El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el traslado forzoso de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre ellos el exlíder de En Marea Luís Villares, con el respaldo de 11 de sus miembros y el rechazo de otros 10. La asociación Jueces para la Democracia tacha la decisión de «dudosa legalidad» y denuncia el corporativismo del órgano de gobierno de los jueces.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El CGPJ ha rechazado los recursos de Villares y de la asociación Jueces para la Democracia contra el traslado forzoso de cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSXG.
- ¿Quién está detrás? La decisión la tomó la presidenta de esa sala, Azucena Recio González, y ahora el CGPJ, de mayoría conservadora, la respalda. La asociación progresista denuncia corporativismo.
- ¿Qué impacto tiene? Aparta al juez Villares de los casos de eólicos que venía tramitando, en un contexto de tensión entre la Xunta, las empresas y la justicia gallega.
Un traslado forzoso que se decidió sin audiencia
La decisión original de apartar a los cuatro magistrados partió de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del TSXG (la máxima instancia judicial gallega para pleitos administrativos). Según Jueces para la Democracia, Azucena Recio González «obvió el procedimiento debido» al no dar audiencia a los afectados. Los recursos de reposición presentados por Villares y por la propia asociación han sido rechazados ahora por el pleno del CGPJ con una votación tan ajustada como significativa: 11 a 10.
La asociación progresista, de la que Villares forma parte, recuerda que el juez fue apartado «de la sección que tramita los recursos contra el sector eólico» en Galicia, justo cuando había señalado casos sensibles en los que estaban personadas la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico) y varias empresas. El trasfondo de intereses económicos de gran calado sobrevuela la controversia: Galicia concentra uno de los mayores parques eólicos de España y la litigiosidad administrativa ha sido muy intensa.
Que la votación se haya resuelto por un solo voto de diferencia «evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso», señala la asociación en un comunicado. Además, la fractura numérica expone la división interna de un CGPJ que vive tiempos de bloqueo y críticas cruzadas.
Un voto de diferencia bastó para mantener a un juez fuera de los pleitos que la Xunta y los empresarios eólicos preferían que no examinase.
Reacciones: «corporativismo» y «decisión arbitraria»
Jueces para la Democracia considera que el Consejo General ha respaldado «la decisión arbitraria» de la presidenta de sala, y que con ello busca «evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica». La asociación advierte de que se está alterando «arbitrariamente la composición de un tribunal cuyas resoluciones resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos».
El movimiento, escudado en facultades organizativas de la presidencia de sala, ha sido interpretado por el sector progresista de la magistratura como una señal inquietante: el dominio conservador del CGPJ permite validar prácticas que erosionan la independencia judicial en el día a día de los tribunales gallegos.
Desde la Xunta no ha habido valoración oficial inmediata, pero fuentes del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna la comunidad con mayoría absoluta) se limitan a señalar que se trata de un asunto interno del Poder Judicial. Mientras, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del conselleiro de Industria para aclarar si hubo presión política sobre la magistratura en los litigios eólicos.
El Laboratorio Gallego
Lo que ocurre en la justicia gallega no se entiende sin la larga sombra del poder político. El PPdeG cumple más de tres lustros con mayoría absoluta en la Xunta, y durante ese tiempo el sector eólico ha sido uno de los motores de la polémica industrial y territorial de la comunidad. La decisión de apartar a un juez señalado por el propio Ejecutivo autonómico y por empresarios del ramo, y que el CGPJ, de mayoría conservadora, lo refrende por un solo voto, compone un paisaje de tensión institucional que preocupa dentro y fuera de Galicia.
A nivel nacional, este episodio conecta con la pugna por el control del Consejo General del Poder Judicial. La mayoría conservadora del CGPJ, vinculada al PP, está siendo cuestionada por su papel en decisiones de calado político. Que el voto decisivo fuera el de un vocal conservador refuerza las tesis de quienes ven un bloque alineado con los intereses del partido que gobierna en Galicia y aspira a hacerlo en España. La asociación progresista sitúa esta maniobra en el catálogo de prácticas que, en su opinión, alimentan la desconfianza ciudadana en la Justicia.
La proyección no es menor. Los próximos meses traerán nuevos pleitos sobre parques eólicos en la comunidad y, probablemente, nuevas solicitudes de recusación. Si se consolida la idea de que un juez puede ser apartado sin audiencia cuando sus resoluciones molestan al poder político, la calidad institucional gallega quedará bajo sospecha más allá de sus fronteras.
Ficha del Caso
- El caso: El CGPJ rechaza dos recursos contra el traslado forzoso de cuatro magistrados del TSXG, entre ellos el ex político y juez Luís Villares, que dejó de ver los litigios eólicos de Galicia.
- Datos importantes: Votación 11-10; la presidenta de sala no dio audiencia a los afectados; la asociación progresista denuncia corporativismo y «dudosa legalidad».
- Resumen: La justicia gallega se convierte en terreno de disputa entre el poder político, los intereses empresariales y la independencia judicial, con el CGPJ de mayoría conservadora validando una decisión interna que apartó a un juez sin escucharlo.
