en la Casa Blanca.
Por qué Washington mira Siberia con la memoria de Wuhan
En Washington, el episodio se lee con la resaca de 2020 todavía presente. La discusión sobre el origen del coronavirus dejó dos herencias: desconfianza hacia la información sanitaria que llega de laboratorios opacos y un debate interno, aún abierto, sobre qué investigación con patógenos debe financiarse con dinero público. Es uno de los pocos terrenos donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata comparten exigencias de transparencia, aunque discrepen en las causas.
Para España, el caso no altera nada por ahora. Ninguna autoridad sanitaria europea ha elevado el nivel de riesgo. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias refuerza sus protocolos cuando la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de interés internacional, algo que no ha ocurrido. El laboratorio de referencia para microorganismos de alta peligrosidad es el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, en Majadahonda (Madrid). La exposición comercial y turística española a Rusia es marginal desde 2022.
La Lógica de Washington
Lo que Washington intenta resolver aquí no es un brote, es un problema de verificación. La doctrina de bioseguridad que mantiene la administración combina dos piezas: el seguimiento técnico se delega en los organismos sanitarios internacionales y la presión diplomática se reserva para exigir datos. Rubio lo formuló sin adornos: no es motivo de alarma, es motivo de atención. La coalición que sostiene esa línea es inusualmente amplia, porque a nadie le conviene un patógeno de alta peligrosidad fuera de radar, pero se rompe al discutir quién paga la investigación y con qué controles.
El precedente americano está en 1969, cuando Richard Nixon renunció unilateralmente a las armas biológicas ofensivas y abrió el camino a la Convención sobre Armas Biológicas de 1972. Aquel gesto respondió a un cálculo parecido al actual: es más peligroso custodiar lo que no se puede verificar que renunciar a lo verificable. La retirada de la Organización Mundial de la Salud anunciada en 2020 y revertida después dejó una lección: la presión funciona mejor desde dentro de los foros que desde fuera. Para el electorado que sostiene a Donald Trump, el mensaje correcto tampoco es el confinamiento, sino la exigencia de cuentas.
La próxima ventana clave no es una fecha, es una decisión: si la Organización Mundial de la Salud publica una alerta formal sobre Irkutsk y si Moscú permite una verificación independiente de las muestras. Si el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades elevara el nivel de riesgo, el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE sería el foro donde España coordinaría su respuesta con los Veintisiete. La incógnita de fondo sigue siendo la misma que en 2020: qué se investigaba en ese laboratorio. Y la respuesta depende hoy de la palabra de quien menos interés tiene en darla.
Ficha del Caso
El caso: Una empleada del Instituto Antiplaga de Irkutsk, centro estatal ruso fundado en 1934, murió por una neumonía de origen indeterminado. Cerca de 200 contactos siguen bajo observación y varios centros sanitarios de la región están en cuarentena.
Datos clave: La fallecida, de 28 años, ingresó el 29 de septiembre en un hospital de Shelekhov y murió el viernes. Rospotrebnadzor niega vínculo con su trabajo y asegura que no hay contagios nuevos en diez días; la OMS no ha publicado alerta sanitaria.
Para España: Sin alerta internacional no se activan protocolos reforzados del CCAES. El impacto comercial y turístico con Rusia es marginal desde 2022, pero el caso alimenta el debate europeo sobre verificación en laboratorios de alta contención.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, descarta adelantar las elecciones autonómicas al 29-N y marca distancias con Pedro Sánchez.
Lo que dijo, lo que insinuó y lo que dejó fuera del argumento
Lo dijo este martes, en declaraciones a los medios, con una frase que ordena todo su argumentario: «Cuando pienso en convocar elecciones no pienso en mi interés». Pérez Llorca admitió que «posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas era bueno para el interés del PP», pero defendió que él mira por el interés «de todos los valencianos y valencianas». El remate lo puso él solo: «Esa es la diferencia con Pedro Sánchez».
El president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico) insistió en que nunca se ha planteado convocar comicios desde que sacó adelante los presupuestos autonómicos y legislación «que mejore la vida de los valencianos». «Cualquier decreto que llevo a las Corts se aprueba. Con entendimiento y diálogo llegamos a un acuerdo para que salga adelante», añadió. Después llegó el dardo: «Nunca miraré por mi interés ni utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y el PSOE». Lo que no dio fue una fecha.
