La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este lunes, acerca de la polémica sobre el asunto del pin parental, que el PP ha asumido «los postulados de la extrema derecha y se ha radicalizado», aún sabiendo que lo que se está planteando es «ilegal».
En declaraciones a Telecinco, Díaz ha manifestado que lo que están planteando Vox y el PP es un «veto parental» que, por ejemplo, se recoge en el acuerdo de investidura que ambas formaciones suscribieron en Andalucía hace más de un año para la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.
A Díaz le preocupa el «nivel de manipulación» que algunos están haciendo de este asunto, como el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, pretenda comparar «asignaturas complementarias con las asignaturas extraescolares». Ha indicado que el asunto del pin parental afecta a asignaturas evaluables y que, por lo tanto, son obligatorias y que forman parte del currículo, y no a excursiones o a otras actividades extraescolares.
«El PP ha asumido los postulados de la extrema derecha, que ha querido reabrir un debate en la sociedad española que no estaba», según Díaz. Para la expresidenta de la Junta, el Partido Popular ha reconocido que una parte importante «del ideario de la extrema derecha lo ha hecho suyo y se ha radicalizado, lo que no es bueno para el país».
Ha dicho que esos partidos saben perfectamente que lo que «están planteando es ilegal» y lo que le «estamos pidiendo es que no lo hagan por la vía de los hechos». Ha defendido que los niños tienen unos derechos que tienen que estar protegidos. «Son sujetos de derecho y eso tiene que estar preservado y protegido por parte del Estado», ha apuntado.
Para Susana Díaz, dentro del debate sobre la educación privada y pública que hay en este país, la extrema derecha ha querido llevar la elección de centros a la elección de qué educación va a recibir el niño dentro de la escuela pública. «Quieren imponer su moral en la escuela pública«, ha indicado.
NOMBRAMIENTO DE DELGADO
De otro lado, sobre el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, Susana Díaz ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que «reúne todos los requisitos«. A su juicio, es una persona de «valía y experiencia y tiene que tener claro lo que marca Constitución: Que la Fiscalía General del Estado tiene que velar por la independencia del poder judicial y por la defensa del interés público».
Sobre las críticas de determinados partidos por la elección de Delgado para ese puesto, ha apuntado que le preocupa el nivel de crispación y encanallamiento que se está genera y el foco que estamos poniendo en determinadas instituciones «deslegitimándolas». Ha apuntado que le gustaría que la derecha española no se «asalvajara».
Uno de los vicepresidentes del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantendrán su sueldo equivalente a tres salarios mínimos (es decir, 2.700 euros al mes cada uno de ellos), según fuentes de Unidas Podemos. Lo extraño es que, según reflejan las cuentas, la hipoteca del famoso chalet de Galapagar se ha reducido en una cantidad cercana a la totalidad de los ingresos públicos de la pareja (siempre que hayan respetado la norma del código ético del partido). El préstamo lo adquirieron en mayo de 2018, y al año ya habían amortizado 65.000 euros de la hipoteca. Todo ello sin tener en cuenta los intereses. La clave está en que Iglesias cobró también como presentador y por derechos de autor. Ahora, como vicepresidente del Gobierno, ya no podrá contar con esos ingresos.
Las cuentas llaman la atención. Si Montero e Iglesias han mantenido su compromiso y han cobrado desde que adquirieron el chalet 2.700 euros todos los meses cada uno, habrían tenido que aportar mensualmente casi todos esos ingresos. Los 65.000 euros que se quitaron el primer año está cercano a los 75.000 anuales que cobraron entre ambos, siempre que hayan respetado el código ético del partido. Según la última declaración de bienes al Congreso de los Diputados, a los líderes de la formación morada les quedaba por pagar entonces 467.657 euros de los 540.000 adeudados.
La clave está en que esos tres salarios mínimos que deben cobrar, como máximo, los dirigentes de Unidas Podemos hacen referencia solo a los cargos públicos. Es decir, que Iglesias, si cumplió los estatutos de su partido, ha cobrado los últimos años 2.700 euros como diputado, pero más por sus ingresos privados, que no están sujetos a ningún código ético por parte del partido. El líder de la formación morada, además de ser diputado, ha recibido nómina por haber sido presentador del programa de televisión La Tuerka y por derechos de autor. Según su última declaración de bienes, cobró 46.460 euros en un año por «actividades económicas». Las incompatibilidades le impiden a partir de ahora trabajar como presentador.
Ahora, tras llegar a la vicepresidencia del Gobierno, Iglesias ha renunciado a su otro trabajo de presentador de La Tuerka. Y según han filtrado fuentes de Podemos, el líder de la formación morada y todos sus ministros seguirán cumpliendo la norma que dicta el código ético del partido.
El líder de Podemos cobrará como vicepresidente 78.000 euros anuales, e Irene Montero 73.000 como ministra. Pero se supone que darán lo restante a su propio partido o a las organizaciones que consideren. Iglesias ha dado dinero tanto a su programa de televisión La Tuerka como a su propio partido desde que Podemos irrumpiera en la política. Una práctica que han mantenido otras formaciones como Más País de la mano de su líder y cabeza de lista, Íñigo Errejón.
Ahora, todo parece indicar que mantendrán ese compromiso. Al menos es lo que afirman desde el partido. Sin embargo, con esos 5.400 euros deberán afrontar tanto los gastos de la hipoteca como el resto, siempre que no tengamos en cuenta otros ingresos privados que vengan de fuera.
LAS TRAMPAS DE ALGUNOS DIRIGENTES
El abogado díscolo de la formación morada, Manuel Calvente, avisó de que en Unidas Podemos se cometían irregularidades y trampas para falsear los compromisos éticos del partido. Sin embargo, los altos cargos insisten en que, especialmente los que están dentro del Gobierno, cumplen con lo autoexigido. Calvente, acusado de acoso sexual por la formación, asegura que algunos dirigentes de Unidas Podemos falseaban tanto los trayectos como los tickets del taxi con el objetivo de recibir más dinero en dietas.
Los últimos meses han sido difíciles para los líderes de Podemos, no solo por las declaraciones de Calvente, sino porque una de las escoltas de la pareja les ha denunciado por haberla utilizado presuntamente para realizar tareas de la vida diaria, como ir a hacer la compra.
Ahora, tras la tormenta que desataron Calvente y la escolta, algunos ponen en cuestión que Montero e Iglesias hayan respetado la norma de su código ético. Ya lo han incumplido al acumular seis cargos: vicepresidente del Gobierno, ministra, dos diputados, secretario general del partido y dirigente de la Ejecutiva. Pero ahora, teniendo en cuenta el elevado importe que han destinado a la hipoteca, los datos son más ajustados. Los gastos de la casa, las comidas, los traslados, la salus, los gastos de los hijos etc. sumado a lo pagado por la hipoteca, hacen que muchos se cuestionen hasta qué punto se puede sostener ese nivel de vida solo con los ingresos que prevé el código ético.
