Qué son los itinerarios formativos con IA y cómo funcionan en FP, Bachillerato y universidad

Los itinerarios formativos con IA adaptan el aprendizaje de cada alumno con planes que combinan competencias digitales, idiomas y especialización técnica.

Qué son los itinerarios formativos con IA

Un itinerario formativo con IA (inteligencia artificial) es un plan de aprendizaje individualizado que un sistema informático genera a partir del perfil del estudiante, sus objetivos y las competencias que necesita desarrollar. La herramienta analiza esos datos y propone una secuencia de cursos y contenidos ajustada a cada persona, en lugar de aplicar un programa idéntico para toda la clase.

A diferencia de un catálogo cerrado, estos itinerarios se construyen de forma dinámica. Si una formación concreta no existe en el catálogo disponible, el sistema puede desarrollarla para cubrir la necesidad detectada. Además, cada recorrido puede incorporar formación en idiomas adaptada al nivel y al objetivo profesional del estudiante. Y se actualiza conforme cambian los intereses del alumno, avanza su formación o aparecen nuevas demandas en el mercado laboral.

Cómo funcionan en FP, Bachillerato y universidad

En la FP (Formación Profesional, la rama educativa que ofrece ciclos formativos de grado básico, medio y superior), la IA complementa el currículo oficial con contenidos que refuerzan el perfil profesional del alumnado. En una misma clase de informática y redes pueden generarse itinerarios distintos según los conocimientos previos: unos alumnos profundizan en ciberseguridad y otros en computación en la nube o inteligencia artificial.

En el último curso de Bachillerato, la herramienta actúa como apoyo a la orientación académica. El sistema puede generar itinerarios con cursos introductorios de distintas áreas vinculadas a la modalidad elegida, de modo que el estudiante explore afinidades antes de decidir qué grado estudiar. El objetivo es reducir la incertidumbre que acompaña a una decisión que, en muchos casos, se toma con información limitada.

En la universidad, el acompañamiento continúa con itinerarios que amplían o especializan el grado cursado. A partir de las competencias del alumno y de las materias de su titulación, el sistema selecciona cursos complementarios con alta demanda en el mercado laboral. El estudiante no solo obtiene su título, sino que construye un perfil más completo con un plan personalizado que se revisa de forma periódica.

La IA no sustituye el currículo oficial: lo amplía con itinerarios individualizados que alinean el perfil del alumno con las competencias que demandan las empresas.

El Marco Educativo

La personalización del aprendizaje se apoya en el marco normativo vigente. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) organiza el currículo en torno a competencias clave, entre ellas la digital, y deja margen a los centros para adaptar sus programas. En Formación Profesional, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la FP, impulsa itinerarios flexibles que combinan formación reglada y complementaria.

En el ámbito universitario, la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo) sitúa la actualización de la oferta formativa entre sus ejes. Las plataformas que desarrollan estos itinerarios funcionan como herramientas de apoyo a los centros, no como sustitutos de la enseñanza reglada. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte conserva la competencia sobre las enseñanzas mínimas, mientras las comunidades autónomas desarrollan el currículo en su territorio.

El debate sobre la digitalización educativa sigue abierto. Los centros incorporan herramientas de IA para la orientación y la personalización, pero persisten las dudas sobre la protección de datos del alumnado y la dependencia de proveedores tecnológicos externos. La normativa publicada en el BOE y las indicaciones del Ministerio de Educación marcan el marco al que deben ajustarse estas soluciones.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La IA permite generar itinerarios formativos personalizados que combinan competencias digitales, idiomas y especialización en FP, Bachillerato y universidad.
  • Por qué importa: Estos planes amplían el currículo oficial y buscan alinear la formación con las competencias que demanda el mercado laboral.
  • A quién le importa: A estudiantes de FP, del último curso de Bachillerato y de grado, además de a los centros que diseñan su oferta formativa.

Detenido en el Puerto de Ceuta un conductor que ocultaba a un migrante en su vehículo

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de Ceuta a un varón marroquí que ocultaba a un migrante en su vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el arrestado iba a embarcar en el ferry que cubre la ruta hacia Algeciras, y se le atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal como presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena), según el comunicado de la Policía Nacional.

Cómo localizaron al migrante oculto en el vehículo

Los agentes inspeccionaron el vehículo durante uno de los controles establecidos en el acceso de vehículos al ferry. Bajo los asientos, en la parte trasera, localizaron un habitáculo acondicionado para el transporte clandestino de personas. En su interior viajaba oculto un migrante que pretendía embarcar sin someterse al correspondiente control documental.

Tras localizarle, los policías le prestaron asistencia, y procedieron a la detención del conductor y titular del vehículo. La Policía Nacional le imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, encuadrado en el tipo penal de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (la figura que castiga facilitar la entrada, el tránsito o la permanencia irregular de personas en el país).

El conductor y titular del vehículo es la única persona detenida.

Una vez requerida la documentación al migrante, los agentes iniciaron los trámites administrativos derivados de su situación irregular en territorio español. La Policía Nacional no ha precisado qué medida se adoptará finalmente sobre su situación.

El conductor afronta un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal mientras la investigación policial continúa abierta.

La Policía Nacional no ha detallado si el compartimento fue instalado por el propio conductor o si el vehículo ya contaba con esa modificación antes del control de acceso al ferry.

El dispositivo de control desplegado en la zona portuaria de Ceuta

La actuación se enmarca en el dispositivo de refuerzo establecido en la zona portuaria de Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. El objetivo del operativo, según la Policía Nacional, es controlar la salida hacia la península de posibles inmigrantes en situación irregular.

