El Congreso de los Diputados comienza con fuerza sus funciones. Este martes, la eutanasia toma protagonismo, por tercera vez en cerca de dos años, y se intentará despenalizar esta práctica, tal y como anunciaba la portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, el pasado 28 de enero al afirmar que «es una ley que está esperando mucha gente en este país».
La nueva proposición de ley propone modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal. De esta manera, quedarían exentos de responsabilidad aquellas personas que ayuden a morir de «manera segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «libre, expresa e inequívoca».
Según recoge la asociación Derecho a Morir Dignamente, la eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Colombia y en el estado de Victoria (Australia). Además, Suiza y varios estados de EEUU permiten el suicidio asistido.
En España, el último caso más sonado fue el de Ángel Hernández el pasado mes de abril, unas semanas antes de las elecciones generales del 28-A. Este hombre cumplió el deseo de su mujer, María José Carrasco, al ayudarla a morir en su domicilio tras más de tres décadas padeciendo esclerosis múltiple. El matrimonio grabó en video el consentimiento de ella para que él la ayudara a morir tras tomar una sustancia para acabar con su vida.
Ese mismo día, la Policía Nacional se personó en el domicilio de Ángel Hernández, al que finalmente detuvieron y quien se enfrentó a una pena de diez años de cárcel porque el suicidio asistido es ilegal en España. Hernández finalmente quedó en libertad sin medidas cautelares aunque pesa una imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. «He declarado todo lo que hice por mi mujer y ahora me encuentro afectado y asumiendo su fallecimiento», eran las palabras que pronunciaba Ángel Hernández al ser puesto en libertad. Hasta el momento, Ángel Hernández ha sido la única persona en España que ha sido detenida por ayudar a alguien incapacitado a morir.
Desde entonces, este hombre ha centrado su labor en recoger firmas, a través de la plataforma de internet change.org tras la victoria electoral del PSOE el 10-N, y tiene previsto que, si esta ley sale adelante, venderá todo lo que tiene y se irá a vivir a un pueblo de alquiler, tal y como informó en La Sexta.
Este martes se ha conocido que la juez de Violencia sobre la Mujer número 5 está a punto de «completar» la investigación. La instrucción de la causa contra Ángel Hernández se cerrará en breve cuando la magistrada tenga sobre su mesa un último informe de la trabajadora social que determine la situación social en la que se encontraba tanto el acusada como su esposa.
JOSE ANTONIO ARRABAL LÓPEZ RETRANSMITIÓ SU MUERTE
Diagnosticado desde 2015 de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) , José Antonio Arrabal López se suicidó delante de una cámara de vídeo «indignado» por «tener que morir en la clandestinidad» para evitar represalias judiciales a sus familiares, según sus propias palabras. Su suicidio se produjo el 2 de abril de 2017 mediante la ingesta con una pajita de dos frascos de medicamentos adquiridos por internet.
«Ya no puedo ni levantarme de la cama ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo. Cuando te diagnostican la ELA, te dan la sentencia de muerte tal cual», explicaba en el vídeo.
José Antonio Arrabal López estaba casado y fruto de ese matrimonio tuvieron dos hijos. Él consiguió todo lo necesario para morir, ya que tenía movilidad en una de sus manos y se valió de ella para el proceso. «Me indigna tener que morir en la clandestinidad. Le he dicho a mi familia que tarde en volver para que ya haya pasado todo. Así nadie podrá acusarles de colaboración con el suicidio» aseguraba.
MARCOS HOURMANN, PRIMER MÉDICO CONDENADO
El mismo día que terminaba la agonía de Carmen Cortiella, comenzó la de Marcos Hourmann. En marzo de 2005, la paciente Cortiella, enferma de cáncer de colon y con diabetes descompensada, sufría un infarto agudo de miocardio. «Intenté salvarla durante cinco horas pero empeoró. Entró en una fase de shock cardiogénico, no se podía hacer nada, era irreversible», declaró el médico ante el juez.
Con la intención de no ver (y hacer) sufrir más a la paciente y a la hija de esta, y tras el consentimiento de ambas, Hourmann preparó una inyección de cloruro potásico para acabar con su vida porque sedarle no era lo suficiente. «Ni me planteé sedarla más. El sufrimiento inncesario no hay que alargarlo ni un segundo», valora el médico.
Lo que Marcos dejó escrito en su informe es que había sido una eutanasia y a los dos meses, el hospital le denunció. Sin embargo, no se arrepiente de cómo actuó porque piensa que hizo «lo que tenía que hacer».