El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ha provocado más de una polémica. La exministra de Justicia sustituirá a María José Segarra. Así, Delgado dejaría la primera línea del Ejecutivo para pasar a formar parte del Poder Judicial.
Pero, ¿Cuáles son otras polémicas a las que se han enfrentado los fiscales generales en España?
EL NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO
El nuevo puesto de Dolores Delgado ha sido, sin lugar a dudas, el cambio más polémico del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues por su paso del Ejecutivo y de las listas electorales del PSOE a uno de los puestos claves de la Justicia sin otro tipo de puesto intermedio.
El nombramiento es completamente legal ya que, además, Delgado tiene un currículum adecuado para el puesto (fiscal de carrera con treinta años de experiencia), pero es un nombramiento que no ha sentado demasiado bien en la derecha española.
Son muchos los jueces y fiscales que han criticado este estrategia de Sánchez, pero el actual presidente del Gobierno cree que es la mejor opción y no quiere cometer los mismos errores que con anteriores fiscales generales.
PEDRO SÁNCHEZ Y SU GESTO A ERC
Como gesto de buena voluntad, Pedro Sánchez confesó que cambiaría a María José Segarra como parte de la negociación entre ERC y el PSOE. Y así ha sido. Serraga ha sido sustituida por Dolores Delgado ya que, en todo momento, ha mantenido una actitud de firmeza en esta causa y respaldado en todo momento a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la acusación pública en toda la instrucción y posteriormente el enjuiciamiento.
De hecho, la Fiscalía se ha opuesto a la totalidad de reclamaciones de los acusados, desde las peticiones de libertad de los acusados que concurrían a las elecciones hasta la de retrasar la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Asimismo, a pesar de que no tuvo éxito, la Fiscalía reclamó que se estableciese en sentencia que los condenados no pudiesen acceder al tercer grado SIN haber cumplido la mitad de la pena impuesta, algo que no sucederá hasta dentro de dos años para aquellos condenados a nueve, y de otros cinco en el caso de Oriol Junqueras.
Para la Fiscalía General del Estado, los acontecimientos del 1-0 y la posterior declaración unilateral de independencia fueron actos de rebelión y no deben quedar impunes.
ERC PIDIÓ LA SUSTITUCIÓN DE SEGARRA
Una de las presiones de ERC al PSOE sería la de sustituir a Segarra, cuya independencia ha sido puesta en valor por todos los fiscales y asociaciones. Pedían a otro que no tuviese unos planteamientos tan rígidos en este procedimiento, un fiscal que estuviese más en sintonía con los gestos que reclaman los independentistas.
Esto ocurre porque cada seis meses, como máximo, se debe hacer una nueva evaluación de los internos y adecuar su clasificación. Este es el plazo máximo, es decir, que nada impide que se pueda hacer en dos meses o cuando se estime oportuno. Por tanto, la figura del fiscal general es clave en este proceso. Y María José Segarra no cedería.
SÁNCHEZ AFIRMA QUE LA FISCALÍA DEPENDE DEL GOBIERNO
En una entrevista en la RNE, Pedro Sánchez realizó una afirmación a raíz de la situación de Puigdemont por la que luego tuvo que retractarse. «¿La Fiscalía de quien depende? ¿De quién depende?». El propio periodista le contestó «del Gobierno», a lo que Sánchez apostilló un «Pues ya está».
Pero poco después, el actual presidente del Gobierno se vio en la necesidad de reconocer que no había estado muy acertado, pero esa idea quedó muy marcada en el terreno político.
Así que, tras la formación del Gobierno, Pedro Sánchez ha sustituido a Segarra en primer lugar.
DENUNCIAS POR PREVARICACIÓN
En 2015, se realizó una denuncia por prevaricación a algunos de los últimos fiscales generales del Estado, concretamente a Jesús Cardenal, Conde Pumpido y Torres Dulce. La denuncia se concibió como una primera parte de una estrategia que llevaría el caso incluso ante la ONU.
La raíz de este problema era la inaudita ausencia en España de la figura del fiscal prevaricador. Para la Justicia española, un Fiscal no puede prevaricar sencillamente porque no existe la tipificación de ese comportamiento en la Ley. Esto termina permitiendo prevaricar impunemente al Fiscal, que vaen contra de la Constitución Española, el derecho internacional y el sentido común.
Según dijeron, «la Fiscalía General del Estado se ha convertido en la piedra angular de la corrupción en España. Está defendiendo a Infantas, al Rey, a banqueros, a políticos y empresarios corruptos sobre los que pesan indicios de delito… al mismo tiempo que persigue, con idéntica saña, a auténticos “robagallinas””.
Con esta acción, AJURA pretendía corregir una legislación que ampara la impunidad de aquellos que administran la Justicia del Estado.
Irene Montero ha formado un equipo de mujeres para liderar la importante tarea del Ministerio de Igualdad. Su directora de Gabinete será Amanda Meyer, quien ha tenido una trayectoria política importante como miembro de Izquierda Unida, especialmente en la Junta de Andalucía. Durante su etapa en la comunidad autónoma trató diversos temas, incluidos los asaltos de su compañero en IU Juan Manuel Sánchez Gordillo a los supermercados; un acto muy criticado por muchos partidos, pero que Meyer defendió.
“En este momento de crisis, cuando están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”, dijo en 2012 el diputado de IU Gordillo mientras entraba a un supermercado. Este gesto saltó a todos los titulares de los medios y obligó a todos los partidos políticos a tomar una posición.
La mayoría criticó duramente el gesto de Gordillo, incluidos muchos miembros de Izquierda Unida. “Sánchez Gordillo se manifiesta contra la participación de IU en el Gobierno. Yo, contra la barbaridad de que este diputado asalte supermercados”, escribió entonces en su cuenta de Twitter el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ahora condenado a prisión tras el juicio de los ERE de Andalucía. En IU se respiraba un ambiente de tensión, pero Meyer no entendió que se señalara a Gordillo, cuando era el «débil» de la ecuación.
Las palabras de Griñán no gustaron a Meyer, quien no tardó en replicarle y defender a su compañero de partido. “Presidente no señale al débil mientras nos roban a manos llenas gracias a la reforma constitucional que pactaron ustedes con PP”, escribió quien ahora es la mujer de confianza de Irene Montero.
Los revolucionarios de Gordillo, el líder, fueron a un supermercado de la cadena Mercadona en Écija y llenaron una serie de carros de la compra con todo tipo de productos sin cortarse (y sin pagar). Aceite, azúcar, pasta, bollería… todo lo que pasaba frente a los revolucionarios acababa en su carro para después saltarse la caja y ni si quiera pestañear al pasar por delante de las cajeras (o cajeros).