Los controles se dirigen a los vehículos que acceden al ferry y buscan impedir que una persona cruce el Estrecho sin pasar por el control documental. La Policía Nacional no ha precisado cuántos vehículos se inspeccionan cada día ni el número de agentes asignados al operativo.

La ruta marítima entre Ceuta y Algeciras conecta la ciudad autónoma con la península y es uno de los trayectos habituales para vehículos y pasajeros en el Estrecho.

El vehículo no llegó a embarcar.

Qué ocurre ahora con el detenido y con el migrante

El conductor permanece detenido como presunto responsable de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, según los datos difundidos por la Policía Nacional. La Policía no ha facilitado su identidad ni su edad, y tampoco ha precisado si el migrante permanece en dependencias policiales o si el vehículo ha sido inmovilizado.

El migrante no ha sido detenido.

Su situación se tramita por vía administrativa, mientras que el conductor afronta una causa penal por el presunto favorecimiento de la inmigración ilegal. No se ha informado de otras personas implicadas en el traslado ni de la existencia de una red organizada detrás del intento de embarque.

La investigación continúa abierta y no se han confirmado más detenciones relacionadas con estos hechos. El arrestado mantiene la condición de presunto autor hasta que exista una resolución judicial sobre su situación procesal.

Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: guía de su obra para el plan lector

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 galardona al británico Julian Barnes, un autor que los centros pueden incorporar al plan lector de Bachillerato.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 ha distinguido al escritor británico Julian Barnes por una trayectoria de más de cuatro décadas.
  • ¿Quién lo decide? El jurado del galardón, convocado por la Fundación Princesa de Asturias.
  • ¿A quién afecta? A docentes y familias que buscan lecturas para el plan lector de Secundaria y Bachillerato.

Cuatro décadas de novela, ensayo y memoria

El fallo reconoce una trayectoria de más de cuatro décadas que combina novela, ensayo, relatos y autobiografía. El jurado ha definido a Barnes como «extraordinario narrador y ensayista, con una mirada lúcida, cálida y compasiva sobre el ser humano».

Nacido en Leicester en 1946, el escritor debutó con Metrolandia y se consolidó como uno de los nombres centrales de la narrativa británica contemporánea. Sus libros exploran la memoria, el paso del tiempo, el amor, la pérdida, la identidad y la frontera entre realidad y ficción, casi siempre con ironía y humor. En 2011 ganó el premio Booker por El sentido de un final.

Qué obras de Barnes encajan en el plan lector

La selección de obras más representativas que recoge Educación 3.0 permite ordenar las lecturas por curso y por dificultad. El sentido de un final, la novela que le valió el Booker, es la puerta de entrada más habitual: narra la amistad de cuatro adolescentes y la forma en que la memoria reconstruye el pasado, un motivo que conecta con la competencia lectora y con el análisis del narrador poco fiable.

El loro de Flaubert, publicada en 1984, mezcla biografía, ficción y crítica literaria a partir de una investigación sobre cuál de los dos loros disecados inspiró al escritor francés. Su estructura híbrida la convierte en una lectura exigente para Bachillerato y para trabajar el ensayo.

Niveles de vida y Despedidas abordan el duelo, la vejez y la fiabilidad de los recuerdos. Inglaterra, Inglaterra, finalista del Booker en 1998, emplea la ironía para reflexionar sobre la identidad colectiva. Son títulos que permiten trabajar la memoria y la autoficción en el aula, aunque requieren mediación adulta por su complejidad temática.

El plan lector no es una lista cerrada: la LOMLOE fija las enseñanzas mínimas, las comunidades autónomas desarrollan el currículo y cada centro elige sus títulos.

El Marco Educativo

La presencia de Barnes en las aulas depende del marco que fija la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación). El currículo que desarrolla el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, para la ESO, y el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, para Primaria, sitúa la lectura como un elemento transversal de todas las áreas.

El Estado fija las enseñanzas mínimas y las comunidades autónomas desarrollan el currículo, de modo que la elección concreta de los títulos recae en los claustros y en los departamentos didácticos de cada centro.

En ese reparto de competencias, el Ministerio de Educación marca los mínimos estatales, las consejerías autonómicas adaptan el currículo y los centros elaboran su plan lector dentro del proyecto educativo. Las familias y las editoriales completan una cadena en la que ningún actor decide en solitario.

Según los datos del informe PISA 2022 de la OCDE, España se mantiene en la media internacional en comprensión lectora, una referencia que las administraciones usan para orientar sus planes de mejora.

La proyección inmediata pasa por los resultados de PISA 2025, que se conocerán previsiblemente a finales de 2026 y volverán a medir la competencia lectora. La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias está prevista para este mes de octubre en Oviedo, un escaparate que suele reactivar el interés de los centros por incorporar a autores galardonados en sus lecturas recomendadas.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 distingue la trayectoria de Julian Barnes y devuelve su obra al foco de los planes lectores escolares.
  • Por qué importa: Sus novelas encajan en el currículo de la LOMLOE por su tratamiento de la memoria, la identidad y la frontera entre realidad y ficción.
  • A quién le importa: A docentes y familias de Secundaria y Bachillerato que seleccionan lecturas, y al alumnado que trabaja la competencia lectora.

