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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, descarta adelantar las elecciones autonómicas al 29-N y marca distancias con Pedro Sánchez.

Lo que dijo, lo que insinuó y lo que dejó fuera del argumento

Lo dijo este martes, en declaraciones a los medios, con una frase que ordena todo su argumentario: «Cuando pienso en convocar elecciones no pienso en mi interés». Pérez Llorca admitió que «posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas era bueno para el interés del PP», pero defendió que él mira por el interés «de todos los valencianos y valencianas». El remate lo puso él solo: «Esa es la diferencia con Pedro Sánchez».

El president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico) insistió en que nunca se ha planteado convocar comicios desde que sacó adelante los presupuestos autonómicos y legislación «que mejore la vida de los valencianos». «Cualquier decreto que llevo a las Corts se aprueba. Con entendimiento y diálogo llegamos a un acuerdo para que salga adelante», añadió. Después llegó el dardo: «Nunca miraré por mi interés ni utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y el PSOE». Lo que no dio fue una fecha.

Un pacto con Vox, unas cuentas ya aprobadas y la sombra de la DANA

El escenario que sostiene su decisión es parlamentario. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) gobierna con el pacto entre PP y Vox, una mayoría que le permite aprobar decretos sin depender de nadie más. Cada norma que sale adelante en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral, con 99 escaños) refuerza su argumento: si la maquinaria legislativa funciona, no hay urgencia electoral. La lectura es otra cuando se mira al calendario: las Corts surgidas en mayo de 2023 tienen mandato hasta 2027.

Y hay un frente que no admite cálculo electoral: la reconstrucción. La DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024) sigue marcando la agenda del Consell, con expedientes abiertos, obras pendientes, y un proceso judicial que avanza en paralelo. El expresident Carlos Mazón, que conserva su acta de diputado en las Corts, continúa vinculado a la instrucción sobre la gestión de la emergencia. Para los afectados, el calendario de las urnas importa menos que el de las ayudas.

El calendario electoral y el calendario de la reconstrucción corren por la misma carretera, y ninguno de los dos admite atascos.

Aquí entra Madrid. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre coloca a los presidentes autonómicos del partido ante la misma pregunta: conviene o no subirse a la ola. Hacer coincidir la cita valenciana con la nacional era, sobre el papel, la opción más cómoda para la dirección nacional del PP. Pérez Llorca ha dicho no, y ha convertido ese no en una seña de identidad frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La comparación es suya, no de la oposición: él la puso encima de la mesa.

El Escenario Valenciano

En la política valenciana, el movimiento deja dos frentes abiertos. El primero es interno: el pacto con Vox sostiene al Consell y lo seguirá sosteniendo mientras no haya elecciones, lo que da a la extrema derecha más tiempo de influencia sobre la agenda legislativa. El segundo es la oposición. PSPV y Compromís tienen ante sí una pregunta incómoda: cómo construir un relato alternativo cuando el president decide no poner a prueba su mayoría.

La dimensión nacional pesa, y no poco. La coincidencia entre una cita autonómica valenciana y unas generales no es inédita: en abril de 2019, la Comunitat votó sus Corts el mismo día que el conjunto de España. Repetir la jugada en el 29-N era la opción que la dirección nacional del PP veía con mejores ojos, y el propio Pérez Llorca lo dejó entrever al hablar del interés del partido.

Al pulso institucional se le suma una derivada material: los fondos estatales y europeos que sostienen la reconstrucción de la DANA, cuyo ritmo de ejecución es motivo de disputa permanente entre el Consell y el Gobierno de Sánchez. Quedan los plazos. El mandato autonómico expira en 2027, así que la cita natural sigue siendo la primavera de ese año salvo disolución anticipada. Antes, el Consell tendrá que volver a las Corts con nuevos decretos. La pregunta ya no es si Pérez Llorca convocará el 29-N, sino qué habrá cambiado en la reconstrucción cuando toque pedir el voto.

Ficha del Caso

• El caso: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, descarta adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del 29 de noviembre.
• Datos importantes: El Consell gobierna con el pacto PP-Vox y ya ha aprobado los presupuestos autonómicos; el mandato de las Corts expira en 2027.
• Resumen: Pérez Llorca convierte la no convocatoria en un argumento de perfil propio frente a Pedro Sánchez, mientras la reconstrucción de la DANA sigue condicionando la agenda valenciana.

Compromís llega al 29-N sin candidato ni marca común: Iniciativa postula a Alberto Ibáñez y Baldoví pone condiciones al frente amplio.

El mismo día en que Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral, y antes incluso de que el BOE publicara la disolución de las Cortes Generales, la pelea por las candidaturas ya había tensado las costuras de Compromís. Nadie sabe, a estas horas, con quién ni con qué nombre concurrirá la coalición a unos comicios que se celebran dentro de 54 días.