El miembro de IU Gordillo siempre defendió que todos los alimentos que habían robado, o «expropiado», fueron a parar a una ONG. Pero la semilla de la revolución estaba sembrada. Y las acciones de Gordillo no quedaron sin respuesta. Mientras Mercadona anunciaba que iban a denunciar a los asaltantes, en Arcos otro grupo de expropiadores se echaron a las calles, carrito de la compra en mano, para continuar la revolución que estaba arrasando en Andalucía. “La consigna es clara. Entrar, si podemos, y coger artículos de primera necesidad. Solo artículos de primera necesidad”, decía el grupo mientras se disponían a asaltar un Carrefour.
“Ni chocolate, ni yogures, ni postres. Azúcar, aceite, legumbres, leche, galletas normales de las María de siempre”, afirmaron los asaltantes del Carrefour. Lo tenían claro, se trataba de hacer un gesto simbólico para demostrar a los poderosos que los de abajo podían tomar las riendas.
En este contexto, muchos de los miembros de Izquierda Unida levantaron la voz contra Gordillo y criticaron su actitud. Sin embargo, hubo algunos dentro de la formación a nivel autonómico que defendieron, o al menos entendieron, los asaltos a supermercados. Meyer, quien ahora es un alto cargo del ministerio de Igualdad, consideró que todas las críticas y mofas a estos grupos vulnerables no eran de buen gusto.
Para Meyer, la culpa de que Gordillo estuviera asaltando supermercados era del Partido Popular, de la reforma laboral que ahora Unidas Podemos junto a los socialistas no derogarán en su totalidad, y de la corrupción que tanto ha robado a los ciudadanos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los vecinos agrupados en la Asociación de Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa (ADPCR) al declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP) de la Comunidad de Madrid la totalidad de la parcela que ocupa el Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el número 198 del Paseo de la Habana, incluidos los jardines que, por extensión, suponen la segunda superficie arbolada del distrito de Chamartín, con más de 450 árboles, solo por detrás del Parque de Berlín.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, da carpetazo a una lucha iniciada por vecinos del barrio de Nueva España para salvar no solo el convento de las Damas Apostólicas, un edificio de estilo neomudéjar construido en 1929 —protegido por ley al ser anterior al año de inicio de la Guerra Civil española— y que comenzó a demolerse de manera irregular en 2017, sino la totalidad del conjunto conventual con su finca, jardines y huerto.
TODO COMENZÓ EN 2017
En 2017 la promotoraGlobal Alchibacompró el terreno de 16.848 m² donde se ubica el convento de las Damas Apostólicas, en el barrio residencial de Nueva España, al norte de Madrid, a cinco monjas octogenarias.
En junio de ese año comenzaron a tirar abajo la edificación para construir una residencia de estudiantes valiéndose de una declaración responsable, un procedimiento rápido para aligerar la tarea de dar licencias que concede el Ayuntamiento de Madrid. Pero la promotora no había contado con la oposición de los vecinos, que nada más percatarse de lo que estaba ocurriendo, sin haber sido siquiera informados de que se iba a producir una demolición colindante a sus viviendas, comenzaron a movilizarse.
De este modo, tan sólo un día después de que comenzaran las obras, la Comunidad de Madrid ordenó su paralización al comprobar la directora general de Patrimonio, Paloma Sobrini, que el convento estaba protegido por tratarse de una construcción anterior a 1936.
El problema radicaba en que dicha protección no constaba en el catálogo donde deben figurar todos los edificios protegidos, una tarea que depende del Ayuntamiento. Al percatarse de esto, el gobierno regional ordenó a la promotora no sólo paralizar la destrucción sino la tarea de reconstruir la parte del edificio ya derruida.
BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL
El 3 de abril de 2018 el Consejo de Gobierno de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid apruebó del Decreto número 28/2018 por el que se declaró Bien de Interés Patrimonial determinados elementos existentes en la parcela de Paseo de la Habana.
Sin embargo, la asociación consideró insuficiente esa declaración y el 5 de junio presentó un recurso por entender que es obligado incorporar la catalogación de Bien de Interés Patrimonial, además de las edificaciones y la parte sur y oeste del jardín, la parte este y norte del mismo, en definitiva, de la totalidad de la parcela.
Para esta petición los vecinos se ampararon en el artículo 4.3.6 del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid (PGOU) de 1997 que señala que “la existencia de edificios catalogados implica extender ese nivel a la totalidad de la superficie de parcela, sin que se permitan en ella más obras que las autorizadas en función del nivel de protección establecido en la catalogación”.
La asociación quiso terminar así con las pretensiones de la promotora que, al no ser declarada BIP toda la parcela, pretendía construir en las zonas libres de esa catalogación de modo que el convento protegido quedara oculto tras el nuevo edificio perdiendo así su valor patrimonial.
En paralelo al recurso de la asociación vecinal, Global Alchiba, presentó otro en el que pedía declarar la nulidad del decreto o, subsidiariamente, la parcialidad del mismo, en lo que se refiere a la protección o afectación de los jardines y de los espacios libres no ocupados por edificaciones protegidas.
LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A LOS VECINOS
Finalmente, la Justicia ha resuelto a favor de los intereses vecinales al considerar que “debe descartarse, de entrada, la tesis de Global Alchiba no pudiendo aceptarse la conclusión de que la protección haya de reducirse al edificio del Noviciado y la Iglesia por el hecho de que el proyecto del arquitecto Críspulo Moro Cabeza bajo el que se construyeron, y que en parte les atribuye especial interés, no haga referencia a jardines o huertas”.
El TSJM argumenta que “no se trata de proteger en sí mismo el jardín o las huertas, sino de proteger el conjunto, puesto que el conjunto es lo que presenta interés como rememoranza histórica de la forma de vida que representaba”.
Así pues indica que “sin perjuicio de que la finca haya sufrido distintas mermas, se considera que la existente debe incluirse como parte de lo que representaba el Noviciado, pues en definitiva completa la singularidad que viene a protegerse con su declaración de Bien de Interés Patrimonial”.
Con todo, la sala evita condenar en costas a la promotora al considerar “que la cuestión planteada presentaba serias dudas de hecho y de derecho”. La sentencia es recurrible mediante recurso de casación al Tribunal Supremo pero, según ha podido saber MONCLOA.COM, el abogado de la asociación vecinal cree que tiene muy pocas probabilidades de prosperar.
El cine europeo se mira al ombligo, ‘Dolor y gloria’, y en el extranjero se actualiza la lucha de clases: ‘Joker’ es la venganza de una víctima del desguace del Estado social que lidera involuntariamente una revolución y la surcoreana ‘Parásitos’, la película del año, nos muestra a una familia humilde que vive en un semisótano y que ‘se cuela’ a trabajar en un chalet de unos millonarios.
Los pobres, que podrían ser en este símil los de Podemos, son chicos listos y preparados que ayudan a unos VIP escasamente dotados para la vida que otorgan un papel vital a la imagen, véase el doctor Pedro Sánchez.
EL OLOR DE ‘PARÁSITOS’ Y LA PREDICCIÓN
El olor es la clave de ‘Parásitos’ y Podemos, que ha tenido que soportar que diputados como Iván Espinosa de los Monteros digan con arrogancia y desprecio que no se duchan, tendrá que duchar a diario sus ideas para poner en su sitio a los clasistas que les miran con arrogancia.