En el juicio se enfrentaba a 10 años de cárcel por homicidio pese a que la familia de la fallecida apoyaba su testimonio. Finalmente, la pena fue de un año y consiguió evitar entrar en prisión y que le inhabilitaran. Su futuro estaba en Reino Unido, donde decidió marcharse y comenzar una nueva carrera profesional hasta que el medio The Sun publicó su caso bajo el apodo ‘Doctor Muerte’. Ahora cambia las paredes del hospital por las salas de teatro con Celebraré mi muerte, donde Hourmann se ha interpretado a sí mismo. Detrás de esta propuesta artística, dirigida por Alberto San Juan, está Producciones del Barrio, liderada por Jordi Évole.
“NO ES JUSTO VIVIR ASÍ”
Inmaculada Echevarría padecía una distrofia muscular progresiva dependiente de ventilación mecánica. En 2006 solicitó ser sedada y desconectada del ventilador. Su enfermedad se hizo patente cuando tenía 40 años en 1995 y dos años más tarde tenía una dependencia absoluta de la ventilación mecánica.
A finales de 1997, Echevarría fue trasladada al Hospital San Rafael de Granada, que era propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Todos los cuidados y tratamientos de la paciente fueron costeados por la Consejería de Salud de Andalucía. Durante casi 10 años, Inmaculada Echevarría vivió en el Hospital San Rafael.
«Asumo mi enfermedad, pero no los métodos artificiales de alargarla de manera inútil, aumentando el dolor y desesperación que ya sufría, y que esperaba se acabara con una muerte natural. Mi vida no tiene más sentido que el dolor, la angustia de ver que amanece un nuevo día para sufrir, esperar que alguien escuche, entienda y acabe con mi agonía. Lo único que pido es la eutanasia. No es justo vivir así», explicaba antes los medios de comunicación en una rueda de prensa tras insistir en su deseo de no vivir más.
El Comité Ético de la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo lo autorizaron. En concreto, este último organismo dictaminó el pasado 28 de febrero que su caso era una limitación del esfuerzo terapéutico negativa y «adecuada a derecho«, por lo que consideró que la actuación de los profesionales sanitarios que procedieran a la desconexión del aparato de ventilación mecánica no podía considerarse «punible«.
Echevarría no pudo morir en el centro en el que vivió los últimos diez años, el Hospital San Rafael de Granada, ya que tras la aprobación de su petición, la religión entró en juego. La orden de San Juan de Dios, que regenta dicho hospital, optó por el traslado a otro centro por la presión de ciertos sectores contrarios a la decisión. Finalmente, trasladada al Hospital San Juan de Dios de la misma ciudad, fue desconectada de la máquina que la mantenía con vida tan solo unas horas después de llegar. El 14 de marzo de 2007, a las 21.00 horas, moría sin dolor.
LA HISTORIA LLEVADA AL CINE DE RAMÓN SAMPEDRO
Si hay un caso de eutanasia conocido, a pesar del paso de los años, es la historia de Ramón Sampedro. Este marino se quedó tetrapléjico con apenas 25 años al romperse la séptima vértebra cuando se tiró de cabeza al agua en la playa de As Fumas y se chocó contra una roca en 1968. Tras 30 años postrado en una cama, y tras varios noes por parte de los tribunales a permitirle la eutanasia, el 12 de enero de 1998 decidió quitarse la vida.
El plan de Sampedro constaba de once partes que debían llevar a cabo el mismo número de personas. Cada uno tenía una función específica. En si misma, ninguna de esas tareas constituía un delito pero todas juntas, sin embargo, eran sinónimo de eutanasia.
Un amigo le compró el cianuro, otro calculó la proporción adecuada y el siguiente trasladó el veneno hasta la casa adecuada. Alguien lo recogió, luego se puso la bebida en un vaso al que se le añadió una cañita para que Sampedro pudiera sorber el líquido. Ramón había escrito una carta de despedida (con la boca) y también quiso grabar un vídeo.
Cuando los forenses encontraron el cianuro potásico en su cuerpo, la policía detuvo a su compañera Ramona Maneiro, la mujer que acompañó a Ramón Sampedro en sus últimos dos años de vida. La trama estaba tan bien urdida que los agentes no encontraron pruebas que la incriminaran. Aún así, siete años después, cuando el delito ya había prescrito, fue la propia Maneiro la que admitió haber administrado el veneno y también realizar la filmación.
«Considero que vivir es un derecho, no una obligación. He sido obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, cuatro meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo y la evolución de las consciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no”, concluyó Sampedro antes del sorbo letal.
