El Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el artículo 187.5 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Publico Vasco. La decisión, adoptada en sesión plenaria el pasado 23 de junio, se hizo pública el 8 de julio de 2026.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Tribunal Constitucional inadmite la cuestión de inconstitucionalidad sobre la exigencia de perfiles lingüísticos en todos los puestos públicos vascos.
- ¿Qué base jurídica aplica? La cuestión se fundaba en el artículo 23 de la Constitución (acceso en condiciones de igualdad a la función pública) y en la doctrina de la proporcionalidad; el TC no entra en el fondo.
- ¿Qué impacto tiene? El TSJPV deberá resolver los recursos contencioso-administrativos del PP y Vox contra el Decreto 19/2024 de normalización del euskera, sin el pronunciamiento constitucional solicitado.
El origen de la cuestión de inconstitucionalidad
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco dictó auto de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad a finales de diciembre de 2025, antes de resolver los recursos interpuestos por el Partido Popular y Vox contra varios preceptos del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco. A juicio del tribunal autonómico, el artículo 187.5 de la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco —que dispone que «todos los puestos de trabajo tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico»— condicionaba el fallo sobre la legalidad del decreto recurrido y presentaba dudas de constitucionalidad que el Constitucional debía resolver previamente.
El TSJPV argumentó que la exigencia de perfiles lingüísticos para la totalidad de los puestos, sin atender a las funciones concretas ni al principio de proporcionalidad, podía colisionar con el artículo 23 de la Constitución y con la jurisprudencia constitucional que ya había limitado la imposición del conocimiento de lenguas cooficiales a aquellos puestos en que realmente fuera necesario. El auto subrayaba que la doctrina del Tribunal Constitucional no había tratado «de forma específica» una previsión tan omnicomprensiva, y consideraba que la norma generaba un «efecto disuasorio» para los aspirantes castellanohablantes.
El Pleno del TC inadmite la cuestión
El Pleno del Tribunal Constitucional examinó la cuestión en su sesión del 23 de junio de 2026 y decidió, por mayoría, no admitirla a trámite. La resolución, hecha pública el 8 de julio, no se pronuncia sobre el fondo de la constitucionalidad del artículo 187.5 de la Ley vasca, sino que cierra la vía constitucional abierta por el TSJPV. Con esta inadmisión, el alto tribunal devuelve la competencia al órgano judicial de origen para que continúe con la resolución de los recursos contencioso-administrativos.
La inadmisión implica que el Tribunal Constitucional ha considerado que la cuestión no reunía los requisitos formales o sustantivos para un pronunciamiento de constitucionalidad, sin necesidad de entrar a valorar el precepto cuestionado. A partir de ahora, el TSJ del País Vasco deberá dictar sentencia en los procedimientos promovidos por PP y Vox, interpretando y aplicando la Ley de Empleo Público Vasco a la luz de la doctrina constitucional existente, pero sin una respuesta expresa del TC sobre la compatibilidad del artículo 187.5 con la Constitución.
La inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad mantiene intacta la doctrina de la proporcionalidad en la exigencia de lenguas cooficiales, pero deja sin respuesta expresa la duda sobre la compatibilidad del artículo 187.5 de la Ley vasca con el artículo 23 de la Constitución.
La doctrina jurisprudencial sobre cooficialidad en el empleo público
La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística y acceso a la función pública ha sido constante desde la STC 31/2010, que declara que «el conocimiento de la lengua cooficial no puede exigirse con carácter general para todos los puestos de trabajo», sino que debe aplicarse el principio de proporcionalidad, ponderando las funciones concretas de cada puesto. Esta misma línea fue reiterada en la STC 165/2013 y en otras resoluciones que subrayan que el artículo 23.2 CE exige que los requisitos lingüísticos no se conviertan en barreras discriminatorias.
La cuestión planteada por el TSJPV, al referirse a una norma que asigna perfil lingüístico a todos los puestos sin excepción, pretendía que el Tribunal Constitucional aclarase si esa previsión legal superaba el canon de proporcionalidad. Sin embargo, la inadmisión deja sin resolver ese extremo y obliga al tribunal vasco a realizar su propia ponderación constitucional al enjuiciar el decreto recurrido, aplicando la jurisprudencia disponible. La ausencia de un pronunciamiento de fondo mantiene abierta la posibilidad de que en el futuro otras cuestiones similares puedan ser admitidas por el TC si se plantean con argumentos adicionales.
FICHA DEL CASO
- El caso: Cuestión de inconstitucionalidad elevada por el TSJ del País Vasco sobre el artículo 187.5 de la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco, que asigna perfiles lingüísticos a todos los puestos públicos. Recursos contencioso-administrativos de PP y Vox contra el Decreto 19/2024 de normalización del euskera.
- Datos importantes: Artículo 187.5 de la Ley 11/2022; artículo 23 de la Constitución. El TC inadmite la cuestión sin pronunciamiento de fondo. Decisión del Pleno adoptada por mayoría.
- Fecha de los juicios: Auto de planteamiento del TSJPV en diciembre de 2025; Pleno del TC el 23 de junio de 2026; publicación de la inadmisión el 8 de julio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de una cuestión de constitucionalidad sobre una norma, no de un proceso penal.