Contra los clasistas habló Iglesias en la presentación de ‘Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de internet’. En esta obra de Manuel Castells, nuevo ministro de Universidades por la cuota de los comunes, se relaciona las oleadas contestatarias promovidas desde internet que alteraron la agenda política de Túnez, Islandia, Estados Unidos o España.
En aquella cita Iglesias cargó contra los «antidemócratas» que regían Europa, señaló que los medios de comunicación eran los ventrílocuos de las élites por hacer ver que el problema del Viejo Continente eran «populismos» como Syriza o Podemos y realizó una predicción política que ahora ha cristalizado.
ESPAÑA 2020
Boqueando en el asfixiante verano del 2015 Iglesias reconocía junto a Castells que un país del sur de Europa podía hacer «poquito» ante fuerzas como Alemania. Y se preguntaba, (minuto 55): «‘¿Qué es lo único que podemos hacer? Acumular un poco más de poder administrativo, doblarle el brazo a los socialdemócratas y que giren».
Cinco años después Podemos no ha ganado más poder administrativo, sí ha logrado más peso estratégico y proyecta menos miedo en las élites. Pero en 2020 los socialdemócratas, el PSOE, han girado a su favor. Iglesias reconocía entonces que no podían hacer «grandes cosas», pero apuntaba tres claves.
Y estas eran que podían conseguir una reforma fiscal, ahora apunta a las rentas altas con el IRPF, aspirar a «la desprivatización de la sanidad», circunstancia que no será fácil, y reforzar «a la educación pública».
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez abraza al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
El nuevo vicepresidente segundo del Gobierno ya había rebajado el listón de 2014 tras ser lastrado por los medios mayoritarios con Venezuela, Grecia y ETA como munición recurrente, y aseguraba que pedía simplemente con lo que soñaba hace treinta años la Democracia Cristiana en Italia, que en los ochenta podía ser homologado al PNV o a un sector centrista de Alianza Popular.
«CUATRO AÑOS TARDE»
Podemos ha pisado moqueta con menos de seis años de vida. Este movimiento político surgido en cineclubs de la Complutense y ‘La Tuerka’ fue una escisión rejuvenecedora de una Izquierda Unida que ni sabía leer los tiempos que venían, ni se pegaba por aparecer por los platós.
Hace unos días, en la sesión de investidura, Íñigo Errejón prestó el voto a la investidura que conlleva que su mayor enemigo político, Pablo Iglesias, sea vicepresidente mientras él aguarda su turno en el gallinero.
Errejón pronunció una frase que pasó desapercibida por el ruido momentáneo: «Este acuerdo llega cuatro años tarde». Y es que a inicios de 2016 era el líder de Más País el que rompía sentimentalmente con Iglesias por la negativa del número uno de Podemos a facilitar un Gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos.
Iglesias, que como buen cinéfilo quizás hay visto ‘Parásitos’, podría defenderse con que Sánchez y Rivera tenían un programa social light, aunque en realidad Podemos aspiraba a que un pacto con IU facilitase su sorpasso sobre el PSOE en 2016 que no llegó.
La asociación pro-israelí ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) ha criticado el nombramiento como Ministra de Igualdad de Irene Montero (Unidas Podemos), ya que han considerado que, a través de fake news, ha promovido «el odio a los judíos y la exclusión xenófoba» durante los últimos años, según la versión de esta organización.
ACOM no ha dudado en utilizar las redes sociales para mostrar su descontento y ha argumentado su malestar con unas capturas de pantalla de unos tweets de Irene Montero en los que se posicionaba a favor de Palestina y reprende las actuaciones de Israel en este conflicto. El primero de estos es del 1 de julio de 2014, cuando el Ejército israelí bombardeó la franja de Gaza (Palestina), Irene Montero se solidarizo con el pueblo palestino y apelaba a su libertad. «Solidaridad con Gaza. Israel y su Gobierno genocida violando DDHH con total impunidad. Queremos Palestina libre«, sentenció la política.
En el segundo tweet que ha destacado ACOM, y tan solo 16 días después del anterior, Montero criticaba el silencio internacional que se había instaurado en torno al conflicto que se producía entre Israel y Palestina. «Continúa el genocidio. Élites políticas internacionales callan, potencias imperialistas cómplices. Nos duele«, lamentaba la actual Ministra de Igualdad.
Asimismo, en el año 2018 se hicieron virales unas declaraciones de la portavoz de exteriores de Israel, Michal Maayan, en las que afirmaba que disparaban a los palestinos situados en la Frontera de Gaza porque no podían «meter a todos en la cárcel» y rápidamente matizó sus palabras al explicar que se trataba de «cientos de personas que estaban atacando el vallado» y defendía que el ejército «no disparaba a matar sino a disuadir«. Ante estas palabras, Irene Montero se cuestionaba qué tipo de Gobierno podía decir esas cosas y pedía poner fin a los ataques y asesinatos a la sociedad palestina.
Ese mismo año, aunque a principios de 2018, Montero mostraba su apoyo a la activista palestina, Ahed Tamimi, juzgada por golpear a un militar israelí, tras disparar, otros soldados, una bola de goma al primo de esta de 15 años, al que dejaron secuelas permanentes. «Ahed Tamimi, de 16 años, será juzgada por un tribunal militar con un indice de condenas del 99,7 por ciento. La familia Tamimi lleva años privada de acceso a agua por la presión de una colonia israelí cercana. Palestina libre», manifestaba Irene Montero.
Por estas razones, ACOM considera que la Ministra de Igualdad «lleva años promoviendo la discriminación inconstitucional contra la minoría judía e israelíes en España, acudiendo sin rubor a fake news y mentiras».
«HONDA PREOCUPACIÓN» POR EL NUEVO GOBIERNO
En el periodo de Navidades, cuando los rumores sobre los posibles pactos para investir a Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno se confirmaban, ACOM manifestaba una «honda preocupación» por el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, calificaba a los partidos políticos españoles de «amigos o no amigos» de Israel y mostraba su apoyo a PP, Ciudadanos y Vox.
En el comunicado difundido, al que tuvo acceso diario16.com, lamentaban que Pablo Iglesias fuera Vicepresidente, al que consideraban «líder de la formación chavista y pro-iraní«. Además, advertían del peligro que tenía para España tener un gobierno antisemita y señalaban como responsable a Pedro Sánchez. «Es absolutamente irresponsable, inaceptable y peligroso por parte del PSOE, y muy especialmente de su Secretario General y Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el integrar en el Gobierno de la nación a un partido netamente antisemita que ha propugnado una campaña de odio y discriminación contra los judíos y que mantiene vínculos activos y evidentes con un régimen yihadista con ambiciones genocidas como es el iraní», indicaba el comunicado.
