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Mientras el foco nacional se centra en la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez, prevista para este mismo jueves, en Cataluña están a otros asuntos. ERC, que aún no ha mencionado cuál será su posición con el PSOE, ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament, por la cual pide a la Cámara Catalana «abolir la monarquía» y mostrar un serio rechazo al discurso del REy Felipe VI tras lo acontecido en el 1-O.

La iniciativa, recogida por Europa Press y que se votará este jueves en el pleno monográfico sobre la ‘Cataluña real’, hace referencia a la resolución que aprobó el Parlament reprobando al Rey y que ha sido suspendida recientemente por el Tribunal Constitucional.

La propuesta también busca que la Cámara reafirme su compromiso con el derecho a la autodeterminación porque lo ven «un derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña».

Los republicanos exigen «detener la causa general contra el independentismo» y el cumplimiento de las resoluciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que piden la libertad inmediata de los presos soberanistas.

Asimismo, plantea que la Cámara «reafirme su compromiso con el libre ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos», especialmente los que consideran que ha vulnerado el Estado en los últimos años.

Entre ellos incluyen la libertad de expresión, el derecho a reunión, a un proceso judicial justo, a voto, a una vivienda digna, a huelga y a la autodeterminación.

En otro de los puntos, los republicanos buscan que el Parlament reitere que el futuro de Cataluña lo decidirá su ciudadanía en las urnas pese a «la criminalización del derecho a voto, a la libertad de expresión, a la reunión, a manifestarse y a decidir que puede suponer la sentencia del Tribunal Supremo».

PROPUESTAS CONJUNTAS CON JXCAT

ERC también ha presentado varias propuestas de manera conjunta con JxCat, entre las que destacan una que insta al Govern a trabajar «para obtener las herramientas propias de un Estado, desde la afirmación de Cataluña como sujeto político».

Ambos grupos reclaman al Govern «perseverar en el diálogo y la negociación para hacer efectiva la voluntad de la ciudadanía y encontrar siempre soluciones democráticas».

En otra resolución, exigen al Gobierno cumplir la disposición adicional tercera del Estatut, el Plan de Cercanías y finalizar el Corredor Mediterráneo, entre otras cuestiones, para que Cataluña tenga las infraestructuras necesarias.

Además, otra iniciativa de ERC busca que la Cámara pida al Govern proponer un sistema «objetivo y riguroso» para calcular un salario mínimo de referencia en Cataluña y aprobarlo en un plazo de tres meses.

Pedro Martín ha sido designado este miércoles nuevo presidente del Cabildo de Tenerife gracias al apoyo que le han brindado Sí Podemos y los dos consejeros de Ciudadanos Enrique Arriaga y Concepción Rivero, que permanecen suspendidos de forma cautelar por su partido, por no obedecer las directrices internas. El nacionalista Carlos Alonso, de Coalición Canaria (CC) pierde el cargo.

Tras una larga y tensa sesión que fue suspendida hasta que se aclaró legalmente la compatibilidad del consejero de Sí Podemos, José David Carballo –trabajador de una empresa pública dependiente de la corporación– Martín cuenta con el apoyo de 16 consejeros que le otorgan la mayoría absoluta en la corporación, por los 15 que suman CC y PP, que hasta hoy mantenían un pacto de gobierno en la institución –el nacionalista José Manuel Pitti no asistió–.

Martín, Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, es alcalde del municipio sureño de Guía de Isora desde 1995 y ha sido diputado autonómico y vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y recupera para el PSOE el bastón insular tras 32 años de gobierno ininterrumpido de CC.

ALONSO CRITICA UNA MOCIÓN «CON DOS TRÁNSFUGAS»

Martín ha comentado que el PSOE no compartía decisiones cuando cogobernaba con CC, como evitar la compra del edificio de Antonio Plasencia en Cabo Llanos, las «descalificaciones permanentes» a consejeros del PSOE en el Cabildo o la renovación de Las Chumberas.

