El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJPV había elevado a raíz del recurso que Vox presentó contra el decreto vasco 19/2024, que obliga a asignar un perfil lingüístico de euskera a todos los puestos públicos. La decisión, conocida este jueves 11 de julio, no cierra la vía al recurso original, pero sí impide que la corte de garantías se pronuncie sobre el artículo de la ley de 2022 que sustenta esa exigencia.
La ofensiva de Vox contra el ‘perfil lingüístico’ obligatorio
Vox impugnó el decreto de 2024 ante la justicia vasca por considerar que la imposición del euskera en todos los puestos constituía una discriminación por razón de lengua y vulneraba el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público. El partido sostiene, con el apoyo del texto del decreto recurrido, que la medida supone una barrera para los ciudadanos de otras comunidades y un agravio comparativo que el nacionalismo vasco blinda desde las instituciones.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, antes de resolver, elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6.1 de la Ley 6/2022 de empleo público vasco, que prescribe la asignación de perfil lingüístico a “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas”. La maniobra suspendía el recurso de Vox a la espera de un pronunciamiento del Constitucional sobre la ley que ampara el decreto.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido la cuestión por entender que su respuesta no era necesaria para que el TSJPV resuelva. El auto, con ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo, señala que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”. Es decir, la corte considera que la pregunta del TSJPV era superflua.
Vox ha denunciado (ver errata: se ha omitido la ‘h’ en ‘a denunciado’) desde el primer momento la politización de la justicia. La única parlamentaria vasca del partido, Amaia Martínez Grisaleña, ha criticado que el Constitucional actúe “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” y ha acusado a Pedro Sánchez de “utilizar al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”. La lectura de la formación choca con el perfil conservador del ponente, pero refuerza su discurso de captura institucional.
Una inadmisión que no frena el recurso de Vox contra el decreto
Pese al revés técnico, el recurso original de Vox contra el decreto 19/2024 sigue su curso ante el TSJPV. El auto del Constitucional no solo no lo anula, sino que afea al tribunal vasco haber elevado la cuestión sin una razón concreta, dejándole libertad para continuar la tramitación y, en su caso, anular la norma impugnada. La decisión mantiene viva, por tanto, la impugnación de Vox y la posibilidad de que el decreto sea declarado nulo.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El PNV ha expresado su satisfacción porque el Constitucional no entre en el fondo de la política lingüística, mientras que el PSE-EE ha ironizado sobre el giro de los socialistas vascos, que hasta hace poco denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera. El PP, por su parte, ha deslizado la intención de llevar al Constitucional la reciente reforma de la ley de empleo público que el PNV aprobó en solitario, lo que podría devolver el asunto a la corte de garantías en los próximos meses.
La decisión técnica del Constitucional deja intacta la capacidad del TSJPV para tumbar el decreto que Vox considera discriminatorio.
Vox refuerza su discurso frente al nacionalismo lingüístico: la lectura estratégica
Más allá del proceso judicial, el caso proporciona a Vox una plataforma para mantener viva su narrativa de resistencia frente a lo que considera imposición lingüística. La formación de Santiago Abascal se posiciona como el único partido que defiende sin matices el bilingüismo real y la igualdad de oportunidades, en contraste con la “sumisión” que atribuye al PP ante los nacionalistas. El episodio coincide, además, con un momento de fricción interna en el Gobierno vasco entre el PSOE y el PNV por la reforma de la misma ley, lo que alimenta el relato de Vox sobre un Ejecutivo que privilegia a sus socios.
Vox ve en este asunto una oportunidad para movilizar a su electorado en el País Vasco, donde su representación es limitada pero creciente. Martínez Grisaleña, única diputada autonómica, ha sido la voz solitaria del partido en las instituciones vascas, y la actual polémica le permite proyectarse como defensora de los derechos de los castellanohablantes. A nivel nacional, el mensaje conecta con la base electoral del partido, que identifica al Constitucional como una pieza más del “sanchismo” y del reparto de poder entre las élites políticas y los nacionalismos periféricos.
El rechazo del Constitucional no supone una derrota definitiva para Vox. El partido mantiene abierta la vía judicial contra el decreto y refuerza un discurso que encuentra eco en un contexto de división en el bloque de investidura y de creciente malestar social con las políticas lingüísticas excluyentes. La batalla, lejos de cerrada, se traslada ahora de nuevo al tribunal vasco, donde la formación de Abascal confía en obtener una sentencia favorable que frene la exigencia del euskera en todos los puestos públicos.
