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Quim Torra y Alfred Bosch, conseller de Acción Exterior, han enviado este jueves una carta a los principales gobiernos europeos y a eurodiputados en la que acusan a Josep Borrell de «vigilar» a las delegaciones de la Generalitat en el exterior.

La misiva, recogida por Europa Press, explica que han trascendido las actividades que ha hecho el Gobierno para cerrar las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Ginebra y Londres, y que entre estas actividades se incluyen el «seguimiento y la vigilancia en suelo extranjero en el trabajo del día a día de los representantes» del Govern.

Sostiene que la acción exterior de la Generalitat es «legal y legítima«, y condena estas actividades del Gobierno central, que considera que pretenden desmantelar la actividad del Govern en el extranjero.

Asimismo, acusa a Borrell de utilizar estas actividades para intentar «suprimir y sofocar la disidencia política«, y defiende que debería haber dedicado sus recursos a buscar el diálogo para resolver la situación en Cataluña, que califica como un asunto político.

Torra y Bosch concluyen la carta reafirmando su intención de continuar trabajando para fortalecer la cooperación entre Cataluña y los gobiernos a los que va dirigida la misiva.

Han enviado la carta al Gobierno de Alemania, Irlanda, Suiza y Gran Bretaña, donde, según el Govern, se han producido estos casos de presunto espionaje, y también han enviado una al resto de países europeos y a los eurodiputados.

ERC Y JXCAT SOLICITARON AL CONGRESO LA COMPARECENCIA DE BORRELL

ERC y JxCat solicitaron ayer al Congreso que convocase una sesión extraordinaria del Pleno para que Josep Borrell dé explicaciones por “el caso del espionaje” –como lo han bautizado– en las delegaciones exteriores de la Generalitat.

Ambas formaciones quieren que Borrell rinda cuentas ante las informaciones de ‘eldiario.es’y TV3 basadas en la documentación que la Abogacía del Estado ha aportado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la cual la acción exterior de la Generalitat en el extranjero estaba siendo controlada por el Gobierno central.

Isa Serra, portavoz de de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha mostrado orgullosa este jueves de su lucha juvenil antidesahucios al mismo tiempo que ha negado los hechos que se le imputan en el desalojo de una persona alquilada en el barrio de Lavapiés en 2014.

Así responde a la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se ha declarado competente para investigarla por un presunto delito de desórdenes públicos en una protesta antidesahucios que tuvo lugar en 2014, designando a un instructor para el desarrollo de las actuaciones judiciales «oportunas» que se deriven de los hechos.

Los magistrados examinaron el pasado martes la exposición razonada que le fue elevada por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid con relación a la posible participación de Serra en la comisión de un presunto delito de desórdenes públicos, de un delito de atentado en concurso ideal con faltas de lesiones, y de un delito de daños.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2014, con ocasión de los incidentes ocurridos en Madrid, que provocaron el enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se hallaban formando el dispositivo de seguridad organizado con ocasión de un lanzamiento de vivienda.

La Policía detuvo a varias personas por negarse a salir de la casa desalojada. El desahucio se saldó con tres policías municipales heridos leves, que fueron atendidos por su mutua. Los agentes fueron a detener a Serra un mes después en la Facultad de Económicas pero no estaba, ha explicado hoy la diputada a Europa Press. Finalmente, la citaron y le fueron imputados esos cargos.

En febrero de 2018, Serra remitió un escrito a la jueza que instruía el caso para solicitar que se le revocara su aforamiento producto de su condición como diputada de la Asamblea de Madrid. «Quiero que se me juzgue en la misma situación que todas las personas que han sido juzgadas por manifestarse contra el drama de los desahucios, una lucha de la que estoy muy orgullosa», manifestó entonces. Pero el Alto Tribunal lo denegó.

La portavoz parlamentaria ha explicado este jueves que ella no cometió los delitos ni los hechos que les imputa el informe policial, y que ya la Fiscalía le ha quitado la imputación de atentado a la autoridad. «Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui», ha indicado.