Un pacto con Vox, unas cuentas ya aprobadas y la sombra de la DANA
El escenario que sostiene su decisión es parlamentario. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) gobierna con el pacto entre PP y Vox, una mayoría que le permite aprobar decretos sin depender de nadie más. Cada norma que sale adelante en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral, con 99 escaños) refuerza su argumento: si la maquinaria legislativa funciona, no hay urgencia electoral. La lectura es otra cuando se mira al calendario: las Corts surgidas en mayo de 2023 tienen mandato hasta 2027.
Y hay un frente que no admite cálculo electoral: la reconstrucción. La DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024) sigue marcando la agenda del Consell, con expedientes abiertos, obras pendientes, y un proceso judicial que avanza en paralelo. El expresident Carlos Mazón, que conserva su acta de diputado en las Corts, continúa vinculado a la instrucción sobre la gestión de la emergencia. Para los afectados, el calendario de las urnas importa menos que el de las ayudas.
El calendario electoral y el calendario de la reconstrucción corren por la misma carretera, y ninguno de los dos admite atascos.
Aquí entra Madrid. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre coloca a los presidentes autonómicos del partido ante la misma pregunta: conviene o no subirse a la ola. Hacer coincidir la cita valenciana con la nacional era, sobre el papel, la opción más cómoda para la dirección nacional del PP. Pérez Llorca ha dicho no, y ha convertido ese no en una seña de identidad frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La comparación es suya, no de la oposición: él la puso encima de la mesa.
El Escenario Valenciano
En la política valenciana, el movimiento deja dos frentes abiertos. El primero es interno: el pacto con Vox sostiene al Consell y lo seguirá sosteniendo mientras no haya elecciones, lo que da a la extrema derecha más tiempo de influencia sobre la agenda legislativa. El segundo es la oposición. PSPV y Compromís tienen ante sí una pregunta incómoda: cómo construir un relato alternativo cuando el president decide no poner a prueba su mayoría.
La dimensión nacional pesa, y no poco. La coincidencia entre una cita autonómica valenciana y unas generales no es inédita: en abril de 2019, la Comunitat votó sus Corts el mismo día que el conjunto de España. Repetir la jugada en el 29-N era la opción que la dirección nacional del PP veía con mejores ojos, y el propio Pérez Llorca lo dejó entrever al hablar del interés del partido.
Al pulso institucional se le suma una derivada material: los fondos estatales y europeos que sostienen la reconstrucción de la DANA, cuyo ritmo de ejecución es motivo de disputa permanente entre el Consell y el Gobierno de Sánchez. Quedan los plazos. El mandato autonómico expira en 2027, así que la cita natural sigue siendo la primavera de ese año salvo disolución anticipada. Antes, el Consell tendrá que volver a las Corts con nuevos decretos. La pregunta ya no es si Pérez Llorca convocará el 29-N, sino qué habrá cambiado en la reconstrucción cuando toque pedir el voto.
Ficha del Caso
El caso: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, descarta adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del 29 de noviembre.
Datos importantes: El Consell gobierna con el pacto PP-Vox y ya ha aprobado los presupuestos autonómicos; el mandato de las Corts expira en 2027.
Resumen: Pérez Llorca convierte la no convocatoria en un argumento de perfil propio frente a Pedro Sánchez, mientras la reconstrucción de la DANA sigue condicionando la agenda valenciana.
¿Qué ha pasado? Tres hombres y una mujer vinculados a la ultraderecha han sido detenidos por la agresión a los acampados por la vivienda en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Uno resultó herido en la cara.
¿Quién está detrás? La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional asumió la investigación; los arrestados ya están a disposición judicial.
¿Qué impacto tiene? Se les imputan delitos de odio y desórdenes públicos. La acampada sigue en pie y Ama Asturies exige a Vox que expulse a los agresores.
Cuatro personas vinculadas a la ultraderecha han sido detenidas en Asturias por la agresión a los acampados por la vivienda en Oviedo. Uno de los participantes en la acampada de la Plaza de la Escandalera resultó herido en la cara.
Cuatro detenidos por una agresión con estética filonazi en La Escandalera
Tres hombres y una mujer irrumpieron en la acampada en la madrugada del pasado sábado. Portaban estética filonazi, hicieron gestos y lanzaron proclamas exaltando el nazismo. La rápida actuación policial evitó que el incidente fuera más grave.
