Espionaje marroquí: así operan la DGST y la DGED contra políticos, periodistas y activistas

La investigación del Pegasus Project desvela el uso de herramientas de espionaje digital contra el presidente del Gobierno español y varios ministros. Los servicios secretos marroquíes combinan métodos tradicionales con tecnología de última generación bajo mando del Palacio Real.

No ha sido una operación clásica de inteligencia. Ha sido una operación de presión de Estado con herramientas de guerra híbrida. El aparato de inteligencia marroquí, con la DGST y la DGED como puntas de lanza, ha utilizado el spyware Pegasus contra periodistas, activistas y, lo que más me preocupa, contra el presidente del Gobierno español y varios ministros. Las revelaciones del Pegasus Project, coordinadas por Forbidden Stories y en las que ha participado El Confidencial, dibujan un mapa de vigilancia masiva dirigido desde dentro del Palacio Real de Rabat. Le hablo de una operación que combina HUMINT con SIGINT agresivo, y que explica, mucho mejor que cualquier comunicado diplomático, el giro histórico que España dio en 2022 sobre el Sáhara Occidental.

La arquitectura dual de la inteligencia marroquí

Para entender el alcance de esta operación hay que desmontar primero la estructura. Marruecos no tiene un solo servicio secreto, sino dos, y ambos operan bajo el paraguas del Majzén, el núcleo duro del poder monárquico. La Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia interior) está dirigida por Abdellatif Hammouchi, un hombre de la máxima confianza del rey Mohamed VI. La Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, inteligencia exterior) la lidera Yassine Mansouri. Ambos responden ante Fouad Ali El Himma, consejero real y quien, según la investigación, ejerce de coordinador en la sombra.

El Himma es un personaje que conozco bien por años de seguimiento del tablero magrebí. Aragonés de adopción en los análisis de seguridad —nunca subestime el dato biográfico—, su perfil recuerda al de otros jefes de inteligencia de monarquías absolutas: un cruce entre jefe de campaña, consejero áulico y ministro sin cartera. Junto con el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, forman el triángulo que decidió que la inteligencia no bastaba para forzar un cambio de posición diplomática de España: hacía falta tradecraft agresivo.

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De hecho, el modus operandi que revela la filtración dista mucho del espionaje clásico de buzón muerto y agente durmiente. La DGST ha apostado por una vigilancia híbrida: agentes sobre el terreno que identifican objetivos, OSINT para perfilarlos y SIGINT puro, con Pegasus desplegado en miles de dispositivos para extraer directamente la información. Un zoco digital con la venia del Palacio.

El factor Pegasus: de Ceuta al teléfono del presidente

Le pongo en contexto. En mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta tras la apertura de la frontera por parte de Marruecos. El detonante oficial fue la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño. Pero los documentos del CNI que cita el consorcio de medios revelan que Rabat interpretó aquella crisis como una oportunidad para presionar a España sobre el Sáhara. La entrada masiva no fue un accidente: fue una operación de false flag humana de manual.

Y en ese momento, los teléfonos de varios miembros del Gobierno español ya estaban infectados. Según el análisis forense de Amnistía Internacional, el dispositivo del presidente Pedro Sánchez fue atacado al menos dos veces: una en 2020 y otra en mayo de 2021, en plena crisis ceutí. En la segunda infección se extrajeron varios gigabytes de información del terminal. No fue un testeo ni una demostración de capacidades: fue una exfiltración en toda regla.

La infección del teléfono del presidente no fue un testeo: extrajo varios gigabytes de información y activó la maquinaria de presión diplomática más grave entre ambos países en décadas.

Los datos de los ministros de Exteriores, Interior y Defensa también habrían sido aspirados. A partir de ahí, el relato se vuelve incómodo para cualquiera que defenda la autonomía estratégica de la Moncloa. En marzo de 2022, Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que apoyaba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, abandonando la posición histórica española de referéndum de autodeterminación. La investigación sugiere que el material extraído con Pegasus pudo ser utilizado como palanca en esas conversaciones. Yo no puedo afirmarlo con certeza absoluta, pero la cronología y el volumen de la exfiltración no dejan mucho margen para la casualidad.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Lo que aquí se juega va más allá del espionaje bilateral. El vector de amenaza es una combinación de infiltración HUMINT y ciberataque de Estado que difumina las fronteras entre la inteligencia clásica y la guerra híbrida. La DGST ha demostrado que sabe reclutar fuentes, sí, pero también que puede desplegar spyware de nivel soberano sin apenas consecuencia. Pegasus, la herramienta de la empresa israelí NSO Group, permite acceder al micrófono, la cámara, los mensajes y la geolocalización sin que la víctima lo note. Es una puerta trasera en el bolsillo de cualquiera.

Las agencias implicadas son claras. Ataca la DGST marroquí, con el apoyo logístico y político de la DGED. Defiende, en teoría, el CNI, que detectó las intrusiones y lo comunicó al Gobierno, aunque tardara. Y miran, con mayor o menor disimulo, la CIA y el Mossad. A Washington le preocupa la estabilidad del flanco sur de la OTAN y la relación con un aliado clave en la lucha antiterrorista en el Sahel. A Tel Aviv le interesa su propio negocio de ciberexportaciones: el uso de Pegasus contra un socio de la UE compromete a la industria israelí y ya ha llevado a restricciones de exportación. España, mientras tanto, queda en tierra de nadie.

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El precedente histórico que me viene a la mente no es Stuxnet sino la Operación Olympic Games, pero en versión diplomática. Si en 2010 Estados Unidos e Israel usaron un malware para frenar el programa nuclear iraní sin disparar una bala, aquí Marruecos habría usado un spyware para lograr un cambio de política exterior sin invocar una sola cláusula de amenaza. Una bandera falsa digital en toda regla.

El nivel de clasificación del material involucrado es, a mi juicio, de Top Secret a escala nacional. Hablamos de comunicaciones del presidente, agendas ministeriales, informes del CNI. La Ley de Secretos Oficiales española considera como secreto cualquier información cuya revelación pueda dañar gravemente las relaciones exteriores. Y que un actor estatal como Marruecos acceda a ese material es exactamente ese daño, aunque en La Moncloa se haya preferido minimizarlo.

Cabe una reflexión final. En mi libro El quinto elemento advertí de que el próximo 11S empezaría con un clic. Hoy ese clic tiene acento magrebí y reverbera en los pasillos del Congreso. No hemos visto detenciones, ni expulsiones de diplomáticos, ni una respuesta proporcional. El CNI está atado de manos por la necesidad de no dinamitar al vecino del sur, y mientras tanto, los periodistas y activistas saharauis que también fueron espiados siguen sin protección. La inteligencia sirve para ganar guerras sin declararlas. Y esta, me temo, la hemos perdido antes de empezar.