El INCIBE alerta de dos vulnerabilidades en VMware Workstation y Fusion, una crítica, que permiten ejecutar código

El INCIBE-CERT ha alertado de dos vulnerabilidades en VMware Workstation y VMware Fusion que permiten ejecutar código en el sistema anfitrión.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE-CERT publica el aviso INCIBE-2026-704 por dos vulnerabilidades, una de severidad crítica y otra alta, en los productos de virtualización de VMware.
  • ¿Dónde y cuándo? Aviso de alerta temprana difundido el martes 6 de octubre de 2026 a las 10:36 horas; afecta a VMware Workstation y VMware Fusion en versiones 25H2 y 26H1.
  • ¿Qué resultado? Un atacante con privilegios de administrador en una máquina virtual podría ejecutar código en el sistema anfitrión. No consta explotación activa y Broadcom no ofrece soluciones alternativas: solo actualizar a la versión 26H1u1.

Dos desbordamientos que abren la puerta al sistema anfitrión

El aviso, registrado con el identificador INCIBE-2026-704 y publicado a las 10:36 horas de este martes 6 de octubre de 2026, otorga a la primera de las vulnerabilidades una severidad crítica, el nivel máximo de la escala, y clasifica la segunda como de severidad alta. Ambas afectan a las versiones 25H2 y 26H1 de VMware Workstation y de VMware Fusion, según el aviso publicado por el organismo.

La vulnerabilidad crítica, identificada como CVE-2026-59346, es un desbordamiento de enteros en el adaptador de red virtual VMXNET3. Un atacante con privilegios de administrador local dentro de una máquina virtual que utilice este adaptador podría explotarla para salir del entorno virtualizado y ejecutar código en el sistema anfitrión, esto es, en el equipo físico que aloja la máquina virtual.

La segunda vulnerabilidad, de severidad alta, lleva el identificador CVE-2026-59347. El aviso del INCIBE-CERT no detalla su mecanismo técnico más allá de encuadrarla entre las correcciones incluidas en el mismo paquete del fabricante. La referencia oficial VMSA-2026-0007 recoge de forma conjunta el desbordamiento de enteros y el desbordamiento de búfer que dan origen a ambos fallos.

Los investigadores h4urek, Y², Stan S, Yeonghyeon Choi y Tianchu Chen han sido quienes han informado de los dos fallos, según recoge el propio aviso. El organismo subraya un dato relevante para calibrar la respuesta: no consta explotación activa de ninguna de las dos vulnerabilidades.

La actualización a la versión 26H1u1 es la única vía de corrección: Broadcom confirma que no existen soluciones alternativas ni mitigaciones que anulen estas vulnerabilidades.

Actualización obligatoria a la versión 26H1u1

La solución indicada pasa por actualizar VMware Workstation y VMware Fusion a la versión 26H1u1. Broadcom precisa que no existen soluciones alternativas que corrijan estos fallos, de modo que la actualización no es una recomendación opcional sino el único camino disponible para cerrar la exposición.

El aviso afecta a cualquier organización o profesional que levante entornos virtuales con estos productos: desde equipos de desarrollo de software hasta laboratorios de análisis de malware, donde la máquina virtual se emplea precisamente como barrera de seguridad. La ejecución de código en el sistema anfitrión rompe esa barrera y convierte la virtualización en un vector de entrada en lugar de una protección.

El requisito de partida, los privilegios de administrador dentro de la máquina virtual, acota el escenario, pero no lo desactiva. En entornos donde el usuario invitado controla el sistema operativo que ejecuta, la separación entre máquina virtual y anfitrión es justamente la que sostiene el modelo de seguridad del puesto de trabajo. Cuando esa separación cae, el atacante alcanza el equipo físico y, con él, las credenciales, los archivos y las conexiones que este maneja.

El panorama de la ciberseguridad

Las vulnerabilidades en productos de virtualización ocupan un lugar destacado entre las amenazas que vigila el INCIBE-CERT a través de su servicio de alerta temprana, el canal con el que el organismo comunica a empresas y ciudadanos los fallos que requieren actuación inmediata. La virtualización concentra buena parte del desarrollo y de la infraestructura corporativa, así que un fallo capaz de saltar del invitado al anfitrión multiplica su impacto potencial.

El propio aviso aporta el dato que permite priorizar: por ahora no consta explotación de ninguna de las dos vulnerabilidades. La clasificación de severidad crítica, el nivel cinco de la escala, responde a la combinación de privilegios necesarios, alcance del impacto y ausencia de mitigaciones, y no a la existencia de ataques en curso.

El INCIBE-CERT mantiene abiertos sus canales de notificación para que las organizaciones afectadas reporten incidentes vinculados a estos identificadores y actualizará el aviso si aparecen nuevos datos sobre explotación, nuevas versiones afectadas o indicios de campañas dirigidas. La recomendación institucional es homogénea: aplicar la actualización cuanto antes y verificar que no queden equipos con las versiones anteriores.

El INCIBE-CERT alerta de una inyección SQL de severidad alta en la plataforma de préstamos eLoanApp

El INCIBE-CERT ha alertado de una inyección SQL de severidad alta en eLoanApp, la plataforma de préstamos de RDL Technologies.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE-CERT ha coordinado la publicación de una vulnerabilidad de severidad alta por inyección SQL en la plataforma eLoanApp, de RDL Technologies.
  • ¿Dónde y cuándo? El aviso, con identificador INCIBE-2026-704, se publicó el martes 6 de octubre de 2026, a las 11:12 horas.
  • ¿Qué resultado? La vulnerabilidad, registrada como CVE-2026-4889 con una puntuación CVSS v4.0 de 7.8, afecta al acceso de usuarios y a la base de datos; el fabricante no reporta solución por el momento.