De hecho, ha insistido en su posición pacífica en su lucha antidesahucios, algo de la que se siente profundamente orgullosa, «y más en este caso, que era una persona enferma crónica». Y persiste en su deseo de renunciar al aforamiento para ser juzgada «como cualquier otro persona, y no como aforada».

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han constatado este jueves en una conversación telefónica que ambos siguen en la misma posición ante la negociación de la investidura que defendieron ‘cara a cara’ en la reunión que mantuvieron el pasado martes en el Congreso.

Según señalan desde el partido morado, la percepción de Iglesias es que Sánchez «sigue inamovible en su posición«. De su lado, el líder socialista ha explicado a través de su cuenta de Twitter que Iglesias «lamentablemente» ha «rechazado» la propuesta que ya le avanzó a primera hora en una entrevista en TVE, cuando volvió a rechazar un gobierno de coalición y le ofreció empezar a negociar un programa para sólo después hablar de personas y cargos.

SEGUIREMOS INTENTÁNDOLO

«He llamado a Pablo Iglesias para negociar primero el programa y, después, la composición del Gobierno. Debemos hablar de contenidos y conocer el grado de consenso. Lamentablemente, ha rechazado la propuesta. Seguiremos intentándolo«, ha relatado Sánchez, en un mensaje recogido por Europa Press.

Por su parte, Iglesias ha insistido al candidato socialista en la necesidad de llevar a cabo una «negociación integral de gobierno de coalición» en la que se discuta a la vez del programa y de los equipos y no, como había propuesto Sánchez, empezar por el programa y dejar los cargos para después.

«No está dispuesto a negociar el programa de un gobierno de coalición ni a compartir responsabilidades de gobierno con Unidas Podemos proporcionales a los votos», apuntan fuentes del partido morado.

A ONCE DÍAS DE LA INVESTIDURA

Es decir, ambos han constatado, a once días de que arranque el debate de investidura fijado para los días 22 y 23 de julio, que se mantienen firmes en las condiciones que cada uno de ellos ha puesto para negociar.

La conversación entre ambos ha tenido lugar a las cuatro de la tarde, hora previamente concertada entre los dos interlocutores. Según la versión de Podemos, Iglesias ha contactado por mensaje a Sánchez durante la mañana para conversar después de saber que el presidente en funciones había declarado en TVE su intención de llamarle.

La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y la Asociación Europea de Salud Pública han solicitado por escrito a José Luis Martínez-Almeida que mantenga ‘Madrid Central’ y que adopte nuevas medidas de protección de la salud frente a la contaminación.

Y es que, tal y como han recordado las asociaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la importancia que tiene la contaminación atmosférica como una de las causas principales de las enfermedades no trasmisibles y de las muertes a ella asociadas.

Además, han recordado que Madrid ya recibió un aviso de la Comisión Europea por los altos niveles de contaminación y han avisado de que sólo las medidas consistentes y a largo plazo para reducir el tráfico mejorarán la calidad del aire.

Finalmente, la Federación Mundial ha recalcado al alcalde madrileño que las políticas de reducción del tráfico, de control de la contaminación están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

EL ALCALDE DE LA CAPITAL ACATA, PERO NO COMPARTE LA DECISIÓN SOBRE MADRID CENTRAL

Almeida declaró el pasado lunes que la resolución judicial sobre Madrid Central le merece “el mismo respeto que las dos resoluciones judiciales que se dictaron avalando la actuación del Ayuntamiento en relación con la moratoria”. Se refería a las medidas cautelarísimas presentadas por el PSOE y la denuncia de un vecino particular de Centro.

Asimismo, añadió: “Las resoluciones judiciales se pueden discrepar pero se tienen que respetar y acatar. Nadie criticó tan duramente a los jueces como el anterior equipo de Gobierno con expresiones del tipo ‘los jueces obstaculizan la labor del Ayuntamiento’, ‘Habría que hablar con ellos’ o ‘Los jueces no están sensibilizados con las cuestiones municipales’. Nosotros no nos vamos a meter con los jueces como se hacía antes sino respetar y acatar las decisiones judiciales, tanto las que nos son favorables como las que no”

Por otro lado, criticó la “hipocresía del anterior equipo“ (en alusión al gobierno de Carmena): “Los que venían a defender la calidad del aire, los que se han estado manifestando en la calle diciendo que retrocedíamos 15 años, son los mismos que dieron instrucciones (verbales) de no multar en Madrid Central”, zanjó.