Las dos cartas que Compromís puso sobre la mesa en menos de 24 horas

Por la mañana, el síndic (el portavoz del grupo parlamentario) de la formación en las Corts, Joan Baldoví, puso una condición encima de la mesa. Miembro de Més, el partido mayoritario de la coalición, reclamó que la marca Compromís aparezca en la papeleta de una eventual coalición de izquierdas. Su tesis es sencilla. Sin sigla reconocible, sostiene, el votante se pierde en la urna.

Por la tarde llegó la respuesta. Iniciativa evitó esa exigencia y apostó por concurrir «en una candidatura amplia y emancipadora de toda la izquierda valenciana», sin condiciones, según el comunicado difundido tras la reunión de su ejecutiva. La pelota queda ahora en el tejado de Més.

La formación que tuvo como referentes a Mónica Oltra, Aitana Mas o Isaura Navarro, y que hoy coordina Carles Esteve, dio además un paso más. Su ejecutiva señaló a su diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, como la persona idónea para encabezar esa candidatura. El gesto no es menor. Pone un nombre propio antes de que exista un acuerdo.

Compromís no discute si habrá una sola papeleta el 29-N, sino quién firma el cartel y cómo se llama la marca.

El contraste con Baldoví es evidente. El síndic no mostró públicamente preferencia por ninguno de los dos representantes de la coalición en el Congreso: Àgueda Micó, su compañera de partido y quien lideró la lista en 2023, e Ibáñez, que fue el número dos. Que Iniciativa se mueva antes obliga a Més a decidir si acepta el envite o lo frena.

Iniciativa justificó su apuesta con la labor parlamentaria. «Somos el partido que, con Alberto Ibáñez en el Congreso, hace dos semanas presentó una proposición de ley para blindar la protección de la vivienda frente a los fondos buitre y las empresas», argumentó. Y añadió algo más: acelerar las conversaciones con Esquerra Unida, y Podemos, y ofrecer espacio a otras formaciones y movimientos.

El impacto: una marca en disputa y un calendario que no espera

Hasta el cierre de esta información, Més no había respondido públicamente al envite. La negociación sigue abierta y el calendario aprieta. Tampoco hay pronunciamiento oficial de Esquerra Unida ni de Podemos, los socios con los que Iniciativa quiere sentarse cuanto antes. El reloj corre.

El impacto trasciende una sigla. A 54 días de las urnas, la izquierda valenciana se juega presentarse dividida o sumar bajo un mismo paraguas. Cada jornada sin acuerdo es una jornada menos de campaña y un punto más de desgaste. Y el rival, mientras, observa.

El Escenario Valenciano

La disputa interna de Compromís se entiende mejor con el mapa completo. En la Comunitat Valenciana gobierna el Consell de Juanfran Pérez Llorca, un ejecutivo de PP y Vox que sostiene su mayoría en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños. Frente a él, el PSPV y Compromís ejercen la oposición en un curso marcado todavía por la reconstrucción tras la DANA. La coalición valencianista no discute su papel en la política autonómica, sino cómo se presenta al combate estatal.

Ahí aparece la dimensión nacional. Sánchez anunció la convocatoria y el BOE certificó la disolución de las Cortes Generales, y esa decisión obliga a toda la izquierda a resolver en semanas lo que suele resolverse en meses. La pregunta que sobrevuela Madrid es la misma que en Valencia: si suma más una marca propia y reconocible o un frente amplio con siglas nuevas. En 2023, la coalición ya concurrió con una lista encabezada por Micó y con Ibáñez como número dos. La fórmula vuelve a estar sobre la mesa.

Quedan 54 días y ninguna decisión cerrada. La ejecutiva de Iniciativa ya ha movido ficha; ahora le toca a Més, el partido de Baldoví, decir si acepta a Ibáñez o si recupera a Micó. En paralelo, las conversaciones con Esquerra Unida y Podemos seguirán en los próximos días. Cualquier paso en falso se paga en las urnas.

Ficha del Caso

• El caso: Iniciativa propone a su diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, como candidato de una candidatura amplia de la izquierda valenciana para el 29-N, y rebaja la exigencia de marca propia que plantea Baldoví.
• Datos importantes: Elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, a 54 días vista. Baldoví (Més) exige que la sigla Compromís figure en la papeleta. Iniciativa acelera conversaciones con Esquerra Unida y Podemos. En 2023 la lista la encabezó Àgueda Micó, con Ibáñez como número dos.
• Resumen: La izquierda valenciana afronta el 29-N sin candidato ni marca cerrada, con el pulso interno de Compromís como primer obstáculo y un calendario que no da tregua.

El Tribunal Supremo decidirá si la declaración de impacto ambiental de 2007 sirve para avalar la macroampliación del Puerto de València.

La respuesta llegará después de que Acció Ecologista Agró, en representación de la Comissió Ciutat-Port, presentara el pasado 30 de septiembre un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que dio por buena la vigencia de aquella DIA y consideró innecesario tramitar una actualizada, ni siquiera en su versión simplificada.

