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La sala que juzga el ‘procés’ en el Tribunal Supremo (TS) ha denegado al ex-vicepresident de la Generalitat y candidato de Ahora Repúblicas a la elecciones europeas, Oriol Junqueras, encausado por rebelión en este procedimiento, el permiso para asistir el próximo lunes ante la Junta Electoral Central (JEC) para jurar su cargo de eurodiputado.

Considera el tribunal que el desplazamiento de Junqueras a Bruselas como consecuencia de este trámite pondría en un «irreversible peligro» los fines del proceso penal y añade que la pérdida del derecho de participación política del procesado no es irreversible, sino temporal, ya que se encuentra a expensas de la sentencia que se dicte en un futuro.

ERC presentará un recurso de súplica ante el TS y ha abierto la puerta a llevar esta cuestión a instancias europeas

La normativa europea establece la obligación para los eurodiputados de firmar la declaración de intereses financieros y la de incompatibilidades, unos documentos que suelen entregarse de manera presencial en Bruselas, aunque fuentes consultadas por Europa Press admiten que puede haber otras opciones.

Un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara apunta también que la protección que cubre a un eurodiputado de acuerdo al artículo 9 del reglamento de la institución “tendrá efecto para el nuevo eurodiputado electo a partir del 2 de julio de 2019 a las 10:00 horas”, momento en que se constituirá la nueva Eurocámara.

La inmunidad de los eurodiputados que ya han tomado posesión de su escaño supone que no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos.

Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan a la Eurocámara que levante la inmunidad a uno de sus diputados, la comisión de Asuntos Jurídicos deberá realizar un informe que se votará posteriormente en el pleno del Parlamento que debe tomar la decisión final.

El informe jurídico de la Eurocámara aclara sobre este punto que se debe aceptar la petición de suspender la inmunidad “a menos que parezca que la intención subyacente es dañar la actividad política de un miembro y, por tanto, la independencia del Parlamento”.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado «inconcebible» que años después de acabar la violencia de ETA se trate de «hacer un veto, cordones sanitarios y no se quiera ni hablar» con EH Bildu por parte del PSOE. «Todo el mundo ha reconocido que yo he hablado con Zapatero en Txillarre, que he pasado años hablando con el PSOE, que apoyamos los decretos sociales del Gobierno de Sánchez y en la moción de censura…», ha recordado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi se ha referido a la constitución este sábado de los ayuntamientos y ha considerado que se va a confirmar lo que EH Bildu ya había anunciado en campaña electoral, la existencia de «dos grandes bloques»: «El liderado por el PNV, conservador, y el liderado por EH Bildu, un bloque progresista».

«Para que exista gobernabilidad en el bloque conservador y del centro-derecha debe pasar que una parte del bloque progresista que se atribuye al PSE o PSN debe apoyarlo y es lo que va a ocurrir»», ha afirmado, para añadir que, no obstante, «la legislatura es muy larga» de tal forma que «puede empezar de una manera y terminar de otra».

PAMPLONA Y NAVARRA

Por otro lado, ha considerado que en Navarra hay un «microclima especial», aunque ha reconocido que «probablemente» Joseba Asirón dejará de ser alcalde de Pamplona y «el PSN va a conceder la Alcaldía a la derecha».

«Para nosotros es inconcebible que muchos años después de que haya acabado la violencia de ETA se trate de mantener esto encima de la mesa y de hacer un veto, cordones sanitarios y no se quiera ni hablar. Todo el mundo ha reconocido que yo he hablado con Zapatero en Txillarre, que he pasado años hablando con el PSOE, que apoyamos los decretos sociales del Gobierno de Sánchez y en la moción de censura…», ha sostenido.

De este modo, ha lamentado que en el Estado español cuando gana la derecha «aplica programas de derecha» y cuando lo hace la izquierda «hace lo mismo», lo que, a su juicio, se demuestra en Navarra. «En ningún caso le vamos a dar los votos a María Chivite porque el Partido Socialista ni siquiera quiere hablar con nosotros. Es ella quien debe decir si tiene interés en hablar con nosotros», ha valorado.