Ha dicho también que se abre una nueva etapa en la isla en la que potenciará la creación de empleo, el emprendimiento y la innovación, con «políticas coordinadas» con el Gobierno regional y la formación y recuperación de fincas en el sector primario, advirtiendo de que el Cabildo debe «liderar» el proceso de construcción y rehabilitación de carreteras.

Ha propuesto la creación de un plan de movilidad, impulsar la igualdad o ayudar a la mejora de la sanidad o la educación aunque las competencias del Cabildo sean limitadas, lo mismo que en dependencia, que será un «objetivo fundamental», por lo que ha anunciado la construcción de nuevas residencias públicas.

Asimismo, ha valorado la «coherencia y lealtad» de Cs y la posición de Sí Podemos, que ha antepuesto los cargos a los programas e ideas, al tiempo que ha tendido la mano a CC y PP en aras del consenso y en favor del desarrollo de Tenerife.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha comentado que la censura se sustenta en «un folio» que busca una alternativa política, negando que CC quiere «patrimonializar» el sector público, pero entiende que «tres párrafos y una línea» no justifican el cambio.

Alonso apunta que «lo importante es el qué, no el quién», y el discurso de Martín «no aporta nada nuevo», pues critica la dependencia, cuando se han aumentado plazas o la movilidad, con una nueva política de tarifas para colectivos especializados.

Ha relatado también el aumento de fondos para la lucha contra la violencia de género, la política de becas e inmersión lingüística, una «inversión histórica» en carreteras, el Premio Nacional en Artesanía, el programa Tenerife 2030 o la gestión en vivienda, medio ambiente o seguridad, «que ha estado en manos del PSOE.

Alonso ha incidido en que el pacto del PSOE con Podemos y Cs no se entiende viendo la ‘mala relación’ que hay a nivel nacional entre las tres formaciones, aparte de que se sustenta «en dos tránsfugas» e incumpliendo el Pacto Antitransfuguismo.

«Esta no es la mejor manera de empezar el nuevo Gobierno», ha señalado, cuestionando si no es indigna la manera de acceder a la Presidencia.

Ha apuntado también que un gobierno con 13 consejeros «no da más estabilidad» al Cabildo, y desde el punto de vista personal, ha dicho que CC va a mantener su apuesta por el desarrollo de la isla, intentando promover el Pacto por Tenerife con nuevas acciones.

Enrique Arriaga, portavoz del Grupo Mixto (Cs), ha comentado que se censuran «los seis años de gobierno de Carlos Alonso y los 32 años de CC», dejando claro que no son tránsfugas y sí consejeros de pleno derecho, pese a los intentos de «manchar» su imagen.

Ha comentado que han sido «coherentes» con la «palabra dada» durante la campaña electoral, resaltando que la «nueva política» es «hacer lo que se dice» y no plegarse a los «poderes fácticos».

ARRIAGA DEFIENDE LA «COHERENCIA»

Arriaga ha criticado también la «soberbia» de CC y subrayado que «nunca» hubo un pacto con CC y PP. «En nuestra decisión no hay inquina, solo coherencia», ha destacado.

En su opinión, se abre una «nueva etapa» para que la isla «avance» y con tinerfeños «libres e iguales». «Aportaremos frescura y capacidad de diálogo», ha señalado.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha lamentado la tensión generada por la posible incompatibilidad de uno de sus consejeros, alertando de la «ineficacia» y «total incompetencia» de CC para resolver los problemas de los ciudadanos, además de otros casos de «corrupción» como Sinpromi, Recinto Ferial o las tarjetas de Turismo de Tenerife.

Ha señalado que hay motivos para «desalojar» a CC de la Presidencia del Cabildo porque se ha perpetuado un «entramado» donde «unos pocos» gestionan la mayor parte de las oportunidades que hay en la isla. «Se nos ha inculcado ser amables con quienes nos roba», ha explicado.

Belda ha mostrado confianza en el nuevo Gobierno –su grupo queda fuera y dará apoyo en los plenos– con un «apoyo firme» pero sin que sea un «cheque en blanco». «No hemos llegado a la política por los sillones», ha destacado.