Una inyección SQL basada en booleanos y en el tiempo

El fallo reside en el parámetro POST logina del punto final de procesamiento de usuarios /ajax/users.php?op=verify. Se trata de una inyección SQL (SQLi), una vulnerabilidad que permite a un atacante manipular las consultas que la aplicación envía a su base de datos para alterar su comportamiento. En este caso, el parámetro es vulnerable a inyecciones basadas en valores booleanos y tambien basadas en el tiempo.

La explotación exitosa de esta vulnerabilidad permitiría a un atacante descubrir el motor de base de datos de la plataforma y provocar retrasos deliberados en las consultas al sistema. El fallo se ha clasificado en la categoría CWE-89, reservada a las inyecciones SQL, y se le ha asignado el identificador CVE-2026-4889 con una puntuación base CVSS v4.0 de 7.8, equivalente a severidad alta. Su explotación figura como no confirmada.

Divulgación coordinada y estado del parche

El descubrimiento corresponde al investigador de seguridad Gonzalo Aguilar García, que firma el hallazgo bajo el alias 6h4ack. El INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del INCIBE, ha coordinado la publicación del aviso siguiendo el protocolo de divulgación responsable, que permite al fabricante conocer el fallo antes de que se haga público.

El aviso, registrado con el identificador INCIBE-2026-704, se publicó el martes 6 de octubre de 2026, a las 11:12 horas. En su apartado de solución, la alerta recoge que no hay solución reportada por el momento. El fabricante, por tanto, todavía no ha publicado un parche de seguridad que cierre la brecha en la plataforma.

El recurso afectado es la plataforma eLoanApp de RDL Technologies, un software de gestión de préstamos empleado por entidades financieras. Al tratarse de un sistema que trata datos de clientes y operaciones de crédito, el fallo afecta a un entorno de especial sensibilidad para la seguridad financiera. La alerta se mantiene activa a la espera de novedades del fabricante.

El catálogo de alertas tempranas del INCIBE-CERT publica centenares de avisos de vulnerabilidades cada año, una herramienta clave para que las empresas españolas corrijan sus fallos antes de que sean explotados.

El panorama de la ciberseguridad

El cibercrimen es ya la amenaza de seguridad de mayor crecimiento en España y la explotación de vulnerabilidades de software se ha consolidado como una de sus principales puertas de entrada. Los atacantes rastrean de forma automatizada aplicaciones con fallos conocidos y sin corregir para acceder a datos y a infraestructuras. En ese contexto, la divulgación coordinada de vulnerabilidades, como la que afecta a eLoanApp, forma parte de la estrategia de defensa que el INCIBE-CERT aplica de forma sistemática sobre el software que utilizan empresas y administraciones.

Cada aviso público, con su identificador CVE y su puntuación CVSS, permite a los responsables de sistemas priorizar la corrección de fallos según su gravedad y su exposición. Es el principio que sostiene todo el ecosistema de la alerta temprana: cuanto antes se conozca un fallo y se publique su corrección, menor es la ventana de la que disponen los atacantes.

El INCIBE-CERT publica cada año centenares de avisos de vulnerabilidades y su catálogo se ha convertido en referencia obligada para el tejido empresarial español. El aviso INCIBE-2026-704 se actualizará cuando RDL Technologies habilite la correspondiente corrección; mientras tanto, la ausencia de un parche de seguridad mantiene la alerta plenamente vigente.

El Supremo deja sin efecto la orden de detención contra Puigdemont

El juez Llarena deja sin efecto la orden de detención de Puigdemont tras conocer la decisión del TC de estimar el recurso de Dolors Bassa. El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig.

La decisión se adopta tras hacerse pública por el Tribunal Constitucional la estimación del recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa frente a la resolución que denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada.

El instructor de la causa del procés explica que, aunque todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia referida a Dolors Bassa, cuyo conocimiento será necesario para determinar su alcance respecto de Puigdemont, Comín y Puig, la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención mantenidas por auto suyo de 1 de julio de 2024.

Esta circunstancia sobrevenida justifica, para el magistrado, revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias.

El auto indica que el alzamiento de la orden de detención no es ejecución anticipada de la sentencia constitucional ni extensión automática de su fallo a quienes no fueron recurrentes, sino ejercicio de la facultad del juez para revisar de oficio medidas personales teniendo en cuenta la nueva situación y el derecho a la libertad reconocido por el artículo 17 de la Constitución. Añade que la ejecución de las órdenes durante el intervalo podría ocasionar una privación de libertad que el examen de las sentencias revelase improcedente y cuyo perjuicio no quedaría eliminado por su posterior alzamiento.

Frente a ese riesgo, y atendiendo al carácter estrictamente transitorio de esta decisión, el juez considera proporcionado dejar provisionalmente sin efecto las órdenes, ya que los fines de aseguramiento de la causa no justifican, en estas circunstancias, su ejecución inmediata antes de comprobar la incidencia del pronunciamiento constitucional y sin perjuicio de resolver después lo que resulte jurídicamente oportuno.

El alzamiento de las medidas, añade el auto, no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes, y una vez conocido el texto íntegro de la sentencia, el instructor decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles.

El auto acuerda comunicar de manera inmediata el levantamiento de las órdenes a la Policía Nacional,  Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, y resto de autoridades a las que se hubiesen remitido, disponiendo que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad fundada en ellas. También señala que una vez que disponga del testimonio íntegro de la sentencia resolverá sobre la continuidad o modificación de lo ahora acordado.