El PP de Melilla ha denunciado que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación está permitiendo la escolarización de niños extranjeros a pesar de que sus padres no residan legalmente en España. A juicio del PP, esto puede provocar un «efecto llamada» entre familias de las localidades de Marruecos colindantes con Melilla.

Según ha informado la Comisión de Educación del PP de Melilla, «es inconcebible que el Gobierno central avale la escolarización de niños en nuestros centros escolares aunque sus padres no residan de forma legal en Melilla«.

A juicio de la formación que preside Juan José Imbroda (PP), Melilla «no puede verse sometida a esa manera tan poco rigurosa de escolarizar a menores, nuestro tejido social, nuestra situación geográfica y nuestras ratios impiden que esto deba producirse porque de ser asía el maltrecho sistema educativo va a colapsar».

Por ello, dicha comisión ha indicado que «en nombre y en defensa de las familias residentes, legales, cotizantes, preocupadas, que desean lo mejor para Melilla, que luchan por el futuro de la sociedad y por el bien de sus familias», ha trasladado a la Dirección Provincial del Ministerio varias preguntas para exponer la inquietud entre los padres.

«¿Conoce el PSOE cómo están las aulas de Melilla? ¿? ¿Saben cuántas familias se han vuelto a la Península por este motivo? ¿Conocen qué opina la sociedad melillense? ¿Le han preguntado a los equipos docentes su opinión?», ha cuestionado el PP.

Asimismo, ha preguntado por qué para las familias residentes hay un plazo para subsanar cualquier problema «mientras que estos alumnos pueden hacerlo en cualquier momento». Para el PP, «es de ciencia ficción lo que está sucediendo, es una Dirección Provincial a la deriva».

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha celebrado que el Gobierno de España «coincida con los criterios» del Ejecutivo gallego y reclame por la vía judicial la propiedad del Pazo de Meirás. Asimismo, ha advertido las «dificultades» de «legitimación» para que la Administración autonómica gallega se persone en la causa.

«Pensábamos y seguimos pensando que hay causa para reclamar judicialmente la propiedad en beneficio público del Pazo de Meirás«, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta.

Preguntado por la decisión del Estado de querellarse contra los Franco por la propiedad de este inmueble, Feijóo ha recordado que la Xunta, que «trabaja desde hace meses» en este asunto, «se pronunció a favor de la reclamación legal» por «razones legales, no políticas». «Porque entendemos que ese pazo es patrimonio público», ha señalado.

Además, ha considerado que la acción iniciada por el Ejecutivo central da cumplimiento a la «voluntad expresada» en dos ocasiones por el Parlamento de Galicia. «Es cierto lo que decíamos y así lo notificamos al Ministerio de Justicia, que el ministerio podía y estaba legitimado para iniciar la acción de reivindicación de la propiedad», ha indicado.

«Supongo que el Ministerio de Justicia estudió la propuesta de la Xunta y del Parlamento gallego y parece ser, a nosotros no nos lo comunicó, que va a activar la reclamación«, ha manifestado para asegurar alegrarse de la decisión de iniciar la vía judicial.

«DUDAS» SOBRE LA «LEGITIMACIÓN»

Con todo, cuestionado por los medios si la Xunta se podrá personar en la causa que se abra, ha expresado tener «dudas» de que la Administración autonómica tenga «legitimación activa» para presentarse en este pleito.

Estas «dificultades» desde el punto de vista de la «legitimación activa«, según ha recordado Feijóo, fueron las que, precisamente, llevaron a la Xunta a trasladar al ministerio que, como «titulares del patrimonio del Estado«, «fueran ellos» los que iniciasen la vía judicial.