Lope Afonso, portavoz del PP, ha comentado que la moción de censura es lícita y democrática, defendiendo su pacto con CC, porque aunque han sido «críticos» con la formación nacionalista, optaron por mejorar la isla «desde dentro».

Ha dicho que Cs se iba a sumar al pacto de gobierno «al menos hasta 90 minutos antes» de la presentación de la moción de censura y una vez se resolviera su propia situación judicial -está pendiente de sentencia del caso mercadillos–.

Afonso ha tildado a Arriaga de «nuevo Churchill» y criticado su falta de respeto en las negociaciones: «Usted solo ha conseguido extender una mancha grande sobre un acto democrático como el de hoy».

Le ha acusado de «emponzoñar» la política insular que va a acabar con su posible expulsión de Cs, lo que les sitúa como «eventuales tránsfugas», alertando de si Podemos va a ser un «elemento decorativo» o va a «condicionar» la acción de gobierno.

UN «DÍA TRISTE» PARA EL CABILDO, SEGÚN BERNABÉ

Marian Franquet, portavoz del Grupo Socialista, ha dicho que han sido muchas semanas de trabajo negociador para buscar puntos de acuerdo con partidos «ideológicamente distintos» pero unidos en la necesidad del «cambio» solicitado por la ciudadanía.

Ha apuntado que Alonso ganó las elecciones en Tenerife y fue investido presidente, pero cabe la moción de censura, destacando que Martín se compromete a gobernar «con todos y todas» y que no se va a «entretener» con «ruidos y broncas».

El portavoz del Grupo Nacionalista, Alberto Bernabé, ha dicho que es un «día triste» para el Cabildo porque se ha presentado una censura por primera vez en 106 años y basada en la «inquina, la sinrazón y la traición», pues dos consejeros de Cs que la impulsan están suspendidos de militancia.

«Debería llevar a una reflexión sincera», preguntándose si «vale la pena» llegar al poder en Tenerife con dos tránsfugas, un gobierno en «minoría inestable» y un apoyo «no gratis» desde fuera de Sí Podemos.

El Pleno estuvo suspendido algo más de una hora, a petición de la presidenta de la Mesa de Edad, Juana María Reyes, ante las dudas legales planteadas por CC sobre si el consejero de Sí Podemos, José David Carballo, podía presentar la moción de censura al tener una relación laboral con el Cabildo.

Mientras en Murcia el discurso de investidura de López Miras ha sido admirado por Ciudadanos y Vox, en la Comunidad de Madrid la situación sigue encallada. La formación de Santiago Abascal ha decidido tomar la iniciativa y presentar un documento a las dos formaciones más representadas de su bloque, pero a diferencia de Murcia, las exigencias parecen mayores. La formación naranja, desde luego, no está dispuesta a asumir alguno de los contenidos y pide que se hagan públicas las propuestas.

CIUDADANOS FIJA UNOS LÍMITES

PP, Ciudadanos y Vox están destinados a entenderse y todo apunta a que es cuestión de tiempo que anuncien un acuerdo den Madrid. Pero la formación naranja no quiere que sea a cualquier precio. Ignacio Aguado ha señalado, antes de conocer el texto, que no aceptaría “atacar los derechos y libertades del colectivo LGTBI, estigmatizar a los inmigrantes y frivolizar con la violencia machista”. Es más, el candidato de Ciudadanos ha aclarado que si Vox añadía algo así abocaría a la Comunidad a “una repetición electoral”.

Desde la formación naranja insisten en que el documento que ha presentado Vox dista mucho del que recientemente han aceptado en Murcia y que hará presidente el próximo viernes al popular López Miras. El partido de Rivera quiere que se haga público, para que todo el mundo observe que las peticiones de Vox son inasumibles por su partido y no ser acusados de bloquear aún más la situación de la Comunidad de Madrid, que permanece ‘desamparada’ desde el pleno en el que no hubo candidato por la incapacidad para sumar los apoyos necesarios.