La juez Tardón reclama «a la mayor urgencia» las llamadas que hizo Vivas a Pedro Sánchez

La juez Tardón requiere «a la Ciudad Autónoma de Ceuta para que, A LA MAYOR URGENCIA, aporte por medio de su representación procesal la lista de llamadas realizadas por el Presidente de la Ciudad al Presidente del Gobierno de España o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio de 2026 a las que se hizo referencia en la declaración prestada por D. Juan Jesús Vivas».

El pasado 30 de septiembre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, relató ante la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, la cruda realidad que vivió días antes de la invasión de Ceuta. El presidente de Ceuta dejó clara la desidia gubernamental que precedió a la crisis fronteriza a finales de julio. De esta manera, el relato de Vivas en sede judicial desmonta por completo la versión oficial de la improvisación: la ciudad autónoma vio venir el desastre y el gobierno de Pedro Sánchez miró hacia otro lado.

El dirigente ceutí desplegó ante la jueza una minuciosa cronología que dejaba en evidencia los muros burocráticos de la Moncloa. El calvario telefónico comenzó el 25 de julio. Vivas marcó el número del presidente del Gobierno. Al otro lado, la barrera habitual: el director de gabinete filtrando la llamada. No fue hasta el día 30 cuando Sánchez, por fin, se dignó a descolgar el teléfono de manera directa. ¿La respuesta del líder socialista ante la advertencia de que la presión de menores no acompañados (menas) era insostenible y el aviso inminente de que algo grave iba a estallar? Una palmadita en la espalda y el desvío a otra instancia: «El cauce es la Delegación del Gobierno». Para Moncloa, la alarmante antesala de una invasión migratoria fue «una crisis humanitaria».

A la salida de la Audiencia Nacional, dos meses después de que la frontera saltara por los aires, Vivas no se guardó nada ante los medios a la salida de su declaración como testigo: «He sido absolutamente transparente desde el primer día, he procurado ser honesto, y lo que he dicho desde el primer día es lo que le he dicho a su señoría».

Desde la Presidencia de Ceuta se emitieron hasta diez llamadas y mensajes desesperados hacia Madrid entre los días 27 y 28 de julio. De ese bombardeo de alertas, Moncloa solo atendió tres. Siete silencios que costaron caros. Mientras el Ejecutivo central se escudaba en la delegación territorial, la frontera de Ceuta se convertía en una olla a presión sin que nadie en la capital quisiese activar el botón de emergencia.

«Pedimos la emergencia nacional y no se hizo», sentenciaba Vivas a las puertas del juzgado, después de declarar, lanzando un dardo directo a la línea de flotación del Gobierno Central. El líder autonómico insistió ante la jueza Tardón en que los indicios eran clamorosos: el goteo constante de adultos y el repunte de menores solos eran la crónica de una avalancha anunciada. Una solicitud de alerta temprana que en Madrid terminó olvidada en el fondo de un cajón.

El Constitucional avala la amnistía a Puigdemont y abre la puerta para su regreso a España

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del ‘procés’ como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se ha negado a perdonar ese delito.

La decisión del TC de avalar la amnistía para la malversación puede acelerar el regreso de Puigdemont tras nueve años huido de la justicia y ha tenido lugar un día después del adelanto electoral, tras el ‘no’ de Junts a los decretos de vivienda del Gobierno.

Conde-Pumpido, enmarcado en el sector progresista, incluyó en su ponencia, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, críticas a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación al apreciar un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Constitucional.

Para el presidente del TC, el Supremo realizó una «interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que «no puede apreciarse que los intereses financieros» comunitarios «se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica».

Falta de coherencia

Las resoluciones que no han perdonado la malversación, según su borrador de ponencia, «han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables».

Y, «además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía», apostilló.

El presidente del TC señalaba que el Supremo excedió los límites al «expulsar» del ámbito de aplicación de la ley «supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña».

De ahí consideraba que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsejera y subraya que, en los hechos por los que fue condenada, concurren los presupuestos que determinarían su encaje dentro de la amnistía.

Conde-Pumpido declaraba nulas las resoluciones del Supremo, reclamaba que «se declare amnistiado el delito de malversación» y que se hiciera con el «carácter preferente y urgente» que establece la propia ley.

El sí del TJUE y la decisión del Supremo

Esta deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del TJUE, que descartó una de las premisas del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía, esto es, que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal. No obstante, no se pronunció sobre el otro supuesto apreciado por el alto tribunal, que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.

Cuando se oficialice el aval del TC, el Supremo agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de recurrentes, después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también se mostraran partidarias de perdonar la malversación.

Según fuentes del Supremo, de estimarse los recursos de amparo de Turull y Bassa, se aplicará la amnistía al expresidente de la Generalitat si la doctrina del Constitucional puede aplicarse a todos los recurrentes.

Es decir, la amnistía podría aplicarse a Puigdemont siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull y Bassa contemple una doctrina extensible a los otros recurrentes.

De darse estas circunstancias, el magistrado del alto tribunal instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y sin juzgar por haber huido en 2017, mientras que la Sala de lo Penal tendrá que pronunciarse sobre los condenados: Junqueras, Turull, Bassa y Romeva.

Sémper avisa: Feijóo debe derribar los muros del sanchismo y recuperar España

El PP afronta las elecciones del 29 de noviembre con el convencimiento de que España se encuentra ante una oportunidad para cambiar de rumbo después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido en Más de Uno, de Onda Cero, que Alberto Núñez Feijóo representa un “cambio tranquilo, sensato y profundo” capaz de recuperar la estabilidad institucional y política.