Asimismo, ACOM tachaba de «intolerable» que el PSOE aceptase el apoyo de Unidas Podemos con el objetivo de llegar a La Moncloa, lo que suponía un hecho «inédito» en la Unión Europea, porque sería la primera ocasión que un partido no garantiza el respeto y la seguridad de la minoría judía del país, a la que apelaban a hacer un boicot contra ella y «glorifica» el terrorismo contra los ciudadanos israelíes.
Es la primera vez en Europa, desde la derrota del nazismo, que una formación política que promueve la destrucción del hogar de los judíos, y solo de los judíos, accede al poder en un país europeo occidental», entendía ACOM.
Por otro lado, recientemente se conocía la muerte del general iraní, Qasem Soleimani, por parte de los Estados Unidos, y desde ACOM, aparte de celebrar la eliminación del «conocido terrorista internacional«, criticaba la actitud de Podemos «al salir en tromba del podemismo en defensa de un régimen homófobo, misógino, teocrático y represivo como el iraní». «No puede sorprendernos, dado que ese mismo régimen patrocinó el nacimiento de Podemos y en su órgano de propaganda en español, Hispan TV, emplea y financia a Pablo Iglesias y su séquito para que, entre otras cosas, lancen sus mensajes más virulentamente antinorteamericanos y antisemitas», subrayaba la organización.
Los diputados del Congreso deben registrar sus bienes y rentas en el momento en el que recogen el acta como diputado para fomentar la política de transparencia que durante los últimos tiempos se ha instaurado en los diferentes gobiernos que existen en España.
Esto es el caso de los 52 políticos de Vox que han accedido a la Cámara Baja tras las elecciones del 10-N, que han tenido que registrar sus propiedades, entre las que destacan un coche de 1965 del secretario general, Javier Ortega Smith, o la afición por las motos del diputado por Albacete Rafael Lomana que posee dos Harley Davidson
SANTIAGO ABASCAL
El líder de la formación de ultraderecha en el apartado de vehículos tiene a su nombre un coche y una moto. Abascal posee un Jeep Commander que, según webs expertas en motor, se trata de un todoterreno de lujo «peculiar» que pasó sin pena ni gloria por España. Este modelo se dejó fabricar en 2010 aunque el político pudo comprarlo antes de que se retirara.
Este modelo tiene una potencia de 218 caballos de vapor (CV) con un consumo medio de 10.8 litros por 100 kilómetros. Su precio, en su momento, oscilaba entre los 51.000 euros de la versión diésel a los 55.700 euros que cuesta el gasolina. Cuenta con siete plazas, ideal para Abascal, su mujer y sus cuatro hijos. La moto es una BMW R80RT que combina las características clásicas de la moto junto con actualizaciones modernas. Tiene 797 CV y es un reediseño de un modelo de 1991.
IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Foto: Gtres.
El portavoz del grupo parlamentario de Vox tiene un BMW 220 de 2016 con un precio cercano a los 34.000 euros. Un coche capaz de llegar a los 100km/h en siete segundos. Es un modelo gasolina con 184 CV y un consumo medio de 5.7 litros por 100 kilómetros.
Espinosa de los Monteros fue el último diputado de Vox en registrar todas sus propiedades. Además, su declaración, registrada en junio de 2019 aunque publicada meses después, fue publicada primero por Twitter por él mismo, cansado de esperar a la Cámara Baja.
JAVIER ORTEGA SMITH
El récord de antigüedad de un vehículo en el Congreso de los Diputados es para el secretario general, que cuenta en su haber con un Opel Record Olimpia de 1965, un modelo casi inexistente en la actualidad. Este modelo montaba diferentes motores. La lista mecánica se iniciaba en un 1.500 cc y llegaba hasta el bloque seis cilindros de 2.6 litros. Su producción concluyó en 1986.
A pesar de este modelo histórico, Ortega Smith conduce de manera habitual un Opel Astra de cinco puertas que adquirió, según el documento oficial, en el año 2017. Este vehículo es diesel con 136 CV y con un consumo urbano de 5.6 l/100 km y con un precio entre lo 15.000 euros y los 20.000.
RAFAEL LOMANA
Rafael Lomana jurando el cargo de Diputado. Foto: Twitter
El diputado por Albacete, Rafael Lomana, tiene en su garaje dos Harley Davidson. La primera de estas la adquirió en el 2005 y es una Softail Springer. Este modelo se puede conseguir en diferentes páginas de segunda mano por algo más de 10.000 euros.
La segunda es de 2016 y es una Harley Davidson Iron 883. Esta moto cuesta más de 11.000 euros, de acuerdo con la página de Harley Davidson, y tiene una cilindrada de 883 ccm, con un consumo medio de 4,8 l/100 km.
MACARENA OLONA
La diputada alicantina por Granada posee uno de los coches más caros de toda la Cámara Baja. Olona tiene un Porsche Panamera de 2013. Este vehículo, considerado de lujo, tiene un precio de más de 100.000 euros.
Hay diferentes versiones del modelo de la política, aunque la página oficial de la marca de coches indica que tiene 330 CV y cuenta con un consumo medio de combustible de 11.5 l/100km.
Sagardoy Abogados ha empezado el año con buen pie. La Universidad Autónoma de Madrid ya le había reportado beneficios a lo largo de 2019. Y su gran gestión ha llevado a la Universidad Carlos III a seguir los pasos de la UAM. Ambos centros educativos han sido denunciados por la Seguridad Social por contratar a becarios de forma irregular. Y ambos han recurrido al bufete que ideó la reforma laboral para defenderse de las demandas de las inspecciones de trabajo. La tarifa plana de Sagardoy Abogados para defender a los rectores de sus becarios es una cifra redonda: 90.000 euros que provienen de las arcas públicas.
Sagardoy Abogados está sacando rentabilidad de la presunta mala praxis de las universidades madrileñas. En aproximadamente un año, el bufete que estuvo detrás de los mimbres de la reforma laboral de Mariano Rajoy se ha embolsado 180.000 euros públicos procedentes de la UAM y de la Universidad Carlos III. Unos datos que, sumados a otros contratos públicos, señalan que Sagardoy se ha embolsado casi 300.000 euros de las arcas públicas en los dos últimos años.
El bufete está al pie del cañón. Las inspecciones de trabajo dejan a su rastro empresas y centros con necesidad de defenderse por haber cometido presuntamente irregularidades en las contrataciones. Y si se trata de defender la que muchos consideran precariedad laboral, el bufete se presta. Sagardoy también ha defendido a otras empresas denunciadas por sus trabajadores como Glovo o Deliveroo. Y siempre de parte de los empresarios.
El motivo por el que las universidades se han decantado por Sagardoy para representar los intereses del rectorado es simple: dos de los miembros del bufete que ideó la reforma laboral han servido como representantes públicos; uno como abogado del Estado y otro como inspector de trabajo.
