El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado, ha advertido este sábado —en una entrevista concedida a Confilegal con motivo de la publicación de su libro ‘Inteligencia Artificial en el Sistema Penal’— de que la delincuencia está explotando la inteligencia artificial de forma masiva mientras los medios policiales y judiciales van “a remolque” de estas tecnologías.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El magistrado Joaquín Delgado alerta sobre el uso masivo de la IA por parte de la delincuencia y la escasez de recursos para combatirla.
- ¿Cuál es el riesgo inmediato? La automatización de ciberataques, la suplantación de identidad y la creación de deepfakes como pruebas falsas ante los tribunales.
- ¿Qué pide el magistrado? Mayores medios materiales para policías, fiscales y jueces, y la tipificación de delitos específicos como la presentación de pruebas falsas generadas por IA.
El uso delictivo de la IA: del ataque automatizado a la falsificación de pruebas
Delgado explica que los delincuentes ya no necesitan conocimientos técnicos avanzados para lanzar ciberataques. “Contratan plataformas automatizadas que con IA hacen el ataque; tú pagas y la plataforma lo ejecuta”, señaló. Esta tendencia ha convertido el hacking y la denegación de servicio en operaciones casi industriales, donde el agresor queda protegido por capas de intermediarios tecnológicos.
El fenómeno de los deepfakse representa, según el magistrado, una amenaza especialmente grave para la administración de justicia. La posibilidad de generar audios, vídeos o imágenes ultrarrealistas falsas capaces de engañar a un tribunal obliga a replantear los protocolos de verificación probatoria. Delgado detalla tres capas para detectar estas falsificaciones: la percepción directa del juez o las partes, los programas informáticos de análisis y, finalmente, la prueba pericial.
Sin embargo, reconoce que la sofisticación creciente de estas técnicas dificulta su identificación temprana. Cada vez es más fácil que un deepfake pase desapercibido, por lo que la responsabilidad de advertir la falsedad recae a menudo en las propias partes del proceso.
La urgencia de más recursos para policías y jueces
El magistrado insiste en que el principal obstáculo no es la legislación penal vigente —los tipos abiertos del Código Penal permiten perseguir estos delitos—, sino la precariedad de medios materiales y humanos. “El gran problema es que policías, jueces y fiscales tengamos medios efectivos para investigarlo y para abordarlo, y eso implica un fortalecimiento de todas nuestras capacidades y de nuestros medios económicos, que ahora mismo nos faltan”, afirma.
En su opinión, sería necesario tipificar expresamente conductas como la presentación de deepfakes como pruebas ante un tribunal, que actualmente solo constituye una estafa procesal, y endurecer las penas por suplantación de identidad mediante IA. También aboga por regular los sistemas de alto riesgo, siguiendo el modelo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y por dotar a los agentes de herramientas digitales avanzadas para la investigación.
La entrevista también aborda la complejidad de atribuir responsabilidad penal en delitos cometidos con sistemas de IA, distinguiendo entre quienes diseñan, entrenan o utilizan el sistema. Delgado señala que en los delitos dolosos, el usuario responde directamente, mientras que en los imprudentes hay que individualizar la conducta en la cadena de producción.
“El gran problema no es la ley. El gran problema es que policías, jueces y fiscales tengamos medios efectivos para investigarlo y para abordarlo, y eso implica un fortalecimiento de todas nuestras capacidades y de nuestros medios económicos, que ahora mismo nos faltan”.
Pese a estas carencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen un esfuerzo constante contra la ciberdelincuencia. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2025 se registró un incremento del 15% en las detenciones por ciberdelitos, con más de 2.500 personas arrestadas, y las operaciones conjuntas con Europol contra el cibercrimen organizado se han multiplicado en los últimos tres años.
El Contexto Operativo
El panorama de la ciberseguridad en España respalda la urgencia de la advertencia del magistrado. Las estadísticas oficiales muestran que la cibercriminalidad es ya el tipo delictivo de mayor crecimiento en el país, con un aumento medio del 25% interanual en los últimos cinco años. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) sitúa a España como uno de los Estados miembros con mayor volumen de incidentes de seguridad digital, especialmente en los sectores financiero y energético.
A pesar de este entorno adverso, las unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional —con sus centros especializados, como la Unidad Central de Ciberdelincuencia— y de la Guardia Civil han logrado importantes avances. Solo en 2025, la Policía Nacional desarticuló 23 redes internacionales de estafas informáticas y la Guardia Civil intervino en más de 400 operaciones contra el ciberfraude, con un balance de más de 5 millones de euros recuperados.
La inversión pública en ciberseguridad ha ido en aumento, con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para la modernización de los laboratorios forenses digitales y la formación de agentes especializados. Sin embargo, como advierte Delgado, el salto tecnológico de la delincuencia exige un esfuerzo aún mayor. El propio magistrado destaca que el INCIBE ya proporciona herramientas de detección de deepfakes y guías para ciudadanos, pero subraya que solo una dotación adecuada de medios a las FCSE y a la Administración de Justicia permitirá cerrar la brecha.
