Sagardoy Abogados ha empezado el año con buen pie. La Universidad Autónoma de Madrid ya le había reportado beneficios a lo largo de 2019. Y su gran gestión ha llevado a la Universidad Carlos III a seguir los pasos de la UAM. Ambos centros educativos han sido denunciados por la Seguridad Social por contratar a becarios de forma irregular. Y ambos han recurrido al bufete que ideó la reforma laboral para defenderse de las demandas de las inspecciones de trabajo. La tarifa plana de Sagardoy Abogados para defender a los rectores de sus becarios es una cifra redonda: 90.000 euros que provienen de las arcas públicas.
Sagardoy Abogados está sacando rentabilidad de la presunta mala praxis de las universidades madrileñas. En aproximadamente un año, el bufete que estuvo detrás de los mimbres de la reforma laboral de Mariano Rajoy se ha embolsado 180.000 euros públicos procedentes de la UAM y de la Universidad Carlos III. Unos datos que, sumados a otros contratos públicos, señalan que Sagardoy se ha embolsado casi 300.000 euros de las arcas públicas en los dos últimos años.
El bufete está al pie del cañón. Las inspecciones de trabajo dejan a su rastro empresas y centros con necesidad de defenderse por haber cometido presuntamente irregularidades en las contrataciones. Y si se trata de defender la que muchos consideran precariedad laboral, el bufete se presta. Sagardoy también ha defendido a otras empresas denunciadas por sus trabajadores como Glovo o Deliveroo. Y siempre de parte de los empresarios.
El motivo por el que las universidades se han decantado por Sagardoy para representar los intereses del rectorado es simple: dos de los miembros del bufete que ideó la reforma laboral han servido como representantes públicos; uno como abogado del Estado y otro como inspector de trabajo.
En los últimos cinco años, Sagardoy Abogados ha recibido por prestar sus servicios alrededor de 700.000 euros públicos, según se puede ver en el portal de contrataciones del Estado. No solo las universidades se han beneficiado de los servicios de estos abogados expertos en el ámbito laboral (al menos desde el punto de vista empresarial), también otros como la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (14.950 euros), ENUSA Industrias Avanzadas S.A (casi 20.000) o la Dirección Económico-Financiera de ENAIRE (por 250.000 euros).
Lo llamativo es que la defensa de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Carlos III ha costado lo mismo al erario público. La tarifa (o la oferta presentada) de Sagardoy Abogados a ambas universidades es de unos 90.000 euros. «El despacho de abogados Sagardoy Abogados ha presentado una oferta de servicios fundamentada, principalmente, en el equipo profesional que llevaría a cabo las prestaciones», ha afirmado la Carlos III.
«Tanto sus currículos académicos como, en dos de los casos, su condición de exfuncionarios (como Abogado del Estado e Inspector de los Servicios de la Administración General del Estado e Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente), otorgan al equipo atribuciones bastantes», detalla el rectorado de la Universidad. De este modo, tener de su parte a un exabogado del Estado y a un exinspector de trabajo puede ser garantía de éxito. Al menos lo ha sido de momento en el caso de la Autónoma.
El juicio de la Seguridad Social contra la Universidad Autónoma de Madrid lo ganó el rectorado con la ayuda de Sagardoy. Al menos de momento, ya que todos los becarios y doctorandos afectados piensan recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión. La inspección de trabajo determinó que la UAM había contratado becarios de forma irregular, con el objetivo de cubrir puestos de trabajo estructurales. Pero el bufete que ideó la reforma laboral tumbó el criterio de la Seguridad Social.
Sagardoy tiene una relación estrecha con la administración pública. Al menos sabe moverse bien en ese ámbito para conseguir contratos públicos que les reportan beneficios. Pero el bufete también ha tenido mucha relación con los partidos políticos. Especialmente con el Partido Popular.
Este despacho asesoró y estableció la base ideológica de la reforma laboral que aplicó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 2012. De hecho, Íñigo Sagardoy, uno de los socios del bufete, es el autor del libro 100 preguntas sobre la reforma laboral. Una de las especialidades de estos abogados es el asesoramiento laboral. Algo que hicieron con varias empresas, como las compañías de reparto Glovo y Deliveroo. Además, Sagardoy está relacionado con el ERE que quiso aplicar Coca-Cola en España.