Por ello, ha emplazado a los socialistas a hablar con EH Bildu «con normalidad» ya que «el veto que se ha impuesto se tiene que romper». «Nos sitúan en un escenario que creíamos estaba superado… el latiguillo de ETA y del pasado se pone encima de la mesa para no hacer política y es inconcebible», ha denunciado.

FORMACIÓN DE UN GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por lo que respecta a la situación generada en el Estado, Otegi ha considerado que el gobierno que anuncia Pedro Sánchez «empieza a decepcionar de cierta manera» después de que «haya jugado a la abstención de Cs y PP».

«Juega al cordón sanitario sobre Vox y el independentismo situándonos en el mismo plano. Esto no augura una buena legislatura. Nosotros tomaremos una posición conjunta con ERC porque la investidura es un tema importante como para ir juntos», ha añadido en referencia al posicionamiento que adoptarán los cuatro diputados de EH Bildu.

Respecto a una posible abstención de los representantes de la coalición soberanista en la Cámara baja, Otegi ha indicado que el PSOE «no quiere hablar con nosotros», lo que supone un problema de entrada.

Asimismo, ha reconocido que contempla «con mucha pereza» una repetición de las elecciones de tal forma que «solo faltaría que en Euskadi se adelanten las autonómicas y esto sería la fiesta mayor del siglo».

«Pudiera pasar que se diera un adelanto electoral después de que Unidas Podemos haya puesto la condición de estar en el gobierno pero no auguro unos mejores resultados para la izquierda. Pudiera suceder que Unidas Podemos bajara, subiría al PSOE pero no sé si la suma iba a dar«, ha vaticinado.

PACTOS MUNICIPALES

Cuestionado por los pactos en lo que participa EH Bildu, Otegi ha reconocido que «en principio» la coalición soberanista gobernará en Durango, Arrigorriaga y Galdakao.

«En Durango -ha indicado- tenemos un pacto hecho a nivel local con Podemos; ya antes tenemos una buena experiencia en Rentería, el ayuntamiento de todo el Estado con mayor gasto social y un modelo de convivencia envidiado». «Este es un pacto que funciona y entendemos es un modelo de gobierno exportable a Durango, Arrigorriaga y Galdakao, ha valorado.

En contraposición, ha lamentado que, tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por PNV y PSE, «todo parece apuntar» a que los ‘jeltzales’ presentarán candidaturas en Lezo, Mendaro y Soraluze, y ha reconocido no saber si el PSE hará lo propio en Pasajes y Andoain.

«En Pasajes, la candidata socialista durante la noche electoral dijo que no se iba a presentar porque la diferencia de votos ha sido brutal. En Andoain el caso es similar y me consta que en ambos sitios las bases no están por la labor de hacer esa operación, pero no sé qué tipo de presiones habrá. No sería muy lógico», ha advertido.

A su juicio, que el PNV asuma lo de Durango «como una pataleta» y trate de hacer lo mismo en algunos ayuntamientos de Guipuzcoa «forma parte del nivel de la política del país», pero ha matizado que «al PSE nosotros no le hemos quitado ninguna alcaldía». «Espero y deseo que en el PSE se atienda a las voces más razonables», ha confiado.

Respecto al acuerdo con PNV en los municipios alaveses de Labastida y Laguardia, ha señalado que «ayer por la noche la negociación estaba bastante avanzada» con sendas propuestas de gobiernos conjuntos. «Somos favorables de desalojar a este PP y darle la alcaldía al PNV y gobernar conjuntamente», ha añadido.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, retoma la propuesta planteada ayer por Cs al PP de alternarse en la Alcadía del Ayuntamiento de Madrid en turnos de dos años, para ironizar sobre la participación del candidato de Vox, Javier Ortega Smith, en ese modelo de Gobierno, en el que le corresponderían 8 meses como alcalde de la capital. Así, sobre las negociaciones para gobiernos en comunidades y ayuntamientos, ha recalcado que no habrá gobiernos si «se les deja de lado».

«Si repartimos por turnos, hemos calculado que nos tocaría 8 meses, estaría bien. Es una broma», ha ironizado. «No vamos a estar 8 meses con Ortega Smith, 16 con Begoña Villacís y 24 con José Luis Martínez Almeida», ha añadido, descartando la propuesta del partido ‘naranja’.