Sémper ha situado el próximo ciclo electoral como un momento decisivo para los españoles y ha reclamado un resultado suficientemente amplio para que el líder popular pueda afrontar una nueva etapa desde una posición de fortaleza. “Ha llegado el tiempo del cambio y de la oportunidad para Feijóo”, ha asegurado, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de que vuelva a existir un presidente que gobierne para el conjunto de la sociedad.

El dirigente popular ha resumido su planteamiento en una idea: “Tenemos que volver a unir a los españoles en un proyecto común y compartido de país”. A su juicio, la política española ha quedado atrapada durante los últimos años en una dinámica de enfrentamiento que ha terminado trasladándose a la sociedad.

Sémper: “Hay que derribar los muros” del sanchismo

Para Sémper, una de las principales tareas del próximo Gobierno será precisamente “derribar los muros” que, en su opinión, ha levantado el sanchismo. “Hay que derribar los muros porque corremos el riesgo de que se termine contagiando a la sociedad”, ha advertido.

El portavoz nacional del PP considera que las elecciones del 29N no serán únicamente una disputa entre partidos, sino una decisión sobre el rumbo que debe tomar España durante los próximos años. “Nos jugamos mucho”, ha señalado, antes de plantear la disyuntiva entre continuar “cuatro años más en esta dinámica” o apostar por un cambio político.

En este escenario, Sémper reclama para Feijóo “más distancia electoral” y un “resultado fuerte y sólido” que permita al PP gobernar con estabilidad. Su objetivo es que vuelva a La Moncloa, en sus palabras, “un adulto”, una expresión con la que pretende contraponer la alternativa popular a la etapa de Sánchez.

La aspiración del PP, ha recordado, es alcanzar una mayoría que permita gobernar sin depender de otras formaciones. “El PP aspira a tener la mayoría suficientemente fuerte como para gobernar en solitario”, ha afirmado. No obstante, ha dejado abierta la puerta a los acuerdos si los resultados obligan a ello. “Si tenemos que llegar a pactos con otros partidos, lo haremos porque España necesita estabilidad”, ha explicado.

Vivienda: “¿Cómo vamos a aceptar que el problema se resuelva con dos reales decretos?”

Uno de los principales ejes de la intervención de Sémper ha sido el problema de la vivienda, que considera uno de los mayores fracasos de la política del Gobierno de Sánchez. El portavoz popular ha defendido que la solución requiere un modelo alternativo y medidas estructurales, frente a lo que considera respuestas improvisadas del Ejecutivo.

“¿Cómo vamos a aceptar que el problema de la vivienda vaya a resolverse con dos reales decretos cuando es mucho más complejo?”, ha planteado. En su opinión, el Gobierno pretende ahora reaccionar ante una crisis que ha ido agravándose durante sus años en La Moncloa.

Sémper ha acusado al Ejecutivo de intentar “tapar ocho años de inacción en vivienda con la utilización torticera del Congreso” y ha responsabilizado directamente al Ministerio de Vivienda de no haber conseguido mejorar el acceso de los ciudadanos a un hogar.

El dirigente popular sostiene que la vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles después de que, cuando Sánchez llegó al Gobierno, ocupara una posición mucho más baja entre las principales preocupaciones ciudadanas. Por eso, ha reclamado un cambio de modelo basado en aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum (Fuente: Agencias)
El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum (Fuente: Agencias)

El PP acusa a Sánchez de “manosear” los procedimientos del Congreso

Sémper también ha cargado contra la decisión del Gobierno de llevar nuevos reales decretos a la Diputación Permanente. A su juicio, esta maniobra constituye un “manoseo” de los procedimientos destinado a “saltarse la voluntad de la mayoría del Congreso”.

“Es grave”, ha resumido el portavoz popular, que considera que durante los últimos ocho años se han producido situaciones que antes parecían impensables. Entre ellas ha mencionado el señalamiento desde el Ejecutivo a periodistas, empresarios y medios de comunicación, así como el uso de los procedimientos políticos en beneficio del Gobierno.

La crítica se extiende también a la gestión de los servicios públicos. Sémper ha advertido de que España ha terminado normalizando problemas como el deterioro de las infraestructuras, los apagones, el colapso de la Administración o la falta de protección suficiente de las fronteras.

“Hay que hablar de gestión y del buen uso de los recursos públicos”, ha reclamado.

En este contexto, ha ironizado sobre la reacción de los líderes sindicales ante determinadas decisiones del Ejecutivo. A su juicio, resulta llamativo que algunos hayan reaccionado ahora después de ocho años de Gobierno socialista. “Se han caído de la cama”, ha ironizado, para concluir que todo forma parte de “un trampantojo y de un relato que ya no sorprende a nadie”.

Recuperar la credibilidad de las instituciones

La reconstrucción institucional será, según Sémper, otra de las grandes tareas del próximo Gobierno. El portavoz del PP considera necesario “reinstaurar el respeto y la credibilidad de las instituciones” y recuperar una cultura de respeto institucional que, a su juicio, se ha deteriorado durante la etapa de Sánchez.

En este punto ha cuestionado que un ministro de Justicia pueda terminar ocupando el cargo de fiscal general del Estado, al considerar que este tipo de decisiones afectan directamente a la percepción de independencia de las instituciones.

El dirigente popular ha situado así el cambio político como una cuestión que va más allá de la sustitución de un Gobierno por otro. Se trata, según su planteamiento, de recuperar la estabilidad, mejorar la gestión pública y reconstruir la confianza institucional.

Sémper también ha acusado a Sánchez de haber puesto “el destino de la nación en partidos políticos que no tienen ningún interés en que a la nación le vaya bien”. Frente a ello, reclama “cambiar el rumbo” para que España pueda mirar al futuro “con optimismo”.

La apuesta del PP pasa ahora por convertir ese mensaje en una mayoría electoral suficiente para que Feijóo pueda gobernar. El 29N será, en ese sentido, la prueba definitiva para comprobar si el “cambio tranquilo, sensato y profundo” que reivindica Sémper consigue imponerse frente a la continuidad del proyecto de Sánchez.

La Fiscalía investiga a un youtuber por delito de odio contra el futbolista Bellerín

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el ‘youtuber’ y creador de contenidos Iñaki Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo sobre el futbolista del Real Betis Héctor Bellerín: «Se pinta las uñas y solo lee libros de mujeres».

Según han informado fuentes fiscales, la denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDD), a la que se adhirieron posteriormente cerca de un centenar de personas después de que Angulo, en una de sus emisiones en directo en YouTube, profiriese comentarios homófobos contra Bellerín durante el partido que su equipo disputaba contra el Real Madrid.

Según la denuncia, en ese directo, Angulo hizo referencia a los supuestos gustos de Bellerín, como pintarse las uñas, lo que le llevó a calificarle de «maricón encubierto».

La Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.  Las conductas homófobas graves se tipifican principalmente en el artículo 510 del código penal.

Los tipos incluidos son «incitación público al odio o violencia: «Quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona por su orientación o identidad sexual. La pena es de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses».

Otros tipo es lesión de la dignidad: «Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por estos motivos. La pena es de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 6 a 12 meses».

El delito contempla varios agravantes como cuando se comete a través de internet o medios de comunicación social haciéndose accesibles a un número elevado de personas, se imponen las penas en su mitad superior.

Además, la motivación homófoba actúa como circunstancia agravante general de la responsabilidad criminal para cualquier otro delito (como lesiones, amenazas o coacciones), aumentando la pena imponible si el acto se cometió por prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

Los 4 ex altos cargos que pierden la escolta de Interior y el malestar que no se dice en público

El Ministerio del Interior ha retirado la protección policial a cuatro ex altos cargos del Gobierno de coalición, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos. Es el hilo común de esta lista: Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón ocuparon carteras entre 2020 y 2023 y contaban con escolta asignada por su responsabilidad institucional. La decisión les deja sin esa cobertura y ha trasladado una cuestión administrativa de seguridad al terreno del conflicto político.

El segundo criterio que ordena los perfiles es el de su respuesta pública, muy desigual. Iglesias habla de persecución política; Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe; Belarra califica la medida de violencia política; Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.

Pablo Iglesias: el exvicepresidente que denuncia ‘persecución política’ tras perder la escolta

Pablo Iglesias Moncloa
Pablo Iglesias denunciado por la CNT (Fuente: agencias)

Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia segunda del Gobierno el 31 de marzo de 2021, pero su nombre sigue en el centro del debate sobre las escoltas que el Estado mantiene a ex altos cargos. Incluso años después de su salida, Interior seguía financiando su protección: en 2024, una respuesta del Ejecutivo a preguntas del diputado José Luis Ábalos confirmó que él y la exministra Irene Montero contaban con agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El dispositivo se fue recortando de forma progresiva, con la retirada de la garita de vigilancia estática que custodiaba su chalet de Galapagar, mientras el Ministerio se negaba a detallar el número de escoltas o el gasto derivado alegando que se trata de información reservada.

Su caso condensa el filo político de cualquier recorte de privilegios. Iglesias ha leído cada control o ajuste sobre su seguridad como una persecución: calificó de «espionaje» que un agente consultara sus datos hasta 34 veces en diez minutos en 2015, y su partido habló entonces de un «rastreo masivo» contra los primeros diputados de Podemos, una causa que llegó hasta la Audiencia Nacional. Frente al argumento técnico de Interior —servicios sometidos a informes de riesgo y a la optimización de recursos públicos sin mermar la seguridad—, el exvicepresidente ha construido su defensa sobre la sospecha de un uso partidista de los aparatos del Estado. Es el perfil que lo coloca en esta lista: el exalto cargo que no se resigna en silencio y convierte la pérdida de sus privilegios en una denuncia de persecución política.

Irene Montero: la exministra de Igualdad que exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe

Irene Montero se erige como la candidata para fagocitar a Sumar y tocar al PSOE
Irene Montero se erige como la candidata para fagocitar a Sumar y tocar al PSOE

Irene Montero, ministra de Igualdad entre 2020 y 2023, hoy eurodiputada y secretaria política de Podemos, es una de las cuatro figuras de esta lista y la que ha reaccionado con más contundencia a la retirada de su escolta. La dirigente morada ha exigido explicaciones al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y ha recordado que sobre ella pesan amenazas graves y documentadas. El episodio más reciente se remonta al 8 de marzo de 2026, cuando su partido hizo público que Montero había denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte procedentes de una organización neonazi, la red 764 Network, considerada terrorista por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Podemos, los mensajes señalaban su domicilio, donde vive con sus hijos menores y con Pablo Iglesias.

Interior confirmó entonces que había recibido la petición y que estaba realizando una valoración de riesgo antes de decidir; fuentes policiales citadas por la prensa aseguraron que la Brigada de Información había elevado el nivel de alerta al considerar la amenaza creíble. El caso de Montero no es aislado: en 2020, cuando era ministra, su casa de Galapagar sufrió concentraciones casi diarias de grupos de extrema derecha que obligaron a Interior a desplegar un dispositivo inusual, con una garita y dos agentes de la Policía Nacional en la puerta, además de patrullas de la Guardia Civil. La retirada de su protección ha reabierto el debate sobre a quién corresponde la seguridad costeada con impuestos: el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, criticó que se destinen agentes a cargos políticos mientras un solo policía atiende a más de cien víctimas de violencia de género con orden de protección en vigor, y recordó que, como eurodiputada, Montero dispone de una partida propia para costear su seguridad.

Montero ha enmarcado su caso en lo que describe como una violencia política sostenida contra las mujeres feministas en la vida pública, y ha advertido de que no piensa replegarse del espacio público pese a las amenazas. Su exigencia de explicaciones a Interior llega, además, en un momento de tensión por el criterio con el que el departamento decide qué ex altos cargos conservan escolta y cuáles la pierden, un asunto que Marlaska ha blindado invocando la ley de secretos oficiales.

Ione Belarra: la líder de Podemos que califica la medida de ‘violencia política’

Ione Belarra, líder de Podemos en el Congreso de los Diputados. Foto: Europa Press.
Ione Belarra, líder de Podemos en el Congreso de los Diputados. Foto: Europa Press.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales entre 2020 y 2023, es una de las voces que ha convertido la retirada de la protección oficial en un asunto de confrontación política. La dirigente morada ha calificado la decisión de ‘violencia política’, un encuadre que desplaza el debate desde el criterio técnico de Interior —que alega evaluar el riesgo real de cada persona antes de mantener o suprimir el servicio— hacia el terreno de la represalia ideológica. Su perfil encaja en la lista porque reúne las dos condiciones que la definen: haber ocupado un cargo alto y responder a la pérdida del privilegio no con silencio, sino con acusación pública. Frente a los exministros que se limitan a quejarse en privado, Belarra traslada el asunto al discurso político.

El detalle que hace singular su caso es la contradicción que arrastra sobre la seguridad. En septiembre de 2025, durante las protestas que boicotearon la llegada de La Vuelta a España a Madrid, Belarra e Irene Montero aparecieron en Atocha acompañadas por miembros de los Bukaneros, el grupo radical del Rayo Vallecano, entre ellos el abogado Erlantz Ibarrondo. El episodio terminó con 22 policías heridos. Los sindicatos policiales (Jupol, SUP, CEP) le reprocharon entonces que acusara a los cuerpos de albergar «ideología neofascista» mientras seguía beneficiándose de su escolta. El propio Ejecutivo había reconocido en una pregunta parlamentaria que Iglesias y Montero disponen de personal de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional.

Alberto Garzón: el exministro de Consumo que mantiene un perfil bajo pero critica en privado

Alberto Garzón vacaciones legislatura

Alberto Garzón (Logroño, 1985) es, entre los nombres de esta lista, el que menos ruido hace. Tras dejar el Ministerio de Consumo en noviembre de 2023 y la coordinación federal de Izquierda Unida, se apartó de la primera línea y se instaló en la investigación: hoy trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), donde prepara una tesis en economía biofísica. En enero de 2026 publicó La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica (Península), un volumen de 512 páginas en el que sostiene que es imposible superar la crisis ecológica dentro del capitalismo. Desde entonces, su agenda pública se limita a presentaciones del libro y entrevistas sobre decrecimiento y transición energética, un perfil académico sin apenas fricción con el Gobierno al que perteneció.

Su vínculo con la escolta tiene un antecedente documentado. En diciembre de 2021, siendo ministro, Interior desaconsejó y denegó el acompañamiento de su equipo de protección en un viaje privado a Escocia entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, al tratarse de un desplazamiento de carácter privado, amparándose en la Instrucción 6/2012 sobre protección de personas. El caso trascendió cuando el diputado Pablo Cambronero lo llevó al Congreso y lo calificó de uso fraudulento de medios policiales. Garzón no respondió entonces y su entorno se limitó a recordar que la decisión corresponde a la Policía. Ese silencio es justamente lo que lo distingue: mientras otros afectados filtran su malestar, en su caso no consta comunicado, tuit ni declaración pública sobre la pérdida de protección.

La juez abre diligencias contra el ex delegado del Gobierno en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta por migrantes procedentes de Marruecos de finales del mes de julio, ha acordado abrir diligencias previas sobre el ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

Así lo ha dictado en un auto del pasado 28 de septiembre, al que ha tenido acceso MONCLOA.com, en el que también pide un informe a la Fiscalía, después de la querella de la Fundación Abogados Cristianos contra Triano como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y prevaricación.

Ahora, la magistrada indica que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Tardón señala que al no estar determinadas «la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente» instruir diligencias previas «y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».

En su querella, Abogados Cristianos sostiene que el CNI trasladó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta «una alerta sobre una convocatoria masiva difundida a través de redes sociales para acceder irregularmente a la ciudad autónoma por el espigón de El Tarajal y por vía marítima. Según la querella previa, el entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, habría comunicado personalmente esa información al delegado del Gobierno, publica Europa Press.

«Abogados Cristianos quiere que la investigación permita determinar hasta dónde llegaron esas advertencias y qué decisiones se adoptaron ante ellas», dice la fundación, que solicita la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pocos días después de la apertura de diligencias previas sobre Triano se produjo la declaración testifical de su ex jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, ante la jueza Tardón. En ella, Sanz ratificó que trasladó a Triano el contenido de sus conversaciones con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de los hechos.