Los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial este lunes en el Tribunal de Instancia de Plaza 1 de Oviedo. La Fiscalía Provincial de Asturias ya tiene traslado de los hechos imputados a través de su sección de delitos de odio y discriminación.
La Brigada Provincial de Información asumió la investigación al constatar la motivación ideológica del ataque. Tres de los agresores fueron arrestados en la estación de autobuses de Oviedo cuando iban a viajar a Madrid a un acto de ultraderecha contra la acampada de la Plaza del Sol, que acabó con tres detenidos. El cuarto cayó después en Avilés.
Los investigadores de la Policía Nacional sostienen que el trasfondo obedecía a una motivación ideológica y de odio hacia un colectivo al que consideraban antagonista. Los agentes apreciaron delito de odio al confluir varios indicadores de polarización del protocolo impulsado por el Ministerio del Interior.
En la Plaza de la Escandalera, la ultraderecha no se topó con una acampada indefensa: había cámaras, testigos y una fiscalía especializada en delitos de odio.
La acampada resiste y las miradas apuntan a Vox
Ama Asturies, una de las plataformas convocantes, denuncia que dos de los cuatro agresores pertenecen a Vox Asturias y que hay fotografías suyas en actos del partido en Avilés y Oviedo.
En esas imágenes aparecen las portavoces municipales Arancha Martínez y Sonsoles Peralta, junto a la diputada y portavoz en la Junta General del Principado (el parlamento autonómico, 45 escaños), Carolina López.
Fuentes de Vox sostienen que los dos señalados, Mónica F.N. y Christian M., salieron de la formación el pasado mes de junio por su vinculación con Núcleo Nacional y que nunca tuvieron cargo orgánico.
Mientras la causa avanza, la acampada sigue adelante de forma indefinida. Cada tarde, a las ocho, hay asamblea abierta, charlas, y actividades culturales. Rubén Rosón y Jorge Fernández, activistas de Ama Asturies, ya denunciaron una agresión sufrida en las fiestas de San Mateo a manos de seis jóvenes, hoy en libertad provisional.
El Pulso Territorial
Asturias es una comunidad de algo más de un millón de habitantes donde el PSOE gobierna desde 2023 con apoyos puntuales en la Junta General. El episodio llega en un momento delicado para el Ejecutivo de Adrián Barbón, que afronta el curso con la vivienda como principal frente social. El acto convocado ese mismo fin de semana en Madrid contra los acampados de la Plaza del Sol acabó con tres detenidos.
El foco se desplaza hacia Vox, con representación en la Cámara asturiana y socio del PP en otras comunidades. Ama Asturies ve un hilo directo entre el discurso del partido y la violencia en la calle. Queda por ver si la investigación se amplía, si la Fiscalía mantiene la calificación de delito de odio, y si la acampada resiste la llegada del frío. Las elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2027, marcarán el terreno.
Ficha Autonómica
El caso: Agresión de cuatro personas vinculadas a la ultraderecha a los acampados por la vivienda en La Escandalera, con un herido en la cara.
Datos importantes: Delitos de odio y desórdenes públicos. Tres detenidos en la estación de autobuses de Oviedo y uno en Avilés. Acampada con más de medio centenar de tiendas.
Resumen: Los arrestados ya están a disposición judicial y la Fiscalía de Delitos de Odio de Asturias asume el caso. La acampada continúa de forma indefinida.
El Gobierno admite por primera vez que la estación intermodal de Ourense espera un proyecto modificado que la mantiene congelada.
La parálisis vuelve a sobrevolar una de las mayores obras de transformación urbanística y ferroviaria de la ciudad. El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, han reconocido, en un escrito registrado en las Cortes el pasado 23 de septiembre, que «se está trabajando en una serie de soluciones que contemplan modificaciones del proyecto original». La admisión llega más de dos años después del arranque oficial de los trabajos, en mayo de 2024.
El contrato fue adjudicado por 111,7 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por la constructora ourensana Copasa, junto a SanJosé y Syneox Rail. El plazo teórico era de 72 meses, seis años, a contar desde mayo de 2024. De las grandes piezas del proyecto, ninguna ha arrancado.
Un contrato de 111,7 millones y ni una fecha
La versión oficial de Adif justifica los cambios en la necesidad de «incorporar mejoras orientadas a optimizar la funcionalidad, la seguridad, y el rendimiento de la estación ferroviaria», coordinar el diseño con otras actuaciones en la Red Ferroviaria de Interés General y adaptarse a la normativa vigente. El problema es que el propio Gobierno admite que solo «se están ejecutando aquellas obras que resultan compatibles con la nueva solución en estudio».