LAS MEDIDAS DE VOX EN MURCIA QUE AGUADO ACEPTARÍA

Desde Ciudadanos, en cambio, si aceptarían las exigencias que Vox planteo en Murcia, y que ha explicado abiertamente en su discurso de investidura el candidato popular de la otra Comunidad. En ese acuerdo se recoge la “violencia intrafamiliar”, que no supone un obstáculo ni ningún impedimento para mantener la lucha por la violencia de género que sostienen PP y Ciudadanos. Otro de los aspectos es la libertad educativa, en la que simplemente se destaca que los padres decidirán si dejan, o no, asistir a sus hijos a charlas extraescolares que tengan que ver con otra ajena al estudio.

EL PP TOCA DEL DOCUMENTO PARA ADAPTARLO A CIUDADANOS

La baza de Díaz Ayuso, que hace escasos días se mostró convencida de que sería investida antes de agosto, es mediar entre las dos formaciones. La candidata a presidir la Comunidad de Madrid ya ha realizado algunas modificaciones al documento de Vox. Su objetivo es hallar un consenso con la formación verde, y firmarlo, que no suponga ningún obstáculo a lo pactado anteriormente con Ciudadanos. Aguado se ha negado a establecer su firma en el escrito de Vox, pero no rechazaría el acuerdo a tres bandas siempre y cuando el compromiso con Vox no sea suyo.

Una situación compleja, un pulso de egos y propuestas, que en los próximos días debería llegar a su fin con un pacto obligado que evite nuevos comicios y que, sobre todo, evite un gobierno de la izquierda, tal y como rezaban los lemas de los tas tres formaciones destinadas a entenderse en la campaña electoral. Tras días sin avances, Vox ha dado un paso al frente que, pese a ser rechazado, ha agitado de nuevo las conversaciones.

El Ayuntamiento, a destiempo, prepara su modelo alternativo a Madrid Central, después de Bruselas amenaza con presentar una denuncia a España por incumplir los límites de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades de Madrid y Barcelona. PP, y sobre todo Ciudadanos, han insistido en los últimos días que su intención nunca ha sido eliminar Madrid Central sino «transformarlo».

Ahora trabajan a contracorriente, como ha manifestado este miércoles el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la presentación del sistema Remad en el punto limpio de Arganzuela, un día después de conocerse que Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica.

Carabante ha precisado que «el expediente lleva abierto desde 2015 y el periodo escrutado por Europa por sobrepasar los límites establecidos en la directiva europea en todo el país lo hace en un periodo comprendido entre 2010 y 2017″.

Además, ha indicado que el mismo «pone de manifiesto que las medidas comprometidas por el anterior equipo de Gobierno no han sido eficaces para evitar superar esos niveles máximos, y remitirá al tribunal esa posible sanción.

OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Sobre la posibilidad de esa sanción, la cual es «posible» evitar, Carabante ha señalado que «es un proceso muy largo» y en él aprovecharán para «plantear un modelo alternativo, ambicioso y eficaz y poder evitar esa sanción a España«.

En este sentido ha indicado que las emisiones «no proceden únicamente» de los vehículos, sino que además hay otras fuentes de contaminación que también quieren combatir. «Lo presentaremos después de reuniones con asociaciones de afectados, pero también con expertos técnicos», ha remachado.

Tras indicar que ya ha mantenido más de 10 reuniones y encuentros con más de 30 expertos y afectados, Borja Carabante ha recordado que este próximo martes habrá una comisión de seguimiento de Madrid Central. «Queremos escuchar a todo el mundo, porque uno de los mayores errores del anterior equipo de Gobierno fue no escuchar a los implicados», ha señalado.

Ha recordado también que «a lo largo de este cuatrienio se destinarán 200 millones de euros para impulsar la renovación de la flota de turismo, carga y descarga, autobuses y de pequeños comerciantes y 50 millones de euros para renovación de calderas de gasóleo y carbón».