En los últimos cinco años, Sagardoy Abogados ha recibido por prestar sus servicios alrededor de 700.000 euros públicos, según se puede ver en el portal de contrataciones del Estado. No solo las universidades se han beneficiado de los servicios de estos abogados expertos en el ámbito laboral (al menos desde el punto de vista empresarial), también otros como la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (14.950 euros), ENUSA Industrias Avanzadas S.A (casi 20.000) o la Dirección Económico-Financiera de ENAIRE (por 250.000 euros).
Lo llamativo es que la defensa de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Carlos III ha costado lo mismo al erario público. La tarifa (o la oferta presentada) de Sagardoy Abogados a ambas universidades es de unos 90.000 euros. «El despacho de abogados Sagardoy Abogados ha presentado una oferta de servicios fundamentada, principalmente, en el equipo profesional que llevaría a cabo las prestaciones», ha afirmado la Carlos III.
«Tanto sus currículos académicos como, en dos de los casos, su condición de exfuncionarios (como Abogado del Estado e Inspector de los Servicios de la Administración General del Estado e Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente), otorgan al equipo atribuciones bastantes», detalla el rectorado de la Universidad. De este modo, tener de su parte a un exabogado del Estado y a un exinspector de trabajo puede ser garantía de éxito. Al menos lo ha sido de momento en el caso de la Autónoma.
El juicio de la Seguridad Social contra la Universidad Autónoma de Madrid lo ganó el rectorado con la ayuda de Sagardoy. Al menos de momento, ya que todos los becarios y doctorandos afectados piensan recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión. La inspección de trabajo determinó que la UAM había contratado becarios de forma irregular, con el objetivo de cubrir puestos de trabajo estructurales. Pero el bufete que ideó la reforma laboral tumbó el criterio de la Seguridad Social.
Sagardoy tiene una relación estrecha con la administración pública. Al menos sabe moverse bien en ese ámbito para conseguir contratos públicos que les reportan beneficios. Pero el bufete también ha tenido mucha relación con los partidos políticos. Especialmente con el Partido Popular.
Este despacho asesoró y estableció la base ideológica de la reforma laboral que aplicó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 2012. De hecho, Íñigo Sagardoy, uno de los socios del bufete, es el autor del libro 100 preguntas sobre la reforma laboral. Una de las especialidades de estos abogados es el asesoramiento laboral. Algo que hicieron con varias empresas, como las compañías de reparto Glovo y Deliveroo. Además, Sagardoy está relacionado con el ERE que quiso aplicar Coca-Cola en España.
Se están intensificando las voces que arremeten contra los movimientos sociales reconvertidos en agrupaciones de electores que, siguiendo la estela de fuerzas como el PNV, CiU, Coalición Canaria o recientemente el PRC de Revilla, están ‘chantajeando’ al bipartidismo: apoyo a cambio de inversiones en infraestructuras en la ‘España vaciada’.
El mayor ejemplo de ello es Teruel Existe, cuyo diputado, Tomás Guitarte, se ha convertido en un cargo público insultado, amenazado y perseguido por el simple hecho de cumplir lo que prometió en campaña: votar a la primera fuerza a cambio de que le prometieran cumplir ‘la agenda turolense’.
EL EJEMPLO DE LA ESPAÑA VACIADA
Ángel Negro, periodista de Antena 3, relata en un comentadohilo de Twitter«un ejemplo doloroso» de la ‘España vaciada’: su abuelo, de 80 años y natural de la ciudad de Benavente, llevaba ocho días sin poder someterse a sus sesiones de radioterapia porque una máquina ubicada en el hospital de Zamora seguía estropeada.
Al abuelo de Negro, que está postrado en una silla de ruedas, le llevan en la ambulancia cuando no puede hacerlo ninguno de sus familiares y un trayecto de apenas cuarenta kilómetros se prolonga durante dos horas por las múltiples paradas que sufre.
CRÍTICAS A TERUEL EXISTE
Varios medios madrileños están arreando fuerte a fuerzas consideradas como neocarlistas o cantonales. Cierto es que muchas de las críticas son superficiales y en escasas ocasiones los intelectuales han bajado al barro para analizar a fuerzas como Teruel Existe o plataformas como Soria Ya.
La personalidad política que más empeño ha mostrado en los últimos tiempos en desactivar a este tipo de fuerzas es Ignacio Urquizu, alcalde socialista de Alcañiz y diputado autonómico de Aragón (tras ser rescatado por Javier Lambán después de que Pedro Sánchez lo echase de las listas estatales por su apoyo a Susana Díaz).
Teruel Existe firmó con el PSOE.
Urquizu, profesor de Sociología, asegura en eldiario.es que fuerzas como Teruel Existe conllevan un «desafío para la democracia» porque con su irrupción en el Congreso «la democracia se debilita» y porque su ejemplo «tiene consecuencias profundas para el funcionamiento de nuestra democracia».
VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN
El socialista asegura que «el surgimiento de fenómenos como Teruel Existe ya no tienen nada que ver con las convicciones, los valores o las ideas. Lo que ponen sobre la mesa ni siquiera es un modelo de sociedad».
«Las reivindicaciones que introducen en la agenda son, principalmente, sobre comunicaciones, mostrándose herederos del cantonalismo más tradicional. Esto implica una jibarización del debate democrático. Los grandes ideales y las políticas públicas desaparecen de la deliberación, para dar paso a una discusión sobre autovías, estaciones de trenes o vías ferroviarias», añade.
Urquizu asegura que «el efecto imitación es una tentación. Plataformas como Soria Ya, Viriatos Plataforma Ciudadana (Zamora) o Cuenca Ahora se pueden plantear seguir los pasos de Teruel Existe. Si el grupo mixto en el Congreso de los Diputados puede alcanzar esta legislatura los diez grupos políticos, en un futuro no muy lejano esta cifra nos parecerá pequeña».
Este socialista, tardío aprendiz de Ortega, parece recordar los pasajes que escribió el maestro hace un siglo en ‘España invertebrada’: «El proceso de desintegración que avanza en riguroso orden, desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de una dispersión interpeninsular».
POLÍTICA DEBILITADA Y ESPAÑOLES DE SEGUNDA
Urquizu, y otros políticos, echan de menos la estabilidad ante la llegada de la nueva política que ha fragmentado el Congreso hasta tal punto que la dinámica española a nivel político es mimetizarse con Italia y coleccionar gobiernos en frenesí sin tener que sobreactuar ante el tiempo nuevo que se avecina.
Este hecho evidencia que elPSOE y el PP echan de menos tiempos pasados: aquellos en los que la nueva política no fiscalizaba sus actuaciones, aquellos en los que la Justicia no les miraba bajo siete lupas y aquellos en los que pequeñas fuerzas no les hacían tanta pupa, a excepción del PNV.
Socialistas y populares echan de menos cuando tocaron techo en las urnas: marzo de 2008. Hace casi doce años, lo hemos sabido a través de diversas sentencias judiciales, en el seno de ambos partidos se cometían fechorías variadas en el ámbito económico, el Gobierno aplicaba unos recortes inauditos y de la España vaciada solo se acordaban los aspirantes a poeta.