Entre las actuaciones en punto muerto está la remodelación del histórico edificio de viajeros, proyectado para triplicar su superficie útil hasta los 1.340 metros cuadrados. Tampoco hay rastro de la nueva sala de embarque acristalada sobre los antiguos andenes 1 y 2, ni de la pasarela peatonal cubierta y accesible que debía cruzar sobre las vías para unir A Ponte y O Vinteún.
La incógnita es doble: cuánto costará de más y cuándo estará lista. El Ejecutivo ha evitado cualquier previsión temporal o cifra de sobrecoste. Ourense espera. Y Madrid no pone fecha. La revisión técnica amenaza con estirar las obras sobre la playa de vías hasta más allá de 2032.
Ourense fue la primera ciudad gallega en recibir el AVE y va camino de ser la última en estrenar una estación de alta velocidad terminada.
Ahí está el dato más incómodo. Ourense recibió el AVE en 2021, antes que nadie en Galicia. Sin embargo, es hoy la única urbe de la comunidad sin estación de alta velocidad terminada. Vigo la estrenó en 2022, Santiago de Compostela en 2025 y Lugo en 2026. A Coruña ultima la suya para finales de año.
Las cifras comparadas tampoco ayudan. La terminal ourensana ofrece un aparcamiento de solo 300 plazas saturadas, frente a las 932 de Santiago. Su estación de autobuses, adjudicada por 3,5 millones, quedó reducida a una sala con máquinas de vending, mientras la compostelana suma dos plantas y 10 millones de inversión.
El PP exige cifras y el Gobierno responde con silencio
La confirmación del proyecto modificado llegó en respuesta a los diputados ourensanos del PP Celso Delgado, Ana Belén Vázquez y Rosa Quintana. Tras una primera contestación genérica en junio, los populares registraron el 14 de julio preguntas por escrito para conocer los trabajos ejecutados, el importe certificado y las fechas previstas para el vestíbulo y la pasarela.
La respuesta del 23 de septiembre volvió a eludir todas las cifras. Ante ese apagón, los parlamentarios lamentan la «falta de transparencia» del Ejecutivo y la incertidumbre sobre el coste final. Desde el otro lado, el Ministerio de Transportes sostiene que la reformulación busca una estación mejor adaptada y coordinada con el resto de la red.
El pulso tiene una lectura más amplia. Galicia arrastra una larga lista de promesas ferroviarias sin cumplir, y Ourense se ha convertido en su ejemplo más visible. Aquí, de nuevo, la distancia entre el anuncio y la obra se mide en años.
El Laboratorio Gallego
La paradoja de fondo es esta: en Galicia gobierna el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, pero la estación intermodal de Ourense depende de Adif, una empresa pública del Ministerio de Transportes. Es decir, de Madrid. Eso convierte el retraso en munición política: el PP lo airea en el Congreso para subrayar lo que considera una mala gestión socialista con Galicia, mientras el Gobierno responde que la complejidad técnica obliga a revisar el proyecto.
El reparto de culpas tiene precedentes. La comunidad arrastra años de proyectos ferroviarios anunciados y aplazados, y las tres formaciones mayoritarias —PPdeG, BNG y PSdeG— han usado la infraestructura como arma política cuando les ha convenido. En medio queda Ourense, la única capital gallega sin estación de alta velocidad terminada y una de las plazas donde el PP se juega buena parte de su mayoría.
La dimensión nacional es evidente. El PP lleva meses construyendo su relato de agravio territorial contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y las infraestructuras gallegas son uno de sus escenarios favoritos. La próxima estación de este pulso será el proyecto modificado: cuando llegue, se sabrá si el sobrecoste supera los 111,7 millones del contrato original y si la estación entra, por fin, en la próxima década.
Ficha del Caso
El caso: El Gobierno admite que la estación intermodal de Ourense está congelada a la espera de un proyecto modificado. La obra arrancó en mayo de 2024 y las piezas clave siguen sin iniciarse.
Datos importantes: Contrato de 111,7 millones y 72 meses de plazo; 300 plazas de aparcamiento frente a las 932 de Santiago; entrega que podría superar 2032.
Resumen: Ourense, la primera ciudad gallega con AVE, sería la última con estación acabada. El retraso alimenta el pulso entre el PP y el Gobierno central.
