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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que «cualquier regulación del tabaco no afecta ni a la economía ni a la buena salud que tiene la hostelería», y ha recordado que hace una década también hubo el mismo debate, en referencia a la prohibición de fumar en todo espacio público cerrado que entró en vigor en 2011.

«En las propuestas de espacios libres de humo, queremos aunar dos cosas: una, la mayor protección de la salud y otra, la mayor evidencia científica posible. Y sí, las terrazas cumplen las dos», ha asegurado en una entrevista este domingo en ‘La Vanguardia’ y recogida por Europa Press, en la que también señala espacios como universidades, playas y piscinas municipales.

García ha explicado que el Plan Integral contra al Tabaquismo del Gobierno tiene varias vías, porque «algunas van por decreto, como es la regulación de los nuevos dispositivos y los vapeadores, y otras van vía ley y allí entran los espacios libres de humo.

RESTRICCIONES AL ALCOHOL

También ha remarcado la necesidad de que no se venda alcohol en espacios que son exclusivos para menores o que tienen espectáculos para menores, y ha emplazado a la ciudadanía a hacer con el alcohol el «cambio cultural y de concienciación» que se consiguió con el tabaco.

Preguntada por el modelo de gestión de sanidad concertada, García ha contrapuesto que en Catalunya la mayoría de las concertaciones se hacen con entidades sin ánimo de lucro, mientras que en Madrid, según dice, hay un problema con el grupo Quirón: «Está siendo siendo un sumidero de recursos que no se quedan en el paciente y sí en la cuenta de resultados de un fondo en Alemania

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes de la Ertzaintza, han desarticulado en Madrid y Guipuzkoa un coro del grupo violento juvenil de los Blood, con la detención de cinco personas –cuatro en Guipuzkoa y una en Madrid– como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, coacciones y amenazas.

Durante los registros se han intervenido armas blancas (machetes, catanas y navajas), armas de fuego simuladas, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y parafernalia con simbología propia del coro.

El pasado lunes 3 de febrero agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Donostia-San Sebastián de la Policía Nacional, junto a agentes del Servicio de Investigación Criminal de Gipuzkoa de la Ertzaintza (SICTG), llevaron a cabo un operativo conjunto para desarticular un grupo violento juvenil, concretamente un «coro» de los Blood que se estaba asentando en Guipúzcoa.

Durante el operativo, que se ha desarrollado en Madrid y varias localidades de Guipuzkoa, con la colaboración de las policías locales de Irún y Rentería, se ha arrestado a cinco personas como integrantes de la organización, tres de ellos menores de edad en el momento en el que se cometieron los hechos que se les imputa.

En las entradas y registros llevadas a cabo en Guipuzkoa, en las que participaron también agentes de la Brigada Móvil y de la Unidad Canina de la Ertzaintza, uno de sus animales localizó una gran cantidad de dinero en metálico, y además encontraron armas blancas tales como machetes, catanas y navajas, armas de fuego simuladas, sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos, documentación y vestimenta con simbología propia de la banda.

En el registro llevado a cabo en la provincia de Madrid, en el que se detuvo a uno de los integrantes del ‘coro’, se intervinieron varias armas blancas así como parafernalia propia de este grupo violento. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, coacciones y amenazas.

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a admitir a trámite en su Pleno de la próxima semana el recurso que presentó el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarle la ley de amnistía.

Según consta en el orden del día, a partir del martes los magistrados también deliberarán sobre la admisión a trámite de los recursos interpuestos por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.

Ambos dirigentes, al igual que Junqueras, han recurrido en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la mayoría del tribunal se prepara para admitir a trámite estos recursos, lo que significa que luego deliberará sobre el fondo del asunto en posteriores Plenos y revisará si la resolución del Supremo se ajustó o no a Derecho. Cabe recordar que, hasta ahora, todos los asuntos relativos al ‘procés’ han sido admitidos para su estudio.

No obstante, las citadas fuentes avisan de que antes de dar entrada a los recursos de amparo de los condenados por el ‘procés’ podría plantearse un obstáculo formal, ya que ni la recusación del magistrado conservador José María Macías ni la abstención del progresista Juan Carlos Campo se han extendido a los recursos de amparo.

Campo se apartó voluntariamente porque cuando fue ministro de Justicia dijo en el informe a favor de indultar a los condenados por el ‘procés’ que la amnistía era «claramente inconstitucional», mientras que la mayoría progresista aceptó la recusación presentada por la Fiscalía contra Macías porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en contra de esa ley en dos textos con valor institucional.

El Pleno aceptó tanto la abstención de Campo como la recusación contra Macías en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TS y, posteriormente, las extendió a las otras tres cuestiones –planteadas todas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– y a los 16 recursos de inconstitucionalidad registrados por el PP y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas donde gobierna.

Técnicamente, la extensión no se acordó para los recursos de amparo, que llegaron más tarde al Constitucional porque para presentarlos Junqueras y los demás condenados tuvieron que esperar a que se cerrara completamente el recorrido de su caso por el Supremo. Así, las fuentes consultadas advierten de que este trámite podría retrasar la admisión del amparo solicitado por Junqueras, Romeva y Bassa.

CONDENADOS POR MALVERSACIÓN

El magistrado del ala conservadora César Tolosa está a cargo de redactar el borrador de la providencia en la que se dará respuesta a Junqueras y Romeva; mientras que el presidente del tribunal, el magistrado del sector progresista Cándido Conde-Pumpido, es el ponente del caso de Bassa.

Los tres dirigentes condenados por el ‘procés’ acuden a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales. Fue el pasado julio cuando los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que sí afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.

La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impuso.

Esta medida –que también acordó el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena– alcanzó al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos y procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, quienes siguen con órdenes nacionales de detención vigentes en su contra.

Cabe recordar que el Supremo también acudió al Constitucional por la ley de amnistía con una cuestión de inconstitucionalidad, pero respecto al delito de desórdenes públicos. Los magistrados indicaron que actuaban porque tenían la «absoluta convicción» de que la norma vulnera «al menos» el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.

EL PROTOCOLO CANARIO

Por otro lado, el Constitucional se pronunciará sobre el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario.

Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias señalan que está previsto que la mayoría del tribunal respalde la ponencia del magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez, que propone estimar parcialmente el recurso del Gobierno al considerar que no cabe duda de que el acogimiento de personas menores es un asunto de asistencia social y, por tanto, de competencia estatal.

Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores migrantes, y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias.

La corte de garantías lo admitió a trámite el pasado 8 de octubre al mismo tiempo que ordenó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, si bien ya estaban desactivados cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El nuevo protocolo implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se haga su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma se hará en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.

Para la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo supone la «ausencia de atención inmediata» a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago.

En concreto, denuncia vulneraciones del derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como del derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Carta Magna.

El ministro Ángel Víctor Torres anunció el pasado 24 de septiembre que el Gobierno llevaría al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrirlo.

El Consejo de Estado señaló que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad» de estos inmigrantes, así como «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos», no son circunstancias que «permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir».