El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha nombrado este miércoles a los expresidentes Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora, en aplicación del nuevo Estatuto de Expresidentes autonómicos. Los tres percibirán una dieta por cada pleno al que asistan, sin retribución fija, en un modelo que equipara a Madrid con Aragón y otras comunidades.
El encaje legal: qué dice el estatuto que blinda la entrada de los expresidentes
El Decreto 59/2025, aprobado en mayo del año pasado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, reconoció el derecho de los antiguos jefes del Ejecutivo regional a incorporarse a este órgano consultivo siempre que hubieran ejercido la presidencia un mínimo de dos años y accedido a ella desde el inicio de la legislatura. Aguirre (2003-2012), Ruiz-Gallardón (1995-2003) y Cifuentes (2015-2018) cumplen sobradamente los requisitos. No así los otros tres expresidentes del PP: Ignacio González, Ángel Garrido y Pedro Rollán, cuyos mandatos fueron más cortos o no empezaron al comienzo de una legislatura.
La permanencia en la Comisión será de seis años, ampliables a doce si la estancia en la Presidencia superó los cuatro años —algo que beneficia a Aguirre y a Gallardón—. El organismo, que emite dictámenes preceptivos pero no vinculantes sobre asuntos de especial trascendencia jurídica, mantiene así una composición mixta: vocales natos (el Consejero de Presidencia o la Abogacía General) y vocales electivos, que desde hoy incorporan nombre y apellidos de la política madrileña.
La ausencia de Leguina y el modelo de dietas: por qué no habrá nómina
El expresidente socialista Joaquín Leguina (1983-1995) también tiene derecho según el estatuto, pero su pertenencia actual a la Cámara de Cuentas lo impide por incompatibilidad. De hecho, es el único de los exmandatarios que queda fuera de oficio. Fuentes del Gobierno regional subrayan que el nombramiento es un acto reglado: “El Ejecutivo no elige, se limita a cumplir la ley”, insisten.
A diferencia del modelo estatal —donde los antiguos presidentes del Gobierno cobran una asignación vitalicia por su condición de miembros natos del Consejo de Estado—, Madrid ha optado por el sistema de dietas por asistencia a plenos, como hace Aragón. La cuantía la fijará la Consejería de Hacienda y será incompatible con la indemnización por cese. En otras seis autonomías (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias) los expresidentes reciben retribuciones permanentes o temporales.
La decisión de que Aguirre, Gallardón y Cifuentes no tengan sueldo mensual sino una compensación por acto reduce el coste directo, pero el Ejecutivo no ha detallado el importe previsto. “Los expresidentes pasarán a formar parte de un organismo independiente encargado de garantizar que las actuaciones de la Administración se ajusten al ordenamiento jurídico”, han señalado desde la Puerta del Sol.
La Comisión Jurídica Asesora suma a tres figuras que han conocido las entrañas del poder regional, y lo hace sin un debate previo en la Asamblea.
Tres expresidentes del PP en un órgano ‘independiente’: ¿seguridad jurídica o blindaje de campus?
La entrada de los tres antiguos máximos responsables del Gobierno madrileño en un organismo consultivo reabre una pregunta que ya se planteó a nivel nacional: ¿garantiza un plus de conocimiento institucional o convierte la Comisión en una suerte de lobby interno de ex altos cargos? No es una discusión nueva. En el Consejo de Estado, el paso de Felipe González o José María Aznar reavivó esa tensión entre prestigio técnico y perfil político.
En la Comunidad de Madrid, la Comisión Jurídica Asesora ha tenido hasta ahora un perfil predominantemente técnico, con catedráticos, magistrados y abogados de reconocido prestigio. La incorporación de Aguirre, Gallardón y Cifuentes añade a la mesa conocimientos prácticos de la gestión pública —y también una huella política que no pasará inadvertida—. De hecho, los tres comparten no solo partido, sino episodios de gobierno marcados por decisiones polémicas que, en su día, fueron examinadas por los tribunales ordinarios.
En esta redacción entendemos que el estatuto de expresidentes tenía pleno sentido para homologar a Madrid con otras comunidades, pero el aterrizaje del texto en la Comisión Jurídica Asesora se produce sin un solo debate en la Asamblea sobre la idoneidad de que los antiguos inquilinos de la Puerta del Sol opinen sobre la legalidad de los actos de quienes ahora ocupan sus despachos. La dieta —no retribución fija— reduce el riesgo de un coste político inmediato, aunque el hecho de que la fije Hacienda, y no un criterio objetivo, deja margen para la controversia.
El Ejecutivo confía en que el rigor técnico del órgano amortigüe cualquier sospecha de partidismo. Mientras, la oposición en la Asamblea no ha reaccionado aún formalmente, pero en privado ya hay quien cuestiona que tres antiguos presidentes del PP se sienten a dictaminar sobre normas y recursos que afectan directamente a la gestión del actual Gobierno del mismo color. Habrá que esperar al primer dictamen que roce a algún consejero para comprobar si la Comisión sigue siendo el foro jurídico independiente que siempre se ha reivindicado.