En todo caso, ha subrayado que la asesoría jurídica valorará «si es posible o no» y si, además de la Abogacía del Estado, «se puede personar algún letrado de la Xunta«.

Reformar el artículo 99 de la Constitución Española, el cual impide que en un futuro haya bloqueos en la investidura del presidente del Gobierno, obligaría a Pedro Sánchez (su impulsor) a sumar una mayoría de tres quintos en cada Cámara: 210 diputados y 159 senadores. Además, la hipotética reforma debería ser sometida a referéndum si así lo solicitase la décima parte de los parlamentarios.

Aunque no es una reforma agravada de la Carta Magna, –en cuyo caso sería necesaria una mayoría superior de dos tercios–, la modificación constitucional que ha lanzado Sánchez requiere que el PSOE (123 escaños) busque en el Congreso el consenso como mínimo de otros dos grupos parlamentarios (el PP cuenta con 66 diputados, Cs tiene 57 y Unidas Podemos logró 42 actas). En el Senado, donde los socialistas tienen 135 de los 266 escaños, debería seguir los mismos pasos.

En concreto, el artículo 167 de la Carta Magna señala que «los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras«. Si no hubiera acuerdo entre ambas, prosigue, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

REFERÉNDUM SI LO PIDE LA DÉCIMA PARTE DE LOS PARLAMENTARIOS

De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, pero sí tuviese mayoría absoluta en el Senado, el apartado 2 de ese artículo indica que el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios.

Eso sí, aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación –dentro de los quince días siguientes a su aprobación– cuando así lo soliciten una quinta parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 diputados como mínimo).

Dos meses y medio después de las elecciones generales y con la vista puesta en una investidura el 22 y 23 de julio que puede ser fallida, Sánchez ha anunciado este miércoles que el primer acuerdo que propondrá en ese debate en el Congreso será una reforma del artículo 99 para desbloquear investiduras.

LO QUE DICE EL ARTÍCULO 99

Según Sánchez, ese precepto «no funciona» y «hay que reformarlo». El citado artículo, en su punto 3, señala que el Congreso debe otorgar la confianza de la Cámara al candidato propuesto por el Rey por mayoría absoluta de sus miembros en una primera votación. Y si no se alcanza esa mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. La confianza se entenderá otorgada si el candidato lograse mayoría simple.

Y en su punto 5 precisa que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha puesto el ejemplo de los ayuntamientos, que se constituyeron el pasado 15 de junio. Ha recordado que en estos, cuando se convoca el pleno sale un gobierno porque no hay mayoría absoluta, gobierna la lista más votada. Eso sí, ha precisado que esa formula que se aplica en los ayuntamiento no tiene por qué ser la que acuerden finalmente.

LAS REACCIONES DE PP, PODEMOS Y Cs

El líder del PP, Pablo Casado, coincide con Sánchez en que hay que evitar bloqueos en la investidura, pero difiere de su fórmula puesto que el Partido Popular rechaza de plano tocar la Carta Magna. Por lo pronto, el PP trabaja en una propuesta similar al modelo que hay en Grecia o Italia y que permitiría dar una prima de 50 escaños al ganador. Con esta propuesta, recalcan en Génova, no sería necesario cambiar la ley fundamental, que ya permite aumentar de 350 a 400 diputados.

Desde Cs consideran que existe una laguna en la Constitución al no acotar el tiempo entre la celebración de las elecciones y la fecha de la primera sesión de investidura, por lo que son partidarios de una reforma que establezca un plazo definido. Además, el partido de Albert Rivera no comparte la propuesta del PP de dotar de una prima de 50 escaños para el ganador de las elecciones y evitar así los bloqueos porque eso afectaría a la proporcionalidad de la Cámara.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tampoco está por la labor de cambiar el artículo 99 como propone Sánchez y defiende el sistema vigente que obliga a los partidos a ponerse de acuerdo. A su entender, eso es lo que debe hacer el candidato socialista en vez de decir «voy a cambiar las reglas del juego y la Constitución» a ver si «la ley me hace el trabajo».