El fallo descartó que el proyecto aprobado en 2022 fuera nuevo y rechazó que los cambios introducidos tuvieran entidad suficiente para repetir el examen ambiental, en los términos que prevé la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. El artículo 7.2.c de esa ley obliga a evaluar de nuevo los proyectos ya autorizados que puedan tener efectos adversos significativos. El TSJCV dio por bueno el examen de hace dos décadas sin repetirlo.

Ahí está el nudo. El recurso sostiene que las obras cumplen todos los supuestos que la ley enumera —incremento significativo de emisiones, de vertidos al litoral, de residuos y de utilización de recursos naturales, además de afección a la Red Natura 2000— salvo el relativo al patrimonio cultural. La plataforma cifra en cinco las normas que la sentencia habría vulnerado.

La primera es ese mismo artículo 7, porque el proyecto constructivo aprobado el 2 de diciembre de 2022 incorpora, a su juicio, modificaciones sustanciales respecto a lo evaluado quince años antes: ampliación del volumen y la profundidad de los dragados, demolición del contradique y del muelle de cruceros ya construidos y cambio de ubicación de explanadas y muelle.

Una declaración de impacto ambiental de 2007 no puede amparar, sin más, unas obras rediseñadas en 2022.

El escrito añade el artículo 9 de la misma ley, que obligaría a invalidar el acuerdo de aprobación del proyecto; la disposición transitoria primera, por extender la vigencia de una DIA que la parte considera caducada; el artículo 45 de la Constitución; y los artículos 2.1 y 4.1 de la directiva europea de evaluación de impacto ambiental. El fallo omite respuesta a una alegación determinante, lo que constituiría incongruencia omisiva y vulneraría el artículo 24.1 de la Constitución.

La Comissió Ciutat-Port —que agrupa a vecinos y entidades de los barrios del sur de València— pide al Supremo algo más que ganar un pleito. Quiere que fije criterios sobre la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental cuando el proyecto se ha configurado en dos fases o se ha ejecutado de forma discontinua. «Es imprescindible que se resuelva esta cuestión», subraya el recurso, porque afecta a proyectos de larga duración. Diecinueve años separan la DIA de la obra que ahora se discute.

Un puerto estratégico, una Albufera a un paso y una pregunta sin cerrar

El puerto de València es uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo y una pieza central del Corredor Mediterráneo, la línea ferroviaria de alta velocidad y mercancías que recorre la fachada mediterránea española y que lleva décadas pendiente de completarse. Cada decisión judicial sobre su ampliación pesa en la planificación estatal de infraestructuras, no solo en el debate local.

Nadie discute el valor económico del recinto. Lo que se dirime es el método: si un proyecto reformulado quince años después del examen original puede heredar aquel visto bueno o necesita uno nuevo. En el centro del litigio está el Parque Natural de la Albufera, espacio protegido de la Red Natura 2000 junto a la zona de obras. Es ahí donde el expediente administrativo y el ecosistema se miran de frente. Y donde viven vecinos que conviven desde hace años con una obra que avanza al ritmo de los tribunales.

El Escenario Valenciano

En lo político, el expediente atraviesa la agenda del Consell de Pérez Llorca (el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros). El ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca ha convertido la ampliación y el Corredor en un argumento de competitividad económica.

El pacto PP-Vox sostiene ese relato sin fisuras públicas, mientras PSPV y Compromís reclaman garantías ambientales y un calendario más transparente sobre las obras. La Comissió Ciutat-Port no es ninguno de esos partidos: es la parte recurrente.

En clave estatal, el puerto es de interés general y su autoridad portuaria depende del Ministerio de Transportes y de Puertos del Estado, de modo que cualquier pronunciamiento del Supremo se leerá como doctrina para otros proyectos largos repartidos por España. El Gobierno de Pedro Sánchez no se ha pronunciado sobre el recurso, pero los criterios sobre caducidad de las DIA condicionan los plazos de obra que España ha comprometido con Bruselas. La doctrina que salga de Madrid se notará en el calendario del puerto.

La próxima estación es procesal. El Supremo debe decidir primero si admite a trámite el recurso y, después, si fija doctrina sobre hasta cuándo vale una declaración de impacto ambiental. Las obras, mientras, siguen su curso. Si confirma la tesis del TSJCV, el marco quedará consolidado; si la corrige, el proyecto tendrá que volver al filtro ambiental. El conflicto se arrastra desde hace años y no se resolverá en los próximos meses.

Ficha del Caso

• El caso: Acció Ecologista Agró, en nombre de la Comissió Ciutat-Port, ha llevado al Supremo la validez de la DIA de 2007 que ampara la macroampliación norte del Puerto de València.
• Datos importantes: El recurso de casación se presentó el 30 de septiembre contra la sentencia del TSJCV, que avaló la DIA y descartó una nueva evaluación. El proyecto constructivo se aprobó el 2 de diciembre de 2022, quince años después. El escrito alega la infracción de cinco normas, entre ellas el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 y el artículo 45 de la Constitución.
• Resumen: El Supremo deberá decidir si una DIA de hace 19 años sigue siendo válida para unas obras reformuladas en 2022, un criterio que afectará a otros grandes proyectos ejecutados por fases en toda España.