ANHELOS DEL BIPARTIDISMO
El PSOE y PP echan de menos el bipartidismo. En aquellos tiempos Zapatero prometía una colección de revoluciones para Teruel que se quedaron como partidas no ejecutadas del presupuesto. Teruel, guiño exótico del progresismo madrileño, se quedó sin promesa en firme hasta que Tomás Guitarte y otros compañeros bajaron al barro y ganaron en su provincia el 10-N.
La España vaciada, harta de ver como las inversiones en infraestructuras se quedan en megaurbes comoMadrid, ahora puede condicionar la agenda y lograr vertebrar un país mediante inversiones descentralizadas.
Porque no parece de recibo que el tren que lleva a Extremadura tenga traviesas del siglo XIX, que la conexión ferroviaria entre Soria y Madrid tenga la velocidad de un autobús y que Galicia lleve décadas esperando que la conexión del AVE con la capital se complete.
GRIETAS
Se está pasando por alto las grietas que están surgiendo en las plataformas rurales: en la coordinadora Revuelta de la España vaciada hay algunas fricciones que están siendo verbalizadas desde el colectivo zamorano Viriatos.
Antes de las elecciones mostraron su enfado porque dos de las plataformas se han erigido como representantes de toda la ‘España vaciada: «¿Con qué criterios Teruel Existe y Soria Ya representan y hablan en nombre de los más de 100 colectivos? ¿Cuáles de esas plataformas y asociaciones que conforman estas mareas son genuinas representantes de la población civil del mundo rural?».
La Policía Nacional ha detenido en Sagunto (Valencia) a 30 personas por su implicación en una red ilegal dedicada al amaño de parejas de hecho. La organización criminal se encargaba de regularizar la situación de inmigrantes de origen magrebí.
El grupo delictivo desarticulado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaba fuertemente asentado en la localidad valenciana. Sin embargo, contaba con ramificaciones en Marruecos, Francia, Italia y Bélgica. Dada la implicación de otros países, la Policía Nacional contó con la colaboración de EUROPOL, que desplazó una oficina móvil a Sagunto para la coordinación entre los países implicados.
Las falsas parejas de hecho se encontraban formadas por mujeres españolas e inmigrantes varones. Esto permitía a los segundos regularizar su situación legal en España, para lo cual solicitaban la tarjeta de residencia de familiar comunitario. El entramado criminal contaba con la colaboración de diversas gestorías y empresas localizadas en Sagunto. Estas daban cobertura a esta actividad ilegal que habría proporcionado un beneficio cercano al millón de euros.
La investigación policial se inició después de que la Policía Nacional tuviese conocimiento de la existencia de irregularidades en varios expedientes de solicitud de autorización de residencia a través de la unión de parejas de hecho, todos ellos en la localidad de Sagunto. Esto hizo que se levantasen las sospechas y se procediese a iniciar una investigación que finalmente destapó la trama ilegal.
Tras realizar diferentes gestiones, los agentes pudieron determinar la existencia de un grupo criminal dedicado a regularizar la inmigración irregular a través de falsas uniones de hecho. La organización estaba especializada en promover la formación de parejas de hecho fraudulentas, de manera que inmigrantes varones lograban regularizar su situación legal en España.
COLABORACIÓN DE EMPRESAS Y GESTORÍAS DE SAGUNTO (VALENCIA)
La organización delictiva contaba con la colaboración de varias empresas de Sagunto para la comisión del delito. De hecho, dos de los principales responsables del entramado criminal, uno francés y otro español, ambos de origen marroquí, eran los propietarios de varias empresas sitas en la localidad valenciana.
En estas empresas se daba de alta como trabajadoras a aquellas mujeres que eran captadas por la red y que estaban dispuestas a simular uniones de hecho. De las labores de captación se encargaba una pareja española residente en Sagunto.
Las mujeres captadas por la organización simulaban las uniones de hecho, siempre sin que hubiese una convivencia real con el inmigrante. A cambio de ello recibían una contraprestación económica de 3.000 euros.
A pesar de haber sido dadas de alta como trabajadoras, la Policía Nacional pudo certificar que ninguna de estas mujeres desarrolla actividad alguna en esas empresas. La única finalidad de su inscripción en la plantilla de trabajadores de las mismas era el acreditar los medios económicos suficientes para poder cumplir con uno de los requisitos que son exigidos para poder formalizar una pareja de hecho.
Asimismo, la red hacía uso de tres gestorías de Sagunto. Estas se encargaban de realizar toda la tramitación necesaria para poder regularizar con éxito a los inmigrantes.
Los agentes de la Policía Nacional practicaron ocho registros en la provincia de Valencia, en los cuales incautaron numerosas joyas y 10.775 euros en efectivo.
HASTA 12.000 EUROS POR SU REGULARIZACIÓN
Los inmigrantes, que eran reclutados por diferentes miembros de la organización distribuidos por España, Francia y Bélgica, debían pagar varios miles de euros para poder regularizar su situación a través de la red criminal.
La organización cobraba a cada uno de ellos 8.000 euros si eran inmigrantes que ya se encontraban en la Península Ibérica. Si tenían que ser trasladados desde otros países a España, el precio ascendía a cifras de entre 10.000 y 12.000 euros.
Para efectuar el traslado, el entramado criminal utilizaba una empresa de autobuses que pertenecía a uno de los miembros del mismo. Esta empresa con sede en Bélgica operaba como una línea regular entre Marruecos y diversos países de Europa. Además, la línea era empleada para el blanqueo de dinero de la actividad ilícita, ya que transportaba el dinero oculto en los autobuses hasta Marruecos.
30 PERSONAS DETENIDAS Y 8 REGISTROS EN VALENCIA
Para la desarticulación de la organización, la Policía Nacional practicó ocho entradas y registros en Valencia, siete de ellos en domicilios y negocios de Sagunto y uno en un domicilio de Canet de Berenguer.
Asimismo, se ha procedido a la detención de 30 personas, 28 de ellas en Sagunto, una en Valencia y una en Barcelona. Se les acusa de un delito de favorecimiento de inmigración clandestina, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión sin fianza.
En los registros efectuados, los agentes han aprehendido 10.775 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, numerosas joyas, múltiples dispositivos móviles y una gran cantidad de material informático.
MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA EN ESPAÑA
El fenómeno de los denominados «matrimonios de conveniencia» están en constante aumento, sobre todo en aquellos países en los que hay una alta tasa de inmigración. En España es un caso que se da con frecuencia.
El objetivo de este tipo de matrimonios es lograr la obtención de los «beneficios» de disponer de la nacionalidad, produciéndose generalmente a cambio del pago de una determinada cuantía económica. Por ello han proliferado con los años las redes criminales dedicado a este tipo de actividades ilícitas.
Gracias al matrimonio de conveniencia, los inmigrantes clandestinos consiguen eludir las normas, plazos y procedimientos generales para obtener un permiso de residencia en España. Estos son más lentos y difíciles de obtener. Así pueden reagrupar de una manera más sencilla a sus hijos y ascendientes en el territorio español.
Aunque en algunos casos los matrimonios se celebran sin que la otra parte sea consciente de la situación, en la gran mayoría el ciudadano español se aprovecha de ello para formar parte de este matrimonio simulado a cambio de un precio. De esta manera puede obtener un beneficio económico por el simple hecho de contraer matrimonio con una persona, aunque no haya vida en común.
MULTAS DE HASTA 10.000 EUROS
De acuerdo a lo establecido por la Ley en España, el celebrar matrimonios de conveniencia sin estar conectados con un delito de inmigración ilegal o falsedad documental, solo tienen consecuencias civiles y/o administrativas.
Cuando este matrimonio se considera nulo, se anula la inscripción en el Registro Civil. Esto hace que todos los efectos del matrimonio desaparezcan. De esta manera el extranjero no se ve beneficiado de sus ventajas para obtener la nacionalidad o la residencia.
Sin embargo, si el matrimonio de conveniencia es considerado por la Ley de Extranjería como una infracción muy grave puede incurrir en una multa. Esta puede ir desde los 501 a los 10.000 euros.
De esta manera, la política nacida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), deja atrás su puesto como subdelegada del Gobierno en Málaga, puesto que ocupaba desde septiembre de 2018. Ahora será el relevo al frente de la Guardia Civil de Félix Vicente Azón Vilas.
Su nombramiento cumple con el marcado perfil político que Marlaska buscaba para este puesto, además de satisfacer su deseo de que fuese una mujer la que estuviese al frente de la Guardia Civil por primera vez en su historia. María Gámez cumple con ambos requisitos y además goza de la total confianza del ministro.
MARÍA GÁMEZ, LA MENOR DE ONCE HERMANOS
La nueva Directora General de la Guardia Civil nació en Sanlúcar de Barrameda en 1969 (50 años), pero a pesar de ello se considera totalmente malagueña. Lo hace debido a la profesión de su padre, que era farero en Estepona y que le obligaba a hacer continuos desplazamientos según el trabajo. Es la menor de once hermanos.
Una enfermedad en una pierna provocó una jubilación prematura de su padre, lo que hizo que su familia se asentase en Málaga cuando María aún era pequeña. Desde entonces desarrolló su vida personal, profesional y política en esta provincia andaluza.
A pesar de que su familia quería hacer un esfuerzo por sus estudios, la situación económica familiar hizo que estuviese a punto de no poder cursar el bachillerato. Sin embargo, un hombre anónimo se ocupó de los estudios de la que era considerada mejor alumna de su centro.
Tras completar con éxito este periodo escolar, estudió Derecho, carrera que compaginó a partir del tercer curso con labores de auxiliar administrativa en la delegación de Agriculturay Pesca. Además, durante unos meses fue la subalterna del por entonces jefe del servicio Francisco de la Torre. Precisamente este sería su rival político años después.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también cuenta con un diploma de Programa de Alta Dirección de Empresa y un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales. Ambas son titulaciones del Instituto Internacional San Telmo.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Tras sus primeros pasos como profesional en la mencionada delegación de Agricultura y Pesca de Málaga, trabajó en la Oficina del Defensor del Pueblo en Sevilla, puesto que desempeñó entre 1992 y 1994.
En la administración andaluza ha desempeñado diferentes cargos. Pasó por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla y la Delegación de Turismo y Deporte de Málaga. En el año 2004 fue nombrada Delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, puesto que ocupó hasta 2008.
Entre 2008 y 2010, en la misma ciudad, ejerció como delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía.
La política gaditana de 50 años, hija de un farero, es la menor de once hermanos.
MARÍA GÁMEZ LLEGÓ A LA POLÍTICA DESDE LA ADMINISTRACIÓN
María Gámez llegó a la política tras haber demostrado sus capacidades en los diferentes puestos en los que trabajó como funcionaria. A diferencia de otros políticos, ella no procede de las Juventudes Socialistas. Además, tampoco ha estado desde siempre vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Sin ser militante ni moverse entre agrupaciones locales, llegó al PSOE después de ocupar su primer cargo político en el año 2004. Tras ser delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga (2004-2008) y delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la misma ciudad (2008-2011), se convirtió en portavoz del PSOE en su ayuntamiento en 2011. Ocupó este cargo hasta 2016, cuando se convirtió en asesora técnica de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga (2016-2018).
Gámez optó en dos ocasiones sin éxito a la Alcaldía de Málaga. Esto hizo que llegase a retirarse de la política en el año 2016 para regresar a su puesto como funcionaria en la Junta de Andalucía, en la Delegación de Cultura en Málaga. Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez le llevó a ser reclutada como subdelegada del Gobierno en Málaga. Este es el puesto que ha ocupado hasta su nombramiento como nueva Directora General de la Guardia Civil.
SEPARADA, ECOLOGISTA Y FEMINISTA
María Gámez está separada y tiene tres hijos. Además es una ecologista y feminista convencida que acude con regularidad a manifestaciones y concentraciones feministas. También es europeísta.
La andaluza ha trabajado para recuperar la memoria histórica, principalmente relacionada con mujeres y, sobre todo, con Victoria Kent. Ella fue la primera mujer en formar parte de un Gobierno en España, cuando en 1931 se convirtió en directora general de Prisiones.
La nueva directora del Instituto Armado no esconde su afición por las nuevas tecnologías. De hecho en el año 2007 decidió abrir un blog en la red en el año 2011 fue consideradala política andaluza con mayor actividad en las redes sociales.
Entre sus principales aficiones se encuentran la música, siendo seguidora de Camarón, Bruce Springsteen y Nina Simone; y también del cine, siendo seguidora de Antonio Banderas, entre otros.
LA RELACIÓN DE MARÍA GÁMEZ CON LA GUARDIA CIVIL
María Gámez ha tenido una fluida y permanente relación con la Guardia Civil y la Policía Nacional a raíz de sus responsabilidades como subdelegada del Gobierno en Málaga en el caso del rescate de Julen. La política estuvo a pie del terreno durante los 13 días que duraron las tareas de búsqueda. Finalmente, el pequeño de dos años que cayó por un pozo en Totalán (Málaga), fue hallado muerto.
Asimismo, también ha sido responsable de un territorio como Málaga, en una Costa del Sol en la que ocurren con frecuencia sucesos de gravedad. Entre estos se encuentran homicidios por ajustes de cuentas, tráfico de drogas, etcétera. Todo ello le ha permitido adquirir conocimientos en la forma de afrontar este tipo de situaciones, similares en algunos casos a las que se encontrará como directora del Instituto Armado.
Por último también cabe sumar a estos los casos de violencia machista que han tenido lugar en la provincia, cinco durante su mandato. En la gran mayoría de concentraciones de repulsa posteriores, Gámez ha formado parte, siempre comprometida con la lucha frente a la violencia de género.