PP y Ciudadanos no «van a conseguir» formar gobierno «dejando de lado» a Vox

«Estamos intentando poner de acuerdo a PP y Ciudadanos«, ha asegurado sobre el escenario pos-electoral de Madrid en una entrevista en la Cadena SER, aunque no ha concretado si ha habido contactos en las últimas horas.

Con todo, Espinosa de los Monteros se ha mostrado «absolutamente convencido» de «poder tener buenas noticias» en ayuntamientos y comunidades, en línea con los pactos alcanzados en las Asambleas de Madrid y Murcia para que estén controladas por la derecha.

NO HABRÁ GOBIERNO SIN VOX

Sobre su aspiración a entrar en gobiernos con PP y Ciudadanos, el portavoz parlamentario de Vox ha insistido en que no «van a conseguir» formar gobierno «dejando de lado» a su partido. «Si alguien quiere formar un gobierno en cooperación, en cohabitación con Vox, nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso», ha argumentado.

Si bien, Espinosa de los Monteros se ha mostrado flexible con su exigencia de estar en el gobierno y ha dicho que «depende de cada caso». «En algunos sitios tenemos candidatos con mayor experiencia y merece la pena que estén, en otros menos», ha admitido, sin concretar ningún escenario.

Preguntado por los ataques de Vox al PP durante la campaña, formación a la que calificaba de ‘derechita cobarde’, el dirigente de Vox admite que ya no lanzan esas críticas y ha alegado que todos los políticos manejan «distintos registros en distintos momentos».

«Una cosa es lo que se dice en un mitin o en una charla con amigos. Para cada momento hay un registro distinto, hoy no estamos en eso», ha argumentado. «Estamos en componer gobiernos y no en intentar atacar a los que han sido nuestros rivales y hoy tienen que ser nuestros socios de gobierno», ha subrayado.

Comienza, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, que juzgará a la ex-tesorera ‘popular’ Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán, al informático José Manuel Moreno y al PP, primer partido en estar acusado penalmente como persona jurídica.

Una vista oral que se celebra más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara el caso a juicio al considerar que existen claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física». Por ello, la ex-tesorera, el abogado y el informático están acusados por los delitos de encubrimiento y daños informáticos y el partido sólo por el segundo de ellos.

El PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, ya que en la trama Gürtel sólo fue considerado partícipe

El juicio no será retransmitido en directo por señal institucional, sino que sólo habrá «grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales». El juez Eduardo Muñoz de Baena, que dirigirá la vista, ha accedido a la petición realizada por los acusados y que fue apoyada por la Fiscalía, que precisamente no ejerce ninguna acusación en este procedimiento.

El magistrado reconoció en su auto que es «lógico y notorio el interés social y mediático» de este juicio dado que uno de los acusados es «un partido político con representación parlamentaria» y por ello permite que los medios de comunicación puedan acceder a la sala de vistas para informar sobre el desarrollo del juicio.

Y es que el PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, pues en la trama Gürtel tan sólo fue considerado partícipe a título lucrativo por beneficiarse ilícitamente de las actividades de los ex-alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, por lo que fue obligado a pagar una multa de 245.000 euros.

SOLO ACUSACIÓN POPULAR

En este caso no existe la acusación particular debido a que el propio Bárcenas se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público solicita el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no existen «indicios relativos a ciertos extremos esenciales». Además, considera que la única versión que existe sobre los hechos es la del extesorero, que, en su opinión, es «inverosímil y contradictoria».

Está prevista la comparecencia de María Dolores de Cospedal, a petición de las tres acusaciones

Por ello, la Fiscalía cree que los cuatro acusados no deben ser juzgados enfrentándose sólo a las peticiones que solicitan las acusaciones populares, que en este caso las ejercen Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc, sino que considera que debería aplicarse la ‘Doctrina Botín’, que recibe el nombre del banquero fallecido Emilio Botín, que evitó sentarse en el banquillo en una situación similar. En caso de que el juicio se celebre, el Ministerio Público pide la absolución.

Izquierda Unida es la acusación popular que solicita las condenas más severas para los acusados. Pide que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y medio de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

Por su parte, el Observatori Desc solicita para la ex-tesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático ve necesaria la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. En cuanto a la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones durante cinco años.

Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.

Por último, Adade pide que la formación política sea multada con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la ex-tesorera y el abogado sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático estima solo un año de cárcel.

CINCO SESIONES

El juicio está previsto que se celebre en cinco sesiones repartidas entre los jueves y viernes de este mes de junio. La primera sesión está reservada para las cuestiones previas, trámite en el que las partes manifiestan sus alegaciones para aportar o rechazar pruebas o exponer sus motivos por los que la causa debe ser anulada.

Una de las cuestiones que tendrá que resolver el magistrado Muñoz de Baena es si finalmente accede a la petición que ha hecho Izquierda Unida para que, al menos, haya imágenes de la sesión inicial y de la última (28 de junio), en la que las acusaciones y defensas realizarán sus informes de conclusiones y los acusados harán uso de su última palabra, si así lo desean.

También deberá aclarar, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el modo en el que Luis Bárcenas comparezca como testigo, pues él mismo solicitó hacerlo vía videoconferencia para evitar el traslado desde la prisión en la que se encuentra cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel. Asimismo, pidió poder declarar con la asistencia de su abogado.

BÁRCENAS Y COSPEDAL, COMO TESTIGOS

Aunque retiró la acusación, el ex-tesorero ‘popular’ no se librará de comparecer ante el juez, pues tanto Adade como IU le han citado a declarar como testigo para que cuente su versión sobre la destrucción de los dos ordenadores que usaba en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Está citado el próximo 20 de junio.

Este mismo día también está previsto que acuda a la Audiencia Provincial la que fuera ‘número dos’ del PP María Dolores de Cospedal, a petición de las tres acusaciones por su «condición de superior jerárquica» sobre el informático y la ex-tesorera. Precisamente el escrito de IU y Desc añaden que la ex-ministra de Defensa adoptó la decisión con Navarro de «prohibir la entrada» a Luis Bárcenas a la sede de los ‘populares’, hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.

Además, las tres destacan que Cospedal habría tenido «conocimiento de los hechos investigados» por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los denominados ‘papeles de Bárcenas’, que aún no ha concluido.

El 90,16% de la militancia del PSE-EE (2.703 afiliados) que ha participado en la consulta organizada en la tarde de ayer por este partido ha refrendado el preacuerdo para la gobernabilidad de las instituciones locales y forales de Euskadi firmado por el PSE-EE y el PNV.

Según han informado los socialistas vascos, ha emitido un voto negativo el 8,87% (266 afiliados), mientras los votos en blanco (27) han supuesto el 0,90% de los depositados en las urnas y los nulos (2), un 0,07%. El total de votos emitidos ha sido de 2.998, un 57,79% de los 5.188 que integraban el censo.

El objetivo es apoyar la lista más votada o la que mayor número de votos tenga

El preacuerdo entre PNV y PSE-EE para apoyarse mutuamente en la conformación de Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca se formalizaba el lunes pasado. El objetivo es un compromiso de apoyar la lista más votada o, en caso de no ser ninguno de los dos, al que mayor número de votos tenga.

Respecto a las Diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, –las tres con mayoría del PNV–, el acuerdo recoge que los socialistas deberán garantizar que salga elegido diputado general el candidato ‘jeltzale’.

El preacuerdo establece, al igual que el pacto suscrito hace cuatro años, que aquellos ayuntamientos donde no ha habido mayoría de ninguno de los dos, el primero de entre ellos tiene la potestad de presentarse (aunque no está obligado).

OBLIGADOS A VOTARSE

Si presenta candidato a alcalde, la otra formación está obligada a votarle, como podría ocurrir en Andoain y Pasaia, (donde el PSE-EE es segunda fuerza y con el apoyo del PNV obtendría la alcaldía), o en Lezo, Mendaro y Soraluze (donde ganó EH Bildu, pero el apoyo del PSE-EE daría la alcaldía a los jeltzales).

Respecto al Ayuntamiento de Irún, donde el PSE-EE fue la lista más votada con diez ediles, el PNV obtuvo siete, Podemos cuatro y EH Bildu tres, desde el PNV han asegurado que su organización municipal de Irún se encargará de garantizar que el alcalde de Irun en funciones, el socialista José Antonio Santano, sea reelegido.